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Ley Organica del Ministerio Publico abril 14, 2008

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LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO
Ley 24.946
Organización e integración. Funciones y actuación. Disposiciones complementarias.
Sancionada: Marzo 11 de 1998.
Promulgada Parcialmente: Marzo 18 de 1998.
B.O.: 23/03/98

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.,
sancionan con fuerza de Ley:
LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO
TITULO I
ORGANIZACION E INTEGRACION DEL MINISTERIO PUBLICO
CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES
ARTICULO 1°—El Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía
funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia
en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
Ejerce sus funciones con unidad de actuación e independencia, en coordinación con las
demás autoridades de la República, pero sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas
de órganos ajenos a su estructura.
El principio de unidad de actuación debe entenderse sin perjuicio de la autonomía que
corresponda como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales,
defensores y tutores o curadores públicos, en razón de los diversos intereses que deben
atender como tales.
Posee una organización jerárquica la cual exige que cada miembro del Ministerio Público
controle el desempeño de los inferiores y de quienes lo asistan, y fundamenta las facultades
y responsabilidades disciplinarias que en esta ley se reconocen a los distintos magistrados o
funcionarios que lo integran.
COMPOSICION
ARTICULO 2°—El Ministerio Público esta compuesto por el Ministerio Público Fiscal y
el Ministerio Público de la Defensa.
ARTICULO 3°—El Ministerio Público Fiscal esta integrado por los siguientes
magistrados:
a) Procurador General de la Nación.
b) Procuradores Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Fiscal Nacional
de Investigaciones Administrativas.
c) Fiscales Generales ante los tribunales colegiados, de casación, de segunda instancia, de
instancia única, los de la Procuración General de la Nación y los de Investigaciones
Administrativas.
d) Fiscales Generales Adjuntos ante los tribunales y de los organismos enunciados en el
inciso c).
e) Fiscales ante los jueces de primera instancia: los Fiscales de la Procuración General de la
Nación y los Fiscales de Investigaciones Administrativas.
f) Fiscales Auxiliares de las fiscalías de primera instancia y de la Procuración General de la
Nación.
ARTICULO 4°—El Ministerio Público de la Defensa esta integrado por los siguientes
magistrados:
a) Defensor General de la Nación.
b) Defensores Oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
c) Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia,
de Casación y ante los Tribunales Orales en lo Criminal y sus Adjuntos; y Defensores
Públicos Oficiales ante la Cámara de Casación Penal, Adjuntos ante la Cámara de Casación
Penal, ante los Tribunales Orales en lo Criminal, Adjuntos ante los Tribunales Orales en lo
Criminal, de Primera y Segunda Instancia del Interior del País, ante los Tribunales
Federales de la Capital Federal y los de la Defensoría General de la Nación.
d) Defensores Públicos de Menores e Incapaces Adjuntos de Segunda Instancia, y
Defensores Públicos Oficiales Adjuntos de la Defensoría General de la Nación.
e) Defensores Públicos de Menores e Incapaces de Primera Instancia y Defensores Públicos
Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones.
f) Defensores Auxiliares de la Defensoría General de la Nación.
Integran el Ministerio Público de la Defensa en calidad de funcionarios los Tutores y
Curadores Públicos cuya actuación regula la presente ley.
CAPITULO II
RELACION DE SERVICIO
DESIGNACIONES
ARTICULO 5°—El Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación
serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos tercios de
sus miembros presentes. Para la designación del resto de los magistrados mencionados en
los inciso b), c), d), e) y f) de los artículos 3° y 4°, el Procurador General de la Nación o el
Defensor General de la Nación, en su caso, presentara una terna de candidatos al Poder
Ejecutivo de la cual éste elegirá uno, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo de la
mayoría simple de los miembros presentes del Senado.
CONCURSO
ARTICULO 6°—La elaboración de la terna se hará mediante el correspondiente concurso
público de oposición y antecedentes, el cual será sustanciado ante un tribunal convocado
por el Procurador General de la Nación o el Defensor General de la Nación, según el caso.
El tribunal se integrará con cuatro (4) magistrados del Ministerio Público con Jerarquía no
inferior a los cargos previstos en el inciso c) de los artículos 3° y 4°, los cuales serán
escogidos otorgando preferencia por quienes se desempeñen en el fuero en el que exista la
vacante a cubrir. Será presidido por un magistrado de los enunciados en el artículo 3°
incisos b) y c) o en el artículo 4° incisos b) y c), según corresponda; salvo cuando el
concurso se realice para cubrir cargos de Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Fiscal General,
Defensor Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o Defensor Público ante
tribunales colegiados, supuestos en los cuales deberá presidir el tribunal examinador, el
Procurador General o el Defensor General de la Nación, según el caso.
REQUISITOS PARA LAS DESIGNACIONES
ARTICULO 7°—Para ser Procurador General de la Nación o Defensor General de la
Nación, se requiere ser ciudadano argentino, con título de abogado de validez nacional, con
ocho (8) años de ejercicio y reunir las demás calidades exigidas para ser Senador Nacional.
Para presentarse a concurso para Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación; Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas; Fiscal General ante los
tribunales colegiados, de casación, de segunda instancia, de instancia única, de la
Procuración General de la Nación y de Investigaciones Administrativas; y los cargos de
Defensores Públicos enunciados en el artículo 4° incisos b) y c), se requiere ser ciudadano
argentino, tener treinta (30) años de edad y contar con seis (6) años de ejercicio efectivo en
el país de la profesión de abogado o de cumplimiento — por igual término — de funciones
en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con por lo menos seis (6) años de antigüedad
en el título de abogado.
Para presentarse a concurso para ser Fiscal General Adjunto ante los tribunales y de los
organismos enunciados en el artículo 3° inciso c) Fiscal ante los Jueces de primera
instancia; Fiscal de la Procuración General de la Nación; Fiscal de Investigaciones
Administrativas; y los cargos de Defensores Públicos enunciados en el artículo 4° incisos d)
y e), se requiere ser ciudadano argentino, tener veinticinco (25) años de edad y contar con
cuatro (4) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de
cumplimiento — por igual término — de funciones en el Ministerio Público o en el Poder
Judicial con por lo menos cuatro (4) años de antigüedad en el título de abogado.
Para presentarse a concurso para Fiscal Auxiliar de la Procuración General de la Nación.
Fiscal Auxiliar de Primera Instancia y Defensor Auxiliar de la Defensoría General de la
Nación, se requiere ser ciudadano argentino, mayor de edad y tener dos (2) años de
ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de cumplimiento — por igual
término — de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial de la Nación o de
las provincias con por lo menos dos (2) años de antigüedad en el título de abogado.
JURAMENTO
ARTICULO 8°—Los magistrados del Ministerio Público al tomar posesión de sus cargos,
deberán prestar juramento de desempeñarlos bien y legalmente, y de cumplir y hacer
cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República.
El Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación prestarán
juramento ante el Presidente de la Nación en su calidad de Jefe Supremo de la Nación. Los
fiscales y defensores lo harán ante el Procurador General de la Nación o el Defensor
General de la Nación — según corresponda — o ante el magistrado que estos designen a tal
efecto.
INCOMPATIBILIDADES
ARTICULO 9°—Los integrantes del Ministerio Público no podrán ejercer la abogacía ni
la representación de terceros enjuicio, salvo en los asuntos propios o en los de su cónyuge,
ascendientes o descendientes, o bien cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber legal.
Alcanzan a ellos las incompatibilidades que establecen las leyes respecto de los jueces de la
Nación.
No podrán ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público quienes sean parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los jueces ante quienes
correspondiera desempeñar su ministerio.
EXCUSACION Y RECUSACION
ARTICULO 10. — Los integrantes del Ministerio Público podrán excusarse o ser
recusados por las causales que — a su respecto — prevean las normas procesales.
SUSTITUCION
ARTICULO 11. —En caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o
vacancia, los miembros del Ministerio Público se reemplazarán en la forma que establezcan
las leyes o reglamentaciones correspondientes. Si el impedimento recayere sobre el
Procurador General de la Nación o el Defensor General de la Nación, serán reemplazados
por el Procurador Fiscal o el Defensor Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en su caso, con mayor antigüedad en el cargo.
De no ser posible la subrogación entre si, los magistrados del Ministerio Público serán
reemplazados por los integrantes de una lista de abogados que reúnan las condiciones para
ser miembros del Ministerio Público, la cual será conformada por insaculación en el mes de
diciembre de cada año. La designación constituye una carga pública para el abogado
seleccionado y el ejercicio de la función no dará lugar a retribución alguna.
REMUNERACION
ARTICULO 12.—Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público se
determinarán del siguiente modo:
a) El Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación recibirán una
retribución equivalente a la de Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
b) Los Procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los
Defensores Oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, percibirán un 20%
más, de las remuneraciones que correspondan a los Jueces de Cámara, computables
solamente sobre los ítems sueldo básico, suplemento, remuneración Acordada C.S.J.N.
71/93, compensación jerarquice y compensación funcional.
c) El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y los magistrados enumerados en el
inciso c) de los artículos 3º y 4º de la presente ley, percibirán una remuneración equivalente
a la de un juez de Cámara.
d) Los magistrados mencionados en los incisos d) y e) de los artículos 3° y 4° de la presente
ley, percibirán una retribución equivalente a la de juez de primera instancia.
e) Los fiscales auxiliares de las fiscalías ante los juzgados de primera instancia y de la
Procuración General de la Nación, y los defensores auxiliares de la Defensoría General de
la Nación percibirán una retribución equivalente a la de un secretario de Cámara.
f) Los tutores y curadores designados conforme lo establece la presente ley, percibirán una
remuneración equivalente a la retribución de un secretario de primera instancia.
Las equiparaciones precedentes se extienden a todos los efectos patrimoniales,
previsionales y tributarios, idéntica equivalencia se establece en cuanto a jerarquía,
protocolo y trato.
ESTABILIDAD
ARTICULO 13.—Los magistrados del Ministerio Público gozan de estabilidad mientras
dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco (75) años de edad. Los magistrados que
alcancen la edad indicada precedentemente quedarán sujetos a la exigencia de un nuevo
nombramiento, precedido de igual acuerdo. Estas designaciones se efectuarán por el
término de cinco (5) años, y podrán ser repetidas indefinidamente, mediante el mismo
procedimiento.
INMUNIDADES
ARTICULO 14.—Los magistrados del Ministerio Público gozan de las siguientes
inmunidades:
No podrán ser arrestados excepto en caso de ser sorprendidos en flagrante delito.
Sin perjuicio de ello, en tales supuestos, se dará cuenta a la autoridad superior del
Ministerio Público que corresponda, y al Tribunal de Enjuiciamiento respectivo, con la
información sumaria del hecho.
Estarán exentos del deber de comparecer a prestar declaración como testigos ante los
Tribunales, pudiendo hacerlo. En su defecto deberán responder por escrito, bajo juramento
y con las especificaciones pertinentes.
Las cuestiones que los miembros del Ministerio Público denuncien con motivo de
perturbaciones que afecten el ejercicio de sus funciones provenientes de los poderes
públicos, se sustanciarán ante el Procurador General de la Nación o ante el Defensor
General de la Nación, según corresponda, quienes tendrán la facultad de resolverlas y, en su
caso, poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente, requiriendo las
medidas que fuesen necesarias para preservar el normal desempeño de aquellas funciones.
Los miembros del Ministerio Público no podrán ser condenados en costas en las causas en
que intervengan como tales.
TRASLADOS
ARTICULO 15.—Los integrantes del Ministerio Público sólo con su conformidad y
conservando su jerarquía, podrán ser trasladados a otras jurisdicciones territoriales. Solo
podrán ser destinados temporalmente a funciones distintas de las adjudicadas en su
designación, cuando se verifique alguno de los supuestos previstos en los artículos 33,
inciso g), y 51, inciso f).
PODER DISCIPLINARIO
ARTICULO 16.—En caso de incumplimiento de los deberes a su cargo, el Procurador
General de la Nación y el Defensor General de la Nación, podrán imponer a los
magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la
Defensa, respectivamente, las siguientes sanciones disciplinarias:
a) Prevención.
b) Apercibimiento.
c) Multa de hasta el veinte por siento (20 %) de sus remuneraciones mensuales.
Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los
antecedentes en la función y los perjuicios efectivamente causados.
Tendrán la misma atribución los Fiscales y Defensores respecto de los magistrados de
rango inferior que de ellos dependan.
Las causas por faltas disciplinarias se resolverán previo sumario, que se regirá por la norma
reglamentaria que dicten el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la
Nación, la cual deberá garantizar el debido proceso adjetivo y el derecho de defensa en
juicio.
En los supuestos en que el órgano sancionador entienda que el magistrado es pasible de la
sanción de remoción, deberá elevar el sumario al Tribunal de Enjuiciamiento a fin de que
evalúe la conducta reprochable y determine la sanción correspondiente.
Las sanciones disciplinarias que se apliquen por los órganos del Ministerio Público serán
recurribles administrativamente, en la forma que establezca la reglamentación. Agotada la
instancia administrativa, dichas medidas serán pasibles de impugnación en sede judicial.
CORRECCIONES DISCIPLINARIAS EN EL PROCESO
ARTICULO 17.—Los jueces y tribunales solo podrán imponer a los miembros del
Ministerio Público las mismas sanciones disciplinarias que determinan las leyes para los
litigantes por faltas cometidas contra su autoridad o decoro, salvo la sanción de arresto, las
cuales serán recurribles ante el tribunal inmediato superior.
El juez o tribunal deberá comunicar al superior jerárquico del sancionado la medida
impuesta y toda inobservancia que advierta en el ejercicio de las funciones inherentes al
cargo que aquel desempeña.
Cuando la medida afecte al Procurador o al Defensor General de la Nación, será
comunicada al Senado de la Nación.
MECANISMOS DE REMOCION
ARTICULO 18.—El Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación
sólo pueden ser removidos por las causales y mediante el procedimiento establecidos en los
artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional.
Los restantes magistrados que componen el Ministerio Público sólo podrán ser removidos
de sus cargos por el Tribunal de Enjuiciamiento previsto en esta ley, por las causales de mal
desempeño, grave negligencia o por la comisión de delitos dolosos de cualquier especie.
TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO
ARTICULO 19.—El Tribunal de Enjuiciamiento estará integrado por siete (7) miembros:
a) Tres (3) vocales deberán ser ex-jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o
ex-Procuradores o Defensores Generales de la Nación, y serán designados uno por el Poder
Ejecutivo, otro por el Senado y otro por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
b) Dos (2) vocales deberán ser abogados de la matrícula federal con no menos de veinte
(20) años en el ejercicio de la profesión, y serán designados uno por la Federación
Argentina de Colegios de Abogados y otro por el Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal.
c) Dos (2) vocales deberán ser elegidos por sorteo: uno entre los Procuradores Fiscales ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación o Fiscales Generales y otro entre los Defensores
Oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o Defensores Públicos ante
tribunales colegiados.
A los efectos de su subrogación se elegirá igual número de miembros suplentes.
El Tribunal de Enjuiciamiento será convocado por el Procurador General de la Nación o el
Defensor General de la Nación, según corresponda, o por su presidente en caso de
interponerse una queda ante una denuncia desestimada por alguno de aquellos. Tendrá su
asiento en la Capital Federal y se podrá constituir en el lugar que considere más
conveniente para cumplir su cometido.
Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento duraran tres (3) años en sus funciones
contados a partir de su designación. Aun cuando hayan vencido los plazos de sus
designaciones, los mandatos se considerarán prorrogados de pleno derecho en cada causa
en que hubiere tomado conocimiento el tribunal, hasta su finalización.
Una vez integrado el Tribunal designará su presidente por sorteo. La presidencia rotará
cada seis meses, según el orden del sorteo.
Ante este Tribunal actuarán como fiscales magistrados con jerarquía no inferior a Fiscal
General o Defensor Público ante los tribunales colegiados, designados por el Procurador
General de la Nación o el Defensor General de la Nación, según la calidad funcional del
imputado.
Como defensor de oficio, en caso de ser necesario, actuará un Defensor Oficial ante los
tribunales colegiados de casación, de segunda instancia o de instancia única, a opción del
imputado.
La intervención como integrante del Tribunal, Fiscal o Defensor de Oficio constituirá una
carga pública.
Los funcionarios auxiliares serán establecidos, designados y retribuidos en la forma que
determine la reglamentación que conjuntamente dicten el Procurador General de la Nación
y el Defensor General de la Nación.
REGLAS DE PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO
ARTICULO 20.—El Tribunal de Enjuiciamiento desarrollará su labor conforme a las
siguientes reglas:
a) La instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento será abierta por decisión del Procurador
General de la Nación o el Defensor General de la Nación, según corresponda, de oficio o
por denuncia, fundados en la invocación de hechos que configuren las causales de remoción
previstas en esta ley.
b) Toda denuncia en la que se requiera la apertura de instancia ante el Tribunal de
Enjuiciamiento, deberá ser presentada ante el Procurador General de la Nación a el
Defensor General de la Nación, quienes podrán darle curso conforme el inciso precedente o
desestimarla por resolución fundada, con o sin prevención sumaria. De la desestimación, el
denunciante podrá ocurrir en queja ante el Tribunal de Enjuiciamiento, dentro del plazo de
diez (10) días de notificado el rechazo. La queja deberá presentarse ante el Procurador
General de la Nación o el Defensor General de la Nación, en su caso, quienes deberán
girarla dentro de las cuarenta y ocho (48) horas al Tribunal de Enjuiciamiento para su
consideración.
c) El procedimiento ante el Tribunal se realizará conforme la reglamentación que dicten
conjuntamente el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación, que
deberá respetar el debido proceso legal adjetivo y defensa en juicio, así como los principios
consagrados en el Código Procesal Penal de la Nación. Sin perjuicio de ello, la
reglamentación deberá atenerse a las siguientes normas:
1. El juicio será oral, público, contradictorio y continuo. El denunciante no podrá
constituirse en parte.
2. La prueba será íntegramente producida en el debate o incorporada a este si fuere
documental o instrumental, sin perjuicio de la realización de una breve prevención sumaria
en caso de urgencia que ponga en peligro la comprobación de los hechos, salvaguardando
en todo caso el derecho de defensa de las partes.
3. Durante el debate el Fiscal deberá sostener la acción y mantener la denuncia o acusación,
sin perjuicio de solicitar la absolución cuando entienda que corresponda. El pedido de
absolución no será obligatorio para el Tribunal, pudiendo condenar aún en ausencia de
acusación Fiscal.
4. La sentencia deberá dictarse en el plazo no mayor de quince (15) días que fijará el
presidente del Tribunal al cerrar el debate.
5. Según las circunstancias del caso, el tribunal podrá suspender al imputado en el ejercicio
de sus funciones y, de estimarlo necesario, adoptar otras medidas preventivas de seguridad
que considere pertinentes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el imputado percibirá
el setenta por ciento (70 %) de sus haberes y se trabará embargo sobre el resto a las resultas
del juicio.
Si fuese absuelto y hubiera sido suspendido, se lo reintegrará inmediatamente a sus
funciones y percibirá el total de lo embargado, atendiendo al principio de intangibilidad de
las remuneraciones.
6. El Tribunal lesionará con la totalidad de sus miembros y la sentencia se dictara con el
voto de la mayoría de sus integrantes.
7. La sentencia será absolutoria o condenatoria. Si el pronunciamiento del Tribunal fuese
condenatorio, no tendrá otro efecto que disponer la remoción del condenado. Si se fundare
en hechos que puedan configurar delitos de acción pública o ello surgiere de la prueba o
aquella ya hubiere sido iniciada, se dará intervención en la forma que corresponda al
tribunal judicial competente.
8. La sentencia podrá ser recurrida por el Fiscal o el imputado ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso deberá interponerse
fundadamente por escrito ante el Tribunal de Enjuiciamiento, dentro del plazo de treinta
(30) días de notificado el fallo. El Tribunal de Enjuiciamiento deberá elevar el recurso con
las actuaciones a la Cámara mencionada, dentro de los cinco (5) días de interpuesto.
CAPITULO III
ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA DEL MINISTERIO PUBLICO
ARTICULO 21.—El Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación,
cada uno en su respectiva área, tendrán a su cargo el gobierno y la administración general y
financiera del Ministerio Público, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y en las
reglamentaciones que se dicten. A tal efecto, tendrán los siguientes deberes y facultades, en
relación a sus respectivas facultades de gobierno:
a) Representar al Ministerio Público en sus relaciones con las demás autoridades de la
República.
b) Dictar reglamentos de superintendencia general y financiera, de organización funcional,
de personal, disciplinarios, y todos los demás que resulten necesarios para el cumplimiento
de las funciones encomendadas al Ministerio Público por la Constitución y las leyes.
c) Celebrar los contratos que se requieran para el funcionamiento del Ministerio Público.
d) Coordinar las actividades del Ministerio Público con las diversas autoridades nacionales,
provinciales o municipales, requiriendo su colaboración cuando fuere necesaria.
e) Elevar un informe anual, y por escrito, a la Comisión Bicameral creada por esta ley,
sobre el desempeño de las funciones asignadas al Ministerio Público.
f) Organizar y dirigir una oficina de recursos humanos y un servicio administrativo –
financiero, acreditado y reconocido conforme la normativa del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos de la Nación.
AUTARQUIA FINANCIERA
ARTICULO 22.—A los efectos de asegurar su autarquía financiera, el Ministerio Público
contará con crédito presupuestario propio, el que será atendido con cargo a rentas generales
y con recursos específicos.
El Procurador General de la Nación y el Defensor General de Nación, elaborarán el
proyecto de presupuesto y lo remitirán al Congreso para su consideración por intermedio
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
El Poder Ejecutivo sólo podrá formular las observaciones que estime apropiadas, pero
sin modificar su contenido, debiéndolo incorporar en el proyecto de presupuesto
general de la Nación.
RELACIONES CON LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO
ARTICULO 23.—El Ministerio Público se relacionará con el Poder Ejecutivo por
intermedio del Ministerio de Justicia.
La relación con el Poder Legislativo se efectuará mediante una Comisión Bicameral cuya
composición y funciones fijarán las cámaras del Congreso.
EJECUCION PRESUPUESTARIA
ARTICULO 24.—En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado,
se observarán las previsiones de las leyes de administración financiera del Estado, con las
atribuciones y excepciones conferidas por los artículos 9°, 34 y 117 de la ley 24.156.
El control de la ejecución del presupuesto estará a cargo de la Auditoria General de la
Nación y la Comisión Bicameral del Congreso creada por esta ley se expedirá acerca de la
rendición de cuentas del ejercicio.
TITULO II
FUNCIONES Y ACTUACION
SECCION I
NORMAS GENERALES
FUNCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO
ARTICULO 25.—Corresponde al Ministerio Público:
a) Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses
generales de la sociedad.
b) Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la
ley se requiera.
c) Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales, salvo
cuando para intentarla o proseguirla fuere necesario instancia o requerimiento de parte
conforme las leyes penales.
d) Promover la acción civil en los casos previstos por la ley.
e) Intervenir en los procesos de nulidad de matrimonio y divorcio, de filiación y en todos
los relativos al estado civil y nombre de las personas, venias supletorias, declaraciones de
pobreza.
f) En los que se alegue privación de justicia.
g) Velar por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la República.
h) Velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal.
i) Promover o intervenir en cualesquiera causas o asuntos y requerir todas las medidas
conducentes a la protección de la persona y bienes de los menores, incapaces e
inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas, cuando carecieren de asistencia o
representación legal; fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes y representantes
legales, parientes o personas que los tuvieren a su cargo; o hubiere que controlar la gestión
de estos últimos.
j) Defender la jurisdicción y competencia de los tribunales.
k) Ejercer la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea
requerida en las causas penales, y en otros fueros cuando aquellos fueren pobres o
estuvieren ausentes.
l) Velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios,
judiciales, de policía y de internación psiquiátrica, a fin de que los reclusos e internados
sean tratados con el respeto debido a su persona, no sean sometidos a torturas, tratos
crueles, inhumanos o degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica,
hospitalaria y las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de dicho objeto,
promoviendo las acciones correspondientes cuando se verifique violación.
ll) Intervenir en todos los procesos judiciales en que se solicite la ciudadanía argentina.
REQUERIMIENTO DE COLABORACION
ARTICULO 26.—Los integrantes del Ministerio Público, en cualquiera de sus niveles,
podrán — para el mejor cumplimiento de sus funciones — requerir informes a los
organismos nacionales, provinciales, comunales; a los organismos privados; y a los
particulares cuando corresponda, así como recabar la colaboración de las autoridades
policiales, para realizar diligencias y citar personas a sus despachos, al solo efecto de
prestar declaración testimonial. Los organismos policiales y de seguridad deberán prestar la
colaboración que les sea requerida, adecuándose a las directivas impartidas por los
miembros del Ministerio Público y destinando a tal fin el personal y los medios necesarios
a su alcance.
Los fiscales ante la justicia penal, anoticiados de la perpetración de un hecho ilícito — ya
fuere por la comunicación prevista en el artículo 186 del Código Procesal Penal de la
Nación o por cualquier otro medio — sin perjuicio de las directivas que el juez competente
imparta a la policía o fuerza de seguridad interviniente, deberán requerir de estas el
cumplimiento de las disposiciones que tutelan el procedimiento y ordenar la práctica de
toda diligencia que estimen pertinente y útil para lograr el desarrollo efectivo de la acción
penal. A este respecto la prevención actuara bajo su dirección inmediata.
FUNCIONES EXCLUIDAS
ARTICULO 27.—Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público; la
representación del Estado y/o del Fisco en Juicio, así como el asesoramiento permanente al
Poder Ejecutivo y el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Ello no obstante, el Poder
Ejecutivo por intermedio del Ministro correspondiente, podrá dirigirse al Procurador o al
Defensor General de la Nación, según el caso, a fin de proponerles la emisión de
instrucciones generales tendientes a coordinar esfuerzos para hacer más efectiva la defensa
de la causa pública, la persecución penal y la protección de los incapaces, inhabilitados,
pobres y ausentes.
CARACTER DE LOS DICTAMENES
ARTICULO 28.—Los dictámenes, requerimientos y toda otra intervención en juicio de los
integrantes del Ministerio Público deberán ser considerados por los jueces con arreglo a lo
que establezcan las leyes procesales aplicables al caso.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD
ARTICULO 29.—Cuando se tratare de una acción pública, el Ministerio Público actuará
de oficio. La persecución penal de los delitos de acción pública deberá ser promovida
inmediatamente después de la noticia de la comisión de un hecho punible y no se podrá
suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos y bajo las formas expresamente
previstas en la ley.
DEBER DE INFORMAR
ARTICULO 30.—Los integrantes del Ministerio Público comunicarán al Procurador
General de la Nación o al Defensor General de la Nación, según corresponda, y por vía
jerárquica, los asuntos a su cargo que por su trascendencia o complejidad, requieran una
asistencia especial, indicando concretamente las dificultades y proponiendo las soluciones
que estimen adecuadas.
DEBER DE OBEDIENCIA – OBJECIONES
ARTICULO 31.—Cuando un magistrado actúe en cumplimiento de instrucciones
emanadas del Procurador o del Defensor General de la Nación, podrá dejar a salvo su
opinión personal.
El integrante del Ministerio Público que recibiere una instrucción que considere contraria a
la ley, pondrá en conocimiento del Procurador o del Defensor General — según sea el caso
— , su criterio disidente, mediante un informe fundado.
Cuando la instrucción general objetada, concierna a un acto procesal sujeto a plazo o que
no admita dilación, quien la recibiere la cumplirá en nombre del superior. Si la instrucción
objetada consistiese en omitir un acto sujeto a plazo o que no admita dilación, quien lo
realice actuara bajo su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio del ulterior desistimiento de
la actividad cumplida.
INFORME ANUAL AL CONGRESO
ARTICULO 32.—Anualmente, en oportunidad de la inauguración del período de sesiones
ordinarias del Congreso Nacional, el Procurador General de la Nación y el Defensor
General de la Nación remitirán a la Comisión Bicameral creada por esta ley, un informe
detallado de lo actuado por los órganos bajo su competencia — Ministerio Público Fiscal y
Ministerio Público de la Defensa, respectivamente — el cual deberá contener una
evaluación del trabajo realizado en el ejercicio; un análisis sobre la eficiencia del servicio, y
propuestas concretas sobre las modificaciones o mejoras que este requiera.
SECCION II
MINISTERIO PUBLICO FISCAL
CAPITULO I
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
ARTICULO 33.—El Procurador General de la Nación es el Jefe máximo del Ministerio
Público Fiscal, Ejercerá la acción penal pública y las demás facultades que la ley otorga al
Ministerio Público Fiscal, por si mismo o por medio de los órganos inferiores que
establezcan las leyes.
El Procurador General tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) Dictaminar en las causas que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
cuando se planteen los siguientes asuntos:
1. Causas en las que se pretenda suscitar la competencia originaria prevista en el artículo
117 de la Constitución Nacional. Podrá ofrecer pruebas cuando se debatan cuestiones de
hecho y este en juego el interés público, así como controlar su sustanciación a fin de
preservar el debido proceso.
2. Cuestiones de competencia que deba dirimir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
3. Causas en las que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entienda a raíz de recursos
de apelación ordinaria, en las materias previstas en el artículo 24, inciso 6°, apartados b) y
c) del decreto-ley 1285/58.
4. Procesos en los que su intervención resulte de normas legales específicas.
5. Causas en las que se articulen cuestiones federales ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, a efectos de dictaminar si corresponden a su competencia extraordinaria y
expedirse en todo lo concerniente a los intereses que el Ministerio Público tutela.
A los fines de esta atribución, la corte Suprema dará vista al procurador general de los
recursos extraordinarios introducidos a su despacho y de las quejas planteadas en forma
directa por denegatoria de aquellos, con excepción de los casos en los que, según la sana
discreción del Tribunal, corresponda el rechazo in limine por falta de agravio federal
suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaran insustanciales o carentes de
trascendencia, o el recurso o la queja fuesen manifiestamente inadmisibles, supuestos en los
que podrá omitir la vista al procurador general.
b) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema, en los casos que corresponda, y dar
instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal para que estos
ejerzan dicha acción en las restantes instancias, con las atribuciones que esta ley prevé.
c) Intervenir en las causas de extradición que lleguen por apelación a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
d) Disponer por si o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio
Público Fiscal, la adopción de todas las medidas que sean necesarias y conducentes para
poner en ejercicio las funciones enunciadas en esta ley, y ejercer las demás atribuciones que
le confieren las leyes y los reglamentos.
e) Diseñar la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal.
f) Delegar sus funciones en los Procuradores Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 36 de esta ley.
g) Disponer fundadamente, de oficio o a pedido de un Fiscal General, cuando la
importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o
alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público Fiscal de igual o diferente
jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia y del territorio. Esta limitación
no regirá para los magistrados de la Procuración General de la Nación. En los casos de
formación de equipos de trabajo, la actuación de los fiscales que se designen estera sujeta a
las directivas del titular.
h) Efectuar la propuesta en terna a que se refieren los artículos 5° y 6° de esta ley, de
conformidad con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia.
i) Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de
conformidad con lo dispuesto en esta ley, y solicitar el enjuiciamiento de los jueces ante los
órganos competentes, cuando unos u otros se hallaren incursos en las causales que prevé el
artículo 53 de la Constitución Nacional.
j) Elevar al Poder Legislativo, por medio de la Comisión Bicameral, la opinión del
Ministerio Público Fiscal acerca de la conveniencia de determinadas; reformas legislativas
y al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, si se trata de reformas
reglamentarias.
k) Responder a las consultas formuladas por el Presidente de la Nación; los Ministros del
Poder Ejecutivo; los presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional; la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y el Presidente del Consejo de la Magistratura.
l) Coordinar las actividades del Ministerio Público Fiscal con las diversas autoridades
nacionales, especialmente con las que cumplan funciones de instrucción criminal y policía
judicial. Cuando sea el caso, también lo hará con las autoridades provinciales.
ll) Ejercer la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público Fiscal,
dictar los reglamentos e instrucciones generales para establecer una adecuada distribución
del trabajo entre sus integrantes; sus respectivas atribuciones y deberes; y supervisar su
cumplimiento.
m) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público
Fiscal, en los casos y formas establecidos en esta ley y en la reglamentación que se dicte.
n) Fijar la sede y la jurisdicción territorial de actuación de las Fiscalías Generales y el grupo
de Fiscales, Fiscales Adjuntos y Auxiliares que colaborarán con ellos, sin necesidad de
sujetarse a la división judicial del país.
n) Confeccionar el programa del Ministerio Público Fiscal dentro del presupuesto general
del Ministerio Público y presentar este al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, juntamente con el programa del
Ministerio Público de la Defensa, para su remisión al Congreso de la Nación.
o) Organizar, reglamentar y dirigir la Oficina de Recursos Humanos y el Servicio
Administrativo Financiero del organismo.
p) Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado, al Ministerio
Público Fiscal, pudiendo delegar esta atribución en el funcionario que designe y en la
cuantía que estime conveniente.
q) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio
Público Fiscal.
r) Convocar, por lo menos una vez al año, a una reunión de consulta, a la que asistirán
todos los magistrados mencionados en el artículo 3°, incisos b) y c) de la presente ley, en
las cuales se considerarán los informes anuales que se presenten conforme lo exige el
artículo 32, se procurará la unificación de criterios sobre la actuación del Ministerio Público
Fiscal y se tratarán todas las cuestiones que el Procurador General incluya en la
convocatoria.
s) Representar al Ministerio Público Fiscal en sus relaciones con los tres Poderes del
Estado.
t) Aprobar el Reglamento interno de la Fiscalía de investigaciones Administrativas.
u) Recibir los Juramentos de los magistrados, funcionarios y demás empleados del
Ministerio Público Fiscal.
v) Ejercer por delegación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las causas de
competencia originaria de esta, las funciones de instrucción en los términos del artículo
196, primera parte, del Código Procesal Penal de la Nación.
DE LA PROCURACION GENERAL DE LA NACION
ARTICULO 34.—La Procuración General de la Nación es la sede de actuación del
Procurador General de la Nación, como fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y como jefe del Ministerio Público Fiscal.
En dicho ámbito se desempeñarán los Procuradores Fiscales ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y todos los magistrados que colaboren con el Procurador General de la
Nación, tanto en la tarea de dictaminar en los asuntos judiciales remitidos por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, cuanto en los asuntos relativos al gobierno del Ministerio
Público Fiscal, de conformidad con los planes, organigramas de trabajo y cometidos
funcionales específicos que el Procurador General disponga encomendarles.
DE LOS PROCURADORES FISCALES ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACION
ARTICULO 35.—Los Procuradores Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación asisten al Procurador General de la Nación y cumplen las directivas que este
imparte de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y lo que se establezca por vía
reglamentaria. Además poseen las siguientes atribuciones:
a) Ejercer la acción pública ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en aquellas
causas en que así lo resuelva el Procurador General de la Nación.
b) Sustituir al Procurador General en las causas sometidas a su dictamen, cuando este así lo
resuelva.
c) Reemplazar al Procurador General en caso de licencia, recusación, excusación,
impedimento o vacancia.
d) Informar al Procurador General sobre las causas en que intervienen.
e) Colaborar con el Procurador General en su gestión de gobierno del Ministerio Público
Fiscal, en los términos y condiciones enunciados en el artículo precedente.
FISCALES DE LA PROCURACION GENERAL DE LA NACION
ARTICULO 36. — Los Fiscales de la Procuración General de la Nación cumplirán sus
funciones en relación inmediata con el Procurador General y, cuando este así lo disponga,
con los Procuradores Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la materia
y los casos en los que les corresponda intervenir.
Cuando el Procurador General ejerza la competencia establecida en el inciso g) del artículo
33 de la presente ley, los fiscales del organismo actuarán, salvo disposición fundada en
contrario, respetando los niveles del Ministerio Público Fiscal que se determinan en el
artículo 3° de la presente ley.
FISCALES GENERALES ANTE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CASACION,
DE SEGUNDA INSTANCIA Y DE INSTANCIA UNICA
ARTICULO 37.—Los Fiscales Generales ante los tribunales colegiados de casación,
segunda instancia y de instancia única, tienen los siguientes deberes y atribuciones:
a) Promover ante los tribunales en los que se desempeñan el ejercicio de la acción pública o
continuar ante ellos la intervención que el Ministerio Público Fiscal hubiera tenido en las
instancias inferiores, sin perjuicio de su facultad para desistirla, mediante decisión fundada.
b) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que esta ley confiere a los
fiscales ante la primera instancia y promover las acciones públicas que correspondan, a fin
de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas al Ministerio Público Fiscal.
c) Dictaminar en las cuestiones de competencia y definir los conflictos de esa índole que se
planteen entre los fiscales de las instancias inferiores.
d) Dictaminar en todas las causas sometidas a fallo plenario.
e) Peticionar la reunión de la cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia contradictoria
o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria.
f) Participar en los acuerdos generales del tribunal ante el que actuar, con voz pero sin voto,
cuando fueren invitados o lo prevean las leyes.
g) Responder los pedidos de informes que les formule el Procurador General.
h) Elevar un informe anual al Procurador General sobre la gestión del área de su
competencia.
i) Ejercer la superintendencia sobre los fiscales ante las instancias inferiores e impartirles
instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el
Procurador General.
j) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de
ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.
FISCALES GENERALES ADJUNTOS
ARTICULO 38.—Los Fiscales Generales Adjuntos ante los tribunales colegiados de
casación, segunda instancia o instancia única, actuarán en relación inmediata con los
Fiscales Generales ante dichos tribunales y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Sustituir o reemplazar al Fiscal General titular en el ejercicio de la acción cuando por
necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación.
impedimento o vacancia.
b) Informar al Fiscal General titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en
el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio.
FISCALES ANTE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA
ARTICULO 39.—Los Fiscales ante los jueces de primera instancia tendrán las facultades
y deberes propios del Ministerio Público Fiscal en el ámbito de su competencia por razón
del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer todas las acciones y recursos
necesarios para el cumplimiento de los cometidos que les fijen las leyes.
Deberán intervenir en los procesos de amparo, de hábeas corpus y de hábeas data y en todas
las cuestiones de competencia; e imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios y
empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos por esta ley y su
reglamentación.
ARTICULO 40.—En particular, los Fiscales ante la justicia de primera instancia en lo
Criminal y Correccional tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos y contravenciones que se
cometieren y que llegaren a su conocimiento por cualquier medio, velando para que en las
causas se respete el debido proceso legal, requiriendo para ello las medidas necesarias ante
los jueces o ante cualquier otra autoridad administrativa, salvo aquellos casos en que por las
leyes penales no este permitido obrar de oficio.
b) Hacerse parte en todas las causas en que la acción pública criminal o contravencional
fuere procedente, ofreciendo pruebas, asistiendo al examen de testigos ofrecidos en la causa
y verificando el trámite de las otras pruebas presentadas en el proceso.
c) Ejercitar todas las acciones y recursos previstos en las leyes penales, contravencionales y
de procedimiento, cuidando de instarlos cuando se trate de prevenir o de evitar una efectiva
denegación de justicia.
d) Concurrir a las cárceles y otros lugares de detención, transitoria o permanente, no solo
para formar conocimiento y controlar la situación de los alojados en ellos, sino para
promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario y a dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
ARTICULO 41.—Los fiscales ante la justicia de Primera Instancia Federal y Nacional de
la Capital Federal, en lo civil y comercial, Contencioso Administrativo, Laboral y de
Seguridad Social, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales en que el interés público lo
requiera de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Nacional, a fin de asegurar el
respeto al debido proceso, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de la
legislación, así como para prevenir, evitar o remediar daños causados o que puedan
causarse al patrimonio social, a la salud y al medio ambiente, al consumidor, a bienes o
derechos de valor artístico, histórico o paisalístico en los casos y mediante los
procedimientos que las leyes establezcan.
b) Ofrecer pruebas en las causas y trámites en que intervengan y verificar la regularidad de
la sustanciación de las restantes ofrecidas o rendidas en autos, para asegurar el respeto al
debido proceso.
c) Intervenir en las cuestiones de competencia y en todos los casos en que se hallaren en
juego normas o principios de orden público.
FISCALES AUXILIARES ANTE LOS TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA
ARTICULO 42.—Los Fiscales Auxiliares ante los tribunales de primera instancia actuarán
en relación inmediata con los fiscales ante dichos tribunales y tendrán las siguientes
facultades y deberes:
a) Sustituir o reemplazar al Fiscal titular en el ejercicio de la acción cuando por necesidades
funcionales este así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento
o vacancia.
b) Informar al Fiscal titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el
ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio.
CAPITULO II
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
ORGANIZACION
ARTICULO 43.-La Fiscalía de Investigaciones Administrativas forma parte del Ministerio
Público Fiscal como órgano dependiente de la Procuración General de la Nación. Está
integrada por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas y los demás
magistrados que esta ley establece.
DESIGNACIONES Y REMOCIONES
ARTICULO 44.-Los magistrados de la fiscalía serán designados y removidos conforme al
procedimiento previsto en esta ley.
FISCAL NACIONAL DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS
ARTICULO 45.-El Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas tendrá los
siguientes deberes y facultades:
a) Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la
administración nacional centralizada y descentralizada, y de las empresas, sociedades y
todo otro ente en que el Estado tenga participación. En todos los supuestos, las
investigaciones se realizarán por el solo impulso de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga, sin perjuicio de
ajustar su proceder a las instrucciones generales que imparta el Procurador General de la
Nación.
b) Efectuar investigaciones en toda institución o asociación que tenga como principal
fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado en forma directa o indirecta, en caso de
sospecha razonable sobre irregularidades en la inversión dada a los mencionados recursos.
c) Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las
investigaciones practicadas, sean considerados delitos. En tales casos, las investigaciones
de la Fiscalía tendrán el valor de prevención sumaria. El ejercicio de la acción pública
quedará a cargo de los fiscales competentes ante el tribunal donde quede radicada la
denuncia y, en su caso, ante las Cámaras de Apelación y Casación con la intervención
necesaria del Fiscal Nacional de investigaciones Administrativas o de los magistrados que
éste determine, quienes actuarán en los términos del artículo 33 inciso t).
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá asumir, en cualquier estado de la
causa, el ejercicio directo de la acción pública, cuando los fiscales competentes antes
mencionados tuvieren un criterio contrario a la prosecución de la acción.
d) Asignar a los fiscales Generales, Fiscales Generales Adjuntos y Fiscales, las
investigaciones que resolviera no efectuar personalmente.
e) Someter a la aprobación del Procurador General de la Nación el reglamento interno de la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
f) Ejercer la superintendencia sobre los magistrados, funcionarios y empleados que de el
dependen e impartirles instrucciones, en el marco de la presente ley y de la reglamentación
que dicte el Procurador General.
g) Proponer al Procurador General de la Nación la creación, modificación o supresión de
cargos de funcionarios, empleados administrativos y personal de servicio y de maestranza
que se desempeñen en la Fiscalía, cuando resulte conveniente para el cumplimiento de los
fines previstos en esta ley.
h) Elevar al Procurador General un informe anual sobre la gestión de la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas, a su cargo.
i) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleadas que de
él dependan, en los casos y formas establecidos en la ley y su reglamentación.
j) Ejecutar todos sus cometidos ajustándolos a la política criminal y de persecución penal
del Ministerio Público Fiscal.
FISCALES GENERALES DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
ARTICULO 46.-Los Fiscales Generales de Investigaciones Administrativas actuarán en
relación inmediata con el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas y tendrán los
siguientes deberes y atribuciones:
a) Sustituir al Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas en los sumarios
administrativos e investigaciones, en los casos en que aquél lo disponga.
b) Reemplazar al Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas en caso de licencia,
recusación, excusación, impedimento o vacancia, con intervención del Procurador General
de la Nación.
c) Informar al Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas respecto de las causas en
las que intervengan.
FISCALES GENERALES ADJUNTOS Y FISCALES DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS
ARTICULO 47.-Los Fiscales Generales Adjuntos de Investigaciones Administrativas y
los Fiscales de Investigaciones Administrativas, asistirán al Fiscal Nacional de
Investigaciones Administrativas, desempeñando las tareas propias de la fiscalía que este
último les asigne.
COMUNICACION DE PROCESOS PENALES
ARTICULO 48.-Cuando en el curso de un proceso judicial en sede penal se efectúe
imputación formal de delito contra un agente público por hechos vinculados con el ejercicio
de su función, el juez de la causa deberá poner esta circunstancia en conocimiento de la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS
ARTICULO 49.-Cuando en la investigación practicada por la Fiscalía resulten
comprobadas transgresiones a normas administrativas, el Fiscal nacional de Investigaciones
Administrativas pasará las actuaciones con dictamen fundado a la Procuración del Tesoro
de la Nación o al funcionario de mayor jerarquía administrativa de la repartición de que se
trate, de conformidad con las competencias asignadas por el Reglamento de Investigaciones
Administrativas. En ambas circunstancias, las actuaciones servirán de cabeza del sumario
que deberá ser instruido por las autoridades correspondientes.
En todas estas actuaciones que se regirán por el Reglamento de Investigaciones
Administrativas, la Fiscalía será tenida, necesariamente, como parte acusadora, con iguales
derechos a la sumariada, en especial, las facultades de ofrecer, producir e incorporar
pruebas, así como la de recurrir toda resolución adversa a sus pretensiones. Todo ello, bajo
pena de nulidad absoluta e insanable de lo actuado o resuelto según el caso.
COMPETENCIAS ESPECIALES
ARTICULO 50.-Además de las previstas en el artículo 26 de esta ley, los magistrados de
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas estarán investidos de las siguientes
facultades de investigación:
a) Disponer exámenes periciales, a cuyo fin podrán requerir de las reparticiones o
funcionarios públicos la colaboración necesaria, que éstos estarán obligados a prestar.
Cuando la índole de la peritación lo requiera, estarán facultados a designar peritos ad hoc.
b) Informar al Procurador General de la Nación cuando estimen que la permanencia en
funciones de un Ministro, Secretario de estado o funcionario con jerarquía equivalente o
inferior, pueda obstaculizar gravemente la investigación.
SECCION III
MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSOR GENERAL DE LA NACION
ARTICULO 51.-El Defensor General de la Nación es el jefe máximo del Ministerio
Público de la Defensa, y tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos que corresponda, las
facultades del Ministerio Público de la Defensa.
b) Delegar sus funciones en los Defensores Oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de esta ley.
c) Disponer por si o mediante instrucciones generales o particulares, a los integrantes del
Ministerio Público de la Defensa, la adopción de todas las medidas que sean necesarias y
conducentes para el ejercicio de las funciones y atribuciones que la Constitución Nacional,
las leyes y los reglamentos le confieran.
d) Realizar todas las acciones conducentes para la defensa y protección de los derechos
humanos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Nacional.
e) Promover y ejecutar políticas para facilitar el acceso a la justicia de los sectores
discriminados.
f) Disponer fundadamente, de oficio o a pedido de cualquiera de los magistrados que
integran la Defensa Oficial, cuando la importancia o dificultad de los asuntos la hagan
aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio
Público de la Defensa, de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de
la materia y del territorio. Esta limitación no regirá para los magistrados de la Defensoría
General de la Nación. En los casos de formación de equipos de trabajo, la actuación de los
defensores que se designen estará sujeta a las directivas del titular.
g) Efectuar la propuesta en tema a que se refieren los artículos 5º y 6º de esta ley, de
conformidad con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia.
h) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos en que se ejerza la
representación y defensa oficial, la debida asistencia de cada una de las partes con intereses
contrapuestos, designando diversos defensores cuando así lo exija la naturaleza de las
pretensiones de las partes.
i) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos con menores incapaces la
separación entre las funciones correspondientes a la defensa promiscua o conjunta del
Defensor de Menores e Incapaces y la defensa técnica que, en su caso, pueda corresponder
al Defensor Oficial.
J) Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa de
conformidad con lo dispuesto en esta ley, cuando, a su juicio, se hallaren incursos en las
causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional; y solicitar el enjuiciamiento
de los integrantes del Poder Judicial de la Nación – ante los órganos competentes – cuando
se hallaren incursos en las conductas contempladas en el artículo citado.
k) Elevar al Poder Legislativo, por medio de la Comisión Bicameral, la opinión del
Ministerio Público Fiscal acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas y
al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, si se trata de reformas
reglamentarias.
1) Responder a las consultas formuladas por el Presidente de la Nación, los Ministros del
Poder Ejecutivo, los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y el Presidente del Consejo de la Magistratura.
11) Coordinar las actividades del Ministerio Público de la Defensa y ejercer su
representación con las diversas autoridades nacionales, provinciales y municipales – cuando
sea del caso – especialmente con las que cumplan funciones de instrucción criminal y
policía judicial. Igualmente con los organismos internacionales y autoridades de otros
países.
m) Ejercer la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público de la
Defensa y dictar los reglamentos e instrucciones generales necesarios para establecer una
adecuada distribución del trabajo entre sus integrantes, supervisar su desempeño y lograr el
mejor cumplimiento de las competencias que la Constitución y las leyes le otorgan a dicho
Ministerio.
n) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público
de la Defensa, en los casos y formas establecidos por esta ley y su reglamentación.
ñ) Confeccionar el programa del Ministerio Público de la Defensa dentro del presupuesto
General del Ministerio Público y presentar éste al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, juntamente con el programa del
Ministerio Público Fiscal, para su remisión al Congreso de la Nación.
o) Organizar, reglamentar y dirigir la Oficina de Recursos Humanos y el Servicio
Administrativo Financiero del organismo.
p) Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado al Ministerio
Público de la Defensa, pudiendo delegar esta atribución en el funcionario que designe y en
la cuantía que estime conveniente.
q) Convocar, por lo menos una vez al año, a una reunión de consulta, a la que asistirán
todos los magistrados mencionados en el artículo 4°, incisos b) y c) de la presente ley, en la
cual se considerarán los informes anuales que se presenten conforme lo exige el artículo 32;
se procurará la unificación de criterios sobre la actuación del ministerio público de la
Defensa y se tratarán todas las cuestiones que el Defensor General incluya en la
convocatoria.
r) Fijar la sede y la Jurisdicción territorial de actuación de las Defensorías Públicas
Oficiales y el grupo de defensores públicos oficiales, defensores públicos oficiales adjuntos
y auxiliares de la Defensoría General de la Nación que colaborarán con ellos, sin necesidad
de sujetarse a la división judicial del país.
s) Representar al Ministerio Público de la Defensa en sus relaciones con las demás
autoridades de la República.
t) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio
Público de la Defensa.
u) Recibir los juramentos de los magistrados, funcionarios y demás empleados del
Ministerio Público de la Defensa.
v)Patrocinar y asistir técnicamente, en forma directa o delegada, ante los organismos
internacionales que corresponda, a las personas que lo soliciten.
DE LA DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION
ARTICULO 52.-La Defensoría General de la Nación es la sede de actuación del Defensor
General de la Nación, como Jefe del Ministerio Público de la Defensa. En dicho ámbito se
desempeñarán los Defensores Oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y
todos los magistrados que colaboren con el Defensor General de la Nación, tanto en las
tareas de dictaminar en los asuntos Judiciales remitidos por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, cuanto en los asuntos relativos al gobierno del Ministerio Público de la Defensa,
de conformidad con los planes, organigramas de trabajo y cometidos funcionales
específicos que el Defensor General disponga encomendarles.
DEFENSORES OFICIALES ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACION
ARTICULO 53. – Los Defensores Oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación
asistirán al Defensor General en todas aquellas funciones que éste les encomiende y tendrán
los siguientes deberes y atribuciones:
a) Sustituir o reemplazar al Defensor General en las causas sometidas a su intervención o
dictamen cuando por necesidades funcionales este así lo resuelva y en caso de licencia,
excusación, recusación, impedimento o vacancia.
b) Informar al Defensor General respecto de las causas en que intervengan.
c) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.
DEFENSORES PUBLICOS DE MENORES E INCAPACES
ARTICULO 54.-Los Defensores Públicos de Menores e Incapaces en las instancias y
fueros que actúen, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Intervenir en los términos del artículo 59 del Código Civil en todo asunto judicial o
extrajudicial que afecte la persona o bienes de los menores o incapaces, y entablar en
defensa :de estos las acciones y recursos pertinente ya, sea en forma autónoma o junto con
sus representantes necesarios.
b) Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público de la Defensa de los Menores
e Incapaces, en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes
instancias, en toda oportunidad en que se encuentre comprometido el interés de la persona o
los bienes de los menores o incapaces, emitiendo el correspondiente dictamen.
c) Promover o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas
conducentes a la protección de la persona y bienes de los menores, incapaces e
inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas cuando carecieran de asistencia o
representación legal: fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes o representantes
legales, parientes o personas que los tuviesen a su cargo; o hubiere que controlar la gestión
de estos últimos.
d) Asesorar a menores e incapaces, inhabilitados y penados bajo el régimen del artículo 12
del Código Penal, así como también a sus representantes necesarios, sus parientes y otras
personas que puedan resultar responsables por los actos de los incapaces, para la adopción
de todas aquellas medidas vinculadas a la protección de estos.
e) Requerir a, las autoridades , judiciales la adopción de medidas “tendientes a mejorar la
situación de los menores, incapaces e inhabilitados, así como de los penados que se
encuentren bajo la curatela del artículo 12 del Código Penal, cuando tomen conocimiento
de malos tratos, deficiencias u omisiones en la atención que deben dispensarles sus padres,
tutores o curadores o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentren. En su caso,
podrán por si solos tomar medidas urgentes propias de la representación promiscua que
ejercen.
f) Peticionar a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas pertinentes para la
protección integral de los menores e incapaces expuestos por cualquier causa a riesgos
inminentes y graves para su salud física o moral, con independencia de su situación familiar
o personal.
g) Concurrir con la autoridad Judicial en el ejercicio del patronato del Estado Nacional, con
el alcance que “establece la ley respectiva, y desempeñar las funciones y cumplir los
deberes que les incumben de acuerdo con la ley 22.914, sobre internación y externación de
personas, y controlar que se efectué al Registro de Incapaces, las comunicaciones
pertinentes.
h) Emitir dictámenes en los asuntos en que sean consultados por los tutores o curadores
públicos.
i) Citar y hacer comparecer a personas a su despacho, cuando a su juicio fuera necesario
para pedir explicaciones o contestar cargos que se formulen, cuando se encuentre afectado
el interés de menores e incapaces.
j) Inspeccionar periódicamente los establecimientos de internación, guarda, tratamiento y
reeducación de menores o incapaces, sean públicos o privados, debiendo mantener
informados a la autoridad judicial y, por la vía jerárquica correspondiente, al Defensor
General de la Nación, sobre el desarrollo de las tareas educativas y de tratamiento social y
medico propuestas para cada internado, así como el cuidado y atención que se les otorgue.
k) Poner en conocimiento de la autoridad Judicial competente las acciones y omisiones de
los jueces, funcionarios o empleados de los tribunales de justicia que consideren
susceptibles de sanción disciplinaria y requerir su aplicación.
l) Responder los pedidos de informes del Defensor General.
ll) Imponer sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de
ellos dependan en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.
ARTICULO 55.-Los Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante los tribunales de
casación y de segunda instancia, cuando no hubieren sido designados para actuar también
en primera instancia, tendrán las siguientes competencias especiales:
a) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que la ley confiere a los
defensores públicos de menores e incapaces ante la primera instancia y promover –
continuar las acciones que correspondan a fin de, cumplir – en forma efectiva con, las
funciones asignadas al Ministerio Público de la Defensa de Menores e Incapaces.
b) Promover acciones en forma directa en las instancias anteriores solo por razones de
urgencia, que se tendrán que fundar debidamente en cada caso.
c) Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario cuando la cuestión se refiera al
derecho de los menores e incapaces.
d) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los Defensores de
Menores e Incapaces de las instancias anteriores.
e) Elevar un informe anual al Defensor General de la Nación sobre la gestión del área bajo
su competencia.
f) Ejercer la superintendencia sobre los Defensores de Menores e Incapaces ante las
instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la
reglamentación pertinente que dicte el Defensor General.
ARTICULO 56.-Los Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante los tribunales
orales serán parte necesaria en todo expediente de disposición tutelar que se forme respecto
de un menor autor o víctima de delito conforme las leyes de menores vigentes: y deberán
asistir bajo pena de nulidad, a los juicios orales de menores conforme lo dispuesto en el
Código Procesal Penal de la Nación.
ARTICULO 57.-El Registro de Menores e Incapaces creado por decreto 282/81 pasa a
integrar el Ministerio Público de la Defensa, bajo la dependencia directa del Defensor de
Menores e Incapaces ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
TUTORES Y CURADORES PUBLICOS
ARTICULO 58.-Los jueces federales y nacionales de la Capital Federal designaran en los
procesos judiciales, tutores o curadores públicos de aquellos menores. incapaces o
inhabilitados, que sean huérfanos o se encontraren abandonados. Ello no impedirá la
designación de tutores o curadores privados cuando los jueces hallen personas que reúnan
las condiciones legales de idoneidad necesarias para desempeñar tales cargos.
ARTICULO 59. – Los tutores y curadores públicos tendrán las funciones previstas en los
Títulos VII a XIV de la Sección II del Libro I del Código Civil, sin perjuicio de las demás
propias de la naturaleza de su cargo y las que les encomiende el Defensor General de la
Nación. Especialmente deberán:
a) Cuidar de las personas de los menores, incapaces o inhabilitados asignados a su cargo,
procurando que los primeros sean instruidos para que puedan – en su momento – acceder a
una profesión, arte, oficio o actividad útil. En el caso de quienes padezcan enfermedades
mentales, toxicomanías o alcoholismo, procuraran su restablecimiento y pedirán, cuando
corresponda, su rehabilitación.
b) Ejercer la representación legal de los incapaces que han sido confiados a su cargo, asistir
a los inhabilitados, cuidar las personas de ambos así como también su patrimonio: proveer,
cuando corresponda, a su adecuada administración.
c) Ejercer la defensa de las personas sin bienes en el carácter de curadores provisionales en
los procesos de declaración de incapacidad e inhabilitación y representarlos en los restantes
procesos que pudieren seguirse contra ellas. según el régimen de la ley procesal. En las
mismas condiciones, tratándose de personas sin parientes ni responsables de ellas, ejercerán
su curatela definitiva.
d) Aplicar correctivos a sus pupilos en los términos que lo permite el ejercicio de la patria
potestad.
e) Proceder de oficio y extrajudicialmente en la defensa de las personas o intereses puestos
a su cuidado, tanto en el ámbito de la actividad privada como frente a la Administración
Publica,
f) Ejercer la defensa de las personas internadas en los términos del artículo 482 del Código
Civil. tanto en lo personal como en lo patrimonial, gestionando tratamientos adecuados, así
como también los amparos patrimoniales que puedan corresponder.
g) Citar y hacer comparecer a – su despacho a cualquier persona, cuando a – su juicio ello
fuere necesario a fin de requerirle explicaciones para, responder sobre cargos que se les
formularen por tratamientos incorrectos o la omisión de cuidado respecto de los menores,
incapaces o inhabilitados que se hallen a su cargo, o por cualquier otra causa vinculada con
el cumplimiento de su función.
h) Concurrir periódicamente a los establecimientos en donde se hallen alocadas las
personas a su cargo e informar al juez y al defensor público sobre el estado y cuidado de
aquellos. debiendo efectuar las gestiones que consideren convenientes para mejorarlos.
i) Mantener informado al Defensor de Menores e Incapaces de primera instancia sobre las
gestiones y asuntos que se encuentren a su cargo y responder a cualquier requerimiento que
este les formule.
DEFENSORES PUBLICOS OFICIALES
ARTICULO 60.-Los Defensores Públicos Oficiales, en las instancias y fueros en que
actúen, deberán proveer lo necesario para la defensa de la persona y los derechos de los
justiciables toda vez que sea requerida en las causas penales, y en otros fueros cuando
aquellos fueren pobres o estuvieren ausentes. Para el cumplimiento de tal fin, sin perjuicio
de las demás funciones que les encomiende el Defensor General de la Nación, tendrán los
siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la defensa y representación en juicio. como actores o demandados, de quienes
invoquen y justifiquen pobreza o se encuentren ausentes en ocasión de requerirse la defensa
de sus derechos.
b) Ejercer la defensa de los imputados en las causas que tramitan ante la justicia en lo
criminal y correccional, en los supuestos en que se requiera conforme lo previsto por el
Código Procesal Penal de la Nación. En el cumplimiento de esta función tendrán el deber
de entrevistar periódicamente a sus defendidos, informándoles sobre el tramite procesal de
su causa.
c) Con carácter previo a la promoción de un proceso, en los casos, materias y fueros que
corresponda, deberán intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución
de conflictos. En su caso presentaran al tribunal los acuerdos alcanzados para su
homologación.
d) Arbitrar los medios para hallar a los demandados ausentes. Cesaran en su intervención
cuando notifiquen personalmente al interesado de la existencia del proceso y en los demás
supuestos previstos por la ley procesal.
e) Contestar las consultas que les formulen personas carentes de recursos y asistirlas en los
tramites Judiciales pertinentes, oponiendo las defensas y apelaciones en los supuestos que a
su juicio correspondan, y patrocinarlas para la obtención del beneficio de litigar sin gastos.
f) Responder los pedidos de informes que les formule – el Defensor General de la Nación y
elevar a este el informe anual relativo a su gestión.
g) imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de
ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación
ARTICULO 61. – Los Defensores Públicos Oficiales ante los tribunales colegiados de
segunda instancia tendrán – en especial – las siguientes atribuciones:
a) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los Defensores
Públicos Oficiales de las instancias anteriores.
b) Ejercer la superintendencia sobre los Defensores Públicos Oficiales ante las instancias
inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación
pertinente que dicte el Defensor General.
c) Elevar al Defensor General un informe anual sobre la gestión del área bajo su
competencia.
d) Desempeñar las demás funciones que les encomiende el Defensor General de la Nación.
Los Defensores Públicos Oficiales ante los tribunales colegiados de casación tendrán las
atribuciones descriptas en los incisos c) y d) de este artículo,
DEFENSORES PUBLICOS ADJUNTOS DE MENORES E INCAPACES Y
DEFENSORES PUBLICOS OFICIALES ADJUNTOS ANTE LOS TRIBUNALES
COLEGIADOS DE CASACION DE SEGUNDA INSTANCIA Y DE INSTANCIA
UNICA.
ARTICULO 62. – Los Defensores Públicos Adjuntos de Menores e Incapaces y Públicos
Oficiales Adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia y de
instancia única, actuaran en relación inmediata con los Defensores Públicos ante dichos
tribunales, y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Sustituir al Defensor Público titular en el ejercicio de sus deberes, cuando por
necesidades funcionales. este así lo resuelva, y en casa de licencia, excusación, recusación,
impedimento o vacancia.
b) Informar al Defensor Público titular respecto de las causas sometidas a su intervención y
asistirlo en el ejercicio de sus funciones. en la medida de las necesidades del servicio.
HONORARIOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS OFICIALES
ARTICULO 63.-El imputado en causa penal que. a su pedido o por falta de designación de
defensor particular. sea asistido por un Defensor Público Oficial, deberá, solventar la
defensa. en caso de condena. si cuenta con los medios suficientes. A tal fin, el tribunal
regular los honorarios correspondientes a la actuación profesional de la defensa, conforme a
la ley de aranceles. ,
Con el objeto de verificar el estado patrimonial del imputado para determinar la pertinencia
de dicha regulación de honorarios, el informe socio – ambiental que se practique deberA
contener los elementos de valoración adecuados, a el juez ordenara una información
complementaria al efecto. Si de ellos surgiese que el imputado resulta indigente al
momento de la sentencia, será eximido del pago.
ARTICULO 64.-En caso de incumplimiento en el pago de los honorarios dentro de los
diez (10) días de notificado el fallo, el tribunal emitirá un certificado que será remitido para
su ejecución al organismo encargado de ejecutar la tasa de Justicia.
Las sumas que se recauden por tal concepto. así como los honorarios regulados a los
defensores públicos en causas no penales, se incorporarán a los fondos propios del
Ministerio Público de la Defensa
SECCION IV
FUNCIONARIOS Y PERSONAL AUXILIAR DEL
MlNISTERIO PUBLICO
ARTICULO 65.-Los funcionarios y el personal auxiliar del Ministerio Público se regirán
por la presente ley, las normas pertinentes del decreto – ley 1285/58 y las reglamentaciones
que dicten el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación. En
particular se establece:
a) Los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación que hubieren pasado a
desempeñarse en el Ministerio Público Fiscal o en el Ministerio Público de la Defensa, y se
encuentren prestando servicios allí, quedan incorporados a su planta permanente.
b) Todo traspaso de funcionarios o empleados desde el Ministerio Público al Poder Judicial
de la nación, o a la inversa, no afectara los derechos adquiridos durante su permanencia en
uno u otro régimen, que comprenderán el reconocimiento de su jerarquía, antigüedad y los
beneficios derivados de la permanencia en el cargo o categoría y otros análogos, a fin de
garantizar el ascenso indistinto en ambas carreras, atendiendo a los títulos y eficiencia de
los funcionarios y empleados, y a su antigüedad.
El traspaso de los funcionarios y empleados de la Curaduría Oficial del Ministerio de
Justicia de la Nación al Ministerio Público de la Defensa. no afectara derechos adquiridos
que comprendan el reconocimiento de su jerarquía, antigüedad y los beneficios derivados
de la permanencia en el cargo o categoría y otros análogos.
c) Todos los integrantes del Ministerio Público conservarán su afiliación a la Obra Social
del Poder Judicial de la Nación, mediante un convenio a celebrarse entre el Ministerio
Público y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que garantice idéntica cobertura y la
misma porcentualidad en las cuotas.
d) Los funcionarios y empleados administrativos gozan de estabilidad mientras dure su
buena conducta y hasta haber alcanzado los requisitos legales para obtener los porcentajes
máximos de los respectivos regímenes jubilatorios. Podrán ser removidos por causa de
ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo con audiencia del interesado.
Solo con su conformidad podrán ser trasladados conservando su jerarquía. a otras
jurisdicciones territoriales distintas de las adjudicadas en su designación.
e) La designación y promoción de los funcionarios y del personal del Ministerio Público se
efectuara por el Procurador General o por el Defensor General, según corresponda, a
propuesta del titular de la dependencia donde exista la vacante y de acuerdo a lo que
establezca la pertinente reglamentación. Los magistrados mencionados podrán delegar esta
competencia.
TITULO III
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
REPRESENTACION DEL ESTADO EN JUICIO
ARTICULO 66.— A los efectos de dar cumplimiento al artículo 27 -primera parte- de esta
ley, salvo los casos en que por ley se autorice un régimen especial, el Estado nacional y sus
entes descentralizados serán representados y patrocinados ante los tribunales judiciales y
organismos jurisdiccionales y administrativos nacionales y locales, por letrados integrantes
del Cuerpo de Abogados del Estado dependientes de los servicios jurídicos de los
respectivos ministerios, secretarías, reparticiones o entes descentralizados.
En el interior de la República, cuando el organismo interesado carezca en el lugar de los
servicios referidos, la citada representación será ejercida por Delegados del Cuerpo de
Abogados del Estado dependientes de la Procuración del Tesoro de la Nación y designados
por el Poder Ejecutivo; en su defecto, la ejercerán letrados integrantes del Cuerpo de
Abogados del Estado dependientes de otros servicios jurídicos.
Cuando el Poder Ejecutivo lo estimare conveniente la representación judicial estatal será
ejercida por el Procurador del Tesoro de la Nación.
Cuando situaciones excepcionales o casos especiales lo hagan necesario, tal representación,
podrá ser ejercida por otros abogados contratados como servicio de asistencia al Cuerpo de
Abogados del Estado, previo dictamen favorable del Procurador del Tesoro de la Nación.
ARTICULO 67.— Los representantes judiciales del Estado se ajustarán a las instrucciones
que impartan el Poder Ejecutivo, el Jefe de Gabinete, los ministerios, secretarías,
reparticiones o entes descentralizados. En caso que la representación sea ejercida por
Delegados del Cuerpo de Abogados del Estado, esas instrucciones se impartirán a través de
la Procuración del Tesoro de la Nación. En defecto de ellas, los representantes
desempeñaran su cometido en la forma que mejor contemple los intereses del Estado
nacional confiados a su custodia.
ARTICULO 68.— En todos los juicios en trámite en que el Estado nacional o sus entes
descentralizados estén representados por integrantes del Ministerio Público, cualquiera sea
la instancia y fuero donde estén radicados, la Procuración del Tesoro de la Nación deberá
adoptar las medidas conducentes para la designación de nuevos representantes de acuerdo a
las disposiciones de esta ley, dentro de los 365 días de su entrada en vigencia.
Los integrantes del Ministerio Público continuarán ejerciendo la representacion judicial del
Estado tanto en los juicios en trámite como en los que se iniciaren, hasta su reemplazo
efectivo.
ARTICULO 69.— A los fines del cumplimiento de lo previsto en los artículos 27, 66 y 68
de la presente ley, el Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer la creación, supresión,
transferencia y redistribución de dependencias, servicios, funciones y cargos, así como
efectuar las reestructuraciones de créditos presupuestarios que a tal efecto, sean necesarias.
REMISION DE PLIEGOS — ACUERDO DEL SENADO
ARTICULO 70.— Todos los actuales integrantes del Ministerio Público que se
desempeñen en los cargos previstos en los incisos b), c), d), e) y f) de los artículos 3° y 4°
de esta ley gozan de la estabilidad que prevé el artículo 120 de la Constitución Nacional. El
Procurador General y el Defensor General deberán obtener el acuerdo previsto en el
artículo 5°. A tal efecto el Poder Ejecutivo remitirá los pliegos correspondientes dentro de
los treinta días corridos contados a partir de la sanción de la presente ley.
Lo previsto en el párrafo anterior no impedirá la remoción de dichos funcionarios por
hechos ocurridos con anterioridad a la sanción de la presente ley.
RECURSOS
ARTICULO 71.— Los recursos para atender todos los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley provendrán de las partidas que las leyes de presupuesto
otorguen al Ministerio Público.
El presupuesto específicamente deberá asignar las sumas que hoy corresponden a la
Dirección de la Curaduría Oficial del Ministerio de Justicia de la Nación, al programa del
Ministerio Público de la Defensa.
EQUIPARACIONES – MINISTERIO PUBLICO FISCAL
ARTICULO 72.— Los actuales cargos del Ministerio Público Fiscal modificarán su
denominación de acuerdo a las siguientes equiparaciones:
a) El Procurador General de la Nación, en el cargo de igual denominación, previsto en el
inciso a) del artículo 3°.
b) Los Procuradores Fiscales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cargo de
Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previsto en el Inciso b)
del artículo 3°.
c) El Fiscal General de Investigaciones Administrativas, en el cargo de Fiscal Nacional de
Investigaciones Administrativas previsto en el inciso b) del artículo 3°.
Mientras permanezca en el cargo, el actual Fiscal General de Investigaciones
Administrativas conservará la equiparación presupuestaria, remuneratoria, previsional, de
protocolo y trato vigente al momento de la sanción de la presente ley.
d) Los Fiscales de Cámara ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia
y de instancia única; el Procurador General del Trabajo, los Fiscales Adjuntos de la Fiscalía
Nacional de Investigaciones Administrativas, y los Secretarios de la Procuración General
de la Nación, en los respectivos cargos de Fiscales Generales previstos en el inciso c) del
artículo.
e) Los Fiscales Adjuntos de la Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal de la Capital, el Subprocurador General del Trabajo, los
Secretarios Letrados de la Procuración General de la Nación, en los cargos de Fiscales
Generales Adjuntos previstos en el inciso d) del artículo 3°.
Mientras permanezca en el cargo, la actual Titular de la Sub-Procuración General del
Trabajo conservará la equiparación presupuestaria, remuneratoria, provisional, de protocolo
y trato que prevé el artículo 9° de la ley 18.345.
f) Los Fiscales y los Agentes Fiscales ante los jueces de primera instancia, los Fiscales
Adjuntos Móviles de la Procuración General de la Nación y los Secretarios Generales y
Secretarios Letrados de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en los
cargos de Fiscales previstos en el inciso el del artículo 3°.
g) Los Fiscales Adjuntos ante la justicia de primera instancia en lo criminal y correccional
federal, los Prosecretarios Letrados de la Procuración General de la Nación y el Fiscal
Coadyuvante de la Justicia nacional del trabajo, en los respectivos cargos de Fiscales
Auxiliares previstos en el inciso f) del artículo 3°.
Mientras permanezcan en el cargo, los actuales Fiscales Adjuntos ante los Juzgados
Federales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional tendrán la equiparación
presupuestaria, remunerativa y previsional correspondiente a los cargos previstos en el
inciso e) del artículo 3°, de conformidad con lo dispuesto en el inciso d) del artículo 12 de
la presente ley.
EQUIPARACIONES – MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA
ARTICULO 73.— Los actuales cargos del Ministerio Público de la Defensa modificaran
su denominación de acuerdo a las siguientes equiparaciones:
a) El Defensor General de la Nación, en el cargo de igual denominación previsto en el
inciso a) del artículo 4°.
b) El Defensor Oficial de Pobres, Incapaces y Ausentes ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, en el cargo de Defensor Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, previsto en el inciso b) del artículo 4°.
c) Los Defensores Oficiales de Pobres, Incapaces y Ausentes ante la Cámara de Casación
Penal, sus Adjuntos, los Defensores Oficiales de Pobres, Incapaces y Ausentes ante los
tribunales Orales en lo Criminal, sus Adjuntos, ante los Tribunales Federales de la Capital
Federal, los de Primera y Segunda Instancia del interior del país y los Secretarios de la
Defensoría General de la Nación, en los respectivos cargos de Defensores Públicos
Oficiales ante la Cámara de Casación Penal, Adjuntos ante la Cámara de Casación penal,
Defensores Públicos Oficiales ante los tribunales orales en lo Criminal, Adjuntos ante los
Tribunales orales en lo Criminal, ante los Tribunales Federales de la Capital Federal, de
Primera y Segunda instancia del interior del país y de la Defensoría General de la Nación,
conforme lo previsto en el inciso c) del artículo 4°.
d) Los Asesores de Menores e Incapaces de Cámara y los Asesores de Menores ante los
tribunales orales, en los respectivos cargos de Defensores Públicos de Menores e Incapaces
ante los Tribunales de Segunda Instancia y ante los Tribunales Orales en lo Criminal,
conforme lo previsto en el inciso c) del artículo 4°.
e) Los Secretarios Letrados de la Defensoría General de la Nación, en los cargos de
Defensores Públicos Oficiales Adjuntos de la Defensoría General de la Nación, conforme
lo previsto en el inciso d) del artículo 4°.
f) Los Defensores Oficiares de Pobres, Incapaces y Ausentes de Primera, y de Primera y
Segunda Instancia, en los cargos de Defensores Públicos Oficiares ante los Jueces y
Cámaras de Apelaciones, conforme lo previsto en el inciso e) dei artículo 4°.
g) Los Asesores de Menores e Incapaces de Primera Instancia, en los cargos de Defensores
Públicos de Menores e Incapaces de Primera Instancia, conforme lo previsto en el inciso e)
del artículo 4°.
h) Los Prosecretarios Letrados de la Defensora General de la Nación en los cargos de
Defensores Auxiliares de la Defensora General de la Nación, conforme con lo previsto en
el inciso f) del artículo 40,
ESTRUCTURA
ARTICULO 74.— El Procurador General de la Nación y el Defensor General de la
Nación, en sus respectivos ámbitos, podrán modificar la estructura básica existente a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley mediante el dictado de reglamentaciones, en
tanto no afecten los derechos emergentes de la relación de servicio de los magistrados,
funcionarios y empleados actualmente en funciones. Toda alteración que implique la
afectación de tales derechos y la creación de cargos de magistrados, deberá ser previamente
aprobada por el Congreso.
ARTICULO 75.— En los ámbitos de competencia material o territorial donde no se
hubiesen designado los Defensores Oficiales ante los tribunales colegiados de segunda
instancia ejercerán la función los Defensores Oficiales ante los tribunales de primera
instancia que hubiesen tomado intervención en la causa recurrida o, en la justicia federal
con asiento en el interior del país, aquellos que tengan su sede en el mismo lugar que el
tribunal de apelaciones, según el caso. Hasta tanto se produzcan las designaciones
correspondientes, dichos Defensores Oficiales ante los tribunales de primera instancia
percibirán la remuneración correspondiente a la de los magistrados enumerados en el inciso
c) del artículo 4°.
DEROGACIONES
ARTICULO 76.— Deróganse las leyes 15.464 y 21.383; los títulos VII, VIII y IX de la
ley 1893; los artículos 6° y 10 de la ley 4162; el artículo 31, cuarto párrafo, inciso a) del
decreto-ley 1285/58; el artículo 3°, incisos a) y b), y 5° de la ley 20.581; el capítulo 11 de la
ley 18.345; el artículo 3° de la ley 24.091 en tanto establece que el defensor oficial ante la
Corte Suprema ejerce la competencia ante ella en forma única y exclusiva; los artículos 516
y 517 del Código Procesal Penal en cuanto disponen la intervención del Ministerio Público
en la ejecución de condenas pecuniarias; el artículo 3° de la ley 3952, en tanto regula la
notificación al Procurador Fiscal de toda demanda contra la Nación y su sujeción a las
instrucciones del correspondiente Ministro del Poder Ejecutivo; la ley 3367 y la ley 17.516
en cuanto se refieren a la representación por los Procuradores Fiscales y el Procurador
General de la Nación en asuntos de jurisdicción voluntaria o contenciosa en que el fisco
demande o sea demandado y toda otra norma que resulte contradictoria con la presente ley.
ARTICULO 77.— Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO.
NOTA: El texto en negrita, fue vetado.
— REGISTRADA BAJO EL N° 24.946 —
ALBERTO R. PIERRI. — CARLOS F. RUCKAUF. — Juan Estrada. — Edgardo Piuzzi.
Decreto 300/98
Bs. As., 18/03/98.
VISTO el Proyecto de Ley N° 24.946 aprobatorio de la Ley Orgánica del Ministerio
Público, sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el 11 de marzo
de 1.998, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado Proyecto de Ley constituye un soporte de fundamental importancia para
promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales
de la sociedad.
Que el artículo 22, referido a la autarquía financiera del MINISTERIO PUBLICO,
determina que el PROCURADOR GENERAL DE LA NACION y el DEFENSOR
GENERAL, DE LA NACION elaborarán el proyecto de presupuesto y lo remitirán al
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION para su consideración, por intermedio del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Que asimismo el último párrafo del citado artículo 22 establece que el PODER
EJECUTIVO NACIONAL sólo podrá formular las observaciones que estime apropiadas,
pero sin modificar su contenido, debiéndolo incorporar en el Proyecto de Presupuesto
General de la Nación.
Que la Ley N° 24.156 en su artículo 24, determina que el PODER EJECUTIVO
NACIONAL fijará anualmente los lineamientos generales para la formulación del Proyecto
de Ley de Presupuesto General, dentro del marco de la política económica y financiera que
condiciona, de acuerdo con los recursos disponibles el nivel de gastos de la Administración
Nacional.
Que en dicho contexto el PODER EJECUTIVO NACIONAL debe establecer límites en las
erogaciones y será el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION quien podrá disponer
aumentos en las autorizaciones para gastar en las respectivas jurisdicciones y entidades,
compensando con reducciones en otras o bien estableciendo las fuentes de financiamiento
de tales incrementos.
Que por otra parte dicha metodología se aplica en la formulación del presupuesto de la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, sin perjuicio de dar cumplimiento a
las disposiciones de la Ley N° 23.853 de autarquía judicial.
Que en base a lo expuesto resulta necesario observar el tercer párrafo del artículo 22 del
Proyecto.
Que la medida que se propone no altera el espíritu ni la unidad del Proyecto sancionado por
el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL tiene competencia para el dictado del presente
conforme el artículo 80 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE
MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1º— Obsérvase el tercer párrafo del artículo 22 del Proyecto de Ley registrado
bajo el N° 24.946.
Art. 2º— Con la salvedad establecida en el artículo anterior, cúmplase, promulgase y
téngase por Ley de la Nación el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 24.946.
Art. 3º— Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Art. 4º— Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — MENEM. — Jorge A. Rodríguez. — Roque B. Fernández. — Jorge
Domínguez. — Alberto J. Mazza. — Susana B. Decibe. — Raúl E. Granillo Ocampo. —
Antonio E. González. — Carlos V. Corach.

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