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Transformaciones para Salta en la Seguridad Publica abril 8, 2008

Posted by policiaonline in Salta, Seguridad, Seguridad Ciudadana, Seguridad Publica.
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TRANSFORMACIONES EN EL GOBIERNO DE LA SEGURIDAD PUBLICA
Proyecto Presentado ante la Secretaria de Seguridad de la Provincia de Salta
El contexto de emergencia de la seguridad ciudadana


A partir de 1990 la cuestión de la seguridad ciudadana emergió en nuestro país como un tema político central capaz de poner en juego la capacidad del Estado de cumplir con algunas de las funciones que le son propias, tales como la resolución de conflictos, la promoción de la convivencia ciudadana, la prevención del delito y la reducción de la violencia, entre otros. La aparición de esta cuestión en la agenda pública es resultado de procesos con múltiples causas, algunos aún objeto de debate en los ámbitos académicos y políticos.
Sin embargo existe cierto consenso en la Argentina respecto de que cualquier actividad delictiva es producto de la vinculación de tres procesos interdependientes con complejidades, especificidades y escalas propias. La especificidad del fenómeno no se limita al ámbito nacional, sino que un mismo país tiene especificidad local e inclusive territorial dentro de una misma ciudad, tanto en lo que hace al contexto social inmediato en que se desarrolla como a la familia de delitos de que se trate, por lo que es posible trasponer estos desarrollos para comprender el fenómeno en nuestra provincia.
Primero el conjunto de procesos sociales ( económicos, culturales y políticos) por los cuales se acumulan condiciones de “ posibilidad” para que ciertos sujetos queden situados como posibles infractores de la ley penal.
Segundo, la conformación de estructuras de oportunidad delictivas que permiten que determinadas ilegalidades y formas de victimización sean llevadas a cabo por los “potenciales” infractores socialmente producidos.
Finalmente, el desarrollo de la interacción existente entre esos dos fenómenos y las respuestas de las agencias ( policía, penitenciario, justicia) supuestamente dedicadas a prevenirlos o controlarlos.
En lo referido a los procesos de producción social de potenciales infractores y víctimas han tenido influencia varias cuestiones. Por una parte los procesos muy intensos de empobrecimiento, desafiliación y aumento de la inequidad económica y de acceso a bienes sociales ( salud, educación, vivienda etc) y de consumo. Por otro, la desarticulación del tejido social, las crisis en los sistemas de participación política y un creciente individualismo producto de los cambios culturales. No debe pasarse por alto que tanto las tensiones estructurales así como los obstáculos para concretar aspiraciones culturales y la percepción de injusticia de la situación resulta particularmente mas intensa en los contextos sociales donde la privación material y la desarticulación del tejido social son más acentuadas.
En lo referido a las estructuras de oportunidades delictivas se evidencia el agravamiento de la criminalidad de los poderosos ( delitos complejos, criminalidad económica, corrupción, crimen organizado), ante la inercia, impotencia y connivencia de las agencias estatales encargadas de su control, dando lugar a una mayor complejidad de las modalidades y organizaciones delictivas que, a su vez, generan estructuras de oportunidades para las modalidades mas simples como por ejemplo el delito callejero.
No existe criminalidad de los débiles como tampoco criminalidad de los poderosos sin el sustento de una estructura de oportunidades delictivas que las posibilite y sin la producción social de potenciales infractores y víctimas.
La sobre-representación de hombres jóvenes pobres residentes en las áreas mas degradadas de las ciudades como autores de delitos contra la propiedad con distintos grados de violencia es tanto producto del funcionamiento selectivo de las agencias del sistema penal como de tratarse de sujetos que sufren las tensiones materiales y culturales más intensas.
Por ultimo cabe destacar que tanto el delito y sus causas como las reacciones en torno a este son objeto de diversas formas de interpretación y representación de los medios masivos de comunicación. Estas representaciones, si bien en algunos casos suele esclarecer los fenómenos representados, en muchos otros los mistifican o sobredimensionan, generando climas que propician reacciones inapropiadas y contraproducentes y una sensación de temor que, para buena parte de sociedad, es desproporcionada en relación al riesgo de victimización efectivo en que se encuentra.

Seguridad Ciudadana: UN NUEVO CONCEPTO

Es en el marco de lo apuntado que en nuestro país, al igual que el resto de América Latina, que se acuña el nuevo concepto de seguridad ciudadana para referirse al conjunto de cuestiones donde deben producirse mejoras y soluciones. Por un lado el nuevo concepto de seguridad ciudadana viene a desplazar una concepción de seguridad centrada principalmente en las amenazas al estado o a un régimen político determinado ( “ seguridad nacional”) hacia otra donde los conflictos referidos al orden público , social y político toman centralidad. Este fenómeno no es solamente producido en el ámbito de la seguridad sino que es en parte reflejo de los procesos mas abarcadores de democratización ocurridos en Latinoamérica. Por otro, y en términos mas estrictos, el concepto de seguridad ciudadana viene a sustituir, haciéndola mas abarcadora, a la noción de prevención y control del delito, que prevalecía en la literatura sociopolítica así como en las políticas de las instituciones estatales.
En este último sentido, el nuevo concepto de seguridad ciudadana amplía su campo a áreas descuidadas en el concepto de prevención del delito sobre el abordaje de situaciones que, sin configurar eventos delictivos, resultan definidas como causantes de malestar, daño o perturbación a reglas de convivencia ciudadana y a un amplio conjunto de otros derechos.
En el mismo sentido el nuevo concepto de seguridad ciudadana implica el reconocimiento de que la misma constituye una condición necesaria para el desarrollo sostenible, cuyo déficit afecta a la gobernabilidad democrática y al desarrollo económico y social.

El Estado como principal garante de la seguridad pública

Aún en el proceso de pluralización de la seguridad ciudadana, el estado aparece ( en sus tres niveles) como actor primordial y de mayor peso. Esta preeminencia estatal sobre los demás actores sociales está dada tanto en lo que hace a la esfera material como a la simbólica en el campo del gobierno de la seguridad. Por su parte dentro del estado la policía y las fuerzas de seguridad constituyen los actores mas relevantes en lo que hace a los aspectos tanto instrumentales como simbólicos.
En lo instrumental la preeminencia es resultado, entre otros de: funciones específicas y mandato legal, cantidad de personal, equipamiento, distribución territorial, acceso diferencial a la información criminal y el uso legítimo de la coerción. Y en lo simbólico dado que es el principal agente estatal que tiene potestad legal de uso de la coerción y capacidad para limitar derechos, incluso el de la vida mediante el uso de la fuerza letal en situaciones excepcionales y rigurosamente regladas.
Sin embargo esta preeminencia en el campo de la seguridad del estado en general y de la policía y fuerzas de seguridad en particular, no se refleja en el desarrollo institucional de sus agencias ni en la formación de sus integrantes, las que requieren ser redefinidas y reconfiguradas para poder responder a los desafíos actuales.

REDISEÑO DEL GOBIERNO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA

PROVINCIA DE SALTA

Líneas de trabajo para el rediseño de las políticas de seguridad ciudadana

De manera gradual y superpuesta con el aumento de la criminalidad comenzó a consolidarse una tendencia consistente en la aparición de nuevos actores, gubernamentales y no gubernamentales con voluntad de participar en los procesos de producción de seguridad ciudadana. La consolidación de esta tendencia plantea un conjunto de nuevas oportunidades, pero también impone nuevos desafíos en términos de justicia, equidad y derechos humanos a todas las agencias del sistema penal pero especialmente a la policía, haciendo aparecer un estado que parece tener serias limitaciones y debilidades institucionales y de gestión para poder llevar adelante sus roles fundamentales, haciendo nacer la necesidad de implementar programas mas eficaces.
Partiendo de estas bases conceptuales se sugieren a continuación algunas líneas de trabajo que se consideran claves para el rediseño de la política de seguridad. Se perciben como líneas en donde se deberán ir generando cambios graduales en dirección a los objetivos que se plantean y sus metas desde una concepción de planificación como proceso permanente y la adopción del modelo de “ gestión por resultados”.
A la hora de implementar y diseñar las acciones de gobierno en materia de seguridad deberán tenerse en cuenta los siguientes:

Principios rectores:

1.- OPTIMIZACION DE RECURSOS- PRODUCTIVIDAD
Es frecuente que cuando un estado confronta niveles crecientes de delito o crisis políticas generadas por las percepciones sociales de inseguridad recurra a respuestas punitivas o coercitivas alineadas con la retórica de la “ guerra al delito”. A la fuerza del delito, ese enemigo interno, se le puede y debe oponer una fuerza equivalente para doblegarlo: puede tratarse de un aumento en el número de policías, una ampliación de sus poderes legales, en la utilización de estrategias militarizadas, el debilitamiento del debido proceso, la compra de armamento etc.
Este tipo de respuestas tienen cierta efectividad para disipar coyunturalmente y en el muy corto plazo la crisis, en tanto reflejan un aspecto profundamente arraigado de nuestra cultura y que forma parte del sentido común tanto público como de la policía y del sistema penal en general. Esta resignificación del mito del control soberano del delito es contradictoria con procesos de pluralización, como es el caso de la seguridad comunitaria y refleja una “ negación “ del propio estado respecto de sus limitaciones y son parte de la mentalidad de castigo que subyace en las estrategias y practicas hegemónicas de las políticas de seguridad que persisten hasta el día de hoy.
Creemos en cambio que debe enfatizarse sobre el mejoramiento del empleo de los recursos en función de la obtención de resultados y la aplicación de criterios de eficiencia y eficacia en la asignación y empleo de los recursos disponibles mediante mejoras en la relación costo-servicio resultante y en la relación producto-demanda cubierta.

2.- INNOVACION TECNOLOGICA
Implica la creación y fortalecimiento de sistemas y redes de información y comunicación e intercambio interdisciplinario, propiciando el establecimiento de “diálogos interinstitucionales” entre las distintas agencias del estado..

3.- TRANSPARENCIA

Apertura al conocimiento y escrutinio público de la información relativa al uso de los recursos afectados al área seguridad y el desempeño y los criterios de decisión adoptados por las agencias de seguridad.

4.- CALIDAD DE SERVICIOS
Promoción del uso de nuevas tecnologías de gestión en materia de seguridad y de cambios en la cultura institucional de las agencias provinciales ( verticalizada y formalista en exceso) para incrementar sus niveles de eficiencia, eficacia y productividad.

5.- PARTICIPACION
El reconocimiento de la existencia de un proceso de pluralización de actores en el campo de la seguridad genera oportunidades al permitir el desarrollo de intervenciones con prácticas potencialmente innovadoras respecto de las que caracterizan a las intervenciones tradicionales del sistema penal. Existe por parte del estado la responsabilidad de la promoción y regulación del proceso de pluralización que implica la reasignación de funciones y responsabilidades a instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

BASES PARA UNA PLANIFICACION ESTRATEGICA DE SEGURIDAD
CIUDADANA PARA EL DECENIO 2010-2020

El planeamiento estratégico es un proceso de reflexión sistemática que constituye un instrumento idóneo para establecer correspondencia entre los problemas que identifica la alta dirección del organismo de seguridad, sus causas y las operaciones previstas para superarlos.
La definición de los problemas constituye la información básica para la puesta en marcha del ejercicio conceptual y metodológico del planeamiento estratégico ( se entiende por problema la diferencia que existe entre la situación actual y la deseada). La situación deseada como norte de los esfuerzos de la institución describe un conjunto de condiciones optimizadas de funcionamiento de la institución. Su papel en el ejercicio de planeamiento es el de guía o de referencia de “ gran visión” para el diseño de las actividades que, desde el presente, la institución policial pretende desplegar en el terreno operacional.
De la explicación causal de los problemas surgen los objetivos estratégicos del plan, y a partir de estos se definen los resultados estratégicos a lograr, las operaciones necesarias para alcanzarlos y su factibilidad.
El plan estratégico, donde se formulan los resultados precisos, factibles y medibles que se propone logar la institución en un determinado período de tiempo y el plan operativo, que define acciones, responsables, plazos y recursos necesarios para conseguir resultados estratégicos son una herramienta clave para hacer posible la implementación de una política de seguridad.

Planeamiento estratégico y operativo

– MISION: se requiere para definirla una conocimiento cabal del o de los organismos de seguridad, que deberá poder responder a la pregunta ¿ qué somos institucionalmente?. Se valorará especialmente las capacidades teóricas, metodológicas y técnicas que le permitan definir, instrumentar y actualizar sus planes de corto, mediano y largo plazo.
– VISION: responderá a la pregunta ¿ hacia donde necesitamos ir? Y tenderá a establecer conocer los obstáculos y las desviaciones que se presentan en el proceso y optar por la aplicación de las medidas de contingencia mas apropiadas a cada circunstancia. De este modo se pueden redefinir prioridades, reasignar y readecuar recursos y responsabilidades, de acuerdo con el contexto socio-político, técnico y económico en que se desarrollan y en correspondencia con los objetivos que se pretenden alcanzar.

Definición de problemas y objetivos en la seguridad salteña

Problema Nro. 1:

Presencia de patotas y/o pandillas en áreas marginales que son causa de conflictos entre ellas y malestar y/o daño en la vecindad colindante

Objetivo

Problema Nro. 2:

Sensación de desprotección y revictimización por parte del estado en las víctimas de delitos y sus familiares

Objetivo

Problema Nro. 3:

Alto índice de menores en situación de riesgo de sufrir abusos físicos y sicológicos, trata, secuestros o extravío.

Objetivo

Problema Nro. 4

Elevado índice de delitos menores en especial callejeros facilitados por la estructura de posibilidades que en la provincia teje el crimen organizado ( por ejemplo el tráfico de sustancias prohibidas)

Objetivo :

Problema Nro 5:

Aumento gradual y constante de víctimas de accidentes de tránsito en rutas

provinciales y en la ciudad capital de la provincia.

Objetivo

Problema Nro. 6:

Falta de “identidad policial” producida por:

a) corrupción en los distintos niveles del sistema penal

b) impotencia ante el crecimiento de la criminalidad

c) segundo empleo al que recurren los policías para mejorar sus ingresos, sean

estos temporarios o permanentes y que en su mayoría implican actividades de

seguridad privada.

Objetivo:

Problema Nro. 7:

Falta de desarrollo institucional en especial en la formación de sus intregrantes que

requieren ser redefinidas y reconfiguradas para poder responder a los desafíos actuales

Objetivo

Arquitectura organizacional

La estructura de organización que muestra el organigrama de la policía provincial representa dicha estructura como un fin en sí misma y no un instrumento, por lo tanto su diseño y reingeniería deberían relacionarse con la planificación y la asignación de recursos, es decir con el plan estratégico.
El criterio principal de un diseño vinculado a resultados radica en la adecuada combinación entre los aspectos internos de la institución, es decir, entre la estructura de asignación de responsabilidades sobre los objetivos determinados y los elementos del entorno.
Contrariamente a los criterios de organización óptima , la organización interna de la policía salteña ( y la de todas las policías provinciales y fuerzas de seguridad nacionales) se encuentra conformada según un principio de “departamentalización funciona”. Este es un criterio que considera que las funciones establecidas en la norma de creación de una dependencia deben representarse en la estructura organizacional y por lo tanto considera conveniente la estructuración de una nueva dependencia especializada que cumpla dicho cometido.
Esta forma de organización presenta como ventajas la estimulación de la especialización, hay un flujo de trabajo y cada función aporta lo propio. Todas las partes de la institución se ven involucradas con en mayor o menor medida, pero cada una de ellas realiza distintos procedimientos compartimentados sin visión de conjunto. La importancia que cada uno atribuye a su especialidad torna dificultosa la coordinación entre ellas, propiciando el aislamiento y la disminución de resultados.
Podemos afirmar entonces que la arquitectura organizacional de la policía debe mantener una fuerte relación de congruencia y consistencia con el plan estratégico diseñado. De esta forma la estructura orgánica se transforma en un instrumento que viabiliza las decisiones estratégicas. De la alineación entre el plan y la estructura organizacional surge por transitividad una adecuada concordancia entre esta última y el presupuesto.

Programación presupuestaria

El presupuesto debe promover una mayor coherencia entre fines y medios y tender a reasignar eficientemente los recursos hacia las actividades centrales en línea con los objetivos expresados por el gobierno en las políticas de seguridad, convirtiéndose asi en instrumento de gobierno y de administración.
Esta condición de instrumento se potencia al requerir programas presupuestarios que definan sus objetivos, los precisen, los revisen , los actualicen, establezcan indicadores de desempeño que permitan la evaluación y provean detallada información a posteriori sobre sus logros y dificultades.
En este contexto, el presupuesto expresa dos dimensiones: una de planificación, en tanto permite prever y decidir y otra operativa en tanto sirve para asignar formalmente los recursos que los objetivos requieren.

Desarrollo de personal

Sensibilización
Indica actividades tendientes a lograr una toma de conciencia y valoración positiva por parte de todos los miembros de la institución policial de los cambios que producirá el nuevo gobierno. Apunta a establecer en el personal una unidad de concepción y una percepción acertada acerca de la necesidad y sentido del cambio.

Capacitación
La capacitación es en sí misma un recurso. No es premio ni castigo, sino que surge del diagnóstico realizado acerca de las debilidades de la policía que tienen que ver con un déficit en los conocimientos, habilidades o actitudes para desarrollar las tareas requeridas. La necesidad de capacitación puede originarse no obstante, no ya del diagnóstico realizado, sino de la incorporación de nuevas tareas o tecnologías requeridas para enervar el delito en las que la evolución de los conocimientos exige una actualización permanente.
Por último, todo proceso de cambio requiere una actitud favorable, que se iniciará en la sensibilización y se fortalecerá mediante la capacitación.

PROGRAMAS SOCIALES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
1. – Recuperación de los espacios públicos para la vida comunitaria
La calidad de vida de las personas y de la comunidad, no mejora con el encierro en casas o en country que parecen fortalezas, sino por la apertura a la interacción normal de las personas en lugares públicos rediseñados para generar un entorno pacífico, que facilite y estimule la relación entre los ciudadanos. Esto puede lograrse a través de la acción conjunta de autoridades locales y de la comunidad, lo que supone el desarrollo de políticas con relación al diseño urbano, iluminación, vegetación, vigilancia, etc.
2. – Programa de resocialización de jóvenes de la calle
Una de las causas de la delincuencia juvenil es la falta de opciones laborales, culturales o sociales integradoras que optimicen el uso de su tiempo libre, como alternativa a los entornos juveniles que fomentan la violencia y las actividades antisociales. En este sentido es necesario ofrecer opciones atractivas a los jóvenes, especialmente a los que no concurren a la escuela y a aquellos que carecen de suficiente contención familiar. Debe promoverse la disponibilidad de opciones culturales, deportivas, de recreación o capacitación, que tengan un sentido integrador y de inserción en la vida comunitaria.
3. – Una educación para la no violencia
El actual modelo educacional carece de instrumentos que enseñen a los niños, desde edad temprana, a manejar sus conflictos en forma no violenta. Debe inculcárseles desde pequeños el respeto a las ideas y derechos de los demás en un marco de convivencia reciproco. Es necesario introducir generalizadamente en el sistema educacional la enseñanza de tales mecanismos.
4. – Prevenir la deserción escolar
Un porcentaje significativo de los delincuentes juveniles se vincula con jóvenes que no van a la escuela. Cuando un joven abandona el sistema escolar, sus oportunidades de acceder al desarrollo de su persona conforme a las posibilidades con que cuenta el país son mínimas, presentándose entonces la actividad delictiva como una opción potenciada. En consecuencia, reducir esa deserción es una forma de prevenir la delincuencia.
5. – Ofrecer oportunidades laborales para la población penal
Se ha comprobado que la mejor forma de reinserción social de un ex interno es la capacitación laboral en habilidades útiles que le sirvan al salir de la cárcel. De lo contrario, se dificulta su inserción en el seno de la sociedad y, por lo tanto, probablemente reincidirá. En consecuencia, debe fomentarse la integración entre el sistema carcelario y el sector privado o la comunidad, inicialmente mediante la contratación de mano de obra de reclusos con la posibilidad de salidas temporarias, como modo de facilitar esa transición.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCION PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
6. – Optimizar la productividad de un sistema judicial accesible y eficaz
El sistema judicial debe garantizar el respeto a los derechos constitucionales y legales de los ciudadanos. Si no existe respuesta judicial frente a la violación de esos derechos, la impunidad del delito es el más fuerte incentivo para multiplicar sus efectos. Dicho sistema debe ser realmente accesible a todos los sectores por igual, pues de lo contrario se potencia la anómia colectiva y, en definitiva, la perpetuación del ciclo delictivo. A su vez, el sistema judicial debe ser transparente y comprensible para todos, pues de lo contrario se promueve la marginación por desconfianza en la justicia.
7. – Crear un nuevo sistema normativo y mejorar la justicia penal de menores
Es fundamental educar a los jóvenes en el respeto a los derechos de los demás miembros de la sociedad. Todo menor debe tener conciencia que delinquir no puede tener como consecuencia una situación de impunidad para nadie. Pero es socialmente más conveniente sancionar la delincuencia juvenil en forma distinta de los adultos. Debe crearse un sistema de justicia para los menores, con sanciones especiales para los jóvenes, basada especialmente en el servicio comunitario. A toda sociedad le conviene rescatar a sus jóvenes infractores, que por otra parte, es más fácil y menos costoso social y económicamente, que rehabilitar al delincuente adulto. Además un sistema penal de menores evita el contagio delictivo en la cárcel y da mayores posibilidades de rehabilitar al joven.
8. – Diseñar un nuevo sistema de sanciones alternativas a la reclusión
Debe crearse un nuevo sistema que contemple una gama más amplia de penas, que permita al juez escoger entre los actuales extremos de enviar al condenado a prisión y eventualmente inhabilitarlo. Por cierto, este nuevo sistema debe garantizar a la sociedad un adecuado control de las personas sujetas al mismo y evitar caer en la falsa contradicción entre “garantistas” y los partidarios de la “mano dura”. Solo se trata de una herramienta más que se pone a disposición del juez para mejorar el sistema.
9. – Solucionar el déficit carcelario
Actualmente, el sistema carcelario enfrenta la peor crisis de su historia. Este costo institucional, social y humano se traduce en déficit de la capacidad carcelaria versus la cantidad de condenados que deberían ser enviados a las cárceles. Las cárceles están superpobladas y superadas en su capacidad de uso, con todos los problemas de conducta y de dificultad para el desarrollo de programas de rehabilitación en los recintos penitenciarios que conlleva el hacinamiento. El actual déficit es preciso superarlo y construir los recintos penales efectivamente necesarios.
10. – Integración de la policía a la comunidad: Policía Municipal
La reducción de la delincuencia supone que la policía responda a las necesidades prioritarias de la población, que varían de una localidad a otra. Por eso, es necesario que la policía conozca en profundidad los problemas que aquejan a cada comuna, así como que cuente con la confianza y colaboración de las distintas comunidades. En el mismo sentido proponemos la creación de una Policía Municipal en el ámbito de cada distrito.
11. – Especialización de las funciones policiales
El constante dinamismo y mutación de la delincuencia requiere de una policía que pueda no sólo reaccionar, sino también anticipar la acción del delincuente. Por eso, es necesario que la policía cuente con unidades especializadas en los distintos tipos delictivos, en permanente evolución. Para ello es necesario reestructurar la policía científica y debe liberarse su responsabilidad sobre múltiples actividades no policiales –el general de tipo administrativo- conque se le ha ido recargando a lo largo de décadas.
12. – Jerarquizar la función policial
La ciudadanía debe contar con un acceso a los servicios policiales, equivalentes y proporcionales a los problemas que enfrenta. Este acceso, debe considerar en especial los problemas que se desarrollan en los grandes centros urbanos. Al mismo tiempo, se requiere una policía muy comprometida con su actuar y del mejor nivel técnico posible, para garantizar así los derechos básicos a la vida, la integridad personal y la propiedad.
13. –Creación de una central de coordinación de recursos
Dentro del área responsable de la seguridad debería crearse, por ley, una central de coordinación de recursos en materia de seguridad. Este es un proyecto que se esbozó con la Secretaría de Seguridad pero que en la práctica no funciona. La tarea específica de esa Central sería la coordinación de recursos humanos, materiales y tecnológicos de que dispongan todos los organismos de seguridad, incluso los provinciales o municipales.
14. –Creación de una central nacional de información
También dentro del área de Seguridad debería existir una Central Nacional de Información que tendría por función proporcionar toda la información necesaria para las investigaciones penales tales como. Titularidad de bienes, denuncias de sustracción de automotores, órdenes de captura, antecedentes penales, etc. Todo ello en tiempo real.
15. –Creación de la policía científica
. Hoy en día la lucha por el crimen pasa más por lo científico que por lo puramente policial. Así, para el esclarecimiento de un crimen, se necesitas genetistas, dactilóscopos, médicos, ingenieros, químicos, etc. Mantener un sistema para cada provincia sería oneroso y no se justificaría. Pero si, en cambio, si se lo mantuviera en el nivel federal con la obligatoriedad de asistencia a las provincias que lo requieran para crímenes mayores. El organismo tendría como función principal la investigación científica de crímenes federales y prestaría servicios a alas provincias mediante unidades de desplazamiento rápido o delegaciones para la recolección de rastros y otras actividades investigativas. Las provincias pagarían este servicio, pero se librarían de mantener una unidad en su jurisdicción.
16. – Creación de un organismo federal de Investigaciones.
Se trataría de un cuerpo de elite. Tal como el FBI, se exigiría ser profesional universitario,. Sería un cuerpo creado desde cero y con la idea que comience a funcionar dentro de un tiempo prudencial luego de creado. Su competencia serían los delitos federales y crímenes mayores, a requerimiento de las provincias. Debería contar con los más sofisticados laboratorios de criminalística.
17. – Jerarquización de la función policial.
Debe producirse una profunda reestructuración de los cuadros superiores. También debe modificarse la estructura salarial, de tal manera que quien llegue a los más altos niveles de conducción cobre una remuneración acorde con su jerarquía y responsabilidad, Esto funcionaría como un incentivo para el personal honesto y capaz se quede en la institución y cumpla con las duras exigencias que se le impondrían para acceder a aquellos cargos.
Para llegar a determinados grados dentro de la fuerza se debe obligatoriamente tener un título universitario acorde a su especialidad.
18. – Descentralización jurisdiccional y geográfica.
Se propone una descentralización de los niveles policiales desde el nivel federal, el nivel provincial y el nivel municipal en la convicción de que la inmediatez favorece la resolución de los conflictos.
Se adjudicaría responsabilidad o competencia a la investigación por calificación de delito y distribución geográfica.
Por ejemplo, el delito de hurto se adjudicaría a la Policía Municipal del Partido o Departamento donde se cometió. En cambio, el robo a mano armada sería competencia de la Policía Provincial.
19. – Clara división de funciones.
Tal como se indicó anteriormente, la falta de especialización es una debilidad importante de nuestro sistema de seguridad. Por tanto, deben dividirse adecuadamente las funciones y estar manejadas por especialistas. Así es que proponemos que en el nivel provincial se asignen las tareas de la siguiente forma:
Seguridad física de bienes y personas: Debería estar a cargo de una fuerza policial de calle en los niveles provincial y municipal.
Control de tránsito: es un área que deberían abandonar la Policía Federal y las provinciales para dejarlas en manos de una policía municipal que podría ser o no la misma que se encargue de pequeños crímenes.
Investigación: esta es un área muy sensible que debería ser integrada por hombres muy capacitados de las policías provinciales.
20. – El fiscal como jefe de la investigación.
Instalar al fiscal como responsable del éxito de la investigación generaría un vuelco espectacular con relación a la efectividad de la resolución positiva de las mismas.
Actualmente, el peso de la investigación recae en el juez. Este tiene que ser imparcial y a la vez encontrar al responsable del delito. Si la policía hizo mal un procedimiento, es el juez quien lo anula como tercero juzgador.
En cambio, si el fiscal tuviera la responsabilidad de llevar adelante la investigación sería “ socio” de la policía en el resultado. Si fracasa la investigación, si el procesado sale absuelto, la responsabilidad será suya.
Es decir el funcionario se transformará en el verdadero abogado del Estado, que será evaluado ( entre otras cosas) por sus resultados.
Con esta función del fiscal se resolvería el problema de la falta de comunicación policía-justicia. Para lograr este objetivo debe modificarse el Código Procesal Penal.
21. – Negociación de la pena.
Esta alternativa también sería una función del fiscal quien, luego de llegar al acuerdo, deberá requerir la homologación del juez,.
La idea es que se puedan descongestionar de causas lo juzgados. Se está hablando de negociación de la pena previa al juicio y no de eximición de ella.
Esto daría la posibilidad de tener rápidamente condenados cuyas sentencias no computarían para la reincidencia.
Nuevamente aquí el fiscal sería evaluado por sus resultados y el juez sería quien realmente juzgue y proteja los derechos de partes.
22. – Implementar un programa de desarme
La demanda y el uso de armas ligeras está directamente relacionada con el potencial delictivo. La solución de fondo a este problema comprende un Estado presente y con políticas de desarme, una democracia participativa, un desarrollo sostenible, el respeto de los derechos humanos – civiles y policías -, fortalecimiento de la justicia y la satisfacción de las necesidades básicas de la gente. Esto conduce a un abandono progresivo de la cultura de la violencia y al uso ilegal de las armas de fuego.
PROGRAMAS PARTICIPATIVOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
23. – Plan comuna segura
Cada comuna debe contar con un plan de seguridad municipal, entendido como parte de un plan de seguridad nacional. Dicho plan debe ser desarrollado por las autoridades comunales, la policía y representantes de la comunidad ( profesores, comerciantes, padres, industriales, iglesias, etc.) El municipio en interacción con los demás actores debe fijar los objetivos y plazos, así como las herramientas necesarias para su cumplimiento. El programa se fundamenta en que la delincuencia es diferente en cada comuna y sus habitantes son quienes más conocen sus necesidades reales.
24. – Información para la participación.
Cada persona debe tener acceso a la información necesaria para tomar decisiones fundadas y responsables sobre la orientación de sus actos y lograr un entorno seguro de su vida diaria. Para ello, no son suficientes las solas estadísticas oficiales sobre la delincuencia. Es preciso complementarlas con la información que puedan entregar las víctimas de delitos. Encuestas anuales de victimización permiten conocer mejor la realidad de la delincuencia en cada localidad y evaluar los resultados de los planes comunales respectivos. Una amplia disponibilidad de información contribuye a perfeccionar la política desarrollada en materia de seguridad ciudadana.
PROGRAMAS DE ASISTENCIA A LAS VICTIMAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
25. – Centro de Asistencia a las Víctimas
El impacto que padece la víctima de un delito provoca múltiples consecuencias, que van desde la perdida de objetos de su pertenencia, lesiones físicas y emocionales de diversa índole, hasta su muerte. Si sobrevive el impacto del delito le afecta emocionalmente, lo que repercute en sus actividades laborales, educativas, sociales y en todo el grupo familiar. Por tal motivo pretendemos crear Centros de Asistencia a las Víctimas de delitos, que tendrá como tarea fundamental el desarrollo de la problemática victimológica y la asistencia interdisciplinaria de las víctimas, para atenuar las graves consecuencias que ocasiona el delito, tanto en el ámbito individual, como el familiar y el social. El equipo interdisciplinario estará formado por médicos, psicólogos, psicoanalistas, pedagogos, abogados, asistentes sociales y criminólogos.
26. – Indemnización anticipada
En razón de la lentitud de la justicia y la necesidad de reparar lo antes posible las consecuencias de un delito, proponemos que si el ilícito fuere público y notorio, los perjuicios sufridos susceptibles de apreciación pecuniaria y resultara manifiesta la urgencia del peticionante, el Ministerio de Acción Social disponga un anticipo, cuyo monto será prudencialmente estimado con relación al resarcimiento que le fuera probablemente otorgado y a cuenta del mismo.

Comentarios»

1. hector romano - enero 12, 2014

muy buenoel proyecto, pero falta un objetivo primordial, la lectura de las leyes de obligaciones y deberes de los actores que llevaran a cabo el cumplimientos del proyecto. tanto la policia como las fiscalias demuestran constantemente desidia y desinteres por la seguridad publica (quienes les pagan su sueldo), cuando estos actores se sometan a las leyes que regulan su funcion, ya no seria necesario crear nuevas reglas en el sistema de seguridad.


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