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T del Fuego – Procedimiento Civil A C febrero 8, 2007

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Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero
Provincia de Tierra del Fuego
Ley 147

LIBRO I

PARTE GENERAL

TÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º.- Iniciativa en el proceso.

1.1. La iniciación del proceso incumbe a los interesados.

1.2. Las partes podrán disponer de sus derechos en el proceso, salvo aquéllos indisponibles y podrán terminarlo en forma unilateral o bilateral, de acuerdo con lo regulado por este Código.

Artículo 2º.- Dirección del proceso. La dirección del proceso está confiada al Tribunal, el que la ejercerá de acuerdo con las disposiciones de este Código.

Artículo 3º.- Impulso procesal. Promovido el proceso, el Tribunal tomará de oficio las medidas tendientes a evitar su paralización y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible.

Artículo 4º.- Igualdad procesal. El Tribunal deberá mantener la igualdad de las partes en el proceso.

Artículo 5º.- Buena fe y lealtad procesal.

5.1. Las partes, sus representantes o letrados patrocinantes y, en general, todos los partícipes del proceso, ajustarán su conducta a la dignidad de la Justicia, al respeto que se deben los litigantes y a la lealtad y buena fe.

5.2. El Tribunal deberá tratar de impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria.

Artículo 6º.- Ordenación del proceso. El Tribunal deberá tomar, a petición de parte o de oficio, todas las medidas necesarias que resulten de la ley o de sus poderes de dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso.

Artículo 7º.- Publicidad del proceso. Todo proceso será de conocimiento público, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o el Tribunal así lo decida por razones de seguridad, moral u orden público. La resolución debe ser fundada.

Artículo 8º.- Inmediación procesal. Tanto las audiencias como las diligencias de prueba que así lo permitan, deben realizarse por el Tribunal, no pudiendo éste delegarlas so pena de nulidad insubsanable, salvo cuando la diligencia debe celebrarse en territorio distinto al de su competencia.

Artículo 9º.- Pronta y eficiente administración de justicia. El Tribunal y, bajo su dirección, los auxiliares de la jurisdicción, tomarán las medidas necesarias para lograr la más pronta y eficiente administración de justicia, así como la mayor economía en la realización del proceso.

Artículo 10.- Concentración procesal. Los actos procesales deberán realizarse sin demora, tratando de abreviar los plazos, cuando se faculta para ello por la ley o por acuerdo de partes, y de concentrar en un mismo acto todas las diligencias que sea menester realizar.

Artículo 11.- Derecho al proceso.

11.1. Cualquier persona tiene derecho a acudir ante los Tribunales, a plantear un problema jurídico concreto u oponerse a la solución reclamada y a ejercer todos los actos procesales concernientes a la defensa de una u otra posición procesal y el Tribunal requerido tiene el deber de proveer sobre sus peticiones.

11.2. Para proponer o controvertir útilmente las pretensiones, es necesario invocar interés y legitimación en la causa.

11.3. El interés del demandante puede consistir en la simple declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, aun cuando éste no haya sido violado o desconocido, o de una relación jurídica, o de la autenticidad o falsedad de un documento; también podrá reclamarse el dictado de una sentencia condicional o de futuro.

11.4. Todo sujeto de derecho tendrá acceso a un proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones.

Artículo 12.- Interpretación de las normas procesales. Para interpretar la norma procesal, el Tribunal deberá tener en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. En caso de duda se deberá recurrir a las normas generales teniendo presente los principios fundamentales del derecho y especiales del proceso y la necesidad de preservar las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en el mismo.

Artículo 13.- Integración de las normas procesales. En caso de vacío legal se deberá recurrir a los fundamentos de las leyes análogas y a los principios constitucionales y generales del derecho y especiales del proceso y a la jurisprudencia y doctrinas más recibidas, atendidas las circunstancias del caso.

Artículo 14.- Indisponibilidad de las normas procesales. Los sujetos del proceso no pueden acordar dejar sin efecto las normas procesales, salvo en el proceso arbitral.

TÍTULO II

COMPETENCIA

Artículo 15.- Límites. La jurisdicción civil, comercial, laboral, rural y de minas, se ejercerá por los Jueces de la Provincia, de conformidad a las reglas de competencia que por razón de la materia y la cuantía se establezcan en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que por razón de territorio se fijan en el presente Código, como también de acuerdo a los turnos que determine el Superior Tribunal de Justicia. Todo ello sin perjuicio de lo que puedan disponer las leyes especiales.

Artículo 16.- Improrrogabilidad. La competencia por razón de la materia, cuantía y turno es improrrogable. La incompetencia deberá ser declarada de oficio hasta diez (10) días después de contestada la demanda. No es declarable de oficio la incompetencia por razón del lugar o de la persona.

Artículo 17.- Prórroga expresa o tácita. La prórroga en asuntos exclusivamente patrimoniales se operará si surgiere de convenio escrito mediante el cual los interesados manifiesten explícitamente su decisión de someterse a la competencia del Juez a quien acuden. Asimismo, para el actor, por el hecho de entablar la demanda y respecto del demandado, cuando la contestare, dejare de hacerlo u opusiere excepciones previas sin articular la declinatoria.

Artículo 18.- Indelegabilidad. La competencia tampoco podrá ser delegada, pero está permitido encomendar a los Jueces de otras localidades la realización de diligencias determinadas.

Artículo 19.- Declaración de incompetencia.

19.1. Toda demanda deberá interponerse ante Juez competente, y siempre que resultare no ser de la competencia del Juez ante quien se deduce, éste deberá inhibirse de oficio.

19.2. Consentida o ejecutoriada la respectiva resolución se remitirá la causa al Juez tenido por competente.

Artículo 20.- Reglas generales. La competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado.

Con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando procediere, y sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este Código o en otras leyes, será Juez competente:

20.1. Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté situada la cosa litigiosa. Si éstas fuesen varias, o una sola pero situada en diferentes jurisdicciones judiciales, será el del lugar de cualquiera de ellas o de alguna de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio el demandado. No concurriendo tal circunstancia, será el del lugar en que esté situada cualquiera de ellas, a elección del actor.

La misma regla regirá respecto de las acciones posesorias, interdictos, restricción y límites del dominio, medianería, declarativa de la prescripción adquisitiva, mensura y deslinde y división de condominio.

20.2. Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, el del lugar en que se encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor. Si la acción versare sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, el del lugar donde estuvieran situados estos últimos.

20.3. Cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación.

El que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia.

20.4. En las acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, el del lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección del actor.

20.5. En las acciones personales, cuando sean varios los demandados y se trate de obligaciones indivisibles o solidarias, el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor.

20.6. En las acciones sobre rendición de cuentas, el del lugar donde éstas deban presentarse, y no estando determinado, a elección del actor, el del domicilio de la administración o el del lugar en que se hubiere administrado el principal de los bienes.

En la demanda por aprobación de cuentas regirá la misma regla, pero si no estuviere especificado el lugar donde éstas deban presentarse, podrá serlo también el del domicilio del acreedor de las cuentas, a elección del actor.

20.7. En las acciones fiscales por cobro de impuestos, tasas o multas y salvo disposición en contrario, el del lugar del bien o actividad gravados o sometidos a inspección, inscripción o fiscalización, el del lugar en que deban pagarse o el del domicilio del deudor, a elección del actor. La conexidad no modificará esta regla.

20.8. En la acción de divorcio o de nulidad de matrimonio, el del último domicilio conyugal, considerándose tal el que tenían los esposos al tiempo de su separación, o el del domicilio del cónyuge demandado. Si el cónyuge no tuviera su domicilio en la República la acción podrá ser intentada ante el Juez del último domicilio que hubiera tenido en ella si el matrimonio se hubiere celebrado en el país. No probado dónde estuvo radicado el último domicilio conyugal, se aplicarán las reglas comunes sobre competencia.

20.9. En los procesos por declaración de incapacidad por demencia o sordomudez, y en los derivados de los supuestos previstos en el artículo 152 bis del Código Civil, el del domicilio del presunto incapaz o inhabilitado; en su defecto, el de su residencia. En los de rehabilitación, el que declaró la interdicción.

20.10. En los pedidos de segunda copia o de rectificación de errores de escrituras públicas, el del lugar donde se otorgaron o protocolizaron.

20.11. En la protocolización de testamentos, el del lugar donde debe iniciarse la sucesión.

20.12. En las acciones que derivan de las relaciones societarias, el del lugar del domicilio social inscripto. Si la sociedad no requiere inscripción, el del lugar del domicilio fijado en el contrato; en su defecto o tratándose de sociedad irregular o de hecho, el del lugar de la sede social.

20.13. En los procesos voluntarios, el del domicilio de la persona en cuyo interés se promuevan, salvo disposición en contrario.

20.14. En el proceso sucesorio, el del último domicilio del causante.

Artículo 21.- Reglas especiales. A falta de otras disposiciones será Juez competente:

21.1. En los incidentes, tercerías, obligaciones de garantía, citación de evicción, cumplimiento de acuerdos de conciliación o transacción celebrados en juicio, ejecución de sentencia, regulación y ejecución de honorarios y costas devengadas en el proceso, y acciones accesorias en general, el del proceso principal.

21.2. En los juicios de separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal, el del juicio de divorcio o nulidad de matrimonio.

21.3. En la exclusión del cónyuge, tenencia de hijos, régimen de visitas, alimentos y litisexpensas, el del juicio de divorcio, o de nulidad de matrimonio, mientras durare la tramitación de estos últimos. Si aquéllos se hubiesen iniciado con anterioridad, pasarán a tramitar ante el Juzgado donde quedare radicado el juicio de divorcio o de nulidad de matrimonio.

No existiendo juicio de divorcio o de nulidad de matrimonio en trámite, y no probado donde estuvo radicado el último domicilio conyugal, se aplicarán las reglas comunes sobre competencia. En el juicio por alimentos, el del lugar del domicilio del demandante, del alimentado o del demandado a elección del actor.

En las acciones que puedan entablarse por el culpable y respecto de la conducta de su otro cónyuge con posterioridad a la sentencia de separación personal o divorcio, será competente el Juez que intervino en el juicio anterior respectivo o el del domicilio del demandado.

Mediando juicio de inhabilitación, el pedido de alimentos contra el inhabilitado deberá promoverse ante el Juzgado donde se substancia aquél.

21.4. En las medidas preliminares y precautorias, el que deba conocer en el proceso principal.

21.5. En el pedido de beneficio de litigar sin gastos, el que deba conocer en el juicio en que aquél se hará valer.

21.6. En el juicio ordinario que se inicie como consecuencia del ejecutivo, el que entendió en éste.

21.7. En el pedido de determinación de la responsabilidad establecida en el artículo 236, el que decretó las medidas cautelares; en el supuesto del artículo 224, aquél cuya competencia para intervenir hubiese sido en definitiva fijada.

CAPÍTULO I

CUESTIONES DE COMPETENCIA

Artículo 22.- Procedencia.

22.1. Las cuestiones de competencia sólo podrán promoverse por vía de declinatoria, con excepción de las que se susciten entre un Juez de esta Provincia y un Juez Nacional o de otra Provincia, en las que también procederá la inhibitoria.

22.2. En uno y otro caso, la cuestión sólo podrá promoverse antes de haberse consentido la competencia.

22.3. Elegida una vía no podrá en lo sucesivo usarse de otra.

22.4. En todos los casos, antes de resolver sobre la competencia, el Tribunal dará intervención al Ministerio Público Fiscal.

Artículo 23.- Declinatoria e inhibitoria.

23.1. La declinatoria se sustanciará como las demás excepciones previas y, declarada procedente, se remitirá la causa al Juez tenido por competente.

23.2. La inhibitoria podrá plantearse hasta el momento de oponer excepciones o de contestar la demanda si aquel trámite no se hallare establecido como previo en el proceso de que se trata.

Artículo 24.- Planteamiento y decisión de la inhibitoria.

24.1. Si entablada la inhibitoria el Juez se declarase competente, librará oficio o exhorto acompañando testimonio del escrito en que se hubiere planteado la cuestión, de la resolución recaída y demás recaudos que estime necesarios para fundar su competencia.

24.2. Solicitará, asimismo, la remisión del expediente o, en su defecto, su elevación al Tribunal competente para dirimir la contienda.

24.3. La resolución sólo será apelable si se declarase incompetente.

Artículo 25.- Trámite de la inhibitoria ante el Juez requerido.

25.1. Recibido el oficio o exhorto, el Juez requerido se pronunciará aceptando o no la inhibición.

25.2. Sólo en el primer caso su resolución será apelable. Una vez consentida o ejecutoriada, remitirá la causa al Tribunal requirente notificando a las partes para que comparezcan ante él a usar de su derecho.

25.3. Si mantuviere su competencia, enviará sin otra sustanciación las actuaciones al Tribunal competente para dirimir la contienda y lo comunicará sin demora al Tribunal requirente para que remita las suyas.

Artículo 26.- Suspensión de los procedimientos. Durante la contienda ambos Jueces suspenderán los procedimientos sobre lo principal, salvo las medidas precautorias o cualquier diligencia de cuya omisión pudiere resultar perjuicio irreparable.

Artículo 27.- Contienda negativa y conocimiento simultáneo. En caso de contienda negativa o cuando dos o más Jueces se encontraren conociendo de un mismo proceso, cualquiera de ellos podrá plantear la cuestión de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 24 a 26.

CAPÍTULO II

RECUSACIONES Y EXCUSACIONES

Artículo 28.- Recusación con expresión de causa. Serán causas legales de recusación:

28.1. El vínculo matrimonial, la convivencia con otra persona en aparente matrimonio, el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes, sus representantes o letrados.

28.2. Tener el Juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados.

28.3. Tener el Juez pleito pendiente con el recusante.

28.4 Ser el Juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, sus representantes o letrados, con excepción de los bancos oficiales y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 41 y 43.

28.5. Ser o haber sido el Juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

28.6. Ser o haber sido el Juez denunciado por el recusante a los efectos del jury de enjuiciamiento, siempre que a la denuncia no se la hubiere rechazado in limine.

28.7. Haber sido el Juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

28.8. Haber recibido el Juez beneficios de importancia de alguna de las partes, sus representantes o letrados.

28.9. Tener el Juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad en el trato.

28.10. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas inferidas al Juez después que hubiere comenzado a conocer del asunto.

Artículo 29.- Oportunidad.

29.1. La recusación deberá ser deducida por el actor al entablar la demanda o en su primera presentación, y por el demandado, en su primera presentación antes o al tiempo de contestarla, o de oponer excepciones en el juicio ejecutivo o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto procesal.

29.2. Si el demandado no cumpliere esos actos, no podrá ejercer en adelante la facultad de recusar.

29.3. Si la causal fuere sobreviniente, sólo podrá hacerse valer dentro del quinto día de haber llegado a conocimiento del recusante.

Artículo 30.- Tribunal competente para conocer de la recusación.

30.1. Cuando se recusare a uno o más Jueces del Superior Tribunal o de una Cámara de Apelaciones, conocerán los que queden hábiles, integrándose el Tribunal, si procediere, en la forma prescripta por la Ley Orgánica.

30.2. De la recusación de los Jueces de primera instancia conocerá la Cámara de Apelaciones respectiva.

Artículo 31.- Forma de deducirla.

31.1. La recusación se deducirá ante el Juez que se recusa y ante el Superior Tribunal de Justicia o Cámara de Apelaciones, cuando lo fuese de uno de sus miembros.

31.2. En el escrito correspondiente se expresarán las causas de la recusación, y se propondrá y acompañará, en su caso, toda la prueba de que el recusante intentare valerse.

Artículo 32.- Rechazo in limine. Si en el escrito mencionado en el artículo anterior no se alegase concretamente alguna de las causas contenidas en el artículo 28, o la que se invoca fuere manifiestamente improcedente, o si se presentase fuera de las oportunidades previstas en el artículo 29, la recusación será desechada, sin darle curso, por el Tribunal competente para conocer en ella.

Artículo 33.- Informe del Magistrado recusado. Deducida la recusación en tiempo y con causa legal, si el recusado fuese un Juez del Superior Tribunal o de Cámara se le comunicará aquélla, a fin de que informe sobre las causas alegadas.

Artículo 34.- Informe de los Jueces de primera instancia. Cuando el recusado fuera un Juez de primera instancia, remitirá a la Cámara de Apelaciones dentro de los cinco (5) días, el escrito de recusación con un informe sobre las causas alegadas, y pasará el expediente al Juez que sigue en orden de turno o, donde no lo hubiere, al subrogante legal para que continúe su sustanciación. Igual procedimiento se observará en caso de nuevas recusaciones.

Artículo 35.- Consecuencias del contenido del informe.

35.1. Si el recusado reconociese los hechos, se le tendrá por separado de la causa.

35.2. Si los negase, con lo que exponga se formará incidente que tramitará por expediente separado.

Artículo 36.- Prueba.

36.1. El Superior Tribunal o Cámara de Apelaciones, integrados al efecto si procediere, recibirán el incidente a prueba por cinco (5) días, si hubiere de producirse dentro de la ciudad donde tiene su asiento el Tribunal. El plazo se ampliará en la forma dispuesta en el artículo 170.

36.2. Cada parte no podrá ofrecer más de tres (3) testigos, sin perjuicio de que se autorice un número mayor cuando la naturaleza y complejidad de la causa lo hiciere necesario.

Artículo 37.- Resolución. Vencido el plazo de prueba y agregadas las producidas, se resolverá el incidente dentro de cinco (5) días.

Artículo 38.- Trámite de la recusación de los Jueces de primera instancia.

38.1. Pasados los antecedentes, si la recusación se hubiese deducido en tiempo y con causa legal, la Cámara de Apelaciones, siempre que del informe elevado por el Juez resultare la exactitud de los hechos, lo tendrá por separado de la causa.

38.2. Si los negare, la Cámara podrá recibir el incidente a prueba y se observará el procedimiento establecido en los artículos 36 y 37.

Artículo 39.- Efectos.

39.1. Si la recusación fuese desechada, se hará saber la resolución al Juez subrogante a fin de que devuelva los autos al Juez recusado.

39.2. Si fuese admitida, el expediente quedará radicado ante el Juez subrogante con noticia al Juez recusado, aun cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originan.

39.3. Cuando el recusado fuere uno de los Jueces del Superior Tribunal o de las Cámaras de Apelaciones, seguirán conociendo en la causa el o los integrantes o sustitutos legales que hubiesen resuelto el incidente de recusación, con los alcances que determina el artículo 88 de la Ley Orgánica.

Artículo 40.- Recusación maliciosa. Desestimada una recusación se aplicará una multa de hasta el equivalente a sesenta y dos (62) veces el importe de la tasa de justicia para juicios de monto indeterminado, vigente al momento de su aplicación, si ésta fuere calificada de maliciosa por la resolución desestimatoria.

Artículo 41.- Excusación.

41.1. Todo Juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 28 deberá excusarse. Asimismo podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza.

41.2. No será nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus deberes.

Artículo 42.- Oposición y efectos.

42.1. Las partes no podrán oponerse a la excusación. Si el Juez que sigue en el orden de turno entendiese que la excusación no procede, se formará incidente que será remitido sin más trámite al Tribunal de Alzada, sin que por ello se paralice la sustanciación de la causa.

42.2. Aceptada la excusación, el expediente quedará radicado en el Juzgado que corresponda, aun cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron.

Artículo 43.- Falta de excusación. Incurrirá en la causal de mal desempeño, el Juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas haya dictado en él resolución que no sea de mero trámite.

Artículo 44.- Ministerio Público. Los funcionarios del Ministerio Público no podrán ser recusados. Si tuviesen algún motivo legítimo de excusación, deberán manifestarlo al Tribunal y éste podrá separarlos de la causa, dando intervención a quien deba subrogarlos.

TÍTULO III

EL TRIBUNAL

CAPÍTULO I

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 45.- Organización. La Ley Orgánica dispondrá lo concerniente a la creación, integración, competencia y funcionamiento de los diversos Tribunales.

Siempre que en el presente Código se utiliza la expresión “Tribunal”, ella se refiere exclusivamente al Juez o Jueces que integran el órgano jurisdiccional unipersonal o colegiado.

Artículo 46.- Indelegabilidad e inmediación.

46.1. Sólo el Tribunal es titular de la potestad jurisdiccional en su integridad. Los funcionarios auxiliares sólo realizarán los actos permitidos por la ley, por delegación y bajo la dirección y responsabilidad del Tribunal.

46.2. Dicha delegación sólo abarcará la realización de actos auxiliares o de aportación técnica, cuando los funcionarios revistan la idoneidad respectiva.

Artículo 47.- Funcionamiento de los Tribunales colegiados.

47.1. Los Tribunales colegiados actuarán en dicha forma en todo el proceso; las delegaciones sólo serán las expresamente establecidas por la ley y en ningún caso se referirán al diligenciamiento de la prueba.

47.2. En la deliberación y adopción de sus decisiones, regirá en su máxima aplicación el principio colegiado. La deliberación será efectiva y no se limitará a la simple emisión del voto.

Artículo 48.- Asistencia judicial. Los Tribunales se deben mutua asistencia y colaboración en todas las actuaciones que se requieran.

Artículo 49.- Imparcialidad, independencia y autoridad del Tribunal.

49.1. Cada Tribunal es independiente en el ejercicio de sus funciones.

49.2. Debe actuar con absoluta imparcialidad en relación a las partes.

49.3. Las decisiones del Tribunal deben ser acatadas por todo sujeto público o privado, los que, además, deben prestarle asistencia para que se logre la efectividad de sus mandatos.

49.4. Para lograr esta efectividad, el Tribunal podrá:

a) Utilizar el auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarse inmediatamente a su solo requerimiento.

b) Imponer compulsiones o conminaciones, sean económicas, bajo forma de multas periódicas, sean personales, bajo forma de arresto, dentro de los límites prefijados por la ley y abreviando la conducción forzada o el arresto, todo en concordancia con lo que también dispone el apartado 12 del artículo siguiente.

Artículo 50.- Facultades del Tribunal. El Tribunal está facultado:

50.1. Para rechazar in limine la demanda cuando fuere manifiestamente improponible, cuando carezca de los requisitos formales exigidos por la ley o cuando se ejercite una pretensión especialmente sujeta a término de caducidad y éste haya vencido.

50.2. Para declarar de oficio las excepciones que este Código le faculta.

50.3. Para dar al proceso el trámite que legalmente corresponda cuando el requerido aparezca equivocado.

50.4. Para ordenar las diligencias necesarias al esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes.

50.5. Para disponer en cualquier momento la presencia de los testigos, de los peritos y de las partes, para requerirles las explicaciones que estime necesarias al objeto del pleito.

50.6. Para rechazar las pruebas inadmisibles, así como las manifiestamente inconducentes e impertinentes.

50.7. Para rechazar in limine los incidentes que reiteren otros ya propuestos por la misma causa o cuando, a pesar de fundarse en causa distinta, ésta haya podido alegarse al promoverse uno anterior.

50.8. Para rechazar in limine la intervención de terceros cuando la petición carezca de los requisitos exigidos.

50.9. Para declarar de oficio y de plano las nulidades insubsanables y para disponer las diligencias que persigan evitar dichas nulidades.

50.10. Para imponer a los procuradores y abogados sanciones disciplinarias y multas en los casos previstos legalmente.

50.11. Para dirigir el proceso y aplicar las sanciones que correspondan a quienes obstaculicen indebidamente su desarrollo u observen conducta incompatible con el decoro y dignidad de la justicia.

50.12. Para imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Podrán aplicarse sanciones conminatorias a terceros, en los casos en que la ley lo establezca. Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.

Artículo 51.- Deberes del Tribunal.

51.1. El Tribunal no podrá dejar de fallar en caso de oscuridad, insuficiencia o vacío de la ley. En el juzgamiento del litigio deberá aplicar la regla de derecho positivo y sólo podrá fallar por equidad en los casos previstos por la ley o cuando, tratándose de derechos disponibles, las partes así lo soliciten.

51.2. El Tribunal deberá emplear las facultades y poderes que le concede este Código para la dirección del proceso y la averiguación de la verdad de los hechos alegados por las partes; la omisión en el cumplimiento de estos deberes le hará incurrir en responsabilidad.

Artículo 52.- Responsabilidad del Tribunal. Los Magistrados serán responsables por:

a) Demoras injustificadas en proveer;

b) Proceder con dolo o fraude;

c) Sentenciar cometiendo error inexcusable.

CAPÍTULO II

SECRETARIOS

*Artículo 53.- Deberes.

53.1. Además de los deberes que en otras disposiciones de este Código y en las leyes de organización judicial se imponen a los Secretarios, las funciones de éstos son:

53.2. Comunicar a las partes y a los terceros las decisiones judiciales, mediante la firma de oficios, mandamientos, cédulas, telegramas, edictos y demás medios previstos en este Código u otras normas reglamentarias, sin perjuicio de las facultades que se acuerdan a los letrados respecto de las cédulas, telegramas, oficios y otros medios, y de lo que establezcan los convenios sobre comunicaciones entre magistrados de distintas jurisdicciones.

Las comunicaciones dirigidas al Gobernador de la Provincia, al Presidente de la Legislatura y sus integrantes, y a Magistrados judiciales, serán firmadas por el Juez.

53.3. Extender certificados, testimonios y copias de actas.

53.4. Devolver los escritos presentados fuera de plazo o sin copias.

53.5. Agregar partidas, exhortos, pericias, oficios, inventarios, tasaciones, división o partición de herencia, rendiciones de cuentas y, en general, documentos o actuaciones similares.

53.6. Remitir las causas a los Ministerios Públicos, representantes del fisco y demás funcionarios que intervengan como parte.

53.7. Certificar los reconocimientos de firma que se realizarán ante su presencia en los procesos de ejecución y convenios celebrados ante el Tribunal.

(Modificado por Art. 1º Ley P. Nº552)

(Incorporación Apartado 7)

Artículo 54.- Revocatoria. Dentro del plazo de tres (3) días, las partes podrán requerir al Juez que deje sin efecto lo dispuesto por el Secretario. Este pedido se resolverá sin sustanciación. La resolución es inapelable.

Artículo 55.- Recusación.

55.1. Los Secretarios no serán recusables; pero deberán manifestar toda causa e impedimento que tuvieren a fin de que el Tribunal lo considere y resuelva lo que juzgare procedente. Las partes podrán también hacer conocer dichas circunstancias.

55.2. En todos los casos serán aplicables, en lo pertinente, las reglas establecidas para la excusación de los Jueces.

TÍTULO IV

LAS PARTES

CAPÍTULO I

REGLAS GENERALES

Artículo 56.- Partes. Son partes en el proceso el demandante, el demandado y los terceros en los casos previstos por este Código.

Artículo 57.- Capacidad.

57.1. Pueden comparecer por sí en el proceso, las personas que pueden disponer de los derechos que en él se hacen valer.

Las que no tienen, total o parcialmente, el libre ejercicio de sus derechos, comparecerán representadas, asistidas o autorizadas según dispongan las leyes que regulan la capacidad.

57.2. Los menores habilitados o emancipados, actuarán en los casos que determina la Ley, asistidos de curador ad litem.

También actuarán representados por curador ad litem los menores que litiguen contra quienes ejercen su patria potestad o tutela, previa venia que otorgará el Tribunal al efectuar la designación.

57.3. Las personas jurídicas actuarán por intermedio de sus representantes o de las personas autorizadas conforme a derecho.

57.4. Los ausentes y las herencias yacentes serán representados en el proceso por los curadores designados al efecto.

Artículo 58.- Constitución de domicilio.

58.1. Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de terceros, deberá constituir domicilio legal dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo Tribunal.

58.2. Ese requisito se cumplirá en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si es ésta la primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades deberá denunciarse el domicilio real de la persona representada.

58.3. Se diligenciarán en el domicilio legal todas las notificaciones por cédula, que no deban serlo en el real.

58.4. El domicilio contractual constituido en el de la parte contraria no es eficaz para las notificaciones que deben ser realizadas en el domicilio del constituyente.

Artículo 59.- Falta de constitución y de denuncia de domicilio.

59.1. Si no se cumpliere con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el artículo 146, salvo la notificación de la audiencia para recibir su declaración y la sentencia.

59.2. Si la parte no denunciare su domicilio real, o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se cumplirán en el lugar en que se hubiere constituido, y en defecto también de éste, se observará lo dispuesto en el primer apartado.

Artículo 60.- Subsistencia de los domicilios.

60.1. Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsistirán para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros.

60.2. Cuando no existieren los edificios, quedaren deshabitados o desaparecieren, o se alterare o suprimiere su numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el informe del notificador se observará lo dispuesto en la primera o segunda parte del artículo anterior, según se trate, respectivamente, del domicilio legal o del real.

60.3. Todo cambio del domicilio deberá notificarse personalmente o por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia no se hubiese cumplido, se tendrá por subsistente el anterior.

Artículo 61.- Muerte o incapacidad. Cuando la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobado el hecho, el Tribunal suspenderá la tramitación y citará a los herederos o al representante legal en la forma y bajo el apercibimiento dispuestos en el artículo 71.5.

Artículo 62.- Sustitución de parte. Si durante la tramitación del proceso una de las partes enajenare el bien objeto del litigio o cediere el derecho reclamado, el adquirente no podrá intervenir en él como parte principal sin la conformidad expresa del adversario. Podrá hacerlo en la calidad prevista por los artículos 100.1 y 102.2.

Artículo 63.- Temeridad o malicia. Cuando se declarase maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por quien lo perdiere total o parcialmente, el Juez impondrá una multa a la parte vencida o a su letrado patrocinante o apoderado, o a todos conjuntamente, según las circunstancias del caso. Su importe se fijará prudencialmente, no pudiendo superar el treinta por ciento (30%) del valor del juicio, o entre dos (2) y setenta (70) veces el importe de la tasa de justicia para juicios por monto indeterminado, vigente al momento de su aplicación. El importe de la multa será a favor de la otra parte.

CAPÍTULO II

REPRESENTACIÓN PROCESAL

Artículo 64.- Justificación de la personería.

64.1. La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar en la primera presentación los documentos que acrediten el carácter que inviste.

64.2. Si se invocare la imposibilidad de presentar el documento, ya otorgado, que justifique la representación y el Juez considerare atendibles las razones que se expresen, podrá acordar un plazo de hasta veinte (20) días para que se acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada.

Artículo 65.- Presentación de los poderes.

65.1. Los apoderados acreditarán su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder.

65.2. Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado patrocinante o por el apoderado. De oficio o a petición de parte, podrá intimarse la presentación del testimonio original.

Artículo 66.- Gestor.

66.1. Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, podrá ser admitida la comparecencia en juicio de quien no tuviere representación conferida. Si dentro de los cuarenta (40) días hábiles, contados desde la primera presentación del gestor no fueren acompañados los instrumentos que acrediten la personalidad o la parte no ratificase la gestión, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste deberá satisfacer el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que hubiere producido.

66.2. En su presentación, el gestor, además de indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, deberá expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido. La nulidad, en su caso, se producirá por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa.

66.3. La facultad acordada por este artículo sólo podrá ejercerse una vez en el curso del proceso, respecto del mismo representado.

Artículo 67.- Efectos de la presentación del poder y admisión de la personería. Presentado el poder y admitida su personería, el apoderado asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él personalmente los practicare.

Artículo 68.- Obligaciones del apoderado. El apoderado estará obligado a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias definitivas, tendrán la misma fuerza que si se hicieren al poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste. Exceptúanse los actos que por disposición de la ley deban ser notificados personalmente a la parte.

Artículo 69.- Alcance del poder.

69.1. El poder conferido para un pleito determinado, cualesquiera sean sus términos, comprende la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del pleito, salvo que de su texto surja lo contrario.

69.2. También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquéllos para los cuales la ley requiera facultad especial, o se hubiesen reservado expresamente en el poder.

Artículo 70.- Responsabilidad por las costas.

70.1. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal por el ejercicio del mandato, el mandatario deberá abonar a su poderdante las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia, cuando éstas fueran declaradas judicialmente.

70.2. El Juez podrá, de acuerdo con las circunstancias, establecer la responsabilidad solidaria del mandatario con el letrado patrocinante.

Artículo 71.- Cesación de la representación. La representación de los apoderados cesará:

71.1. Por revocación expresa del mandato en el expediente. En este caso, el poderdante deberá comparecer por sí o constituir nuevo apoderado sin necesidad de emplazamiento o citación, so pena de continuarse el juicio y aplicarse lo dispuesto por el artículo 59.1. La sola presentación del mandante no revoca el poder.

71.2. Por renuncia, en cuyo caso el apoderado deberá, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el Juez fije al poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí. Dicho plazo no podrá exceder los diez (10) días. La fijación del plazo se hará bajo apercibimiento de continuarse el juicio aplicándose lo dispuesto por el artículo 59.1. La resolución que así lo disponga deberá notificarse por cédula en el domicilio real del mandante.

71.3. Por haber cesado la personalidad con que litigaba el poderdante.

71.4. Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder.

71.5. Por muerte o incapacidad del poderdante. En tales casos el apoderado continuará ejerciendo su personería hasta que los herederos o representante legal tomen la intervención que les corresponda en el proceso, o venza el plazo fijado en este mismo apartado. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad el Juez señalará un plazo para que los interesados concurran a estar a derecho, citándolos directamente si se conocieran sus domicilios o por edictos durante dos (2) días consecutivos, si no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio y aplicarse lo dispuesto por el artículo 59.1 en el primer caso y de nombrarles defensor en el segundo.

Cuando el deceso o la incapacidad hubieren llegado a conocimiento del mandatario, éste deberá hacerlo presente al Tribunal dentro del plazo de diez (10) días, bajo pena de perder el derecho a cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma sanción incurrirá el mandatario que omita denunciar el nombre y domicilio de los herederos, o del representante legal, si los conociere.

71.6. Por muerte o inhabilidad del apoderado. Producido el caso, se suspenderá la tramitación del juicio y el Juez fijará al mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado, citándolo en la forma dispuesta en el apartado anterior. Vencido el plazo fijado sin que el mandante satisfaga el requerimiento, se continuará el juicio aplicando lo dispuesto por el artículo 59.1.

Artículo 72.- Unificación de la personería.

72.1. Cuando actuaren en el proceso diversos litigantes con un interés común, el Juez de oficio o a petición de parte y después de contestada la demanda, les intimará a que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. En la primer audiencia que se fije, si los interesados no se aviniesen en el nombramiento de representante único, el Juez lo designará eligiendo entre los que intervienen en el proceso.

72.2. Producida la unificación, el representante único tendrá respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes al mandato.

Artículo 73.- Revocación.

73.1. Una vez efectuado el nombramiento común, podrá revocarse por acuerdo unánime de las mismas partes o por el Juez a petición de alguna de ellas, siempre que en este último caso hubiese motivo que lo justifique. La revocación no producirá efectos mientras no tome intervención el nuevo mandatario. Son aplicables a este caso las previsiones del artículo 71.2.

73.2. La unificación se dejará sin efecto cuando desaparecieren los presupuestos mencionados en el primer apartado del artículo anterior.

Artículo 74.- Representación en caso de intereses difusos. En el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y, en general, que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, estarán legitimados indistintamente para promover el proceso pertinente, el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que según la ley o a juicio del Tribunal garanticen una adecuada defensa del interés comprometido.

CAPÍTULO III

PATROCINIO LETRADO

Artículo 75.- Patrocinio obligatorio.

75.1. Los Jueces no proveerán ningún escrito de demanda o excepciones y sus contestaciones, alegatos o recursos, ni aquéllos en que se promuevan incidentes o se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que sustenten o controviertan derechos, ya sea en procesos de jurisdicción voluntaria o contenciosa, si no llevan firma de letrado.

75.2. No se admitirá tampoco la presentación de pliegos de posiciones ni de interrogatorios que no lleven firma de letrado, ni la promoción de cuestiones, de cualquier naturaleza, en las audiencias, ni su contestación, si la parte que las promueve o contesta no está acompañada de letrado patrocinante.

Artículo 76.- Falta de firma de letrado. Se tendrá por no presentado y se devolverá al firmante, sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada por ministerio de la ley la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito, no fuese suplida la omisión. Ello tendrá lugar suscribiendo un abogado el mismo escrito ante el Secretario, quien certificará en el expediente esta circunstancia, o por la ratificación que por separado se hiciere con firma de letrado.

Artículo 77.- Dignidad. En el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele.

CAPÍTULO IV

COSTAS

Artículo 78.- Principio general.

78.1. La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado.

78.2. Sin embargo, el Juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.

Artículo 79.- Incidentes.

79.1. En los incidentes también regirá lo establecido en el artículo anterior. No se sustanciarán nuevos incidentes promovidos por quien hubiere sido condenado al pago de las costas en otro anterior, mientras no satisfaga su importe o, en su caso, lo dé a embargo.

79.2. No estarán sujetas a este requisito de admisibilidad las incidencias promovidas en el curso de las audiencias.

79.3. Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concederá en efecto diferido.

Artículo 80.- Allanamiento. No se impondrán costas al vencido:

80.1. Cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación.

80.2. Cuando se allanare dentro del quinto día de tener conocimiento de los títulos e instrumentos tardíamente presentados.

80.3. Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo.

80.4. Si de los antecedentes del proceso resultare que el demandado no hubiere dado motivo a la promoción del juicio y se allanare dentro del plazo para contestar la demanda, cumpliendo su obligación, las costas se impondrán al actor.

Artículo 81.- Vencimiento parcial y mutuo. Si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el Juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos.

Artículo 82.- Pluspetición inexcusable.

82.1. El litigante que incurriere en pluspetición inexcusable será condenado en costas, si la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia.

82.2. Si no hubiese existido dicha admisión o si ambas partes incurrieren en pluspetición, regirá lo dispuesto en el artículo precedente.

82.3. No se entenderá que hay pluspetición, a los efectos determinados en este artículo, cuando el valor de la condena dependiese legalmente del arbitrio judicial, de juicio pericial o de rendición de cuentas o cuando las pretensiones de la parte no fuesen reducidas por la condena en más de un veinte por ciento (20%).

Artículo 83.- Transacción, conciliación, desistimiento, caducidad de instancia.

83.1. Si el juicio terminase por transacción o conciliación, las costas serán impuestas en el orden causado respecto de quienes celebraron el avenimiento; en cuanto a las partes que no lo suscribieron, se aplicarán las reglas generales.

83.2. Si el proceso se extinguiere por desistimiento, las costas serán a cargo de quien desiste, salvo cuando se debiere exclusivamente a cambios de legislación o jurisprudencia y se llevare a cabo sin demora injustificada.

83.3. Exceptúase, en todos los casos, lo que pudieren acordar las partes en contrario.

83.4. Declarada la caducidad de la primera instancia, las costas del juicio deberán ser impuestas al actor.

Artículo 84.- Nulidad. Si el procedimiento se anulare por causa imputable a una de las partes, serán a su cargo las costas producidas desde el acto o la omisión que dio origen a la nulidad.

Artículo 85.- Litisconsorcio.

85.1. En los casos de litisconsorcio las costas se distribuirán entre los litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidaria.

85.2. Cuando el interés que cada uno de ellos representase en el juicio ofreciere considerables diferencias, podrá el Juez distribuir las costas en proporción a ese interés.

Artículo 86.- Prescripción. Si el actor se allanase a la prescripción opuesta las costas se distribuirán en el orden causado.

Artículo 87.- Alcance de la condena en costas.

87.1. La condena en costas comprenderá todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la obligación.

87.2. Los correspondientes pedidos desestimados serán a cargo de la parte que los efectuó u originó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal.

87.3. No serán objeto de reintegro los gastos superfluos o inútiles.

87.4. Si los gastos fuesen excesivos, el Juez podrá reducirlos prudencialmente.

CAPÍTULO V

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS

Artículo 88.- Procedencia.

88.1. Los que carecieren de recursos podrán solicitar antes o al momento de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso, la concesión del beneficio de litigar sin gastos, con arreglo a las disposiciones contenidas en este Capítulo.

88.2. No obstará a la concesión del beneficio la circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurarse su subsistencia, cualquiera fuere el origen de sus recursos.

Artículo 89.- Requisitos de la solicitud. La solicitud contendrá:

89.1. La mención de los hechos en que se fundare, de la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios o del cónyuge o de hijos menores, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se deba intervenir.

89.2. El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Deberán acompañarse los interrogatorios para los testigos.

Artículo 90.- Prueba. El Juez ordenará sin más trámite las diligencias necesarias para que la prueba ofrecida se produzca a la mayor brevedad y citará al litigante contrario o que haya de serlo, quien podrá fiscalizarla.

Artículo 91.- Traslado y resolución. Producida la prueba, se dará traslado por cinco (5) días comunes al peticionario y a la otra parte; contestado dicho traslado o vencido el plazo para hacerlo, el Juez, previa vista fiscal, resolverá acordando el beneficio total o parcialmente, o denegándolo. En el primer caso la resolución será apelable sin efecto suspensivo.

Artículo 92.- Carácter de la resolución.

92.1. La resolución que denegare o acordare el beneficio no causará estado.

92.2. Si fuere denegatoria, el interesado podrá ofrecer otras pruebas y solicitar una nueva resolución.

92.3. La que lo concediere, podrá ser dejada sin efecto a requerimiento de parte interesada, cuando se demostrare que la persona a cuyo favor se dictó no tiene ya derecho al beneficio.

92.4. La impugnación se sustanciará por el trámite de los incidentes.

Artículo 93.- Beneficio provisional. Efectos del pedido.

93.1. Hasta que se dicte resolución la solicitud y presentaciones de ambas partes estarán exentas del pago de impuestos y sellado de actuación. Estos serán satisfechos, así como las costas, en caso de denegación.

93.2. El trámite para obtener el beneficio no suspenderá el procedimiento.

Artículo 94.- Alcance.

94.1. El que obtuviere el beneficio estará exento, total o parcialmente, del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna; si venciere en el pleito, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba.

94.2. Los profesionales podrán exigir el pago de sus honorarios a la parte condenada en costas, y a su cliente, en el caso y con la limitación señalada en este artículo.

Artículo 95.- Defensa del beneficiario. La representación y defensa del beneficiario será asumida por el Defensor público, salvo si aquél deseare hacerse patrocinar o representar por abogado o procurador de la matrícula; en este último caso, cualquiera sea el monto del asunto, el mandato que confiera podrá hacerse por acta labrada ante el Secretario.

Artículo 96.- Extensión a otra parte. A pedido del interesado, el beneficio podrá hacerse extensivo para litigar contra otra persona en el mismo juicio, si correspondiere, con citación de ésta.

CAPÍTULO VI

ACUMULACIÓN DE ACCIONES Y LITISCONSORCIO

Artículo 97.- Acumulación objetiva de acciones. Antes de la notificación de la demanda el actor podrá acumular todas las acciones que tuviere contra una misma parte, siempre que:

a) No sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede excluida la otra.

b) Correspondan a la competencia del mismo Juez.

c) Puedan sustanciarse por los mismos trámites.

Artículo 98.- Litisconsorcio facultativo.

98.1. Podrán varias partes demandar o ser demandadas en un mismo proceso cuando las acciones sean conexas por el título, o por el objeto, o por ambos elementos a la vez.

98.2. Los litisconsortes facultativos, salvo disposición legal en contrario, serán considerados como litigantes independientes.

98.3. Los actos de cada uno de ellos no favorecen ni perjudican la situación procesal de los restantes sin que por ello se afecte la unidad del proceso.

Artículo 99.- Litisconsorcio necesario.

99.1. Cuando la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes, éstas habrán de demandar o ser demandadas en un mismo proceso.

99.2. Si así no sucediere, el Juez de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes ordenará, luego de contestada la demanda o reconvención, la integración de la litis dentro de un plazo que señalará, quedando en suspenso el desarrollo del proceso mientras se cita al litigante o litigantes omitidos.

99.3. En este caso los recursos y demás actuaciones procesales de cada uno favorecerán a los otros. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio, sólo tendrán eficacia si emanan de todos los litisconsortes.

CAPÍTULO VII

INTERVENCIÓN DE TERCEROS

Artículo 100.- Intervención coadyuvante y litisconsorcial.

100.1. Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella.

100.2. Podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte, los terceros que sean titulares de una determinada relación sustancial que podría verse afectada por la sentencia a dictarse y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso.

Artículo 101.- Requisitos y forma de la intervención.

101.1. Los terceros deberán fundar su intervención en un interés directo, personal y legítimo. La solicitud se ajustará a las formas previstas para la demanda, en lo que fueren aplicables, y deberá ser acompañada de toda la prueba correspondiente.

101.2. La intervención podrá producirse en la instancia hasta la conclusión de la audiencia de prueba; también durante el curso de la segunda instancia.

Artículo 102.- Procedimiento.

102.1. Planteada la demanda por el tercerista, se conferirá traslado de su intervención a cada parte y el Tribunal resolverá la admisión o el rechazo por sentencia interlocutoria, que sólo será apelable si rechaza la intervención.

Será aplicable, en lo pertinente, lo dispuesto por el artículo 365.

102.2. El tercero coadyuvante formará una sola parte con la coadyuvada. Si resultare indispensable a dicho efecto, podrá el Tribunal imponer la representación por apoderado común.

Artículo 103.- Intervención necesaria por citación. El actor en el escrito de demanda y el demandado, en el plazo para contestar y sin perjuicio de hacerlo, podrá solicitar el emplazamiento de un tercero en garantía o de aquél respecto al cual considera que la controversia es común o a quien la sentencia pueda afectar. El emplazado no podrá objetar la procedencia de su emplazamiento y deberá comparecer; tendrá los derechos, deberes y cargas que resulten según sea el tipo de su intervención.

Artículo 104.- Oposición al llamamiento de terceros. La contraparte podrá oponerse a la citación de un tercero y el Tribunal resolverá la procedencia de la misma por sentencia interlocutoria, que sólo será apelable cuando rechace la intervención.

Artículo 105.- Llamamiento de oficio en caso de fraude o colusión. En cualquiera de las instancias, siempre que se presuma fraude o colusión en el proceso, el Tribunal de oficio o a petición del Ministerio Público o de parte, ordenará la citación de las personas que puedan ser perjudicadas para que hagan valer sus derechos, pudiéndose, a tal fin, suspender el proceso hasta por cuarenta (40) días.

Artículo 106.- Irreversibilidad del proceso.

106.1. Los intervinientes y sucesores en el proceso lo tomarán en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención.

106.2. En el supuesto del artículo 103 el Tribunal suspenderá el procedimiento por el plazo del emplazamiento del citado.

Artículo 107.- Alcances de la sentencia. En todos los supuestos la sentencia que se dicte después de la intervención de terceros o de su emplazamiento, deberá especificar los efectos que surta respecto de los terceros en relación al objeto del litigio y las costas.

CAPÍTULO VIII

TERCERÍAS EN PROCESOS DE EJECUCIÓN

Artículo 108.- Fundamento y oportunidad.

108.1. Las tercerías deberán fundarse en el dominio de los bienes embargados o en el derecho que el tercero tuviere a ser pagado con preferencia al embargante.

108.2. La de dominio deberá deducirse antes de que se otorgue la posesión de los bienes; la de mejor derecho, antes de que se pague al acreedor.

108.3. Si el tercerista dedujere la demanda después de diez (10) días desde que tuvo o debió tener conocimiento del embargo o desde que se rechazó el levantamiento sin tercería, abonará las costas que originare su presentación extemporánea, aunque correspondiere imponer las del proceso a la otra parte por declararse procedente la tercería.

Artículo 109.- Admisibilidad. Requisitos. Reiteración.

109.1. No se dará curso a la tercería si quien la deduce no probare con instrumentos fehacientes o en forma sumaria la verosimilitud del derecho en que se funda. No obstante, aún no cumplido dicho requisito la tercería será admisible si quien la promueve diere fianza para responder de los perjuicios que pudiere producir la suspensión del proceso principal.

109.2. Desestimada la tercería, no será admisible su reiteración si se fundare en título que hubiese poseído y conocido el tercerista al tiempo de entablar la primera. No se aplicará esta regla si la tercería no hubiese sido admitida sólo por falta de ofrecimiento o constitución de la fianza.

Artículo 110.- Efectos sobre el principal de la tercería de dominio.

110.1. Si la tercería fuese de dominio, consentida o ejecutoriada la orden de venta de los bienes, se suspenderá el procedimiento principal, a menos que se tratare de bienes sujetos a desvalorización o desaparición o que irrogaren excesivos gastos de conservación, en cuyo caso el producto de la venta quedará afectado a las resultas de la tercería.

110.2. El tercerista podrá, en cualquier momento, obtener el levantamiento del embargo dando garantía suficiente de responder al crédito del embargante por capital, intereses y costas en caso de que no probare que los bienes embargados le pertenecen.

Artículo 111.- Efectos sobre el principal de la tercería de mejor derecho. Si la tercería fuese de mejor derecho, previa citación del tercerista, el Juez podrá disponer la venta de los bienes, suspendiéndose el pago hasta que se decida sobre la preferencia salvo si se otorgare garantía para responder a las resultas de la tercería. El tercerista será parte de las actuaciones relativas al remate de los bienes.

Artículo 112.- Demanda. Sustanciación. Allanamiento.

112.1. La demanda por tercería deberá deducirse contra las partes del proceso principal y se sustanciará por el trámite de los incidentes.

112.2. El allanamiento y los actos de admisión realizados por el embargado no podrán ser invocados en perjuicio del embargante.

Artículo 113.- Ampliación o mejora del embargo. Deducida la tercería, el embargante podrá pedir que se amplíe o mejore el embargo, o que se adopten otras medidas precautorias necesarias.

Artículo 114.- Connivencia entre terceristas y embargado. Cuando resultare probada la connivencia del tercerista con el embargado, el Juez ordenará, sin más trámite, la remisión de los antecedentes a la justicia penal e impondrá al tercerista, al embargado o a los profesionales que los hayan representado o patrocinado, o a todos ellos, las sanciones disciplinarias que correspondan. Asimismo podrá disponer la detención del tercerista y del embargado hasta el momento en que comience a actuar el Juez en lo penal.

Artículo 115.- Levantamiento del embargo sin tercería.

115.1. El tercero perjudicado por un embargo podrá pedir su levantamiento sin promover tercería, acompañando el título de dominio u ofreciendo sumaria información sobre su posesión, según la naturaleza de los bienes.

115.2. Del pedido se dará traslado al embargante.

115.3. La resolución será recurrible cuando haga lugar al desembargo. Si lo denegara, el interesado podrá deducir directamente la tercería cumpliendo los requisitos exigidos por el artículo 109.

CAPÍTULO IX

CITACIÓN DE EVICCIÓN

Artículo 116.- Oportunidad.

116.1. Tanto el actor como el demandado podrán pedir la citación de evicción: el primero, al deducir la demanda; el segundo dentro del plazo fijado para la contestación de la demanda.

116.2. La resolución se dictará sin sustanciación previa. Sólo se hará lugar a la citación si fuere manifiestamente procedente.

116.3. La denegatoria será recurrible sin efecto suspensivo.

Artículo 117.- Notificación. El citado será notificado en la misma forma y plazo establecidos para el demandado. No podrá invocar la improcedencia de la citación, debiendo limitarse a asumir o no la defensa. Si no la ejerciere, su responsabilidad se establecerá en el juicio que corresponda.

Artículo 118.- Efectos. La citación solicitada oportunamente suspenderá el curso del proceso durante el plazo que el Juez fijare. Será carga del citante activar las diligencias necesarias para la notificación del citado. El plazo para contestar la demanda y oponer excepciones previas y la sustanciación de éstas no quedarán suspendidos.

Artículo 119.- Abstención y tardanza del citado.

119.1. Si el citado no compareciere o habiendo comparecido se resistiere a asumir la defensa, el juicio proseguirá con quien pidió la citación, salvo los derechos de éste contra aquél.

119.2. Durante la sustanciación del juicio, las dos partes podrán proseguir las diligencias para obtener la comparecencia del citado. Si éste se presentare, tomará la causa en el estado en que se encuentre.

Artículo 120.- Defensa por el citado. Si el citado asumiere la defensa podrá obrar conjunta o separadamente con la parte que solicitó la citación, en el carácter de litisconsorte.

Artículo 121.- Citación de otros causantes.

121.1. Si el citado pretendiese, a su vez, citar a su causante, podrá hacerlo en los primeros cinco (5) días de haber sido notificado, sin perjuicio de la carga de proseguir el proceso por sí. En las mismas condiciones, cada uno de los causantes podrá requerir la citación de su respectivo antecesor.

121.2. Será admisible el pedido de citación simultánea de dos o más causantes.

121.3. Será ineficaz la citación que se hiciere sin la antelación necesaria para que el citado pueda comparecer antes de la sentencia de primera instancia.

CAPÍTULO X

ACCIÓN SUBROGATORIA

Artículo 122.- Procedencia. El ejercicio de la acción subrogatoria que prevé el artículo 1196 del Código Civil no requerirá autorización judicial previa y se ajustará al trámite que prescriben los artículos siguientes.

Artículo 123.- Citación. Antes de conferirse traslado al demandado, se citará al deudor por el plazo de diez (10) días, durante el cual éste podrá:

123.1. Formular oposición, fundada en que ya ha interpuesto la demanda o en la manifiesta improcedencia de la subrogación.

123.2. Interponer la demanda, en cuyo caso se le considerará como actor y el juicio proseguirá con el demandado.

En este último supuesto, así como cuando el deudor hubiese ejercido la acción con anterioridad, el acreedor podrá intervenir en el proceso en la calidad prescripta por el primer apartado del artículo 100.

Artículo 124.- Intervención del deudor.

124.1. Aunque el deudor al ser citado no ejerciere ninguno de los derechos acordados en el artículo anterior, podrá intervenir en el proceso en la calidad prescripta por el segundo apartado del artículo 100.

124.2. En todos los casos, el deudor podrá ser llamado a declarar y reconocer documentos.

Artículo 125.- Efectos de la sentencia. La sentencia hará cosa juzgada a favor o en contra del deudor citado, haya o no comparecido.

TÍTULO V

ACTOS PROCESALES

CAPÍTULO I

AUDIENCIAS

Artículo 126.- Presencia del Tribunal. El Tribunal presidirá por sí todas las audiencias bajo pena de nulidad que compromete su responsabilidad funcional.

Incurrirá en falta grave el Juez que, reiteradamente, no adoptare las medidas necesarias para señalar las audiencias dentro del plazo legal.

Artículo 127.- Comparecencia de las partes.

127.1. Las convocatorias a audiencia serán hechas bajo apercibimiento de realizarse con cualquiera de las partes que concurra.

127.2. Sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 369 respecto de la audiencia preliminar, en los demás casos, las partes deberán comparecer por sí o por intermedio de sus representantes o apoderados.

127.3. Sólo se considerará justa causa de inasistencia la que provenga de fuerza mayor o caso fortuito que coloque a una de las partes en la imposibilidad de concurrir por sí o por mandatario.

Artículo 128.- Continuidad de las audiencias.

128.1. La fecha de las audiencias se deberá fijar con la mayor contigüidad posible, a los efectos de procurar la continuidad del proceso y la identidad del titular del órgano jurisdiccional.

128.2. Toda vez que proceda la suspensión de una audiencia se fijará, en el acto, la fecha de su reanudación, salvo que ello resultare imposible.

Artículo 129.- Documentación de la audiencia.

129.1. Lo actuado en toda audiencia se documentará en forma resumida, en acta que se labrará durante su transcurso o al cabo de ella.

129.2. Las partes podrán solicitar lo que entiendan pertinente para asegurar la fidelidad del resumen, estándose, en ese caso, a lo que el Tribunal resuelva en el acto y de modo inmediato.

129.3. El Tribunal dispondrá a pedido de parte la reproducción total o parcial de lo actuado utilizando los medios técnicos apropiados. Igualmente podrá hacerlo de oficio.

Artículo 130.- Contenido de las actas. Las actas deberán contener:

130.1. El lugar y la fecha en que se labra y el expediente al que corresponden.

130.2. El nombre de los intervinientes y la constancia de la inasistencia de los que debieron o pudieron estar presentes, indicándose la causa de la ausencia si se conociere.

130.3. La relación sucinta de lo actuado en la audiencia, consignándose si ha aplicado la previsión del artículo 129.3, con identificación del medio de registro empleado.

130.4. Las constancias que la ley imponga para cada caso específico o que el Tribunal resuelva consignar.

130.5. Las actas serán firmadas por el Tribunal, el Secretario, las partes y las personas que hubieren declarado. Si alguna no quisiera hacerlo se consignará esa circunstancia.

Artículo 131.- Idioma. Designación de intérprete. En todos los actos del proceso se utilizará el idioma nacional. Cuando éste no fuere conocido por la persona que deba prestar declaración, el Tribunal designará por sorteo un traductor público. Se nombrará intérprete cuando deba interrogarse a sordos, mudos o sordomudos que sólo puedan darse a entender por lenguaje especializado.

CAPÍTULO II

ESCRITOS

Artículo 132.- Redacción. Para la redacción de los escritos regirán las normas del Reglamento para la Justicia Provincial.

Artículo 133.- Anotación de peticiones. Podrá solicitarse la reiteración de oficios o exhortos, desglose de poderes o documentos, agregación de pruebas, entrega de edictos, y, en general, que se dicten providencias de mero trámite, mediante simple anotación en el expediente, firmada por el apoderado o patrocinante. Se aplicará lo dispuesto en el artículo 139.1.

Artículo 134.- Escrito firmado a ruego. Cuando un escrito o diligencia fuere firmado a ruego del interesado, el Secretario deberá certificar que el firmante, a quien identificará convenientemente, ha sido autorizado para ello en su presencia o que la autorización ha sido ratificada ante él.

Artículo 135.- Copias.

135.1. De todo escrito de que deba darse traslado y de sus contestaciones, de los que tengan por objeto ofrecer prueba, promover incidentes o constituir nuevo domicilio y de los documentos con ellos agregados, deberá acompañarse tantas copias firmadas como partes intervengan, salvo que hayan unificado la representación.

135.2. Se tendrá por no presentado el escrito o el documento, según el caso, y se devolverá al presentante, sin más trámite ni recurso, salvo la petición ante el Juez que autoriza el artículo 54, si dentro de los dos (2) días siguientes a los de la notificación, por ministerio de la ley, de la providencia que exige el cumplimiento del requisito establecido en el apartado anterior, no fuere suplida la omisión.

135.3. Las copias podrán ser firmadas, indistintamente, por las partes, sus apoderados o letrados que intervengan en el juicio. Deberán glosarse al expediente, salvo que por su volumen, formato u otras características resultare dificultoso o inconveniente, en cuyo caso se conservarán ordenadamente en la secretaría. Sólo serán entregadas a la parte interesada, su apoderado o letrado que intervengan en el juicio, con nota de recibo.

135.4. Cuando deban agregarse a cédulas, oficios o exhortos, las copias se desglosarán dejando constancia de esa circunstancia.

135.5. La reglamentación de superintendencia establecerá los plazos durante los cuales deben conservarse las copias glosadas al expediente o reservadas en la secretaría.

Artículo 136.- Copias de documentos de reproducción dificultosa.

136.1. No será obligatorio acompañar la copia de documentos cuya reproducción fuese dificultosa por su número, extensión, o cualquier otra razón atendible, siempre que así lo resolviere el Juez, a pedido formulado en el mismo escrito. En tal caso el Juez arbitrará las medidas necesarias para obviar a la otra u otras partes los inconvenientes derivados de la falta de copias.

136.2. Cuando con una cuenta se acompañaren libros, recibos o comprobantes, bastará que éstos se presenten numerados y se depositen en la secretaría para que la parte o partes interesadas puedan consultarlos.

Artículo 137.- Expedientes administrati-vos. En el caso de acompañarse expedientes administrativos, deberá ordenarse su agregación sin el requisito exigido en el artículo 135.

Artículo 138.- Documentos en idioma extranjero. Cuando se presentaren documentos en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción realizada por traductor público matriculado.

Artículo 139.- Cargo.

139.1. El cargo puesto al pie de los escritos será autorizado por el Secretario.

139.2. Si el Superior Tribunal hubiere dispuesto que la fecha y hora de presentación de los escritos se registre con fechador mecánico, el cargo quedará integrado con la firma del Secretario, a continuación de la constancia del fechador.

139.3. El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere el plazo, sólo podrá ser entregado válidamente en la secretaría que corresponda, el día hábil inmediato posterior y dentro de las dos (2) primeras horas del despacho.

CAPÍTULO III

EXPEDIENTES

Artículo 140.- Préstamo. Los expedientes únicamente podrán ser retirados de la secretaría, bajo la responsabilidad de los abogados, apoderados, peritos, escribanos, representantes del Ministerio Público y Fiscal de Estado en los casos siguientes:

140.1. Para practicar liquidaciones y pericias; partición de bienes sucesorios; operaciones de contabilidad; mensura y deslinde; división de bienes comunes; cotejo de documentos y redacción de escrituras públicas.

140.2. Cuando el Juez lo dispusiere por resolución fundada.

En los casos previstos en este artículo, el Juez fijará el plazo dentro del cual deberán ser devueltos.

No se prestarán los originales de la documentación ni de la reproducción de las audiencias.

Artículo 141.- Devolución. Si vencido el plazo no se devolviese el expediente, quien lo retiró será pasible de una multa equivalente a tres (3) veces el importe de la tasa de justicia para juicios de monto indeterminado, vigente a la fecha de su aplicación, por cada día de retardo.

En caso de pérdida o extravío, se aplicará lo dispuesto en el artículo 143, si correspondiere.

El Secretario deberá intimar su inmediata devolución a quien lo retenga, y si ésta no se cumpliere, el Juez mandará secuestrar el expediente con el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de remitir los antecedentes a la justicia penal.

Artículo 142.- Procedimiento de reconstrucción. Comprobada la pérdida de un expediente, el Juez ordenará su reconstrucción, la que se efectuará en la siguiente forma:

142.1. El nuevo expediente se iniciará con la providencia que disponga la reconstrucción.

142.2. El Juez intimará a la parte actora, o iniciadora de las actuaciones, en su caso, para que dentro del plazo de cinco (5) días presente las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder y correspondieren a actuaciones cumplidas en el expediente perdido. De ellas se dará traslado a la otra u otras partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad y presenten, a su vez, las que tuvieren en su poder. En este último supuesto también se dará traslado a las demás partes por igual plazo.

142.3. El Secretario agregará copia de todas las resoluciones correspondientes al expediente extraviado que obren en los libros del Tribunal, y recabará copias de los actos y diligencias que pudieren obtenerse de las oficinas o archivos públicos.

142.4. Las copias que se presentaren u obtuvieren serán agregadas al expediente por orden cronológico.

142.5. El Juez podrá ordenar, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considerare necesarias. Cumplidos los trámites enunciados dictará resolución teniendo por reconstruido el expediente.

Artículo 143.- Sanciones. Si se comprobare que la pérdida o extravío del expediente fuese imputable al responsable del retiro, éste será pasible de una multa equivalente a entre seis (6) y sesenta y dos (62) veces el importe de la tasa de justicia para juicios de monto indeterminado, vigente a la fecha de su aplicación, sin perjuicio de su responsabilidad civil o penal.

CAPÍTULO IV

OFICIOS Y EXHORTOS

Artículo 144.- Oficios y exhortos dirigidos a Jueces de la República.

144.1. Toda comunicación dirigida a Jueces de la Provincia por otros del mismo carácter, se hará mediante oficio. Las dirigidas a Jueces de otras jurisdicciones, por oficio o exhorto, según lo que establecieren los convenios sobre comunicaciones entre los magistrados.

144.2. Podrán entregarse al interesado, bajo recibo en el expediente, o remitirse por correo. En los casos urgentes, podrán expedirse o anticiparse telegráficamente.

144.3. Se dejará copia fiel en el expediente de todo exhorto u oficio que se libre.

Artículo 145.- Comunicaciones a autoridades judiciales extranjeras o provenientes de éstas.

145.1. Las comunicaciones dirigidas a autoridades judiciales extranjeras se harán mediante exhorto.

145.2. Se dará cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulte que han sido dispuestas por Tribunales competentes según las reglas argentinas de jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplicarán los demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así como la reglamentación de superintendencia.

CAPÍTULO V

NOTIFICACIONES

Artículo 146.- Principio general.

146.1. Salvo los casos en que procede la notificación personal o por cédula y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las instancias, los días martes y viernes, o el siguiente hábil, si alguno de ellos fuere feriado.

146.2. No se considerará cumplida la notificación si el expediente no se encontrase en secretaría y se hiciera constar esta circunstancia en el libro de asistencia, que deberá llevarse a ese efecto.

146.3. Incurrirá en falta grave el Secretario que no mantenga a disposición de los litigantes o profesionales el libro mencionado.

Artículo 147.- Notificación tácita.

147.1. El retiro del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 140, importará la notificación de todas las resoluciones.

147.2. El retiro de las copias de escritos por la parte, o su apoderado, o su letrado, o persona autorizada, implica notificación personal del traslado que respecto del contenido de aquéllos se hubiere conferido.

Artículo 148.- Notificación personal o por cédula. Las resoluciones pronunciadas en audiencia se tendrán por notificadas a quienes estén presentes o hayan debido concurrir al acto; en cuanto a las dictadas fuera de audiencia, sólo serán notificadas personalmente o por cédula las siguientes:

148.1. La que dispone el traslado de la demanda, de la reconvención y de los documentos que se acompañen con sus contestaciones.

148.2. La que dispone correr traslado de las excepciones.

148.3. La que convoca a las partes a audiencias.

148.4. La que cita a las partes a declarar o a absolver posiciones.

148.5. Las providencias posteriores a la conclusión de la causa y la primera resolución que se dictare en instancia de apelación o casación.

148.6. Las que ordenan intimaciones, o apercibimientos no establecidos directamente por la ley, o la reanudación de plazos suspendidos por tiempo indeterminado, aplican correcciones disciplinarias o hacen saber medidas precautorias o su modificación o levantamiento o mejora de la contracautela.

148.7. La providencia que hace saber la devolución del expediente, cuando no haya habido notificación de la resolución de alzada.

148.8. La primera providencia que se dicte después que un expediente haya vuelto del archivo de los Tribunales, o haya estado paralizado o fuera de secretaría más de tres (3) meses.

148.9. Las que disponen traslado de liquidaciones.

148.10. La que dispone la citación de personas extrañas al proceso.

148.11. La que ordena el traslado del pedido de levantamiento de embargo sin tercería, modificación de medidas cautelares o de contracautela.

148.12. Las que se dicten como consecuencia de un acto procesal realizado antes de la oportunidad que la ley señala para su cumplimiento.

148.13. Las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales.

148.14. Las providencias que denieguen los recursos extraordinarios.

148.15. La providencia que hace saber el Tribunal que va a conocer.

148.16. La que dispone el traslado del pedido de caducidad de la instancia.

148.17. Las demás resoluciones de que se haga mención expresa en la ley o cuando excepcionalmente el Juez lo disponga por resolución fundada.

148.18. No se notificarán por cédula las regulaciones de honorarios que estén incluidas o sean consecuencia de resoluciones no mencionadas en el presente artículo.

148.19. Los funcionarios judiciales quedarán notificados el día de la recepción del expediente en su despacho. Deberán devolverlo dentro del tercer día, bajo apercibimiento de las medidas disciplinarias a que hubiere lugar.

Artículo 149.- Contenido de la cédula. La cédula de notificación contendrá:

149.1. Nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda y su domicilio, con indicación del carácter de éste.

149.2. Juicio en que se libra.

149.3. Juzgado y secretaría en que tramita el juicio.

149.4. Transcripción de la parte pertinente de la resolución.

149.5. Objeto, claramente expresado, si no resultare de la resolución transcripta.

149.6. En el caso de acompañarse copias de escritos o documentos, la cédula deberá contener detalle preciso de aquéllas.

Artículo 150.- Firma de la cédula.

150.1. La cédula será suscripta por el letrado patrocinante de la parte que tenga interés en la notificación, o por el síndico, tutor o curador ad litem, en su caso, quienes deberán aclarar su firma con el sello correspondiente. La presentación de la cédula en la secretaría o en la oficina de notificaciones, importará la notificación de la parte patrocinada o representada.

150.2. Deberán ser firmadas por el Secretario las cédulas que notifiquen providencias que dispongan sobre medidas cautelares o la entrega de bienes, y las que correspondan a actuaciones en que no intervenga letrado patrocinante. El Juez podrá ordenar que el Secretario suscriba las cédulas cuando fuere conveniente por razones de urgencia o por el objeto de la providencia.

Artículo 151.- Diligenciamiento.

151.1. Las cédulas podrán presentarse por los letrados directamente y bajo su responsabilidad en la oficina de notificaciones. Si se dejaran en secretaría, se enviarán a la oficina de notificaciones dentro de las veinticuatro (24) horas. Las cédulas deben ser diligenciadas y devueltas a secretaría, en la forma y en los plazos que disponga la reglamentación de superintendencia.

151.2. La demora en el envío y en la agregación de las cédulas se considerará falta grave del Secretario.

Artículo 152.- Copias de contenido reservado.

152.1. En los juicios relativos al estado y capacidad de las personas, cuando deba practicarse la notificación por cédula, las copias de los escritos de demanda, contestación, reconvención, y contestación de ambas, así como las de otros escritos cuyo contenido pudiere afectar al decoro de quien ha de recibirlas, serán entregadas bajo sobre cerrado. Igual requisito se observará respecto de las copias de los documentos agregados a dichos escritos.

152.2. El sobre será cerrado por personal de secretaría, con constancia de su contenido, el que deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 149.6.

Artículo 153.- Entrega de la cédula al interesado. Si la notificación se hiciere por cédula, el funcionario o empleado encargado de practicarla dejará al interesado copia de la cédula haciendo constar, con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la diligencia, suscripta por el notificador y el interesado, salvo que éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual se dejará constancia.

Artículo 154.- Entrega de la cédula a personas distintas. Cuando el notificador no encontrare a la persona a quien va a notificar, entregará la cédula a otra persona de la casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio, y procederá en la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, la fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares.

Artículo 155.- Contenido del acta. En todas las actas que labren, los notificadores deberán dejar expresa constancia de la persona con quien practican las diligencias, individualizándola y, en su caso, del lugar donde fueron atendidos. No es suficiente la mención “…que dijo ser de la casa…”, por no ser ésta manifestación clara y concreta. Deben expresar el motivo por el cual la persona que recibe la cédula no la firma.

Artículo 156.- Forma de la notificación personal.

156.1. La notificación personal se practicará firmando el interesado en el expediente, al pie de la diligencia extendida por el Secretario.

156.2. En oportunidad de examinar el expediente, el litigante que actuare sin representación o el profesional que interviniere en el proceso como apoderado, estarán obligados a notificarse expresamente de las resoluciones mencionadas en el artículo 148.

156.3. Si no lo hicieran, previo requerimiento que les formulará el Secretario, o si el interesado no supiere o no pudiere firmar, valdrá como notificación la atestación acerca de tales circunstancias y la firma del Secretario.

Artículo 157.- Notificación por otros medios.

157.1. Cuando las circunstancias del caso lo aconsejen y en especial en las zonas rurales, podrá disponerse la notificación por intermedio de la policía. El Superior Tribunal de Justicia reglamentará esta forma de notificación.

157.2. Salvo el traslado de la demanda o de la reconvención, la citación para la declaración de las partes y la sentencia, todas las demás resoluciones, a solicitud de parte, podrán ser notificadas por telegrama colacionado o recomendado, por carta documentada, o por vía notarial.

157.3. Los gastos que demandare la notificación por estos medios quedan incluidos en la condena en costas.

Artículo 158.- Régimen de la notificación por otros medios.

158.1. La notificación que se practique conforme al artículo anterior, contendrá las enunciaciones de la cédula y podrá ser suscripta por el letrado de la parte interesada.

158.2. El telegrama colacionado o recomendado o la carta documentada u otro medio fehaciente se emitirán en doble ejemplar, uno de los cuales, bajo atestación, entregará el Secretario para su envío y el otro, con su firma, se agregará al expediente. La fecha de notificación será la de la constancia de la entrega al destinatario del telegrama o carta documentada.

158.3. En el caso de utilizarse la vía notarial o policial, se observará en lo pertinente el trámite establecido en el apartado anterior.

158.4. El Superior Tribunal de Justicia podrá disponer la adopción de textos uniformes para la redacción de estos medios de notificación.

Artículo 159.- Notificación por edictos.

159.1. Además de los casos determinados por este Código, procederá la notificación por edictos cuando se tratare de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore. En este último caso, la parte deberá manifestar bajo juramento y acreditar sumariamente que ha realizado sin éxito las gestiones tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar.

159.2. Si resultare falsa la afirmación de la parte que dijo ignorar el domicilio, o que pudo conocerlo empleando la debida diligencia, se anulará a su costa todo lo actuado con posterioridad, y será condenada a pagar una multa equivalente entre dos (2) y sesenta y dos (62) veces el importe de la tasa de justicia para juicios de monto indeterminado, vigente al momento de su aplicación.

Artículo 160.- Publicación de los edictos.

160.1. La publicación de los edictos se hará en el Boletín Oficial y en un diario de los de mayor circulación del lugar del último domicilio del citado, si fuera conocido o, en su defecto, del lugar del juicio, y se acreditará mediante la agregación al expediente de un ejemplar de aquéllos y del recibo del pago efectuado. A falta de diarios en los lugares precedentemente mencionados, la publicación se hará en la localidad más próxima que los tuviera, y el edicto se fijará, además, en la tablilla del Juzgado y en los sitios que aseguraren su mayor difusión.

160.2. Salvo en el proceso sucesorio, cuando los gastos que demandare la publicación fueren desproporcionados con la cuantía del juicio, se prescindirá de los edictos; la notificación se practicará en la tablilla del Juzgado.

Artículo 161.- Formas de los edictos.

161.1. Los edictos contendrán, en forma sintética, las mismas enunciaciones de las cédulas, con transcripción sumaria de la resolución.

161.2. El número de publicaciones será el que en cada caso determine este Código.

161.3. La resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la última publicación.

161.4. El Superior Tribunal de Justicia podrá disponer la adopción de textos uniformes para la redacción de los edictos.

161.5. El Poder Ejecutivo podrá establecer que, en el Boletín Oficial, los edictos a los que corresponda un mismo texto se publiquen en extracto, agrupados por juzgados y secretarías, encabezados por una fórmula común.

Artículo 162.- Notificación por radiodifusión o televisión.

162.1. En todos los casos en que este Código autoriza la publicación de edictos, el Juez podrá ordenar que aquéllos se anuncien por radiodifusión o televisión.

162.2. Las transmisiones se harán por una emisora oficial y por las que determine la reglamentación de superintendencia teniendo el contenido y la duración o frecuencia que el Tribunal fije. La diligencia se acreditará agregando al expediente certificación emanada de la empresa radiodifusora o televisiva, en la que constará el texto del anuncio, que deberá ser similar al de los edictos, y los días y horas en que se difundió.

162.3. La resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica o televisiva.

162.4. Respecto de los gastos que irrogare esta forma de notificación, regirá lo dispuesto en el artículo 157.3.

Artículo 163.- Nulidad de la notificación.

163.1. Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores siempre que la irregularidad fuere grave e impidiere al interesado cumplir oportunamente los actos procesales vinculados a la resolución que se notifica.

163.2. Cuando del expediente resultare que la parte ha tenido conocimiento de la resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.

163.3. El pedido de nulidad tramitará por incidente, aplicándose las normas de los artículos 199 y 200.

163.4. El funcionario o empleado que hubiese practicado la notificación declarada nula, incurrirá en falta grave cuando la irregularidad le sea imputable.

CAPÍTULO VI

EL TIEMPO DE LOS ACTOS PROCESALES

Sección Primera

Tiempo hábil

Artículo 164.- Días y horas hábiles.

164.1. Las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad.

164.2. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el reglamento para la justicia.

164.3. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Superior Tribunal de Justicia para el funcionamiento de los Tribunales; pero respecto de las diligencias que los Jueces, funcionarios o empleados deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete (7) y las veinte (20).

Artículo 165.- Habilitación expresa. A petición de parte o de oficio, el Tribunal deberá habilitar días y horas, cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este Código, o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. De la resolución sólo podrá recurrirse por reposición, siempre que aquélla fuere denegatoria.

Artículo 166.- Habilitación tácita. La diligencia iniciada en día y hora hábil podrá llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continuará en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el Tribunal.

Sección Segunda

Plazos

Artículo 167.- Carácter.

167.1. Los plazos legales o judiciales son perentorios; podrán ser prorrogados por acuerdo de partes manifestado con relación a actos procesales determinados.

167.2. Cuando este Código no fijare expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo señalará el Juez de conformidad con la naturaleza y la importancia de la diligencia.

Artículo 168.- Comienzo.

168.1. Los plazos empezarán a correr desde la notificación y si fuesen comunes, desde la última.

168.2. No se contará el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles.

Artículo 169.- Suspensión y abreviación convencional. Declaración de interrupción y suspensión.

169.1. Las partes podrán acordar la suspensión o la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito.

169.2. El Tribunal deberá declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente.

Artículo 170.- Ampliación. Para toda diligencia que deba practicarse dentro de la República y fuera del lugar del asiento del Tribunal, quedarán ampliados los plazos fijados por este Código a razón de un día por cada cien (100) kilómetros o fracción que no baje de cincuenta (50).

Artículo 171.- Extensión a los funcionarios públicos. El Ministerio Público y los funcionarios que a cualquier título intervinieren en el proceso estarán sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos fijados.

Sección Tercera

Vistas y traslados

Artículo 172.- Plazo y carácter.

172.1. El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la Ley, será de cinco (5) días. Todo traslado o vista se considerará decretado en calidad de autos debiendo el Tribunal dictar resolución sin más trámite.

172.2. La falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones de la contraria.

Artículo 173.- Juicios de divorcio y de nulidad de matrimonio. En los juicios de divorcio y de nulidad de matrimonio sólo se dará vista a los representantes del Ministerio Público en los siguientes casos:

173.1. Luego de contestada la demanda o la reconvención.

173.2. Cuando se planteare alguna cuestión vinculada a la representación que ejercen.

CAPÍTULO VII

RESOLUCIONES JUDICIALES

Artículo 174.- Providencias simples.

174.1. Las providencias simples sólo tienden, sin sustanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar, y la firma del Juez o presidente del Tribunal colegiado.

174.2. Deberán ser dictadas dentro de los tres (3) días de formuladas las peticiones por las partes o de haber vencido el plazo previsto. Si la petición fuera en el curso de una audiencia se la proveerá inmediatamente.

Artículo 175.- Sentencias interlocutorias.

175.1. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren sustanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deberán contener:

a) Los fundamentos.

b) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

c) El pronunciamiento sobre costas.

175.2. La interlocutoria que decide cuestiones planteadas fuera de audiencia deberá dictarse dentro de los diez (10) días de haber quedado el expediente a despacho. Deducida en el curso de una audiencia deberá procurarse su resolución inmediata en el mismo acto. En caso de imposibilidad podrá el Tribunal, con ese fin, prorrogar la audiencia por un plazo no mayor de diez (10) días.

En los Tribunales colegiados las interlocutorias que no tengan fuerza de definitiva serán dictadas de manera impersonal.

Artículo 176.- Sentencias homologatorias. Las sentencias que recayesen en los supuestos de los artículos 321, 324 y 325, se dictarán en la forma y plazos establecidos en los artículos 174 ó 175, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación.

Artículo 177.- Sentencia definitiva.

177.1. La sentencia definitiva de primera instancia deberá contener:

a) La mención del lugar y fecha.

b) El nombre y apellido de las partes.

c) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio.

d) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior.

e) Los fundamentos y la aplicación de la Ley.

Las presunciones no establecidas por ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción, según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica.

La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones.

f) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda, y reconvención en su caso, en todo o en parte.

La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos.

g) El plazo que se otorgase para su cumplimiento, si fuere susceptible de ejecución.

h) El pronunciamiento sobre costas y, en su caso, la regulación de honorarios y la declaración de temeridad o malicia en los términos del artículo 63.

i) La firma del Juez.

La sentencia fijará razonablemente el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, cuando falten elementos para determinar con precisión su monto.

177.2. La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia deberá contener, en lo pertinente, las enunciaciones y requisitos establecidos en el apartado anterior.

Artículo 178.- Voto de los Tribunales colegiados. En los Tribunales colegiados las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales se dictarán con el voto fundado de cada uno de sus integrantes, pudiendo cumplir con tal exigencia quien vota en segundo o ulterior término, adhiriendo y haciendo suyo lo expuesto en el voto o votos que lo anteceden. El orden de la votación se establecerá por sorteo.

Artículo 179.- Decisión anticipada. En segunda instancia los cuerpos colegiados podrán resolver en cualquier momento, el estudio en el acuerdo por unanimidad de votos y en los casos siguientes:

179.1. Si se tratare de cuestiones simples o reiteradamente consideradas por el Tribunal.

179.2. Si existiere jurisprudencia del Tribunal sobre el caso y éste decidiere mantenerla.

179.3. Si hubieren manifiestas razones de urgencia.

179.4. Si fuere evidente la finalidad de retardar innecesariamente el proceso.

Artículo 180.- Plazos para dictar sentencia. Los Tribunales dispondrán de los siguientes plazos para el dictado de la sentencia definitiva:

180.1. En los procesos ordinarios, treinta (30) días.

180.2. En los procesos sumarios, veinte (20) días.

180.3. En los procesos sumarísimos, cinco (5) días.

180.4. Los plazos se contarán desde que el expediente se encuentre a despacho.

Artículo 181.- Plazos de estudio en los Tribunales colegiados.

181.1. El plazo de estudio de que dispone cada Juez será de diez (10) días en los casos de sentencias interlocutorias y de treinta (30) días tratándose de sentencias definitivas, en juicios ordinarios. En los procesos sumarios será de veinte (20), y de cinco (5) días en los sumarísimos.

181.2. En los expedientes en los que el Tribunal conoce en vía de apelación, el Actuario o Secretario deberá dejar constancia de la fecha en que se reciban los autos y de aquélla en que eleva los autos a estudio.

181.3. El expediente será pasado a estudio de cada uno de los Jueces en forma simultánea y en facsímil certificado por el Secretario. El original quedará en Secretaría para la consulta exclusiva de los integrantes del Tribunal.

181.4. En casos fundados y sin que sea necesario dictar resolución al efecto, podrá prescindirse del sistema de facsímil, pasando el expediente a estudio sucesivo de los señores Jueces, en cuyo caso los plazos a que alude el apartado primero serán de diez (10) y veinte (20) días para cada uno de ellos, en el caso de los procesos ordinarios. En los casos de procesos sumarios será de diez (10), y de cinco (5) días en los sumarísimos.

181.5. Devueltos los autos por el último Juez se convocará -en caso necesario- a una audiencia a realizarse dentro de un plazo que no podrá exceder de quince (15) días. La sentencia se dictará en los plazos previstos en el artículo 180.

Artículo 182.- Demora en pronunciar sentencia.

182.1. Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro de los plazos establecidos en los artículos 180 y 181 u otra disposición legal, el Tribunal deberá hacerlo saber al Superior Tribunal de Justicia, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquél si se tratare de juicio ordinario y de cinco (5) días en los demás casos, expresando las razones que determinen la imposibilidad.

182.2. Si considerare atendible la causa invocada, el superior señalará el plazo en que la sentencia debe pronunciarse por el mismo Tribunal, o por otro del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren.

182.3. Al Tribunal que no hubiere remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le hubiere fijado, se le impondrá una multa que no podrá exceder del quince por ciento (15%) de su remuneración básica, y la causa podrá ser remitida, para sentencia, a otro Juez del mismo fuero.

182.4. Si la demora injustificada fuere de una cámara, el Superior Tribunal de Justicia impondrá una multa al integrante que hubiere incurrido en ella, quien podrá ser separado del conocimiento de la causa, integrándose el Tribunal en la forma que correspondiere.

182.5. Si se produjere una vacancia prolongada, el Superior Tribunal de Justicia dispondrá la distribución de expedientes que estimare pertinente.

Artículo 183.- Responsabilidad. La imposición de la multa establecida en el artículo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad penal, o de la sujeción del Juez al Tribunal de enjuiciamiento, si correspondiere.

Artículo 184.- Suspensión de plazos.

184.1. Los plazos para el estudio y para dictar sentencia, se suspenden por las licencias ordinarias de los magistrados y las ferias judiciales.

184.2. Las diligencias para mejor proveer, así como las demás indispensables que correspondieren, suspenderán los términos para dictar sentencia conforme con lo dispuesto por el artículo 430. Cumplidas que sean recomenzará el transcurso del plazo suspendido y se computará el tiempo transcurrido anteriormente.

184.3. Sólo una vez podrán suspenderse los términos aquí mencionados, en cualquiera de los casos.

Artículo 185.- Mantenimiento de la competencia. Cuando se ascienda o traslade a un Juez dentro del Poder Judicial de esta Provincia, aquél mantendrá su competencia para dictar la sentencia pendiente en los asuntos en los cuales se hubiere celebrado y concluido el proceso por audiencia.

Artículo 186.- Eficacia de las providencias de mero trámite. Las providencias de mero trámite podrán rectificarse y ampliarse en cualquier momento, de oficio o a iniciativa de parte, por razones de forma o de fondo, salvo si ya se ha operado preclusión.

Artículo 187.- Eficacia de las sentencias interlocutorias y definitivas. Las sentencias interlocutorias, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo siguiente y las sentencias definitivas, pasarán en autoridad de cosa juzgada:

187.1. Cuando ya no sean susceptibles de recursos.

187.2. Si las partes las consienten expresamente.

Artículo 188.- Eficacia de las sentencias interlocutorias que no ponen fin al proceso. Lo resuelto por sentencias interlocutorias firmes, que no pongan fin al proceso, puede ser modificado al dictarse la sentencia definitiva, siempre que ello no importe retrotraer el procedimiento.

Artículo 189.- Nulidad insubsanable de las resoluciones judiciales. Toda resolución judicial viciada por una nulidad insubsanable, podrá ser invalidada de oficio o a petición de parte, en cualquier momento del proceso.

Artículo 190.- Eficacia de la sentencia frente a terceros.

190.1. La cosa juzgada alcanza a las partes y a sus sucesores a título universal, conforme a lo dispuesto en el Código Civil.

190.2. También es invocable por los coacreedores, pero no es oponible a los codeudores que no fueron parte en el juicio. Los codeudores pueden invocar la cosa juzgada contra el coacreedor que fue parte en el juicio.

190.3. Los socios, los comuneros, los terceros de cuyos derechos dependen los de las partes, aquéllos cuyos derechos dependen de éstas o del acto o del contrato cuya validez o eficacia ha sido juzgada, son terceros a los que alcanza la cosa juzgada solamente si han tenido conocimiento judicial del pleito o si se amparan en la decisión en la primera oportunidad de que dispongan.

Artículo 191.- Efecto de la cosa juzgada en otro proceso. La cosa juzgada, obtenida en proceso contencioso, tendrá efecto en todo proceso entre las mismas partes siempre que se den los extremos fijados en el artículo 360.6.

Artículo 192.- Efectos de la cosa juzgada en procesos promovidos en representación de intereses difusos. La sentencia dictada en procesos promovidos en defensa de intereses difusos tendrá eficacia general, salvo si fuere absolutoria por ausencia de pruebas, en cuyo caso, otro legitimado podrá volver a plantear la cuestión en otro proceso.

Artículo 193.- Efectos de la cosa juzgada en procesos con emplazamiento a personas indeterminadas o inciertas. En los procesos en que hayan sido emplazadas como demandadas personas indeterminadas o inciertas, la sentencia surtirá efecto en relación a todas las personas comprendidas en el emplazamiento, salvo que se compruebe en el mismo proceso o en otro, que su identidad sea conocida por alguna de las partes y sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros de buena fe.

Artículo 194.- Inmutabilidad de la sentencia.

194.1. Pronunciada y notificada la sentencia, concluye la intervención del Tribunal respecto de la cuestión decidida. Este no podrá modificar aquélla en parte alguna, salvo lo establecido en el artículo 267.

194.2. Los errores puramente numéricos podrán ser corregidos en cualquier momento, de oficio o a petición de parte, aun durante la etapa de ejecución de la sentencia.

Artículo 195.- Actuación del Tribunal posterior a la sentencia. No obstante lo señalado por el artículo precedente, luego de dictada la sentencia el Tribunal conservará su competencia para:

195.1. Ordenar a pedido de parte las medidas precautorias que fueren pertinentes.

195.2. Disponer las anotaciones establecidas por la Ley y la entrega de testimonios.

195.3. Proseguir la sustanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado.

195.4. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y su sustanciación.

195.5. Ejecutar la sentencia.

CAPÍTULO VIII

NULIDADES PROCESALES

Artículo 196.- Procedencia de la nulidad.

196.1. Ningún acto procesal será declarado nulo si la Ley no prevé expresamente esa sanción.

196.2. Sin embargo, la nulidad procederá cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.

196.3. No se podrá declarar la nulidad, aun en los casos mencionados en los apartados precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado.

Artículo 197.- Subsanación.

197.1. La nulidad no podrá ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración.

197.2. Se entenderá que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto.

Artículo 198.- Inadmisibilidad. La parte que hubiere dado lugar a la nulidad, no podrá pedir la invalidez del acto realizado.

Artículo 199.- Iniciativa para la declaración. Requisitos.

199.1. La nulidad podrá ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido.

199.2. Quien promoviere el incidente deberá expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer.

199.3. Si la nulidad fuere manifiesta no se requerirá sustanciación.

Artículo 200.- Rechazo in limine. Se desestimará sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente.

Artículo 201.- Efectos.

201.1. La nulidad de un acto no importará la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto.

201.2. La nulidad de una parte del acto no afectará a las demás partes que sean independientes de aquélla.

Artículo 202.- Anulación de actos procesales fraudulentos.

202.1. Podrá pedirse, aun después de terminado el proceso, la anulación de los actos realizados mediante dolo, fraude o colusión.

202.2. Esta anulación podrá pedirse sólo por aquéllos a quienes el dolo, fraude o colusión han causado perjuicio, y de acuerdo con los principios mencionados en los artículos anteriores. Los terceros pueden también solicitar esta anulación. Si los actos fueren anulados, se repondrán las cosas en el estado anterior a los mismos.

CAPÍTULO IX

INCIDENTES

Artículo 203.- Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se hallare sometida a un procedimiento especial, tramitará en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo.

Artículo 204.- No suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenderán la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el Juez cuando lo considerare indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución será irrecurrible.

Artículo 205.- Formación del incidente. El incidente se formará con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indicaren las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hará el Secretario.

Artículo 206.- Requisitos. El escrito en que se planteare el incidente deberá ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba.

Artículo 207.- Rechazo in limine. Si el incidente promovido fuese manifiestamente improcedente, el Juez deberá rechazarlo sin más trámite.

Artículo 208.- Traslado y contestación.

208.1. Si el Juez resolviere admitir el incidente, dará traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo deberá ofrecer la prueba.

208.2. El traslado se notificará personalmente o por cédula.

Artículo 209.- Recepción de la prueba. Si hubiere de producirse prueba que requiriese audiencia, el Juez la señalará para una fecha que no podrá exceder de diez (10) días desde que se hubiere contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; citará a los testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adoptará las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo será tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare.

Artículo 210.- Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia podrá postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando hubiere imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella.

Artículo 211.- Prueba pericial y testimonial.

211.1. La prueba pericial, cuando procediere, se llevará a cabo por un (1) solo perito designado de oficio, sin perjuicio de la facultad de las partes de designar un consultor técnico.

211.2. No podrá proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no podrán recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos.

Artículo 212.- Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surgieren en el curso de los incidentes y que no tuvieren entidad suficiente para constituir otro autónomo, se decidirán en la interlocutoria que los resuelva.

Artículo 213.- Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el Juez, sin más trámite, dictará resolución. Esta será apelable con efecto diferido.

Artículo 214.- Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deberán ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestimarán sin más trámite los que se entablaren con posterioridad.

Artículo 215.- Incidentes en procesos sumarios y sumarísimos. En los procesos sumario y sumarísimo, regirán los plazos que fije el Juez, quien asimismo adoptará de oficio las medidas adecuadas para que el incidente no desnaturalice el procedimiento principal.

Artículo 216.- Incidente en audiencia. Los incidentes relativos a cuestiones planteadas en las audiencias se formularán verbalmente y, oída la parte contraria, se decidirán de inmediato por el Tribunal, con recurso de reposición y con apelación con efecto diferido.

CAPÍTULO X

ACUMULACIÓN DE PROCESOS

Artículo 217.- Procedencia.

217.1. Procederá la acumulación de procesos cuando hubiere sido admisible la acumulación subjetiva de acciones de conformidad con lo prescripto en el artículo 98 y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros.

217.2. Se requerirá, además:

a) Que los procesos se encuentren en la misma instancia.

b) Que el Juez a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia.

c) Que puedan sustanciarse por los mismos trámites. Sin embargo, podrán acumularse dos (2) o más procesos de conocimiento, o dos (2) o más procesos de ejecución sujetos a distintos trámites, cuando su acumulación resultare indispensable en razón de concurrir la circunstancia prevista en la última parte del primer apartado. En tal caso, el Juez determinará el procedimiento que corresponde imprimir al juicio acumulado.

d) Que el estado de las causas permita su sustanciación conjunta, sin producir demora perjudicial o injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados.

Artículo 218.- Principio de radicación. La acumulación se hará sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Si los Jueces intervinientes en los procesos tuvieren distinta competencia por razón del monto, la acumulación se hará sobre el de trámite más amplio.

Artículo 219.- Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordenará de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda o, posteriormente, por incidente que podrá promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 217.2, inciso d).

Artículo 220.- Resolución del incidente.

220.1. El incidente podrá plantearse ante el Juez que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente.

220.2. En el primer caso, el Juez conferirá traslado a los otros litigantes, y si considerare fundada la petición solicitará el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dictará sin más trámite resolución contra la cual no habrá recurso y la hará conocer a los juzgados donde tramitaban los procesos.

220.3. En el segundo caso, dará traslado a los otros litigantes, y si considerare procedente la acumulación remitirá el expediente al otro Juez, o bien le pedirá la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su Juzgado, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución será inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución será apelable.

Artículo 221.- Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el Juez requerido no accediere, deberá elevar el expediente a la cámara que constituya su alzada; ésta, sin sustanciación alguna, resolverá en definitiva si la acumulación es procedente.

Artículo 222.- Sentencia única. Los procesos acumulados se sustanciarán y fallarán conjuntamente, pero si el trámite resultare dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, podrá el Juez disponer, sin recurso, que cada proceso se sustancie por separado, dictando una sola sentencia.

CAPÍTULO XI

MEDIDAS CAUTELARES

Sección Primera

Normas generales

Artículo 223.- Oportunidad y presupuesto.

223.1. Las providencias cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que de la Ley resultare que ésta debe entablarse previamente.

223.2. El escrito deberá expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la Ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida.

Artículo 224.- Medida decretada por Juez incompetente.

224.1. Los Jueces deberán abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia.

224.2. Sin embargo, la medida ordenada por un Juez incompetente será válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorrogará su competencia.

224.3. El Juez que decretó la medida, inmediatamente después de requerido remitirá las actuaciones al que sea competente.

Artículo 225.- Trámites previos.

225.1. La información sumaria para obtener medidas precautorias podrá ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los testigos y la declaración de éstos, ajustada al artículo 397, y firmada por ellos.

225.2. Los testigos deberán ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia.

225.3. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer apartado de este artículo, las declaraciones se admitirán sin más trámite.

225.4. Las actuaciones permanecerán reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitarán por expediente separado, al cual se agregarán, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal.

Artículo 226.- Cumplimiento y recursos.

226.1. Las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento.

226.2. Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notificarán personalmente o por cédula dentro de los tres (3) días. Quien hubiese obtenido la medida, será responsable de los perjuicios que irrogare la demora.

226.3. La providencia que admitiere o denegare una medida cautelar será recurrible por vía de reposición; también será admisible la apelación, subsidiaria o directa.

Artículo 227.- Contracautela.

227.1. La medida precautoria sólo podrá decretarse bajo la responsabilidad de la parte que la solicitare, quien deberá dar caución por todas las costas y daños y perjuicios que pudiere ocasionar en los supuestos previstos en el artículo 236.1.

227.2. En los casos de los artículos 238.2, 238.3, y 240, la caución juratoria se entenderá prestada en el pedido de medida cautelar.

227.3. El Juez graduará la calidad y monto de la caución de acuerdo con la mayor o menor verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso.

227.4. Podrá ofrecerse la garantía de instituciones bancarias o de personas de acreditada responsabilidad económica.

Artículo 228.- Exención de la contracautela. No se exigirá caución si quien obtuvo la medida:

228.1. Fuere la Provincia, una de sus reparticiones, una municipalidad o persona que justifique ser reconocidamente abonada.

228.2. Actuare con beneficio de litigar sin gastos.

Artículo 229.- Mejora de la contracautela. En cualquier estado del proceso, la parte contra quien se hubiere hecho efectiva una medida cautelar podrá pedir que se mejore la caución probando sumariamente que es insuficiente. El Juez resolverá previo traslado a la otra parte.

Artículo 230.- Carácter provisional. Las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se podrá requerir su levantamiento.

Artículo 231.- Modificación.

231.1. El acreedor podrá pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada.

231.2. El deudor podrá requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del acreedor. Podrá, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere.

231.3. La resolución se dictará previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el Juez podrá abreviar según las circunstancias.

Artículo 232.- Facultades del Juez. El Juez, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger.

Artículo 233.- Peligro de pérdida o desvalorización. Si hubiere peligro de pérdida o desvalorización de los bienes afectados o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fijará según la urgencia del caso, el Juez podrá ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas.

Artículo 234.- Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre bienes muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el Juez podrá autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización.

Artículo 235.- Caducidad. Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiere la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados serán a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no podrá proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso; una vez iniciado éste, podrá ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia.

Las inhibiciones y embargos se extinguirán a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del Juez que entendió en el proceso.

Artículo 236.- Responsabilidad.

236.1. Salvo en el caso de los artículos 237.1 y 240, cuando se dispusiese levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el requirente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo condenará a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo hubiese solicitado.

236.2. La determinación del monto se sustanciará por el trámite de los incidentes o por juicio sumario, según que las circunstancias hicieren preferible uno u otro procedimiento a criterio del Juez, cuya decisión sobre este punto será irrecurrible.

Sección Segunda

Embargo preventivo

Artículo 237.- Procedencia. Podrá pedir embargo preventivo el acreedor de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes:

237.1. Que el deudor no tenga domicilio en la Provincia.

237.2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor, abonada la firma por información sumaria de dos (2) testigos.

237.3. Que fundándose la acción en un contrato bilateral, se justifique su existencia en la misma forma del inciso anterior, debiendo en este caso probarse además sumariamente el cumplimiento del contrato por parte del actor, salvo que éste ofreciese cumplirlo o que su obligación fuese a plazo.

237.4. Que la deuda esté justificada por libros de comercio llevados en debida forma por el actor, o resulte de boleto de corredor de acuerdo con sus libros, en los casos en que éstos puedan servir de prueba, y surja de la certificación realizada por contador público nacional. También cuando dicha certificación se refiera a factura conformada.

237.5. Que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del deudor, después de contraída la obligación.

Artículo 238.- Otros casos. Podrán igualmente pedir el embargo preventivo:

238.1. El coheredero, el condómino o el socio, sobre los bienes de la herencia, del condominio, o de la sociedad, si acreditaren la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora.

238.2. El propietario o locatario principal de predios urbanos o rústicos, haya o no contrato de arrendamiento, respecto de las cosas afectadas a los privilegios que le reconoce la ley. Deberá acompañar a su petición el título de propiedad o el contrato de locación, o intimar al locatario para que formule previamente las manifestaciones necesarias.

238.3. La persona a quien la ley reconoce privilegios sobre ciertos bienes muebles o inmuebles, siempre que el crédito se justificare en la forma establecida en el artículo 237.2.

238.4. La persona que haya de demandar por acción reivindicatoria, petición de herencia, nulidad de testamento o simulación, respecto de la cosa demandada, mientras dure el juicio, y siempre que se presentaren documentos que hagan verosímil la pretensión deducida.

Artículo 239.- Demanda por escrituración. Cuando se demandare el cumplimiento de un contrato de compraventa, si el derecho fuese verosímil el adquirente podrá solicitar el embargo del bien objeto de aquél.

Artículo 240.- Situaciones derivadas del proceso. Además de los supuestos contemplados en los artículos anteriores, durante el proceso podrá decretarse el embargo preventivo:

240.1. Siempre que por confesión expresa o ficta derivada de la incomparecencia del absolvente a la audiencia del artículo 386, o en el caso del artículo 365, inciso a), resultare verosímil el derecho alegado.

240.2. Si quien lo solicita hubiese obtenido sentencia favorable, aunque estuviere recurrida.

Artículo 241.- Forma de la traba.

241.1. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se trabará en la forma prescripta para el juicio ejecutivo. Se limitará a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama, o al bien objeto de la demanda, y las costas.

241.2. Mientras no se dispusiere el secuestro o la administración judicial de lo embargado el deudor podrá continuar en el uso normal de la cosa.

Artículo 242.- Mandamiento.

242.1. En el mandamiento se incluirá siempre la autorización para que los funcionarios encargados de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se dejará constancia de la habilitación de día y hora y del lugar.

242.2. Contendrá, asimismo, la prevención de que el embargado deberá abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren.

Artículo 243.- Suspensión. Los funcionarios encargados de la ejecución del embargo sólo podrán suspenderlo cuando el deudor entregue la suma expresada en el mandamiento.

Artículo 244.- Depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, serán depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el embargado y fuesen susceptibles de embargo, aquél será constituido en depositario de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible o conveniente.

Artículo 245.- Obligaciones del depositario.

245.1. El depositario de objetos embargados a la orden judicial deberá presentarlos dentro del día siguiente al de la intimación judicial. No podrá eludir la entrega invocando el derecho de retención.

245.2. Si no lo hiciere, el Juez remitirá los antecedentes al Tribunal penal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del depositario hasta el momento en que dicho Tribunal comenzare a actuar.

Artículo 246.- Prioridad del primer embargante.

246.1. El acreedor que ha obtenido el embargo de bienes de su deudor, no afectados a créditos privilegiados, tendrá derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores.

246.2. Los embargos posteriores afectarán únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores.

246.3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará en los casos previstos en la Ley de Concursos.

Artículo 247.- Bienes inembargables. No se trabará nunca embargo:

247.1. En el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, en las ropas y muebles de su indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza.

247.2. Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales.

247.3. En los demás bienes exceptuados de embargo por ley.

Ningún otro bien quedará exceptuado.

Artículo 248.- Levantamiento de oficio y en todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo anterior podrá ser levantado, de oficio o a pedido del deudor o de su cónyuge o hijos, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida.

Sección Tercera

Secuestro

Artículo 249.- Procedencia.

249.1. Procederá el secuestro de los bienes muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por sí solo el derecho invocado por el solicitante, siempre que se presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procederá, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva.

249.2. El Juez designará depositario a la institución oficial o persona que mejor convenga; fijará su remuneración y ordenará el inventario, si fuese indispensable.

Sección Cuarta

Intervención judicial

Artículo 250.- Ambito. Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes sustanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, podrán disponerse las que se regulan en los artículos siguientes.

Artículo 251.- Interventor recaudador.

251.1. A pedido de acreedor y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, podrá designarse a un interventor recaudador, si aquélla debiere recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. Su función se limitará exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, sin ingerencia alguna en la administración.

251.2. El Juez determinará el monto de la recaudación, que no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) de las entradas brutas; su importe deberá ser depositado a la orden del Juzgado dentro del plazo que éste determine, a la mayor brevedad luego de percibido lo recaudado.

Artículo 252.- Interventor informante. De oficio o a petición de parte, el Juez podrá designar un interventor informante para que dé noticia acerca del estado de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe.

Artículo 253.- Disposiciones comunes a toda clase de intervención. Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto fuere compatible con la respectiva regulación:

253.1. El Juez apreciará su procedencia con criterio restrictivo; la resolución será dictada en la forma prescripta en el artículo 175.

253.2. La designación recaerá en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que intervendrá; será, en su caso, persona ajena a la sociedad o asociación intervenida.

253.3. La providencia que designe al interventor determinará la misión que debe cumplir y el plazo de duración, que sólo podrá prorrogarse por resolución fundada.

253.4. La contracautela se fijará teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios que pudiere irrogar y las costas.

253.5. Los gastos extraordinarios serán autorizados por el Juez previo traslado a las partes. Cuando la demora pudiere ocasionar perjuicios, el Juez resolverá sin sustanciación. En todos los casos el interventor deberá informar al Tribunal dentro del tercer día de realizados.

El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del Tribunal.

Artículo 254.- Deberes del interventor. Remoción. El interventor debe:

254.1. Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el Juez.

254.2. Presentar los informes periódicos que disponga el Juzgado y uno final, al concluir su cometido.

254.3. Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan producirles daño o menoscabo.

El interventor que no cumpliere eficazmente su cometido podrá ser removido de oficio; si mediare pedido de parte, se dará traslado a las demás y al interventor.

Artículo 255.- Honorarios.

255.1. El interventor sólo percibirá los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo que a criterio del Juez justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes, se fijarán éstos en adecuada proporción al eventual importe total de sus honorarios.

255.2. Para la regulación del honorario definitivo se atenderá a la naturaleza y modalidades de la intervención, al monto de las utilidades realizadas, a la importancia y eficacia de la gestión, a la responsabilidad en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las demás circunstancias del caso.

255.3. Carece de derecho a cobrar honorarios el interventor removido del cargo por ejercicio abusivo; si la remoción se debiere a negligencia, aquel derecho a honorarios o la proporción que corresponda será determinada por el Juez.

255.4. El pacto de honorarios celebrado por el interventor será nulo e importará ejercicio abusivo del cargo.

Sección Quinta

Inhibición general de bienes

y anotación de litis

Artículo 256.- Inhibición general de bienes.

256.1. En todos los casos en que habiendo lugar a embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, podrá solicitarse contra aquél la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se deberá dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante.

256.2. El que solicitare la inhibición deberá expresar el nombre, apellido y domicilio del deudor; así como todo otro dato que pueda individualizar al inhibido, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes.

256.3. La inhibición sólo surtirá efecto desde la fecha de su anotación.

256.4. No concederá preferencia sobre las anotadas con posterioridad.

Artículo 257.- Anotación de litis. Procederá la anotación de litis cuando se dedujere una pretensión que pudiere tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el registro correspondiente y el derecho fuere verosímil. Cuando la demanda hubiere sido desestimada, esta medida se extinguirá con la terminación del juicio. Si la demanda hubiese sido admitida, se mantendrá hasta que la sentencia haya sido cumplida.

Sección Sexta

Prohibición de innovar. Prohibición de contratar

Artículo 258.- Prohibición de innovar. Podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicio, siempre que:

258.1. El derecho fuere verosímil.

258.2. Existiere el peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible.

258.3. La cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria.

Artículo 259.- Prohibición de contratar.

259.1. Cuando por ley o contrato o para asegurar la ejecución forzada o los bienes objeto del juicio, procediese la prohibición de contratar sobre determinados bienes, el Juez ordenará la medida. Individualizará lo que sea objeto de la prohibición, disponiendo se inscriba en los registros correspondientes y se notifique a los interesados y a los terceros que mencione el solicitante.

259.2. La medida quedará sin efecto si quien la obtuvo no dedujere la demanda dentro del plazo de diez (10) días de haber sido trabada, y en cualquier momento en que se demuestre su improcedencia.

Sección Séptima

Medidas cautelares genéricas

y normas subsidiarias

Artículo 260.- Medidas cautelares genéricas. Fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.

Artículo 261.- Normas subsidiarias. Lo dispuesto en este Capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente.

Sección Octava

Protección de personas

Artículo 262.- Procedencia. Podrá decretarse la guarda:

262.1. Del menor de edad que intentase contraer matrimonio, entrar en comunidad religiosa o ejercer determinada actividad contra la voluntad de sus padres o tutores.

262.2. De menores o incapaces que sean maltratados por sus padres, tutores, curadores o guardadores, o inducidos por ellos a actos ilícitos o deshonestos o expuestos a graves riesgos físicos o morales.

262.3. De menores o incapaces abandonados o sin representantes legales o cuando éstos estuvieren impedidos de ejercer sus funciones.

262.4. De los incapaces que estén en pleito con sus representantes legales, en el que se controvierta la patria potestad, tutela o curatela, o sus efectos.

Artículo 263.- Violencia familiar. En los supuestos de violencia familiar que contempla la Ley 39, se aplicarán sus disposiciones y en lo supletorio lo que este Código prevé para los juicios sumarísimos.

Artículo 264.- Juez competente. La guarda será decretada por el Juez del domicilio de la persona que haya de ser amparada, con intervención del Ministerio Pupilar.

Cuando existiese urgencia o circunstancias graves, se resolverá provisionalmente sin más trámite.

Artículo 265.- Procedimiento. En los casos previstos en el artículo 262, apartados 2, 3 y 4, la petición podrá ser deducida por cualquier persona, y formulada verbalmente ante el Ministerio Pupilar, en cuyo caso se labrará acta con las menciones pertinentes, la que será remitida al Juzgado que corresponda.

Artículo 266.- Medidas complementarias. Al disponer la medida, el Juez ordenará que se entreguen a la persona a favor de quien ha sido ordenada, las ropas, útiles y muebles de su uso y profesión. Ordenará, asimismo, que se le provea de alimentos por el plazo de treinta (30) días, a cuyo vencimiento quedarán sin efecto si no se iniciare el juicio correspondiente. La suma será fijada prudencialmente por el Juez, previa vista a quien deba pagarlos y sin otro trámite.

CAPÍTULO XII

RECURSOS

Sección Primera

Recurso de Aclaración y de Ampliación

Artículo 267.- Aclaración y ampliación.

267.1. El Tribunal, de oficio o a petición verbal de cualquiera de las partes formulada en la audiencia o diligencia en que se pronuncie la providencia o en solicitud escrita presentada dentro de los tres (3) días siguientes al de su notificación, si se tratare de providencia dictada fuera de la audiencia o de sentencia definitiva, podrá corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro o palabras dudosas que éstas contuvieren o suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el juicio, siempre que la enmienda, aclaración o agregado no altere lo sustancial de la decisión. La aclaración se hará, en el primer caso, sin más trámite y en la propia audiencia y dentro del tercer día, en el segundo.

267.2. Los plazos para interponer los otros recursos se contarán a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución que recaiga sobre la aclaración o ampliación.

267.3. Estos recursos proceden respecto de toda clase de resoluciones. Podrán ser usados por una sola vez por cada una de las partes y en relación con cada resolución.

Sección Segunda

Recurso de Reposición

*Artículo 268.- Procedencia. El recurso de reposición procede contra las providencias simples y las sentencias interlocutorias que no pongan fin al proceso, con el objeto de que el propio Tribunal, advertido de su error, pueda modificarlas por contrario imperio.

(Sustituido por art. 1º Ley P. 158)

Artículo 269.- Plazo y procedimiento.

269.1. El recurso deberá interponerse verbalmente, con expresión de las razones que lo sustenten, en la audiencia o diligencia en que se pronuncien o en escrito presentado dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la providencia, si ésta no se dictó en audiencia o diligencia.

269.2. El Tribunal deberá decidir de plano el recurso, confirmando o modificando la providencia impugnada cuando se trate de aquéllas que fueron dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió.

Deberá, en cambio, oír a la contraparte cuando se trate de providencias pedidas por la contraria a quien recurrió; si el trámite fuera escrito, el término del traslado será de tres (3) días.

269.3. El recurso deducido en audiencia deberá ser resuelto en la misma, en forma inmediata.

Artículo 270.- Resolución. La resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que:

270.1. El recurso de reposición hubiere sido acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo siguiente para que sea apelable.

270.2. Hiciere lugar a la revocatoria, en cuyo caso podrá apelar la parte contraria, si correspondiere.

Sección Tercera

Recurso de Apelación

Artículo 271- Competencia del Tribunal de Alzada. La Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones conocerá y decidirá como Tribunal de Alzada en los recursos interpuestos contra las decisiones tomadas por los Juzgados previstos en los artículos 52, 53, 54, 58 y 59 bis de la Ley Provincial Nº 110 y su modificatoria Nº 135.

Artículo 272.- Procedencia. Procede el recurso de apelación:

272.1. Contra las sentencias definitivas, sin más excepciones que las de segunda instancia y las demás que expresamente establezca la ley.

272.2. Contra las sentencias interlocutorias que causen gravamen irreparable, excepto las dictadas en el curso de una instancia cuya sentencia definitiva no es apelable y las dictadas en el curso de un incidente.

La apelación contra las referidas sentencias interlocutorias podrá ser subsidiaria del recurso de reposición, debiéndose deducir ambos recursos de manera conjunta y dentro del plazo para apelar o en la propia audiencia, según los casos. No obstante, se haya o no deducido recurso de reposición, el Tribunal podrá siempre revocar, por contrario imperio, la providencia interlocutoria apelada.

Serán inapelables las sentencias definitivas y las demás resoluciones cualquiera fuere su naturaleza, cuando el valor cuestionado en la alzada no exceda de la suma equivalente a sesenta y dos (62) veces el importe de la tasa de justicia para juicios de monto indeterminado, vigente a la fecha de su aplicación. Esta disposición no será aplicable a las regulaciones de honorarios, a los procesos de alimentos y en los que se pretenda el desalojo de inmuebles o en aquéllos donde se discuta la aplicación de sanciones procesales, y respecto del trabajador en el juicio laboral.

Artículo 273.- Efectos. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 283 respecto de la ejecución provisoria de las sentencias definitivas, el recurso de apelación se admite:

273.1. Con efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia del Tribunal se suspende desde que quede firme la providencia que concede el recurso hasta que le es devuelto el expediente para el cumplimiento de lo resuelto en la instancia superior. No obstante, el Tribunal inferior podrá seguir conociendo de los incidentes que se sustancien en pieza separada y de todo lo que se refiera a la administración, custodia y conservación de bienes embargados o intervenidos judicialmente así como en lo relativo a la seguridad y depósito de personas, siempre que la apelación no verse sobre esos puntos.

273.2. Sin efecto suspensivo, en cuyo caso y en la misma providencia en que se conceda el recurso, se señalarán las actuaciones que deben integrar la pieza separada que habrá de remitirse al superior.

El Tribunal superior, una vez recibida la pieza, decidirá dentro de cuarenta y ocho (48) horas y en forma preliminar, si debe procederse o no a la suspensión del procedimiento principal. Cuando resuelva la suspensión lo comunicará de inmediato al Tribunal inferior.

273.3. Con efecto diferido, limitado a la simple interposición del recurso, en cuyo caso y sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada, se reservará fundamentarlo conjuntamente con el de la eventual apelación de la sentencia definitiva. En este caso, se conferirá traslado de ambos recursos a la contraparte y se resolverán los mismos conjuntamente.

Artículo 274.- Procedencia de la apelación suspensiva, no suspensiva y diferida.

274.1. La apelación tendrá efecto suspensivo cuando se trate de sentencias definitivas o interlocutorias que pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación.

274.2. En todos los demás casos, la apelación no tendrá efecto suspensivo.

274.3. La apelación tendrá efecto diferido en los casos expresamente establecidos por la ley.

Artículo 275.- Apelación de sentencias definitivas.

275.1. El recurso de apelación contra las sentencias definitivas se interpondrá en escrito fundado, dentro del plazo de quince (15) días. Se sustanciará con un traslado a la contraparte por el término de quince (15) días.

275.2. Al evacuar el traslado, podrá la contraparte adherir al recurso y fundar a la vez sus agravios, los que se sustanciarán con un traslado a la otra parte por el plazo de quince (15) días.

275.3. La apelación y la adhesión no fundadas se rechazarán de plano, teniéndose por desistidos a los recurrentes.

275.4. Las partes podrán solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación al mismo, exclusivamente en los siguientes casos:

a) Si se tratare de producir la prueba regulada por los artículos 384 y 389 con referencia a hechos que no hubieren sido objeto de la misma probanza en la instancia anterior.

b) Si se tratare de presentar documentos de fecha posterior a la conclusión de la causa o anteriores, cuando, en este último caso, se afirmare bajo juramento no haber tenido antes conocimiento de los mismos, circunstancia que apreciará el Tribunal para admitir o rechazar la prueba. A tal efecto, podrá requerir o recabar la información sumaria que la acredite.

c) Si se tratare de acreditar hechos nuevos conforme con lo dispuesto por el artículo 350.2.

d) En el caso del artículo 383, debiendo fundarse la petición, la que será resuelta sin sustanciación.

En todos los casos, se solicitará el diligenciamiento de la prueba correspondiente, conforme con lo prescripto por el artículo 346.

Artículo 276.- Apelación de sentencias interlocutorias. El recurso de apelación contra las sentencias interlocutorias se regirá por lo dispuesto para las sentencias definitivas, con las siguientes modificaciones:

276.1. Si se tratare de providencia pronunciada fuera de audiencia, el plazo para la interposición del recurso debidamente fundado será de seis (6) días, al igual que el del traslado y el de la contestación a la adhesión a la apelación.

276.2. Si se tratare de providencia pronunciada en audiencia, deberá anunciarse la apelación en ella e interponerse y sustanciarse dentro del plazo y trámites indicados en el apartado anterior.

276.3. Si se tratare de providencia pronunciada en audiencia y procediere la apelación con efecto diferido, el recurso se interpondrá en la propia audiencia procediéndose en lo demás, según lo dispuesto en el artículo 273.3.

276.4. Sólo se admitirá la prueba documental conforme con lo dispuesto por el artículo 275, apartado 4 b).

276.5. Se haya o no interpuesto recurso de reposición, el Tribunal podrá siempre, por contrario imperio, revocar la providencia interlocutoria recurrida.

Artículo 277.- Resolución del Tribunal inferior. Interpuesta en tiempo y forma la apelación, el Tribunal la admitirá, si fuere procedente, y expresará el efecto con que la admite.

Si el recurso no fuera admitido, el apelante podrá recurrir conforme con lo establecido en la Sección Sexta de este Capítulo.

Artículo 278.- Procedimiento en segunda instancia.

278.1. La segunda instancia se provocará por la concesión del recurso de apelación.

278.2. El expediente una vez recibido, será pasado a estudio de cada integrante en forma simultánea, en reproducción facsimilar.

Finalizado el estudio por el Tribunal, y si no se hubiere resuelto dictar decisión anticipada procederá a dictar sentencia de acuerdo a lo previsto en el artículo 180, o se citará a audiencia, en caso necesario.

278.3. En la audiencia, se diligenciará la prueba que el Tribunal hubiere dispuesto a iniciativa de parte o de oficio, y se oirá a las partes en la forma prevista para la primera instancia, dictándose, luego, sentencia en los plazos previstos por el artículo 180.

278.4. En caso de que no se debiera diligenciar prueba, se podrá convocar igualmente a audiencia a efectos de oír a las partes.

Artículo 279.- Facultades del Tribunal de Alzada.

279.1. El Tribunal que conoce del recurso de apelación no podrá modificar en perjuicio de la parte apelante el contenido de la resolución impugnada, salvo que la contraria también hubiere recurrido en forma principal o adhesiva.

279.2. El Tribunal no podrá decidir sobre puntos no propuestos al Tribunal de primera instancia; no obstante, deberá resolver sobre los intereses, daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia.

279.3. El Tribunal podrá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubieren deducido los recursos previstos por el artículo 267, siempre que en los agravios se solicitare el respectivo pronunciamiento.

279.4. Cuando se revocare una providencia apelada sin efecto suspensivo o con efecto diferido, será ineficaz la actuación adelantada por el Tribunal de primera instancia después de la apelación, en lo que dependa necesariamente de aquélla.

Artículo 280.- Declaración de nulidad en segunda instancia.

280.1. El Tribunal de segunda instancia que debe pronunciarse sobre un recurso de apelación deberá observar si se ha hecho valer en el escrito de apelación, interponiendo el recurso, la nulidad de la sentencia o de actos de la primera instancia o si se ha incurrido en los mismos en alguna nulidad insanable o no consentida.

280.2. En caso de que así fuere, examinará en el fallo, previamente, la nulidad y sólo en el caso de rechazarla se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si admitiere la reclamación y la declaración de nulidad hiciere imposible el aprovechamiento de los actos procesales posteriores, se dispondrá el reenvío del proceso al estado en que se hallaba en el momento de causarse la nulidad.

Artículo 281.- Recursos contra la sentencia del Tribunal de segunda instancia. Contra lo resuelto en apelación, sólo se darán los recursos de aclaración o ampliación, casación, inconstitucionalidad y revisión, en los casos y por los motivos establecidos en este Código.

Artículo 282.- Cumplimiento de la decisión del Tribunal superior.

282.1. Decidida la apelación y devuelto el expediente al Tribunal de primera instancia, a petición de parte, éste dictará la providencia de cumplimiento de lo resuelto.

282.2. En el caso previsto por el artículo 279.4, se señalarán expresamente las actuaciones que quedan sin efecto.

Artículo 283.- Ejecución provisional.

283.1. Cuando se recurriere una sentencia definitiva de condena, el vencedor podrá solicitar la ejecución provisional dentro del plazo de cinco (5) días a contar del siguiente a su notificación, prestando garantía suficiente para responder, en su caso, por todos los gastos judiciales y daños y perjuicios que pudiere ocasionar a la parte contraria.

283.2. El Tribunal concederá dicha ejecución provisional siempre que, a su juicio, y por las circunstancias del caso o la información sumaria que podrá requerir, exista peligro de frustración del derecho reconocido, derivado de la demora en la tramitación de la segunda instancia.

283.3. Será competente para la ejecución provisional de la sentencia, el Tribunal ante el cual se siguió la primera instancia del proceso.

283.4. La petición de ejecución provisional puede hacerse en el mismo expediente o mediante presentación de un testimonio de la sentencia.

283.5. Si se formulase en el mismo expediente, se formará de inmediato pieza separada y se continuarán en esa pieza los procedimientos.

283.6. Si se formulase mediante presentación de testimonio, se seguirán a continuación de éste los procedimientos.

283.7. La contraparte podrá solicitar la suspensión de la ejecución provisional por causarle perjuicio grave, de difícil reparación; circunstancia que el Tribunal apreciará discrecionalmente. Si estimare que existe esa posibilidad, exigirá al condenado que preste garantía bastante para asegurar, en todo caso, lo que ha de ser objeto de la ejecución con más los intereses, costas y costos que el posterior trámite del recurso pueda irrogar.

283.8. En lugar de la ejecución provisional, podrán adoptarse medidas cautelares, si la parte interesada así lo solicitare, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 227, 240 y concordantes de este Código.

Sección Cuarta

Recurso de Nulidad

Artículo 284.- Nulidad. El recurso de apelación comprende el de nulidad por incumplimiento de un requisito del que se derive tal efecto.

Sección Quinta

Recurso Extraordinario de Casación

Artículo 285.- Procedencia. El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas o interlocutorias con fuerza de tales, dictadas en segunda instancia por los Tribunales de apelación.

Artículo 286.- Improcedencia. No procede el recurso de casación:

286.1. Contra las sentencias que resuelvan medidas cautelares.

286.2. Contra las sentencias recaídas en asuntos que admiten un proceso posterior sobre la misma cuestión.

286.3. Contra las sentencias recaídas en asuntos cuyo monto no superare un importe equivalente a ciento ochenta (180) veces el importe de la tasa de justicia para juicios de monto indeterminado, vigente a la fecha de su aplicación.

Artículo 287.- Causales de casación.

287.1. El recurso sólo podrá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho, de fondo o de forma. Se entenderá por tal, inclusive, la infracción a las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba, cuando se ha incurrido en absurdo.

287.2. No se tendrán en cuenta los errores de derecho que no determinaren la parte dispositiva de la sentencia.

287.3. En cuanto a las normas de procedimiento, sólo constituirá causal la infracción o errónea aplicación de aquéllas que sean esenciales para la garantía del debido proceso y siempre que la respectiva nulidad no haya sido subsanada en forma legal.

Artículo 288.- Plazo y forma para interponer el recurso. El recurso se interpondrá en forma escrita y fundada dentro del plazo de quince (15) días siguientes al de la notificación de la sentencia.

Artículo 289.- Legitimación para interponer el recurso. El recurso sólo podrá interponerse por la parte que recibe un agravio de la sentencia. No podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado ni adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la del Tribunal de Alzada haya sido totalmente confirmatoria de aquélla.

Artículo 290.- Requisitos de la interposición del recurso. El escrito introductorio, que deberá presentarse ante el Tribunal que dictó el fallo cuya casación se pretende, deberá contener necesariamente:

290.1. La mención de las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas; y

290.2. La expresión de los motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación, expuestos de manera clara y concisa.

Artículo 291.- Procedimiento de admisibilidad del recurso.

291.1. El Tribunal otorgará a la contraparte traslado del recurso por quince (15) días. Si el recurso se hubiere interpuesto en tiempo, el asunto fuera susceptible de casación y el escrito introductorio cumpliere con los requisitos legales, el Tribunal lo concederá.

291.2. Contra la resolución denegatoria habrá recurso de queja.

291.3. Concedido el recurso, el expediente se elevará al Superior Tribunal para su resolución.

Artículo 292.- Efectos del recurso.

292.1. Salvo que el proceso versare sobre el estado civil de las personas, la interposición del recurso no impedirá que la sentencia se cumpla, para lo cual deberá expedirse, a pedido de parte, testimonio de la misma.

292.2. Cuando la sentencia ejecutada fuere, en definitiva, casada y sustituida por otra que la modifique total o parcialmente, se procederá, en lo pertinente, conforme con lo dispuesto por el artículo 435.

292.3. Sin embargo, al interponer el recurso o dentro del término para hacerlo, podrá solicitar el recurrente que se suspenda la ejecución de la sentencia, prestando garantía para responder de los perjuicios que a la parte contraria pudiere ocasionar la demora, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 283.7. El monto y la naturaleza de la garantía serán fijados, en forma irrecurrible, por el Tribunal en la providencia que conceda el recurso y disponga la suspensión de la ejecución. Dicha garantía deberá constituirse dentro de los diez (10) días siguientes al de la notificación de aquélla. Si así no se hiciere ni se solicitare prórroga de dicho plazo o ésta se denegare, se dispondrá el cumplimiento de la sentencia.

292.4. La caución se cancelará por el Tribunal si la sentencia es casada. De lo contrario seguirá garantizando los mencionados perjuicios, que se liquidarán por el procedimiento establecido por los artículos 438 y 439.

Artículo 293.- Certiorari. El Superior Tribunal, según su sana discreción y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso deducido por falta de agravio suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia.

Artículo 294.- Procedimiento ante el Superior Tribunal de Justicia.

294.1. Recibidos los autos, el Superior Tribunal de Justicia dará vista, si correspondiere, al Fiscal por el plazo de treinta (30) días. Devuelto el expediente, será pasado a estudio de todos los Ministros, conjuntamente, en facsímil.

294.2. Concluido el estudio y siempre que lo estimare necesario el Superior Tribunal de Justicia, podrá convocar a una audiencia para oír a las partes y al Fiscal.

294.3. En casos fundados y sin que sea necesario dictar resolución al efecto, podrá prescindirse del sistema de facsímil, pasando el expediente a estudio sucesivo de los señores Ministros, por los plazos a que alude el artículo 181.4.

294.4. Los miembros del Superior Tribunal de Justicia podrán solicitar alguna aclaración o ampliación de los argumentos de las partes, que no podrán versar más que sobre los motivos que determinaron la introducción del recurso o sobre los requisitos de admisibilidad.

294.5. Al dictar resolución, el Superior Tribunal de Justicia podrá declarar inadmisible el recurso por cualquier motivo legal, salvo que se trate de una cuestión que ya hubiere sido resuelta al conocer del recurso de queja.

294.6. El Superior Tribunal de Justicia, en los casos previstos por el artículo 179, podrá dictar decisión anticipada sobre el propio mérito del recurso o declararlo inadmisible.

Artículo 295.- Casación por vicios de fondo o de forma.

295.1. Si la casación se interpusiere por vicios de forma y de fondo, el Superior Tribunal de Justicia sólo se pronunciará sobre los segundos en el caso de estimar que no se ha cometido infracción formal que invalide el procedimiento.

295.2. Si la sentencia se casare por vicio de forma, el Superior Tribunal de Justicia anulará el fallo y remitirá el proceso al Tribunal que deba subrogar al que se pronunció, a fin de que continúe conociendo desde el punto en que se cometió la falta que dio lugar a la nulidad, sustanciándolo con arreglo a derecho.

295.3. Si el Superior Tribunal de Justicia casare la sentencia en cuanto al fondo, dictará la que en su lugar corresponda sobre la materia de hecho del fallo recurrido y reemplazará los fundamentos jurídicos erróneos por los que estimaren correctos.

295.4. Si la casación se fundare en el error palmario y fundamental en cuanto a la admisibilidad o valoración de la prueba, siempre que la misma determinare la parte dispositiva del fallo, el Superior Tribunal de Justicia pronunciará sentencia en cuanto al fondo, sobre la base de la prueba que juzgare admisible o conforme con la valoración que entendiere corresponder.

295.5. Sólo procederá el reenvío, si el Superior Tribunal de Justicia estimare que la no admisión de prueba admisible afecta a la resolución sobre el mérito. En tal caso deberá procederse al diligenciamiento omitido y al posterior dictado de la sentencia que corresponda por el Tribunal a quien se remita el proceso, conforme a lo dispuesto en el apartado 2.

Sección Sexta

Recurso de Queja

Artículo 296.- Procedencia.

296.1. El recurso de queja procede contra las resoluciones que denieguen un recurso de casación, de apelación o de inconstitucionalidad, a fin de que el superior que corresponda confirme o revoque la resolución denegatoria.

296.2. Asimismo, procederá cuando la apelación se conceda con efecto diferido, en violación a la Ley.

Artículo 297.- Forma de interposición. Dentro del plazo de cinco (5) días siguientes al de la notificación de la providencia denegatoria, el recurrente debe presentar la queja con sus fundamentos ante el mismo Tribunal que dictó aquélla.

Artículo 298.- Otorgamiento.

298.1. Recibido el recurso, el Tribunal le agregará las siguientes copias:

a) Del escrito que dio lugar a la resolución recurrida y de los correspondientes a la sustanciación, si ésta hubiere tenido lugar.

b) De la resolución recurrida.

c) Del escrito de interposición del recurso.

d) De la providencia que denegó el recurso.

Además se deberá informar al superior, indicando las fechas en que:

a) Quedó notificada la resolución recurrida.

b) Se interpuso el recurso.

c) Quedó notificada la denegatoria del recurso.

298.2. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del escrito de queja, el Tribunal lo remitirá al superior acompañando las copias y el informe referido en el apartado anterior.

298.3. El Tribunal que dejare de dar cumplimiento a esta disposición incurrirá en falta grave, sin perjuicio del derecho del recurrente de acudir al superior denunciando el hecho para que éste reclame el inmediato envío de los antecedentes, para dar trámite al recurso.

Artículo 299.- Suspensión del procedimiento.

299.1. Recibidos los antecedentes por el superior, éste decidirá, previamente y en atención a las circunstancias del caso, si ordena o no la suspensión de los procedimientos del inferior.

299.2. Si decidiera esa suspensión, se lo comunicará al inferior por la vía más rápida disponible.

Artículo 300.- Resolución del recurso.

300.1. Con los antecedentes a que se refiere el artículo 298 y los demás que el superior creyere oportuno requerir, se hará lugar al recurso de queja o se lo desechará.

300.2. En ambos casos lo comunicará al inferior. Pero si la resolución hiciere lugar a la queja, se ordenará que, sin más trámite se sustancie el recurso denegado en la forma pertinente, si así correspondiere.

Sección Séptima

Recurso de Revisión

Artículo 301.- Procedencia. El recurso de revisión procede contra las sentencias definitivas o interlocutorias firmes que ponen fin al proceso, dictadas por cualquier Tribunal, salvo las excepciones que determine la Ley.

Artículo 302.- Competencia. El conocimiento del recurso de revisión corresponde al Superior Tribunal de Justicia, cualquiera fuere el grado del Tribunal en que hubiere quedado firme la resolución recurrida.

Artículo 303.- Causales. Procede la revisión:

303.1. Cuando la resolución se hubiere producido por efecto de la violencia, la intimidación o el dolo.

303.2. Cuando alguna de las pruebas que constituyeren fundamento decisivo de la resolución impugnada, hubiere sido declarada falsa por sentencia firme dictada con posterioridad o bien que la parte vencida ignorase que había sido declarada tal con anterioridad.

303.3. Cuando después de la resolución se recobraren documentos decisivos que no se hubieren podido aportar al proceso por causa de fuerza mayor o por maniobra fraudulenta de la parte contraria.

303.4. Cuando la resolución se hubiere obtenido por actividad dolosa del Tribunal, declarada por sentencia firme.

303.5.Cuando existiere colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes, siempre que hubiere causado perjuicios al recurrente o al interés público.

Artículo 304.- Legitimación.

304.1. El recurso de revisión puede ser interpuesto por quienes hayan sido partes en el proceso, sus sucesores o causahabientes, así como por los terceros en los casos previstos en los apartados 4 y 5 del artículo anterior.

304.2. También podrá ser interpuesto por el Ministerio Público cuando los hechos invocados afectaren el interés público.

Artículo 305.- Plazos.

305.1. En ningún caso podrá interponerse la revisión transcurrido un (1) año desde que hubiere quedado ejecutoriada la resolución impugnable.

305.2. Dicho plazo quedará suspendido desde el momento en que se promueva el correspondiente proceso para el acreditamiento del motivo de revisión, en los casos en que tal proceso fuere necesario, hasta el dictado de la sentencia que ponga fin a dicho proceso.

305.3. Tampoco será admisible la revisión transcurridos tres (3) meses desde que el recurrente hubiere conocido o debido conocer los motivos en que se fundare la misma.

Artículo 306.- Forma del recurso. El recurso de revisión se presentará ante el Superior Tribunal de Justicia en escrito que contendrá con precisión sus fundamentos y al que se acompañará toda la prueba conforme a lo establecido para la demanda.

Artículo 307.- Efecto de la interposición del recurso. La interposición del recurso de revisión no suspenderá la ejecución de la resolución firme que la motivare, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 309.

Artículo 308.- Procedimiento del recurso.

308.1. Presentado el recurso y si se hubieren observado los plazos y los requisitos antes señalados, el Superior Tribunal de Justicia ordenará al Tribunal en que se encontrare el proceso, que lo remita en el plazo máximo de diez (10) días y emplazará, según la regla de los artículos 353 a 359, a cuantos hubieren litigado en el pleito o a sus sucesores o causahabientes, para que comparezcan a contestar el recurso en el plazo de treinta (30) días. A continuación, se seguirá el procedimiento de los incidentes.

308.2. Si la causa se hallare en trámite de ejecución, solamente se remitirá facsímil autenticado de los autos.

Artículo 309.- Suspensión de los efectos de la resolución impugnada. En el escrito de interposición del recurso o en cualquier momento de su trámite, podrá pedirse la suspensión de los efectos aún pendientes de la resolución impugnada. Así se dispondrá por el Superior Tribunal de Justicia, si de las circunstancias resultare el aparente fundamento del recurso, así como la posibilidad de que la demora del trámite pudiere causar perjuicios graves e irreparables al recurrente, quien deberá prestar garantía suficiente a juicio del Superior Tribunal de Justicia y de conformidad con lo previsto en el artículo 292.3.

Artículo 310.- Efectos de la sentencia que resuelve el recurso.

310.1. Si se estimare fundada la revisión, así se declarará y se revocará la resolución impugnada, en todo o en parte, según proceda. El expediente será remitido al Tribunal hábil para que dicte nuevo pronunciamiento.

310.2. En caso necesario se podrá mandar expedir certificación del fallo para que las partes puedan reproducir el proceso. Las conclusiones de la sentencia de revisión que no podrán ser discutidas ni modificadas, servirán en todo caso de base al nuevo proceso.

Será aplicable a lo decidido en revisión lo dispuesto por el artículo 435.4.

Artículo 311.- Irrecurribilidad. Contra la sentencia que recaiga sólo procederán los recursos previstos por el artículo 267.

Artículo 312.- Costas y costos.

312.1. Las costas y costos de la revisión desestimada serán a cargo del recurrente.

312.2. Si el recurso fuere acogido, el Superior Tribunal de Justicia sólo condenará al vencido si éste hubiere tenido participación en los hechos determinantes de la revocación de la sentencia.

312.3. En los demás casos, la imposición de las costas y costos se determinará según las circunstancias.

Sección Octava

Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad

Artículo 313.- Procedencia. El recurso extraordinario de inconstitucionalidad procederá contra las sentencias definitivas, cuando en el proceso se haya controvertido la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución Provincial o la validez de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, bajo la pretensión de ser contrarios a la Constitución de la Provincia, siempre que la decisión recaiga sobre esos temas.

Artículo 314.- Trámite. En lo relativo a la interposición del recurso, plazo, trámite y sentencia, se aplicará lo dispuesto para el recurso de casación.

CAPÍTULO XIII

JUICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONFLICTO DE PODERES

Artículo 315.- Procedencia. Procederá la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que vulneren derechos, garantías y cualquier otra cláusula consagrados por la Constitución de la Provincia.

Artículo 316.- Demanda y competencia. La demanda deberá plantearse ante el Superior Tribunal de Justicia, dentro de los treinta (30) días desde la fecha en que el precepto impugnado afectare los intereses del accionante.

Después de vencido este plazo, se considerará extinguida la competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia, sin perjuicio de las facultades del interesado para ocurrir a la jurisdicción ordinaria en defensa de los derechos patrimoniales que estime afectados, planteando la cuestión respectiva por medio del recurso previsto por el artículo 313.

Sobre los requisitos de la demanda, se observará lo establecido en el artículo 345.

Artículo 317.- Trámite. Presentada la demanda, se correrá traslado al titular o representante legal de cada Poder, cuando se trate de actos provenientes de alguno de ellos; al Intendente Municipal o a las autoridades que los hubiesen dictado, en los demás casos. Luego se seguirá, en lo pertinente, el trámite previsto para el juicio sumario.

Artículo 318.- Sentencia. Si se acogiere la demanda, el pronunciamiento del Tribunal se limitará a formular la correspondiente declaración de inconstitucionalidad, dejando a salvo la posibilidad de reclamar las reparaciones que correspondieren por la vía pertinente.

Artículo 319- Conflicto de poderes. Las disposiciones de este Capítulo serán también de aplicación en los casos que prevé el inciso 2, del artículo 157 de la Constitución de la Provincia.

TÍTULO VI

MODOS ANORMALES DE TERMINACIÓN DEL PROCESO

CAPÍTULO I

DESISTIMIENTO

Artículo 320.- Desistimiento del proceso.

320.1. En cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, las partes, de común acuerdo, podrán desistir del proceso manifestándolo por escrito al Juez, quien sin más trámite lo declarará extinguido y ordenará el archivo de las actuaciones.

320.2. Cuando el actor desistiera del proceso después de notificada la demanda, deberá requerirse la conformidad del demandado, a quien se dará traslado notificándosele personalmente o por cédula bajo apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. Si mediare oposición, el desistimiento carecerá de eficacia y proseguirá el trámite de la causa.

Artículo 321.- Desistimiento del derecho. En la misma oportunidad y forma a que se refiere el artículo anterior, el actor podrá desistir del derecho en que fundó la acción. No se requerirá la conformidad del demandado, debiendo el Juez limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio, y a dar por terminado el juicio en caso afirmativo. En lo sucesivo no podrá promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa.

Artículo 322.- Revocación. El desistimiento no se presume y podrá revocarse hasta tanto el Juez se pronuncie, o surja del expediente la conformidad de la contraria.

CAPÍTULO II

ALLANAMIENTO

Artículo 323.- Oportunidad y efectos.

323.1. El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia.

323.2. El Juez dictará sentencia conforme a derecho, pero si estuviere comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efectos y continuará el proceso según su estado.

323.3. Cuando el allanamiento fuere simultáneo con el cumplimiento de la prestación reclamada, la resolución que lo admita será dictada en la forma prescripta en el artículo 175.

CAPÍTULO III

TRANSACCIÓN

Artículo 324.- Forma y trámite. Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio, con la presentación del convenio o suscripción de acta ante el Juez. Este se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción, y la homologará o no. En este último caso, continuarán los procedimientos del juicio.

CAPÍTULO IV

CONCILIACIÓN

Artículo 325.- Efectos. Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el Juez y homologados por éste, tendrán autoridad de cosa juzgada.

CAPÍTULO V

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA

*Artículo 326.- Plazos. Se producirá la caducidad de la instancia cuando no se instare su curso dentro de los siguientes plazos:

326.1. De seis (6) meses, en primera o única instancia.

326.2. De tres (3) meses, en segunda o tercera instancia y en cualquiera de las instancias en el juicio sumario o sumarísimo, en el juicio ejecutivo, en las ejecuciones especiales y en los incidentes.

326.3. En el que se opere la prescripción de la acción, si fuere menor a los indicados precedentemente.

326.4. De un (1) mes, en el incidente de caducidad de instancia.

326.5. La instancia se abre con la promoción de la demanda formalmente idónea, aunque no hubiere sido notificada la resolución que dispone su traslado.

(Modificado por art. 2º Ley P. 158)

(Sustitución ap. 5)

Artículo 327.- Cómputo.

327.1. Los plazos señalados en el artículo anterior se computarán desde la fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del Juez o Secretario, que tenga por efecto impulsar el procedimiento; correrán durante los días inhábiles salvo los que correspondan a las ferias judiciales.

327.2. Para el cómputo de los plazos se descontará el tiempo en que el proceso hubiere estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición del Juez, siempre que la reanudación del trámite no quedare supeditada a actos procesales que deba cumplir la parte a quien incumbe impulsar el proceso.

Artículo 328.- Litisconsorcio. El impulso del procedimiento por uno de los litisconsortes beneficiará a los restantes.

Artículo 329.- Improcedencia. No se producirá la caducidad:

329.1. En los procedimientos de ejecución de sentencia, salvo si se tratare de incidentes que no guardaren relación estricta con la ejecución procesal forzada propiamente dicha.

329.2. En los procesos sucesorios y, en general en los voluntarios, salvo en los incidentes y juicios incidentales que en ellos se suscitaren.

329.3. Cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al Tribunal, o la prosecución del trámite dependiere de una actividad que este Código o las reglamentaciones de superintendencia imponen al Secretario.

329.4. Si se hubiera llamado autos para sentencia, salvo si se dispusiere prueba de oficio; cuando su producción dependiere de la actividad de las partes la carga de impulsar el procedimiento existirá desde el momento en que éstas tomaren conocimiento de las medidas ordenadas.

329.5. En el juicio laboral.

Artículo 330.- Contra quiénes se opera. La caducidad se operará también en contra del Estado, los establecimientos públicos, los menores y cualquier otra persona que no tuviere la libre administración de sus bienes, sin perjuicio de la responsabilidad de sus administradores y representantes. Esta disposición no se aplicará a los incapaces o ausentes que carecieren de representación legal en juicio.

Artículo 331.- Quiénes pueden pedir la declaración. Oportunidad.

331.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la declaración de caducidad podrá ser pedida en primera instancia, por el demandado; en el incidente, por el contrario de quien lo hubiere promovido; en el recurso, por la parte recurrida. La petición deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del Tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo legal, y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria.

331.2. El pedido de caducidad de la segunda o ulterior instancia importa el desistimiento del recurso interpuesto por el peticionario en el caso de que aquél prosperare.

Artículo 332.- Modo de operarse. La caducidad será declarada de oficio, sin otros recaudos que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el artículo 326, y una intimación a las partes para que en el plazo de cinco (5) días insten el trámite del proceso.

Artículo 333.- Resolución. La resolución sobre la caducidad sólo será apelable cuando ésta fuere declarada procedente. En segunda o ulterior instancia, la resolución sólo será susceptible de reposición si hubiese sido dictada de oficio.

Artículo 334.- Efectos de la caducidad.

334.1. La caducidad operada en primera o única instancia no extingue la acción, la que podrá ejercitarse en un nuevo juicio, ni perjudica las pruebas producidas, las que podrán hacerse valer en aquél. La caducidad operada en instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida.

334.2. La caducidad de la instancia principal comprende la reconvención y los incidentes; pero la de éstos no afecta la instancia principal.

LIBRO II

PARTE ESPECIAL

PROCESOS DE CONOCIMIENTO

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

CLASES

Artículo 335.- Principio general. Juicio ordinario. Todas las contiendas judiciales que no tuvieren señalada una tramitación especial, serán ventiladas en juicio ordinario, salvo cuando este Código autoriza al Juez a determinar la clase de proceso aplicable.

Artículo 336.- Procedencia del proceso sumario. Tramitarán por el proceso sumario:

336.1. Los procesos de conocimiento en los que el valor cuestionado exceda de la suma equivalente a sesenta y dos (62) veces y no supere la correspondiente a ciento veinticinco (125) veces el importe de la tasa de justicia para juicios de monto indeterminado, vigente a la fecha de su aplicación.

336.2. Cualquiera sea su monto, las controversias que versen sobre:

a) Pago por consignación.

b) División de condominio.

c) Cuestiones entre copropietarios surgidas de la administración, y las demandas que se promovieren por aplicación de la ley de propiedad horizontal, salvo cuando las leyes especiales establecieren otra clase de procedimiento, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 562.

d) Cobro de crédito por alquileres de bienes muebles.

e) Cobro de medianería.

f) Cuestiones relacionadas con restricciones y límites del dominio o sobre condominio de muros y cercos y, en particular, las que se susciten con motivo de la vecindad urbana o rural.

g) Obligación exigible de dar cantidades de cosas o valores mobiliarios o de dar cosas muebles ciertas y determinadas.

h) Suspensión del ejercicio de la patria potestad y suspensión y remoción de tutores y curadores.

i) Pedido de fijación del plazo de cumplimiento de la obligación cuando no se hubiere señalado en el acto constitutivo, o si se hubiere autorizado al deudor para satisfacerla cuando pudiere o tuviere medios para hacerlo siempre que no se tratare de título ejecutivo.

j) Cancelación de hipoteca o prenda.

k) Restitución de cosa dada en comodato.

336.3. Los demás casos que este Código fija en particular. Cuando leyes especiales nacionales remitan al juicio o proceso sumario, el Juez podrá disponer la aplicación del trámite ordinario si la complejidad o importancia del litigio lo hiciere necesario.

En los supuestos del apartado 2, letras d), h), i), j) y k), la controversia tramitará por juicio sumario o sumarísimo, según lo determine el Juez atendiendo a la complejidad de la contienda.

Artículo 337.- Reglas especiales para ciertas pretensiones.

337.1. Tratándose de divorcio por causal, en la audiencia preliminar, además de lo previsto por el artículo 370, se resolverá lo relativo a las pensiones alimentarias, el régimen de guarda y de visitas de los hijos menores o incapaces, así como la cuestión de cuál de los cónyuges habrá de permanecer en el hogar conyugal.

337.2. El Tribunal procurará que las partes lleguen a un acuerdo sobre todos o algunos de esos puntos y, en su defecto, pronunciará providencia solucionando provisoriamente aquéllos sobre los que persista el desacuerdo.

337.3. La resolución provisoria significará cumplimiento del requisito establecido por el artículo 231 del Código Civil, pero cualquiera de las partes podrá plantear, en el proceso correspondiente, la cuestión resuelta de manera provisoria.

337.4. En los casos de los artículos 205 y 215 del Código Civil la demanda conjunta podrá contener acuerdos sobre los siguientes aspectos:

a) Tenencia y régimen de visitas de los hijos.

b) Atribución del hogar conyugal.

c) Régimen de alimentos para los cónyuges e hijos menores o incapaces, incluyendo los modos de reajuste.

337.5. También las partes podrán realizar los acuerdos que consideren convenientes acerca de los bienes de la sociedad conyugal. A falta de acuerdo, la liquidación de la misma tramitará por vía sumaria.

337.6. El Juez podrá objetar una o más estipulaciones de los acuerdos celebrados cuando, a su criterio, ellas afectaren gravemente los intereses de una de las partes o el bienestar de los hijos. Presentada la demanda, el Juez llamará a una audiencia para oír a las partes y procurará conciliarlas. Las manifestaciones vertidas en ella por las partes tendrán carácter reservado y no constarán en el acta. Si los cónyuges no comparecieran personalmente, el pedido no tendrá efecto alguno.

337.7. Si la conciliación no fuere posible en ese acto, el Juez instará a las partes al avenimiento y convocará a una nueva audiencia en un plazo no menor de dos (2) meses ni mayor de tres (3), en la que las mismas deberán manifestar, personalmente o por apoderado con mandato especial, si han arribado a una reconciliación. Si el resultado fuere negativo el Juez decretará la separación personal o el divorcio vincular, cuando los motivos aducidos por las partes sean suficientemente graves. La sentencia se limitará a expresar que dichos motivos hacen moralmente imposible la vida en común, evitando mencionar las razones que la fundaren.

337.8. En las pretensiones relativas a la materia de familia, el criterio básico para la actuación del Tribunal consistirá en la defensa de la familia y de sus integrantes, en especial de los más desprotegidos, de conformidad con las normas constitucionales y las leyes de fondo.

337.9. En las pretensiones propias de la materia laboral, agraria y demás de carácter social, la parte podrá excepcionalmente modificar la pretensión y la consiguiente prueba en la audiencia preliminar, cuando resulte, manifiestamente, que carencias de información o de asesoramiento han determinado omisiones en relación a derechos que le asisten. En estos casos, el Tribunal otorgará a la contraparte oportunidades para la adecuada contestación; se podrá, a tales efectos, prorrogar la audiencia, si las nuevas cuestiones son de hecho y no fuere posible controvertirlas, sin previa información.

337.10. En las pretensiones relativas a menores o incapaces, se considerará prioritaria la tutela de su interés por el Tribunal.

337.11. En los procesos a que refieren los tres apartados anteriores, el Tribunal dispondrá de todos los poderes de instrucción que la ley acuerda a los Tribunales del orden penal en el sumario del proceso penal, en tanto sean compatibles con la naturaleza y los principios de este Código. Asimismo, podrá dictar las resoluciones más adecuadas según las circunstancias de cada caso para solucionar provisionalmente aquello sobre lo que persista el desacuerdo de las partes.

Artículo 338.- Proceso sumarísimo. Será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 433:

338.1. A los procesos de conocimiento en los que el valor cuestionado no exceda el equivalente a sesenta y dos (62) veces el importe de la tasa de justicia para juicios de monto indeterminado, vigente a la fecha de su aplicación.

338.2. Cuando se reclamase contra un acto u omisión de un particular que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional o Provincial, siempre que fuere necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata de los efectos del acto, y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por este Código u otras leyes.

338.3. En los demás casos previstos por este Código u otras leyes.

Si de conformidad con las pretensiones deducidas por el actor no procediere el trámite del juicio sumarísimo, el Juez resolverá cuál es la clase de proceso que corresponde.

Artículo 339.- Acción meramente declarativa.

339.1. Podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente.

339.2. Si el actor pretendiera que la cuestión tramite por las reglas establecidas para el juicio sumario o sumarísimo, el Juez resolverá de oficio y como primera providencia, si corresponde el trámite pretendido por el actor, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida.

CAPÍTULO II

DILIGENCIAS PRELIMINARES

Artículo 340.- Aplicación a todos los procesos. En todo proceso podrá realizarse una etapa preliminar, por iniciativa de parte y con finalidad de:

340.1. Determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso.

340.2. Anticipar el diligenciamiento de prueba que pudiera perderse si se esperare a otra etapa.

340.3. Practicar intimaciones para comprobar la mora y obtener elementos necesarios para el proceso, tales como documentos, datos contables y otros similares.

340.4. Practicar medidas cautelares o de garantía, relacionadas con el proceso ulterior.

Artículo 341.- Procedimiento.

341.1. La parte que solicitare la diligencia preparatoria deberá denunciar el nombre y domicilio de la parte contra quien promoverá el proceso para preparar aquél para el cual pide la diligencia, el objeto del mismo y la finalidad concreta de la medida.

341.2. El Tribunal calificará la medida, dispondrá o rechazará su diligenciamiento y, en el primer caso, si se tramitará unilateral o bilateralmente. La intimación hecha a efectos de constituir la mora se tramitará siempre en forma unilateral.

341.3. El trámite se dispondrá con citación de la parte contra quien se pide, en especial si se tratare de medio de prueba, salvo si esa comunicación pudiere frustrar la finalidad y eficacia de la medida.

341.4. En este último caso, una vez diligenciada la medida, se dará conocimiento de la misma a la contraparte. Si se tratare de un medio de prueba, la otra parte tendrá la oportunidad de completarla o de presentar contraprueba al respecto en la estación oportuna.

Artículo 342.- Impugnabilidad.

342.1. La parte contra quien se pidiere la medida, podrá, en el plazo de la citación, oponerse a la misma o solicitar su modificación o ampliación. El Tribunal resolverá sin ulterior recurso.

342.2. Cumplida la medida y si mediare agravio, cualquiera de las partes podrá recurrir conforme lo dispuesto en el artículo 272.2, sin efecto suspensivo.

342.3. La resolución que denegare la medida será susceptible de los recursos de reposición y apelación en subsidio.

Artículo 343.- Medidas especiales. Además de otras de la misma naturaleza, podrán solicitarse como diligencias preparatorias:

343.1. La declaración jurada sobre hechos relativos a la personalidad de aquél a quien se propone demandar, sin cuyo conocimiento no pudiere iniciarse eficazmente el proceso. En este caso, el Tribunal podrá, en la audiencia, rechazar los puntos que no refieran estrictamente a la personalidad del demandado. La declaración se recibirá conforme con las reglas de los artículos 384 a 389.

Si el citado no concurriere a la citación que se le hará, el Tribunal dispondrá la apertura del pliego y tendrá por ciertos los hechos que en él se consignaren en forma asertiva, sin perjuicio de la prueba en contrario que se produjere una vez iniciado el proceso; lo propio sucederá si el citado respondiere en forma evasiva o rehusara contestar.

343.2. La exhibición de la cosa mueble que se hubiere de reivindicar, así como su secuestro, si correspondiere; la del testamento, cuando se creyese heredero, legatario o albacea; la de los libros de comercio cuando corresponda y demás documentos pertenecientes a la sociedad, comunidad o asociación, la rendición de cuentas por quien se hallare legalmente obligado a rendirlas, en cuyo caso se seguirá el procedimiento de los artículos 600 y 601.

343.3. La exhibición de los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida, por parte de su enajenante y en caso de evicción o pretensiones similares.

343.4. La citación a reconocimiento del documento privado contra aquél de quien emane, conforme con lo dispuesto por el artículo 409.

343.5. El nombramiento de representante legal o curador especial para el proceso de que se trate a quien carezca de ellos o en los casos de herencia vacante o bienes desamparados.

343.6. La práctica de pruebas en los casos en que:

a) Una cosa pudiere alterarse o perecer.

b) Pudieren modificarse las circunstancias necesarias para el juicio.

c) se tratare de testigos de avanzada edad o gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país.

343.7. La exhibición de documentos, en los casos de los artículos 402 a 404.

Artículo 344.- Procedimientos.

344.1. Las medidas seguirán el procedimiento que corresponda a su naturaleza; sólo si resultare indispensable, se realizarán fuera de la audiencia que fijará el Tribunal a los efectos de su cumplimiento.

344.2. Si el peticionario no concurriere a la audiencia, se le tendrá por desistido de su petición con costas y costos a su cargo, salvo si la inasistencia se debiere a causa de fuerza mayor justificada, en cuyo caso podrá postergarse la audiencia por una sola vez.

344.3. Si la parte contra quien se pidieren las medidas no compareciere, salvo causa de fuerza mayor justificada que habilitará la postergación de la audiencia por una sola vez, se cumplirán las diligencias posibles de realizar sin su presencia. Si así no fuere, el Tribunal podrá imponer sanciones conminatorias al omiso, cuando, además de no concurrir, no cumpliere con lo que se le hubiere ordenado.

344.4. En todo caso, su no comparecencia permitirá tener por ciertos los hechos afirmados por el peticionante, en todo cuanto no resultaren desvirtuados por la prueba del proceso principal.

344.5. Si la diligencia se dispusiere a pesar de la oposición de la parte contra quien se hubiere pedido, las costas y costos serán por su orden, salvo que dicha oposición demostrare malicia que merezca la nota de temeridad que pospusiere en forma indebida y prolongada el cumplimiento de lo solicitado.

TÍTULO II

PROCESO ORDINARIO

CAPÍTULO I

DEMANDA

Artículo 345.- Forma y contenido de la demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá:

345.1. La designación del Tribunal al que va dirigida.

345.2. El nombre del actor y los datos de su documento de identidad, su domicilio real así como el que se constituye a los efectos del juicio.

345.3. El nombre y domicilio del demandado.

345.4. La narración clara de los hechos en capítulos numerados, la invocación del derecho en que se funda y los medios de prueba pertinentes, conforme con lo dispuesto en el artículo siguiente.

345.5. La cosa demandada designándola con la mayor exactitud.

345.6. La petición formulada con toda precisión.

345.7. El valor de la causa, que deberá ser determinado precisamente salvo que ello no fuere posible, en cuyo caso deberá justificarse la imposibilidad y señalarse su valor estimativo, indicándose las bases en que se funda la estimación.

345.8. Las firmas del actor y de su letrado patrocinante o del apoderado letrado.

Artículo 346.- Ofrecimiento de todas las pruebas.

346.1. Se acompañará con la demanda toda la prueba documental que se intente hacer valer y que estuviere en poder del demandante. Si no se dispusiere de algún documento, se indicará su contenido y el lugar en que se encuentre y se solicitarán las medidas pertinentes para su incorporación al proceso.

346.2. Se ofrecerán todas las demás pruebas a producir en el juicio. Sólo podrán ser propuestas posteriormente las pruebas que se refieran a los nuevos hechos que invoque la contraparte en la contestación de la demanda y a los hechos nuevos aludidos en el artículo 350.2.

Artículo 347.- Documentos posteriores o desconocidos. Después de interpuesta la demanda, no se admitirán al actor sino documentos de fecha posterior, o anteriores, bajo juramento o afirmación de no haber antes tenido conocimiento de ellos. En tales casos se dará traslado a la otra parte, quien deberá cumplir la carga que prevé el artículo 365.

Artículo 348.- Demanda y contestación conjuntas. El demandante y el demandado, de común acuerdo, podrán presentar al Tribunal la demanda y la contestación en la forma prevista en los artículos 345 y 365. El Juez, sin otro trámite, dictará la providencia de autos si la causa fuere de puro derecho. Si hubiese hechos controvertidos, convocará a la audiencia preliminar.

Artículo 349.- Contralor sobre la demanda.

349.1. Presentada una demanda en condiciones que no se ajusten a los artículos precedentes o a las disposiciones generales que establecen las formalidades para la comparecencia en el proceso, el Tribunal dispondrá que se subsanen los defectos en el plazo que se señale bajo apercibimiento de tenerla por no presentada.

349.2. Si el Tribunal advirtiere que la demanda es manifiestamente improponible, la rechazará de plano, expresando los fundamentos de su decisión. Si se interponen recursos contra la sentencia interlocutoria que rechaza la demanda por improponible, el Tribunal dará conocimiento de la misma y conferirá traslado de los recursos al demandado. La resolución final que recaiga en este último caso, tendrá eficacia para ambas partes.

Artículo 350.- Cambio de demanda. Ampliación.

350.1. Podrá cambiarse la demanda antes de que haya sido notificada.

350.2. Si después de contestada la demanda sobreviniere algún hecho nuevo con influencia sobre el derecho invocado por las partes en el proceso, éstas podrán alegarlo y probarlo hasta la conclusión de la causa; si fuera posterior a ese momento, podrán alegarlo y probarlo en segunda instancia. En todos los casos se concederá a la contraparte las facultades de contradicción y prueba correspondientes.

350.3. Se podrá también ampliar la cuantía de lo reclamado si antes de la sentencia vencieren nuevos plazos o cuotas de la misma obligación. Se considerarán comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido y se sustanciará únicamente con un traslado a la otra parte.

Artículo 351.- Efectos de la demanda.

351.1. La demanda formalmente idónea origina la apertura de la instancia desde la fecha de su presentación. En su virtud:

a) La competencia inicial no se modificará aunque posteriormente se alteren las circunstancias que la determinaron.

b) Las partes conservarán su legitimación aunque los hechos en que ésta se funde hubieren cambiado.

c) La pretensión ejercitada no podrá ser alterada fuera de los límites expresamente permitidos por este Código.

d) Queda excluida la posibilidad de iniciar otro proceso con el mismo contenido.

e) Se producirán los demás efectos jurídicos sustanciales legalmente establecidos.

351.2. Los efectos de la apertura de la instancia podrán ser puestos de manifiesto a petición de parte o de oficio.

Artículo 352.- Traslado de la demanda.

352.1. Presentada la demanda en la forma prescripta, el Juez dará traslado de ella al demandado para que comparezca y la conteste dentro de veinte (20) días.

352.2. Cuando la parte demandada fuere la Provincia, una municipalidad, o comuna, el plazo para comparecer y contestar la demanda será de treinta (30) días.

CAPÍTULO II

CITACIÓN DEL DEMANDADO

Artículo 353.- Demandado domiciliado o residente en la jurisdicción del Juzgado.

353.1. La citación se hará por medio de cédula que se entregará al demandado en su domicilio real, si aquél fuere habido, juntamente con las copias a que se refiere el artículo 135.

353.2. Si no se le encontrare, se le dejará aviso para que espere al día siguiente y si tampoco entonces se le hallare, se procederá según se prescribe en el artículo 154.

353.3. Si el domicilio asignado al demandado por el actor fuere falso, probado el hecho se anulará todo lo actuado, a costa del demandante.

Artículo 354.- Demandado domiciliado o residente fuera de la jurisdicción. Cuando la persona que ha de ser citada no se encontrare en el lugar donde se le demanda, la citación se hará por medio de oficio o exhorto a la autoridad judicial de la localidad en que se halle, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en la ley de trámite uniforme sobre exhortos.

Artículo 355.- Provincia demandada. En las causas en que la Provincia fuere parte, la citación se hará por oficio dirigido al Gobernador. Igualmente el Tribunal hará saber al Fiscal de Estado la iniciación del juicio.

*Artículo 356.- Ampliación y fijación de plazo.

356.1. En los casos del artículo 354, el plazo de veinte (20) días se ampliará en la forma prescripta en el artículo 170.

356.2. Si el demandado residiese fuera de la República, el Juez fijará el plazo en que haya de comparecer atendiendo a las distancias y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones.

(Modificado por art. 3º Ley P. 158)

(Sustitución ap. 1)

*Artículo 357.- Demandado incierto o con domicilio o residencia ignorados.

357.1. La citación a personas inciertas o cuyo domicilio o residencia se ignorase se hará por edictos publicados por dos (2) días en la forma prescripta por los artículos 159, 160 y 161.

357.2. Si vencido el plazo de los edictos no compareciere el citado, se nombrará al Defensor Público para que lo represente en el juicio. El Defensor deberá tratar de hacer llegar a conocimiento del interesado la existencia del juicio y, en su caso, recurrir de la sentencia.

(Modificado por art. 4º Ley P. 158)

(Sustitución ap. 2)

Artículo 358.- Demandados con domicilios o residencias en diferentes jurisdicciones. Si los demandados fuesen varios y se hallaren en diferentes jurisdicciones, el plazo de la citación será para todos el que resulte mayor, sin atender al orden en que las notificaciones fueron practicadas.

Artículo 359.- Citación defectuosa. Si la citación se hiciere en contravención a lo prescripto en los artículos que preceden, será nula y se aplicará lo dispuesto en el artículo 163.

CAPÍTULO III

EXCEPCIONES PREVIAS

Artículo 360.- Excepciones. El demandado en el escrito de contestación de demanda puede plantear como excepciones previas:

360.1. La incompetencia del Tribunal.

360.2. La litispendencia.

360.3. El defecto en el modo de proponer la demanda, la inadecuación del trámite dado a la misma o la indebida acumulación de pretensiones.

360.4. La incapacidad del actor o de su representante o la falta de personería de este último.

360.5. La prescripción o la caducidad si pudieran resolverse como de puro derecho.

360.6. La cosa juzgada. Para que sea procedente esta excepción, el examen integral de las dos (2) contiendas debe demostrar que se trata del mismo asunto sometido a decisión judicial, o que por existir continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, la sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o la pretensión deducida en el nuevo juicio que se promueve.

360.7. La transacción; la conciliación y el desistimiento del derecho.

360.8. La falta de legitimación o interés, cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda.

360.9. Las defensas temporarias que se consagran en las leyes generales, tales como el beneficio de inventario o el de excusión, o las previstas en los artículos 2486 y 3357 del Código Civil.

El Tribunal declarará de oficio la incompetencia absoluta, la litispendencia, la falta de representación, la incapacidad declarada del actor o de su representante, la caducidad, la cosa juzgada y la transacción.

*Artículo 361.- Arraigo. Si el demandante no tuviere domicilio real ni bienes inmuebles en la Provincia, será también excepción previa la del arraigo por las responsabilidades inherentes a la demanda. Esta excepción no podrá ser opuesta en los juicios laborales y los demás de naturaleza alimentaria.

(Sustituido por art. 5º Ley 158)

Artículo 362.- Planteamiento de las excepciones y traslado. Con el escrito en que se propusieren las excepciones, se agregará toda la prueba instrumental y se ofrecerá la restante. De todo ello se dará traslado al actor, quien deberá cumplir con idéntico requisito y contestarlas dentro del plazo de diez (10) días.

Artículo 363.- Resolución. La resolución y efectos de las excepciones previas se regirá por lo dispuesto en el artículo 371.

CAPÍTULO IV

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y RECONVENCIÓN

Artículo 364.- Plazo. El demandado deberá contestar la demanda dentro del plazo establecido en el artículo 352, con la ampliación que corresponda en razón de la distancia.

*Artículo 365.- Contenido y requisitos. En la contestación opondrá el demandado todas las excepciones o defensas de fondo.

Deberá además:

a) Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias se acompañen. Su silencio, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran. En cuanto a los documentos se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso.

No estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente, el Defensor Público, el demandado que interviniere en el proceso como sucesor a título universal de quien participó en los hechos o suscribió los documentos, o recibió las cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba;

b) Especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa;

c) Observar, en lo aplicable, los requisitos prescriptos en los artículos 345 y 346.

(Modificado por art. 6º Ley P. 158)

(Sustitución inc. a) párrafo 2º)

Artículo 366.- Reconvención.

366.1. La reconvención sólo procederá cuando se den los supuestos del artículo 97, incisos b) y c).

366.2. Serán aplicables en lo pertinente, todas las reglas establecidas respecto de la demanda.

Artículo 367.- Traslado de la reconvención y de los documentos. Propuesta la reconvención, o presentándose documentos por el demandado, se dará traslado al actor quien deberá responder dentro de veinte (20) o cinco (5) días respectivamente, observando las normas establecidas para la contestación de la demanda.

Para el demandado regirá lo dispuesto en el artículo 347.

Artículo 368.- Trámite posterior según la naturaleza de la cuestión. Con el escrito de contestación de la demanda, o la reconvención, en su caso, o vencidos los plazos para hacerlo, se convocará a la audiencia preliminar. Si fuere de puro derecho, se conferirá nuevo traslado por su orden, con lo que la causa quedará conclusa para definitiva.

CAPÍTULO V

AUDIENCIAS PRELIMINAR Y COMPLEMENTARIA

Artículo 369.- Audiencia preliminar.

369.1. Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo motivo fundado, a juicio del Tribunal, que justificare la comparecencia por representante.

369.2. Las personas jurídicas y los incapaces, comparecerán por intermedio de sus representantes.

Todo, sin perjuicio del patrocinio letrado obligatorio.

369.3. Si por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas, una de las partes no pudiere comparecer, la audiencia podrá diferirse por una sola vez.

369.4. La parte que injustificadamente no compareciere no podrá plantear en lo sucesivo cuestión ni recurso alguno respecto de las resoluciones que se pronuncien en el curso de la audiencia. Asimismo se le darán por reconocidos los hechos afirmados en la demanda o contestación por la contraparte que asista, salvo prueba en contrario o que se tratare de cuestiones que afecten el orden público.

369.5. Lo dispuesto en el apartado anterior será aplicable, en lo pertinente, cuando mediare reconvención.

Artículo 370.- Contenido de la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar se cumplirán las siguientes actividades:

370.1. Tentativa de conciliación, que deberá realizar el Tribunal, respecto de todos o alguno de los puntos controvertidos.

370.2. Ratificación de la demanda y de la contestación y, en su caso, de la reconvención y de la contestación a la misma, pudiéndose alegar hechos nuevos siempre que no modifiquen la pretensión o la defensa, así como aclarar sus extremos si resultaren oscuros o imprecisos, a juicio del Tribunal o de las partes.

370.3. Recepción de la prueba sobre las excepciones, en la situación extraordinaria de entender el Tribunal que existe algún hecho a probar, en cuyo caso se recibirán exclusivamente las pruebas solicitadas en el escrito en que se hubieren opuesto las excepciones y en la contestación de las mismas.

370.4. Dictado de sentencia interlocutoria con el fin de sanear el proceso para resolver los problemas planteados por las excepciones procesales propuestas o las nulidades denunciadas o las que el Tribunal hubiere advertido y decidir, a petición de parte o de oficio, todas las cuestiones que obstaren a la decisión de mérito, incluyendo la improponibilidad de la demanda y la legitimación en la causa, cuando ésta sea definible al comienzo del litigio. El Tribunal podrá prorrogar la audiencia a los efectos de lo dispuesto en el apartado 3, pero en la siguiente oportunidad deberá recibirse la totalidad de la prueba y pronunciarse la sentencia interlocutoria.

370.5. Fijación definitiva del objeto del proceso y de la prueba; pronunciamiento sobre los medios de prueba solicitados por las partes, rechazando los que fueren inadmisibles, innecesarios o inconducentes, disponiéndose la ordenación y diligenciamiento de los que correspondan; recepción de los que fuere posible diligenciar en la propia audiencia y fijación de otra complementaria para el diligenciamiento de los restantes, acordándose lo necesario para que en ocasión de esa audiencia complementaria se diligencien totalmente las pruebas que no se hubieren recibido en la audiencia preliminar.

Las partes podrán proponer nuevos medios de prueba que, a juicio del Tribunal, refieran a hechos nuevos o a rectificaciones hechas en la propia audiencia.

Artículo 371.- Resoluciones dictadas en la audiencia.

371.1. Las resoluciones dictadas en el curso de la audiencia admiten recurso de reposición, el que deberá proponerse en la propia audiencia y decidirse en forma inmediata por el Tribunal.

371.2. La sentencia interlocutoria que resuelve las excepciones, admite el recurso de apelación con efecto diferido, conforme con lo dispuesto por el artículo 273.3.

Pero la sentencia interlocutoria que haga lugar a las excepciones previstas en los apartados 1, 5, 6 , 7 y 8 del artículo 360, así como toda otra que obste a la prosecución del proceso, admitirá recurso de apelación con efecto suspensivo, que deberá anunciarse en la propia audiencia e interponerse conforme con lo dispuesto en el artículo 276, apartado 2.

371.3. Si se acoge la excepción de incompetencia, se procederá a remitir el expediente al Tribunal considerado competente si perteneciere a la jurisdicción provincial. En caso contrario se archivará.

371.4. Si prosperare alguna de las excepciones contempladas en los incisos 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo 360, se mandará a archivar el expediente, salvo cuando en el caso del inciso 9 sólo correspondiere la suspensión del procedimiento.

371.5. Si la sentencia interlocutoria acoge la excepción de litispendencia, ordenará el archivo del expediente.

371.6. Si acoge la excepción de defecto legal, la parte subsanará los defectos en la propia audiencia, de lo cual se dejará constancia en acta resumida y se continuará con el acto, otorgándose al demandado oportunidad para complementar su contestación, atendidas las aclaraciones o precisiones formuladas por el actor.

371.7. Si acoge las excepciones de falta de capacidad o de personería, se otorgará un plazo de diez (10) días para subsanar el defecto, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda.

371.8. Si se mandase prestar arraigo se fijará el monto de la caución y el plazo para su cumplimiento, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda.

371.9. Si se dispone la citación de un tercero, se procederá a su emplazamiento conforme a derecho.

En estos dos últimos casos, se suspenderá la audiencia a sus efectos.

371.10. Se dictará una sola sentencia, la cual decidirá todas las excepciones previas saneando el proceso, salvo que el Tribunal se declare incompetente, en cuyo caso no resolverá otras cuestiones.

371.11. Resueltas todas esas cuestiones, se pasará a recibir la prueba, total o parcialmente y a disponer, cuando ello sea necesario, una audiencia complementaria.

371.12. Si la prueba se hubiere diligenciado totalmente o se resolviere prescindir de la aún no diligenciada o el asunto fuere de puro derecho, proseguirá la audiencia conforme a lo dispuesto en el artículo 372.6.

371.13. Las manifestaciones del Tribunal en esta audiencia y en cuanto ordenadas al cumplimiento de las actividades previstas, en ningún caso significarán prejuzgamiento.

Artículo 372.- Audiencia complementaria.

372.1. Si la prueba no hubiere podido diligenciarse en la audiencia preliminar, total o parcialmente, se citará a las partes para la audiencia complementaria de prueba en el más breve tiempo posible, considerando el que insumirán las diligencias que se hubiere dispuesto realizar fuera de audiencia (inspecciones, pericias, informes y similares), a fin de que las mismas estén cumplidas en oportunidad de la audiencia complementaria.

372.2. La audiencia complementaria no se suspenderá ni se dejará de diligenciar la prueba por ausencia de una de las partes, salvo el caso de que, por única vez, el Tribunal entienda procedente prorrogarla por existir razones de fuerza mayor que afecten a una de ellas.

También podrá prorrogarse, por única vez, de oficio o a petición de parte, si faltare diligenciar alguna prueba que deba ser cumplida fuera de la audiencia, siempre que el Tribunal la considerare indispensable para la instrucción, en cuyo caso arbitrará los medios necesarios para que esté diligenciada en la fecha fijada para la reanudación de la audiencia.

372.3. En todo caso, la ausencia a la audiencia complementaria de prueba determinará una presunción desfavorable a la parte inasistente.

372.4. En la audiencia complementaria se recibirá toda la prueba y se oirá a los peritos y testigos, los cuales permanecerán aguardando su término, a los efectos de eventuales aclaraciones o careos, salvo que el Tribunal autorice su retiro.

372.5. Todo lo actuado se documentará según lo dispuesto en los artículos 129 y 130, agregándose todos los informes y demás documentos recibidos. En el acta se podrán insertar las constancias que las partes soliciten, en especial las concernientes a declaraciones e informes y todo lo demás que resulte necesario, a juicio del Tribunal.

En particular, se dejará constancia de las resoluciones del Tribunal rechazando o admitiendo alguna prueba controvertida, así como de la interposición de recursos y, en su caso, de lo decidido por el Tribunal a su respecto.

372.6. Acto seguido las partes y en su caso el Ministerio Público dispondrán, por su orden, de treinta (30) minutos cada una para la formulación verbal de los alegatos. El Tribunal podrá, excepcionalmente, otorgar un plazo no mayor de diez (10) días para que las partes presenten sus alegatos por escrito, cuando se trate de asuntos de especial complejidad.

372.7. Luego de los alegatos el expediente se pondrá a despacho para dictar sentencia dentro del plazo previsto por el artículo 180.

CAPÍTULO VI

PRUEBA

Sección Primera

Reglas generales

Artículo 373.- Necesidad de la prueba. Corresponde probar los hechos que invoquen las partes y sean controvertidos. También requieren prueba los hechos, aun admitidos, si se tratare de cuestiones de orden público, o que no pudieran ser objeto de transacción según normas del derecho de fondo.

Artículo 374.- Exención de prueba. No requieren ser probados:

374.1. Los hechos notorios, salvo si constituyen el fundamento de la pretensión y no son admitidos por las partes.

374.2. Los hechos evidentes.

374.3. Los hechos presumidos por la ley. Contra tales presunciones es admisible la prueba en contrario, siempre que la ley no la excluya.

Artículo 375.- Carga de la prueba.

375.1. Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el Juez o el Tribunal no tenga el deber de conocer.

Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.

375.2. La distribución de la carga de la prueba no obstará a la iniciativa probatoria del Tribunal ni a su apreciación, conforme con las reglas de la sana crítica, de las omisiones o deficiencias de la prueba.

Artículo 376.- Valoración de la prueba.

376.1. Las pruebas se apreciarán tomando en cuenta cada una de las producidas y en su conjunto, racionalmente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa.

376.2. El Tribunal indicará, concretamente, cuáles medios de prueba fundan principalmente su decisión.

Artículo 377.- Regla de experiencia. A falta de reglas legales expresas, para inferir del hecho conocido el hecho a probar, el Tribunal aplicará las reglas de la experiencia común extraídas de la observación de lo que normalmente acaece.

Artículo 378.- Producción de la prueba. Todas las pruebas deben ser producidas en audiencia y conforme con lo que se dispone en el Libro II, salvo disposición especial en contrario.

Artículo 379.- Prueba del derecho. El derecho a aplicar, sea nacional o extranjero, no requiere prueba. El Tribunal y las partes podrán acudir a todo procedimiento legítimo para acreditarlo.

Artículo 380.- Rechazo de la prueba. Una vez que en la oportunidad correspondiente queden determinados los hechos a probar, el Tribunal rehusará, a petición de parte o de oficio -con mención expresa de este fundamento- el diligenciamiento de las pruebas manifiestamente inconducentes o prohibidas por la ley. Asimismo y al dictar sentencia, desechará las pruebas impertinentes.

Artículo 381.- Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro y tendrán eficacia similar a la que tendrían de haber sido diligenciadas en este último proceso, siempre que en el primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

Artículo 382.- Medios de prueba.

382.1. Son medios de prueba los documentos, la declaración de parte, la de testigos, el dictamen pericial, el examen judicial y las reproducciones de hechos.

382.2. También podrán utilizarse otros medios probatorios aplicando analogicamente las normas que disciplinan a los expresamente previstos por la ley.

Artículo 383.- Inapelabilidad. Serán inapelables las resoluciones del Juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas. Si se hubiera negado alguna medida la parte interesada podrá solicitar a la Cámara que la diligencie cuando el expediente le fuere remitido para que conozca del recurso contra la sentencia definitiva.

Sección Segunda

De la declaración de parte

Artículo 384.- Admisibilidad. Las partes podrán recíprocamente pedirse posiciones o interrogarse en la audiencia de prueba, sin perjuicio de las facultades que asigna al Tribunal el artículo 50.5. El interrogatorio también procederá respecto de cualquier litigante con interés distinto de aquél que lo solicita.

Artículo 385.- Interrogatorio.

385.1. El interrogatorio se hará por el Tribunal, sea el dispuesto de oficio o a pedido de parte. Las preguntas recaerán sobre los hechos controvertidos; terminado el interrogatorio, las partes, por intermedio de sus abogados, podrán interrogarse libremente, pero sujetas a la dirección del Tribunal, conforme a lo dispuesto por el artículo 397.3.

385.2. El interrogatorio de la parte podrá efectuarse por el Tribunal en el curso de cualquier audiencia, de oficio o a solicitud de la parte contraria, sin necesidad de previa citación.

385.3. También podrá efectuarse, previa citación específica para ese acto y con la prevención a que refiere el apartado siguiente, a iniciativa del Tribunal o a petición de parte que deberá formularse en la forma y oportunidad prescripta por el artículo 386.

385.4. La no comparecencia a la citación, sin causa justificada así como la negativa a contestar o las respuestas evasivas o inconducentes, harán presumir ciertos los hechos de la demanda o de la contestación, en su caso, susceptibles de ser probados por confesión.

Artículo 386.- Posiciones.

386.1. Las partes pueden ponerse recíprocamente posiciones. Deberán formular la solicitud respectiva junto con el ofrecimiento de prueba. El pliego que las contenga deberá presentarse hasta media hora antes de la audiencia de prueba bajo apercibimiento de tenerla por desistida. Respecto del proceso laboral se estará a lo que específicamente se regula sobre la materia.

386.2. La citación deberá entregarse en el domicilio constituido del absolvente con tres (3) días de anticipación por lo menos; en ella se apercibirá de que si no compareciere, se negare a responder o lo hiciere con evasivas, se le tendrá por confeso.

386.3. El pliego contendrá posiciones que serán redactadas en forma asertiva, no pudiendo versar cada posición más que sobre un hecho concreto, o algún otro íntimamente ligado.

Artículo 387.- Formas.

387.1. La declaración y la absolución deberán ser hechas por la parte personalmente.

387.2. El Tribunal podrá disponer el interrogatorio de menores púberes, lo que se efectuará en presencia de su representante legal, salvo casos de imposibilidad que el Tribunal apreciará libremente.

387.3. Podrá interrogarse o citarse a absolver posiciones a los apoderados, por los hechos realizados por éstos en nombre de sus mandantes.

387.4. La persona jurídica citada, deberá designar a la persona física que la integra que habrá de comparecer al acto de interrogatorio o de absolución por su conocimiento de los hechos controvertidos; sin perjuicio de ello, el Tribunal podrá disponer o la parte contraria solicitar, el interrogatorio de cualquier otra persona que tenga la condición de representante estatutario o legal de la persona jurídica o integrante de su dirección.

Artículo 388.- Interrogatorio y absolución fuera del lugar del proceso. Cuando se tratare de parte que se domicilie en el extranjero o a más de trescientos (300) kilómetros de la sede del Tribunal, el interrogatorio o la absolución podrá efectuarse por medio de Tribunal comisionado.

Artículo 389.- Confesión.

389.1. La confesión de parte se realiza por ésta o su representante, si al contestar el interrogatorio, al absolver posiciones o en cualquier otro acto escrito u oral del proceso, admite la veracidad de un hecho personal o de su conocimiento, desfavorable a su interés y favorable a la adversaria.

389.2. La confesión judicial hace prueba contra la parte que la realiza, salvo que se tratare de hechos respecto de los cuales la ley exige otro medio de prueba o recayere sobre derechos indisponibles. Cesa de hacer fe cuando constare haber sido determinada por error, violencia o dolo.

389.3. La confesión ficta a que refieren los artículos 385.4 y 386.2 hace prueba, salvo en lo que resultare contradicha por las demás pruebas producidas u otras circunstancias de la causa.

Sección Tercera

De la declaración de testigos

Artículo 390.- Admisibilidad. La prueba testimonial es siempre admisible, salvo que la ley disponga lo contrario.

Artículo 391.- Testigos. Podrá declarar como testigo cualquier persona física, excepto:

391.1. Los menores de catorce años.

391.2. Los que por enfermedad física o psíquica en el tiempo al cual debe referirse su declaración, eran incapaces de percibir el hecho a probar.

391.3. Los que por enfermedad física o psíquica al tiempo de la declaración son incapaces de comunicar sus percepciones.

Artículo 392.- Exenciones al deber de testimoniar.

392.1. Tienen la facultad de abstenerse de testimoniar, el cónyuge, aun separado, los parientes consanguíneos hasta el segundo grado, los afines en primer grado y los padres e hijos adoptivos, salvo, para todos ellos, que el proceso refiera a cuestiones de estado o de filiación y, en general, a cualquier hecho íntimo.

392.2. Asimismo pueden rehusarse a contestar preguntas que violen su deber o facultad de reserva, aquéllos que están amparados por el secreto profesional o que por disposición de la ley deban guardar secreto.

Artículo 393.- Testigos sospechosos. Constituyen declaraciones sospechosas las de aquéllos que, en concepto del Tribunal, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencia, sentimientos o interés en relación a las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas similares.

Artículo 394.- Prueba de las circunstancias de sospecha.

394.1. Las circunstancias que afectan la credibilidad e imparcialidad de testigos, serán acreditadas por las partes por cualquier medio idóneo en la etapa de producción de la prueba y serán apreciadas por el Tribunal en la sentencia.

394.2. La admisión por el testigo de la circunstancia imputada dispensa de toda otra prueba.

394.3. El Tribunal, al valorar la prueba, tendrá en cuenta las circunstancias sospechosas que disminuyen la fe de quien presta la declaración.

Artículo 395.- Petición de la prueba testimonial.

395.1. Cuando se solicite prueba testimonial se deberá indicar el nombre y domicilio de los testigos y enunciarse, sucintamente, el objeto de la prueba.

395.2. Sobre cada hecho a probar no podrá proponerse más de cinco (5) testigos, salvo que exista motivo fundado a juicio del Tribunal.

Artículo 396.- Citación del testigo.

396.1. Los testigos serán citados con tres (3) días de anticipación, por lo menos, por cédula en la que se señalará el deber de comparecer y la sanción para el caso de desobediencia.

396.2. Se prescindirá de la citación cuando la parte que propuso al testigo asumiera la carga de hacerlo comparecer; en este caso si el testigo no concurriera sin justa causa, se prescindirá de su testimonio, salvo lo dispuesto en el artículo 50.5.

396.3. El testigo, que citado por el Tribunal rehúse comparecer, será conducido a presencia de aquél por la fuerza pública.

396.4. No se descontará del salario del testigo compareciente, el tiempo que estuvo a disposición del Tribunal.

Artículo 397.- Audiencia de declaración. La declaración de los testigos se realizará en audiencia presidida por el Tribunal, interrogándose a cada uno separadamente, previa promesa o juramento de decir verdad y conforme con las siguientes reglas:

397.1. El Tribunal, previa lectura de las disposiciones legales que reprimen el falso testimonio, interrogará al testigo, en primer lugar, acerca de su nombre, edad, estado civil, domicilio, nacionalidad, profesión, ocupación, estudios que haya cursado y demás circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si existe en relación con él algún motivo de sospecha; a continuación ordenará al testigo que haga un relato de los hechos objeto de su declaración, interrogándole sobre ello.

397.2. El Tribunal exigirá al testigo que exponga la razón de conocimiento de sus dichos, con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma cómo llegó a su conocimiento.

397.3. Terminado el interrogatorio por el Tribunal, las partes podrán interrogar libremente al testigo por intermedio de sus abogados bajo la dirección del Tribunal que en todo momento podrá hacer nuevas preguntas, rechazar cualquier pregunta que juzgare inconducente, innecesaria, dilatoria, perjudicial o agraviante para el testigo, así como dar por terminado el interrogatorio.

397.4. El testigo no podrá leer notas ni apuntes, a menos que el Tribunal lo autorice cuando se trate de preguntas referidas a cifras, fechas o en los demás casos que se considerare justificado.

397.5. Concluida la declaración, el testigo sólo podrá ausentarse de la sede del Tribunal cuando éste lo autorice.

397.6. A solicitud del testigo, se expedirá constancia de su concurrencia a la audiencia, la que constituirá justificativo suficiente, en lo laboral, relativo a haberes a percibir por horas no trabajadas.

Artículo 398.- Careo. Podrá ordenarse de oficio o a petición de parte, careos de los testigos entre sí o de éstos con las partes, con fines aclaratorios.

Artículo 399.- Declaración por informe. Sólo podrán dar testimonio por certificación o informe, el Gobernador, el Vicegobernador, los Legisladores, los Magistrados, los Ministros del Poder Ejecutivo, el Fiscal de Estado, los intendentes, los concejales municipales y comunales, y los diplomáticos extranjeros cuando correspondiera de acuerdo con las normas del Derecho Internacional.

Artículo 400.- Testigo falso. Si el Tribunal ante quien se presenta la declaración considera que el testigo falta a sabiendas a la verdad, dispondrá su detención y lo pondrá a disposición del Tribunal competente en materia penal, con los antecedentes del caso.

Sección Cuarta

De los documentos

Artículo 401.- Presentación del documento. La parte que quiera servirse de un documento que tiene en su poder, podrá presentarlo al Tribunal en las oportunidades prescriptas al efecto en este Código.

Artículo 402.- Documentos en oficinas públicas.

402.1. La parte que quiera servirse de un documento que se encuentre en una oficina pública, podrá solicitarlo por intermedio del Tribunal. El abogado o el procurador de la parte podrá también requerir directamente testimonio o facsímil autenticado del mismo, especificando el proceso al que se destina.

402.2. En caso de que el requerido se negare, invocando una causa de reserva, se estará a lo que decida el Tribunal al respecto.

Artículo 403.- Documentos en poder de terceros.

403.1. Cuando las partes quieran servirse de documentos que están en poder de terceros, deberán solicitar al Tribunal que disponga su presentación.

403.2. El requerido podrá oponerse a esa presentación si el documento fuera de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiere ocasionarle perjuicio lo que apreciará el Tribunal.

Artículo 404.- Documentos en poder del adversario.

404.1. La parte que quiera servirse de un documento que según su manifestación se halla en poder de su adversario, podrá pedir al Tribunal que intime a aquél su presentación en el plazo que se determine.

404.2. Cuando por otros elementos del juicio, la existencia y contenido del documento resultare manifiestamente verosímil, la negativa a presentarlo podrá ser estimada como reconocimiento de ese contenido.

Artículo 405.- Prueba de libros de comercio. La prueba de libros y demás documentación comercial se regirá por las disposiciones de las leyes mercantiles.

Artículo 406.- Autenticidad de los documentos.

406.1. El documento público se presume auténtico mientras no se demuestre lo contrario mediante redargución de falsedad; igual regla se aplicará al documento privado cuyas firmas se encuentren autenticadas por notario o autoridad competente.

406.2. Los demás documentos privados emanados de las partes, se tendrán por auténticos, salvo que se desconozca su firma si están suscriptos o la autoría, si no lo están, en las oportunidades que se indican en el artículo siguiente.

Artículo 407.- Desconocimiento del documento privado emanado de la parte.

407.1. Si los documentos se presentan con la demanda o con la reconvención, la parte contraria sólo podrá desconocerlos al contestarlas.

407.2. Si se presentan con la contestación de la demanda o de la reconvención o en cualquier otra oportunidad en que ello fuera admisible, el desconocimiento deberá formularse dentro de los cinco (5) días siguientes al de la notificación de la providencia que ordena su traslado, salvo si se agregaran en audiencia, en cuyo caso el desconocimiento deberá realizarse en la misma.

Artículo 408.- Redargución de falsedad.

408.1. La redargución de falsedad de un instrumento público tramitará por incidente que deberá promoverse dentro del plazo de diez (10) días de realizada la impugnación, bajo apercibimiento de tenerla por desistida. Será inadmisible si no se indican los elementos y no se ofrecen las pruebas tendientes a demostrar la falsedad. Admitido el requerimiento, el Juez suspenderá el pronunciamiento de la sentencia, para resolver el incidente juntamente con ésta. Será parte el oficial público que extendió el instrumento.

408.2. Si de la tramitación del incidente surgiere la posibilidad de la existencia de un delito, se dará cuenta al Tribunal competente en lo Penal; el proceso penal por falsedad no detiene la tramitación del proceso civil, ni su sentencia modificará las conclusiones de este último, salvo lo dispuesto en el artículo 303.2.

Artículo 409.- Reconocimiento de documentos privados.

409.1. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 406.2, la parte que desee servirse de un documento privado emanado de la contraparte, podrá, si lo creyere conveniente o en los casos en que la ley lo determina, pedir su reconocimiento por el autor o por sus sucesores.

409.2. Citado el autor por única vez, por el plazo de cinco (5) días, si no concurriere, se tendrá por reconocido el documento; lo mismo ocurrirá si, concurriendo, diere respuestas evasivas.

409.3. Los sucesores podrán manifestar que no les consta que la autoría del documento sea de su causante; pero si no concurrieren a la citación, se tendrá el documento por reconocido.

409.4. Si el documento emanara del apoderado o representante legal, se podrá citar, indistintamente, al representante o al representado. Si el primero reconociere el documento o no concurriere a la citación o si, concurriendo, diere respuestas evasivas, se tendrá al documento como auténtico para el representado, una vez probada la representación al tiempo del otorgamiento.

Artículo 410.- Cotejo de letras o firmas. En los casos de desconocimiento de las firmas o de manifestación de ignorancia de su autoría, la parte que intenta servirse del documento podrá recurrir, para demostrar su autenticidad, a la pericia caligráfica mediante el cotejo con otros documentos indubitables o a cualquier otro medio de prueba.

Artículo 411.- Documentos admisibles e inadmisibles.

411.1. Podrán presentarse toda clase de documentos, aunque no sean manuscritos, como ser fotografías, radiografías, mapas, diagramas, calcos, películas cinematográficas y otros similares.

411.2. No serán admitidas como medios de prueba las cartas misivas dirigidas a terceros, salvo en materia relativa al estado civil de las personas, quiebra, concurso y en juicios de o contra el Estado y demás personas públicas.

Artículo 412.- Documentos incompletos.

412.1. Los instrumentos rotos, alterados, quemados o raspados en parte sustancial, no hacen fe.

412.2. Tampoco hacen fe los documentos en la parte que estuvieren enmendados o interlineados, si la enmendadura o entrelínea no fuere salvada mediante la firma del autor o autorizante del documento.

Sección Quinta

De la prueba pericial

Artículo 413.- Procedencia.

413.1. Procede la prueba pericial, cuando para verificar hechos que interesen al proceso son necesarios conocimientos artísticos, científicos o técnicos especiales.

413.2. Las partes no podrán solicitar sino un dictamen pericial sobre un mismo punto, salvo que se produjera la impugnación de sus conclusiones en tiempo y forma. El Tribunal podrá disponer de oficio un nuevo dictamen cuando, a su juicio, procediere.

Artículo 414.- Número de peritos por cada especialidad. El perito será uno (1) solo designado por el Tribunal, por sorteo, salvo que las partes, de común acuerdo, decidan otra cosa o lo requiera la complejidad de la cuestión a juicio del mismo Tribunal, quien también podrá, según las circunstancias, solicitar el dictamen de institutos, academias, colegios u otros organismos. Cada parte tiene la facultad de designar un consultor técnico.

Artículo 415.- Impedimentos y recusaciones de los peritos.

415.1. Los peritos están impedidos y son recusables por las mismas causales que los Jueces.

415.2. La causal deberá ser dada a conocer por el perito o por las partes dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la providencia que lo designe, o de la audiencia en que se haga su designación.

415.3. Si aducida causal de recusación, la misma no fuera aceptada por el perito, se procederá por el trámite de los incidentes y la resolución que recaiga será irrecurrible.

415.4. La recusación de los peritos propuestos por las partes sólo podrá fundarse en causas sobrevinientes.

Artículo 416.- Procedimiento. Puntos de pericia.

416.1. La parte que solicite un dictamen pericial señalará concretamente las cuestiones sobre las cuales debe versar; al conocer esa solicitud el adversario podrá adherir a la misma agregando nuevos puntos.

416.2. El Tribunal resolverá sobre la procedencia de la solicitud y determinará los puntos que han de ser objeto del dictamen de acuerdo con las proposiciones de las partes y los que de oficio considere conveniente formular. Asimismo fijará el plazo en el que deberá presentarse el dictamen, pudiendo prorrogarlo por una sola vez en caso de motivo fundado, vencido el cual, caducará el encargo.

Artículo 417.- Práctica de la prueba.

417.1. Los peritos, en caso de ser varios, deberán practicar unidos la diligencia.

417.2. En todos los casos se comunicará al Tribunal y a las partes la fecha en que se habrá de practicar la diligencia, a los efectos de que puedan concurrir asistidos por sus abogados y sus asesores técnicos, pudiendo hacer las observaciones que estimen convenientes.

Artículo 418.- Deber del encargo y responsabilidad.

418.1. Los peritos designados tienen el deber de cumplir sus funciones, salvo justa causa de abstención que deberán poner en conocimiento del Tribunal dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación de su designación y que aquél apreciará libremente.

418.2. El incumplimiento por el perito del encargo judicial lo hará pasible de responsabilidad civil frente a las partes y disciplinaria ante el Tribunal.

Artículo 419.- Observaciones al dictamen.

419.1. El dictamen pericial será comunicado a las partes y éstas, en el plazo de cinco (5) días luego de aquella comunicación o en la audiencia de prueba, podrán pedir las aclaraciones o ampliaciones que estimen pertinentes, las que serán evacuadas durante el curso de la audiencia o, si ello no fuera posible, en el plazo que establezca el Tribunal. En todos los casos, el dictamen será examinado en la audiencia, a la que deberá concurrir el perito.

419.2. También, en las mismas oportunidades, las partes podrán impugnar las conclusiones del peritaje, aportando las pruebas que fundamentan la impugnación o solicitando la realización de un nuevo peritaje por una sola vez.

419.3. El Tribunal también podrá requerir del perito las aclaraciones y ampliaciones que estime convenientes y disponer, por pedido de la parte o de oficio, la realización de un nuevo peritaje.

Artículo 420.- Apreciación del dictamen. Los dictámenes de los peritos, salvo el caso de que las partes le hayan dado a éstos el carácter de arbitradores respecto de los hechos establecidos en sus conclusiones y se trate de derechos disponibles, serán apreciados por el Tribunal de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiendo consignar en el fallo los motivos que tenga para apartarse de ellos cuando así lo haga.

Artículo 421.- Honorarios de los peritos.

421.1. Los honorarios de los peritos serán a cargo de la parte vencida en costas, salvo que el dictamen no haya sido tomado como elemento de convicción en la sentencia, en cuyo caso, serán a cargo de la parte que solicitó la prueba.

421.2. En los casos en que la pericia hubiere sido dispuesta de oficio por el Tribunal, requerida por ambas partes o si, pedida por una, la otra también hubiere solicitado pronunciamiento sobre determinadas cuestiones, los honorarios serán satisfechos por mitades.

421.3. En el peritaje solicitado por las partes se deberá consignar, previamente, con apercibimiento de tenerse por renunciada esa prueba, una suma adecuada que fijará el Tribunal para afrontar el pago de los gastos que demande aquél.

Sección Sexta

Inspección judicial y reconstrucción de hechos

Artículo 422.- Inspección judicial. El Tribunal, a petición de las partes o de oficio, puede inspeccionar personas, lugares o cosas con la finalidad de esclarecer hechos que interesen a la decisión del proceso.

Artículo 423.- Procedimiento de la inspección judicial.

423.1. Al ordenarse la prueba se individualizará su objeto y se determinará la fecha y lugar en que se realizará pudiéndose disponer la concurrencia de peritos o de testigos a dicho acto.

423.2. A la diligencia asistirá el Tribunal y podrán hacerlo las partes con sus abogados y asesores técnicos, quienes podrán formular las observaciones pertinentes, de las que se dejará constancia en acta en forma resumida.

423.3. A los peritos se les requerirá las explicaciones técnicas del caso, pudiendo el Tribunal por excepción, disponer que informen por separado en el plazo que se les fijará al efecto.

423.4. A los testigos se les interrogará libremente sobre el objeto de la inspección.

Artículo 424.- Reconstrucción de hechos. Por el mismo procedimiento podrá procederse a la reconstrucción de los hechos bajo la dirección del Tribunal, labrándose acta resumida en la que conste la realización de la diligencia y sus detalles, sin perjuicio de la utilización de medios técnicos para el registro de lo actuado.

Artículo 425.- Colaboración para la práctica de la medida probatoria.

425.1. Los terceros y las partes tienen el deber de prestar la máxima colaboración para la efectiva y adecuada realización de las inspecciones, reconstrucciones y pericias. En caso de injustificado rehusamiento de los terceros a prestar la colaboración el Tribunal adoptará las medidas conminatorias apropiadas remitiendo, si correspondiere, testimonio de lo actuado a la justicia penal a los efectos pertinentes.

425.2. Si la colaboración referida causare gastos u otro menoscabo patrimonial a los terceros, el Tribunal fijará en forma irrecurrible las cantidades que las partes, conforme con el régimen del artículo 421, habrán de abonar a título de indemnización. Ello sin perjuicio de las acciones que competa ejercer al tercero en defensa de sus derechos.

425.3. Si quien debiera prestar colaboración fuera una de las partes y se negara injustificadamente a suministrarla, el Tribunal le intimará a que la preste. Si a pesar de ello se persistiera en la resistencia, el Tribunal dispondrá se deje sin efecto la diligencia, debiéndose interpretar la negativa a colaborar en la prueba como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria respecto del hecho que se quiere probar, salvo prueba en contrario.

Sección Séptima

Prueba de informes

Artículo 426.- Procedencia.

426.1. Los informes que se soliciten a las oficinas públicas, escribanos con registro y entidades o personas privadas deberán versar sobre hechos concretos claramente individualizados, controvertidos en el proceso. Procederán únicamente respecto de actos o hechos que resulten de la documentación, archivo o registros contables del informante. Asimismo, podrá requerirse a las oficinas públicas la remisión de expedientes, testimonios o certificados, relacionados con el juicio.

426.2. No será admisible el pedido de informe que manifiestamente tienda a sustituir o ampliar otro medio de prueba que específicamente corresponda por la ley o por la naturaleza del hecho a probar.

426.3. Cuando el requerimiento fuere procedente, el informe sólo podrá ser negado si existiere causa de reserva o secreto, circunstancia que deberá ponerse en conocimiento del Tribunal dentro del quinto día de recibido el oficio, estándose a lo que éste resuelva.

426.4. El Tribunal, cuando lo entienda conveniente, podrá disponer que el informe sea recabado directamente por uno de sus funcionarios.

426.5. Los abogados, escribanos y procuradores tienen derecho a solicitar, en cualquier oficina pública, testimonio de cualquier documento o actuación administrativa o jurisdiccional, expresando que se hace para presentarlo como prueba en proceso iniciado o a iniciarse o con otra finalidad igualmente legítima.

Artículo 427.- Colaboración del informante. Corresponderá aplicar, respecto del diligenciamiento de esta prueba, lo establecido en el artículo 425 apartados 1 y 2, en lo que fuere pertinente.

Artículo 428.- Facultades de la contraparte.

428.1. La contraparte podrá formular las peticiones tendientes a que los informes sean completos y ajustados a los hechos a que han de referirse.

428.2. También podrán impugnar de falsedad al informe, en cuyo caso se podrá requerir la exhibición de los asientos, documentos y demás antecedentes en que se fundara la contestación.

Tal impugnación sólo podrá ser formulada dentro del quinto día siguiente al de la notificación de la providencia que ordenare la agregación del informe o en la propia audiencia en que se presentare y se sustanciará por el trámite de los incidentes. Si resultare la presunción de un delito de falsificación, será aplicable lo dispuesto por el artículo 408.2.

CAPÍTULO VII

PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA PRUEBA

Artículo 429.- Pruebas posteriores a la conclusión de la causa. Medidas para mejor proveer.

429.1. Concluida la audiencia, no se admitirá ninguna otra prueba en la instancia.

429.2. El Tribunal podrá disponer diligencias para mejor proveer, debiendo dejar expresa constancia de las razones por las cuales no dispuso su diligenciamiento de oficio, durante el trámite del proceso.

429.3. El Tribunal de segunda instancia, si considera que mediante dicha prueba se ha alterado gravemente el principio de igualdad de las partes en el proceso, podrá disponer las medidas complementarias que entienda adecuadas para asegurar el respeto de dicha igualdad y del derecho de defensa en juicio.

Artículo 430.- Efectos de las diligencias para mejor proveer sobre los plazos para dictar sentencia.

430.1. En todo caso, los plazos para dictar sentencia no podrán ser postergados por más de treinta (30) días, aun cuando no se haya diligenciado la prueba requerida para mejor proveer.

430.2. El Tribunal deberá disponer todo lo necesario a efectos de posibilitar que la producción de las probanzas dispuestas para mejor proveer sean incorporadas con la debida antelación a la audiencia complementaria.

TÍTULO III

PROCESOS SUMARIO Y SUMARÍSIMO

CAPÍTULO I

PROCESO SUMARIO

Artículo 431.- Procedimiento. El proceso sumario se regirá por lo establecido en el ordinario en cuanto fuere pertinente y con las siguientes modificaciones:

431.1. El plazo para contestar la demanda será de diez (10) días.

431.2. El trámite se concentrará en una sola audiencia de conciliación, fijación de los puntos en debate, prueba y alegatos.

431.3. Sólo se admitirá la reconvención fundada en la misma causa que la propuesta en la demanda.

431.4. Luego de la contestación de la demanda o, en su caso, de la reconvención, el Tribunal dispondrá el diligenciamiento de la prueba solicitada por las partes y que no pueda ser recibida en la audiencia, de modo tal que a la fecha de aquélla, esa prueba se halle diligenciada.

431.5. Los testigos no podrán exceder de cinco (5) por cada parte. Si se hubiese propuesto un mayor número, el Juez citará a los cinco (5) primeros y luego de examinados, de oficio, o a pedido de parte, podrá disponer la recepción de otros testimonios si fuesen estrictamente necesarios.

431.6. El Tribunal se pronunciará en una única sentencia sobre todas las excepciones y defensas; sólo si entre ellas se encuentra la de incompetencia y se declarare incompetente, omitirá pronunciarse sobre las otras.

431.7. En la segunda instancia no se admitirá otra prueba que la que el Tribunal entienda oportuna para mejor proveer, la documental sobre hechos sobrevinientes que se declare, bajo juramento, no conocida hasta ese momento, conforme con lo dispuesto por el artículo 275.4 b) o la de fecha auténtica posterior a la de la audiencia de primera instancia.

Artículo 432.- Recursos. Contra la sentencia definitiva dictada en proceso sumario, caben los recursos previstos en las Secciones 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª, Capítulo XII, Título V, del Libro Primero, conforme con lo que disponen las reglas generales y propias de cada uno de ellos.

CAPÍTULO II

PROCESO SUMARÍSIMO

Artículo 433.- Trámite. En los casos en que se promoviere juicio sumarísimo, presentada la demanda, el Tribunal, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida, resolverá de oficio y como primera providencia si corresponde que la controversia se sustancie por esta clase de proceso. Si así lo decidiere, el trámite se ajustará a lo establecido para el proceso sumario, con estas modificaciones:

433.1. No serán admisibles excepciones previas, ni reconvención.

433.2. Todos los plazos serán de tres (3) días, con excepción de los correspondientes para la contestación de la demanda, para apelar y fundar la apelación, y para contestar el traslado del memorial, que serán de cinco (5) días.

433.3. Para la prueba que sólo pueda producirse en audiencia, ésta deberá ser señalada para dentro de los diez (10) días de contestada la demanda o de vencido el plazo para hacerlo.

433.4. No procederá la presentación de alegatos.

433.5. Sólo serán apelables la sentencia definitiva y las providencias que decreten o denieguen medidas precautorias. La apelación se concederá sin efecto suspensivo, salvo cuando el cumplimiento de la sentencia pudiere ocasionar un perjuicio irreparable, en cuyo caso se otorgará fundadamente, con efecto suspensivo.

433.6. En el supuesto del artículo 338.2, la demanda rechazada, únicamente podrá reproducirse si tuviere lugar un nuevo acto, cuya reparación no pueda obtenerse por vía de ejecución de sentencia.

LIBRO III

PROCESOS DE EJECUCIÓN

TÍTULO I

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

CAPÍTULO I

SENTENCIAS DE TRIBUNALES ARGENTINOS

Artículo 434.- Resoluciones ejecutables.

434.1. Consentida o ejecutoriada la sentencia de un Tribunal judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, se procederá a ejecutarla, a instancia de parte, de conformidad con las reglas que se establecen en este Capítulo.

434.2. Podrá ejecutarse parcialmente la sentencia aunque se hubiere interpuesto recurso ordinario o extraordinario contra ella, por los importes correspondientes a la parte de la condena que hubiere quedado firme. El título ejecutorio consistirá, en este caso, en un testimonio que deberá expresar que ha recaído sentencia firme respecto del rubro que se pretende ejecutar por haber sido consentido.

434.3. Si hubiere duda acerca de la existencia de ese requisito se denegará el testimonio; la resolución del Juez que lo acuerde o, en su caso, lo deniegue, es irrecurrible.

434.4. Las disposiciones de este título serán asimismo aplicables a la ejecución de transacciones o acuerdos homologados, a la ejecución de multas procesales y al cobro de honorarios regulados en concepto de costas.

Artículo 435.- Ejecución provisoria y ejecución definitiva.

435.1. La ejecución provisoria y la definitiva se realizarán según iguales procedimientos.

435.2. Si la sentencia de segunda instancia confirmare la de primera, declarará, al mismo tiempo, definitiva la ejecución provisoria; igual sucederá tratándose del recurso de casación.

435.3. En caso contrario ordenará que se vuelvan las cosas a su estado anterior, con más los daños y perjuicios que correspondieren. De no ser ello posible, se abonarán los daños y perjuicios que hubiere causado la ejecución provisoria.

La parte que hubiere sufrido la ejecución provisoria dejada sin efecto, dispondrá de noventa (90) días para reclamar el pago de los daños y perjuicios pertinentes, los que se liquidarán por el trámite de los incidentes; vencido este plazo, caducará su derecho y se cancelará la garantía prestada por el ejecutante.

435.4. En ningún caso la revocación de la sentencia por la alzada o la casación podrán perjudicar los actos o contratos celebrados con los terceros de buena fe respecto de los bienes ejecutados.

435.5. En los casos de ejecución de sentencias objeto del recurso de apelación o de casación, se detendrá de inmediato la ejecución no bien el Tribunal tenga noticia auténtica de que la sentencia ha sido revocada o casada.

Artículo 436.- Competencia. Será Juez competente para la ejecución:

436.1. El que pronunció la sentencia.

436.2. El de otra competencia territorial si así lo impusiere el objeto de la ejecución, total o parcialmente.

436.3. El que haya intervenido en el proceso principal si mediare conexión directa entre causas sucesivas.

Artículo 437.- Suma líquida. Embargo.

437.1. Si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad líquida y determinada o hubiese liquidación aprobada, a instancia de parte se procederá al embargo de bienes, de conformidad con las normas establecidas para el juicio ejecutivo.

437.2. Se entenderá que hay condena al pago de cantidad líquida siempre que de la sentencia se infiera el monto de la liquidación, aun cuando aquél no estuviese expresado numericamente.

437.3. Si la sentencia condenase a una misma parte al pago de una cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá procederse a la ejecución de la primera sin esperar a que se liquide la segunda.

Artículo 438.- Liquidación.

438.1. Cuando la sentencia condenare al pago de cantidad ilíquida y el vencedor no hubiese presentado la liquidación, dentro de diez (10) días contados desde que aquélla fuere ejecutable, podrá hacerlo el vencido. En ambos casos se procederá de conformidad con las bases que en la sentencia se hubiesen fijado.

438.2. Presentada la liquidación se dará traslado a la otra parte por cinco (5) días.

Artículo 439.- Conformidad. Objeciones.

439.1. Expresada la conformidad por el deudor, o transcurrido el plazo sin que se hubiese contestado el traslado, se procederá a la ejecución por la suma que resultare, en la forma prescripta por el artículo 437.

439.2. Si mediare impugnación se aplicarán las normas establecidas para los incidentes en los artículos 203 y siguientes.

439.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo y en los dos anteriores, el acreedor podrá solicitar se intime por cédula al ejecutado el pago de lo adeudado, cuando se trate de cantidad líquida y determinada o hubiere liquidación aprobada.

Artículo 440.- Citación de venta. Trabado el embargo se citará al deudor para la venta de los bienes embargados. Las excepciones deberá oponerlas y probarlas dentro del quinto día.

Artículo 441.- Excepciones. Sólo se considerarán legítimas las siguientes excepciones:

441.1. Falsedad de la ejecutoria.

441.2. Prescripción de la ejecutoria.

441.3. Pago.

441.4. Quita, espera o remisión.

Artículo 442.- Prueba.

442.1. Las excepciones deberán fundarse en hechos posteriores a la sentencia o laudo. Se probarán por las constancias del juicio o por documentos emanados del ejecutante que se acompañarán al deducirlas, con exclusión de todo otro medio probatorio.

442.2. Si no se acompañasen los documentos, el Juez rechazará la excepción sin sustanciarla. La resolución será irrecurrible.

Artículo 443.- Resolución.

443.1. Vencidos los cinco (5) días sin que se dedujere oposición, se mandará continuar la ejecución sin recurso alguno.

443.2. Si se hubiese deducido oposición, el Juez, previo traslado al ejecutante por cinco (5) días, mandará continuar la ejecución, o si declarare procedente la excepción opuesta, levantará el embargo.

Artículo 444.- Recursos.

444.1. La resolución que desestime las excepciones será apelable sin efecto suspensivo, siempre que el ejecutante diese fianza o caución suficiente.

444.2. Todas las apelaciones que fueren admisibles en las diligencias para la ejecución de la sentencia, se concederán en efecto diferido.

Artículo 445.- Cumplimiento. Consentida o ejecutoriada la resolución que mande llevar adelante la ejecución, se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate, hasta hacerse pago al acreedor.

Artículo 446.- Adecuación de la ejecución. A pedido de parte el Juez establecerá las modalidades de la ejecución o ampliará o adecuará las que contenga la sentencia, dentro de los límites de ésta.

Artículo 447.- Condena a escriturar.

447.1. La sentencia que condenare al otorgamiento de escritura pública, contendrá el apercibimiento de que si el obligado no cumpliere dentro del plazo fijado, el Juez la suscribirá por él y a su costa.

447.2. La escritura se otorgará ante el registro del escribano que proponga el ejecutante, si aquél no estuviere designado en el contrato. El Juez ordenará las medidas complementarias que correspondan.

Artículo 448.- Condena a hacer.

448.1. En caso de que la sentencia contuviese condena a hacer alguna cosa, si la parte no cumpliese con lo que se le ordenó para su ejecución dentro del plazo señalado por el Juez, se hará a su costa o se le obligará a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inejecución a elección del acreedor.

448.2. Podrán imponerse las sanciones conminatorias que autoriza este Código.

448.3. La obligación se resolverá también en la forma que establece este artículo, cuando no fuere posible el cumplimiento por el deudor.

448.4. Para hacer efectiva la indemnización se aplicarán las reglas establecidas según que la sentencia haya fijado o no su monto para el caso de inejecución.

448.5. La determinación del monto de los daños tramitará ante el mismo Juez por las normas de los artículos 438 y 439, o por juicio sumario, según aquél lo establezca. La resolución será irrecurrible.

Artículo 449.- Condena a no hacer. Si la sentencia condenare a no hacer alguna cosa, y el obligado la quebrantase, el acreedor tendrá opción para pedir que se repongan las cosas al estado en que se hallaban, si fuese posible, y a costa del deudor, o que se le indemnicen los daños y perjuicios, conforme a lo prescripto en el artículo anterior.

Artículo 450.- Condena a entregar cosas. Cuando la condena fuere a entregar alguna cosa, se librará mandamiento para desapoderar de ella al vencido, quien podrá oponer las excepciones a que se refiere el artículo 441, en lo pertinente. Si la condena no pudiera cumplirse, se le obligará a la entrega del equivalente de su valor, previa determinación si fuere necesaria, con los daños y perjuicios a que hubiere lugar. La fijación de su monto se hará ante el mismo Juez, por las normas de los artículos 438 ó 439 o por juicio sumario, según aquél lo establezca. La resolución será irrecurrible.

Artículo 451.- Liquidación en casos especiales.

451.1. Siempre que las liquidaciones o cuentas fueren muy complicadas y de lenta y difícil justificación o requirieren conocimientos especiales, serán sometidas a la decisión de peritos árbitros o, si hubiere conformidad de partes, a la de amigables componedores.

451.2. La liquidación de sociedades, incluida la determinación del carácter propio o ganancial de los bienes de la sociedad conyugal, impuesta por sentencia, se sustanciará por juicio ordinario, sumario o incidente, según lo establezca el Juez de acuerdo con las modalidades de la causa.

CAPÍTULO II

SENTENCIA DE TRIBUNALES EXTRANJEROS

LAUDOS DE TRIBUNALES ARBITRALES EXTRANJEROS

Artículo 452.- Conversión en título ejecutorio.

452.1. Las sentencias de Tribunales extranjeros tendrán fuerza ejecutoria en los términos de los tratados celebrados con el país de que provengan.

452.2. Cuando no hubiese tratados, serán ejecutables si concurriesen los siguientes requisitos:

a) Que la sentencia con autoridad de cosa juzgada en el estado en que se ha pronunciado, emane de Tribunal competente según las normas argentinas de jurisdicción internacional y sea consecuencia del ejercicio de una acción personal o de una acción real sobre un bien mueble, si éste ha sido trasladado a la república durante o después del juicio tramitado en el extranjero.

b) Que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar la sentencia hubiese sido personalmente citada y se haya garantizado su defensa.

c) Que la sentencia reúna los requisitos necesarios para ser considerada como tal en el lugar en que hubiere sido dictada y las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional.

d) Que la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho argentino.

e) Que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada, con anterioridad o simultáneamente, por un Tribunal argentino.

Artículo 453.- Competencia. Recaudos. Sustanciación.

453.1. La ejecución de la sentencia dictada por un Tribunal extranjero se pedirá ante el Juez de primera instancia que corresponda, acompañando su testimonio legalizado y traducido y las actuaciones que acrediten que ha quedado ejecutoriada y que se han cumplido los demás requisitos, si no resultaren de la sentencia misma.

453.2. Para el trámite del exequátur se aplicarán las normas de los incidentes.

453.3. Si se dispusiese la ejecución, se procederá en la forma establecida para las sentencias pronunciadas por Tribunales argentinos.

Artículo 454.- Eficacia de sentencia extranjera. Cuando en juicio se invocare la autoridad de una sentencia extranjera, ésta sólo tendrá eficacia si reúne los requisitos del artículo 452.

Artículo 455.- Laudos de Tribunales arbitrales extranjeros. Los laudos pronunciados por Tribunales arbitrales extranjeros podrán ser ejecutados por el procedimiento establecido en los artículos anteriores, siempre que:

455.1. Se cumplieren los recaudos del artículo 452, en lo pertinente y, en su caso, la prórroga de jurisdicción hubiese sido admisible en los términos del artículo 17.

455.2. Las cuestiones que hayan constituido el objeto del compromiso no se encuentren excluidas del arbitraje conforme a lo establecido por el artículo 711.

TÍTULO II

JUICIO EJECUTIVO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 456.- Procedencia.

456.1. Se procederá ejecutivamente siempre que en virtud de un título que traiga aparejada ejecución, se demandare por obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero, sea moneda nacional o extranjera, o fácilmente liquidables.

456.2. Si la obligación estuviere subordinada a condición o prestación, la vía ejecutiva procederá si del título o de otro instrumento público o privado reconocido que se presente junto con aquél, o de la diligencia prevista en el artículo 461, apartado 4, resultare haberse cumplido la condición o prestación.

456.3. Si la obligación fuere en moneda extranjera el actor podrá optar por ejecutarla en dicha moneda o bien por su equivalente en moneda nacional, según la cotización del banco oficial que corresponda al día de la iniciación o la que las partes hubiesen convenido, sin perjuicio del reajuste que pudiere corresponder al día del pago.

Artículo 457.- Opción por proceso de conocimiento. Si en los casos en que por este Código, corresponde un proceso de ejecución, el actor optare por uno de conocimiento y hubiese oposición del demandado, el Juez, atendiendo a las circunstancias del caso, resolverá cuál es la clase de proceso aplicable.

Artículo 458.- Deuda parcialmente líquida. Si del título ejecutivo resultare una deuda de cantidad líquida y otra que fuese ilíquida, podrá procederse ejecutivamente respecto de la primera.

Artículo 459.- Títulos ejecutivos. Los títulos que traen aparejada ejecución son los siguientes:

459.1. El instrumento público presentado en forma.

459.2. El instrumento privado suscripto por el obligado, reconocido judicialmente o cuya firma estuviese certificada por escribano.

459.3. La letra de cambio, factura conformada, vale o pagaré, el cheque y la constancia del saldo deudor de cuenta corriente bancaria, cuando tuvieren fuerza ejecutiva de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio o ley especial.

459.4. Los demás títulos que tuvieren fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial.

Artículo 460.- Crédito por expensas comunes.

460.1. Constituirá título ejecutivo el crédito por expensas comunes de edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal.

460.2. Con el escrito de promoción de la ejecución deberán acompañarse certificados de deuda que reúnan los requisitos exigidos por el reglamento de copropiedad. Si éste no los hubiere previsto deberá agregarse constancia de la deuda líquida y exigible y del plazo concedido a los copropietarios para abonarla, expedida por el administrador o quien haga sus veces.

Artículo 461.- Preparación de la vía ejecutiva. Podrá prepararse la acción ejecutiva, pidiendo previamente:

461.1. Que sean reconocidos los documentos que por sí solos no traigan aparejada ejecución, o se reconozca la existencia del crédito reclamado por el actor.

461.2. Que en la ejecución por alquileres o arrendamientos, el demandado manifieste previamente si es locatario o arrendatario y, en caso afirmativo, exhiba el último recibo. Si el requerido negase categóricamente ser inquilino y su condición de tal no pudiere probarse sumariamente en forma indubitada, no procederá la vía ejecutiva y el pago del crédito será reclamado por juicio sumario. Si durante la sustanciación de éste se probare el carácter de inquilino, en la sentencia se le impondrá una multa a favor de la otra parte, equivalente al treinta por ciento (30%) del monto de la deuda.

461.3. Que el Juez señale el plazo dentro del cual debe hacerse el pago, si el acto constitutivo de la obligación no lo designare o si autorizare al deudor para realizarlo cuando pudiera o tuviese medios para hacerlo. El Juez dará traslado y resolverá, sin más trámite ni recurso alguno.

461.4. Que el deudor reconozca el cumplimiento de la condición, si la deuda fuese condicional.

461.5 Que el deudor reconozca la firma del contrato de emisión de la tarjeta de crédito o compra y los cupones de adquisición correspondientes al saldo que se pretende ejecutar.

461.6. Que la cuenta sea aprobada o reconocida.

Artículo 462.- Citación del deudor.

462.1. La citación al demandado a los fines del artículo anterior se hará en la forma prescripta en los artículos 353 y 354, bajo apercibimiento de que si no compareciese o no contestare categóricamente, se tendrá por reconocido el documento, o por confesados los hechos en los demás casos.

462.2. El citado deberá comparecer personalmente y formular la manifestación ante el Juez. Dicha manifestación no podrá ser reemplazada por un escrito; tampoco podrá formularse por medio de gestor.

462.3. Si el citado no compareciere, o no probare justa causa de inasistencia, se hará efectivo inexcusablemente el apercibimiento y se procederá como si el documento hubiere sido reconocido por el deudor personalmente, o hubiese confesado los hechos, en los demás casos.

462.4. El desconocimiento por alguno de los coejecutados no impide que se cumpla con lo dispuesto por los artículos 467 y 468, respecto de los deudores que la hayan reconocido, o a quienes se los haya tenido por reconocida.

Artículo 463.- Efectos del reconocimiento de la firma. Reconocida la firma del instrumento quedará preparada la acción ejecutiva, aunque se hubiese negado su contenido.

Artículo 464.- Desconocimiento de la firma.

464.1. Si el documento no fuere reconocido, el Juez, a pedido del ejecutante, previo dictamen de un (1) perito designado de oficio, declarará si la firma es auténtica. Si lo fuere se procederá según lo establece el artículo 467 y se impondrá al ejecutado las costas y una multa equivalente al treinta por ciento (30%) del monto de la deuda, que aquél deberá dar a embargo como requisito de admisibilidad de las excepciones. Si no las opusiere, el importe de la multa integrará el capital a los efectos del cumplimiento de la sentencia de remate.

464.2. La resolución que declara la autenticidad de la firma e impone la multa será apelable en efecto diferido.

Artículo 465.- Caducidad de las medidas preparatorias. Se producirá la caducidad de las medidas preparatorias del juicio ejecutivo sin necesidad de declaración judicial, si no se dedujere la demanda dentro de los treinta (30) días de su realización. Si el reconocimiento fuere ficto, el plazo correrá desde que la resolución que lo declare hubiere quedado firme.

Artículo 466.- Firma por autorización a ruego. Si el instrumento privado hubiese sido firmado por autorización o a ruego del obligado, quedará preparada la vía ejecutiva si, citado éste, declarase que otorgó la autorización o que es cierta la deuda que el documento expresa.

Si la autorización resultare de un instrumento público, bastará citar al autorizado para que reconozca la firma.

CAPÍTULO II

EMBARGO Y EXCEPCIONES

*Artículo 467.- Intimación de pago y procedimiento para el embargo.

467.1. El Juez examinará cuidadosamente el instrumento con que se deduce la ejecución, y si hallare que es de los comprendidos en los artículos 459, 460 y 461 o en otra disposición legal, y que se encuentran cumplidos los presupuestos procesales, librará mandamiento de embargo, observándose el siguiente procedimiento:

a) Con el mandamiento, el oficial de justicia requerirá el pago al deudor. Si éste pagase, el dinero será depositado dentro del primer día hábil siguiente en el banco de depósitos judiciales. Si no se pagare en el acto el importe del capital reclamado, del estimado por el Juez en concepto de intereses y costas, y de la multa establecida por el artículo 464, en su caso, dicho funcionario procederá a embargar bienes suficientes a su juicio, para cubrir la cantidad fijada en el mandamiento.

b) El embargo se practicará aun cuando el deudor no estuviese presente, de lo que se dejará constancia.

En este caso se le hará saber dentro de los tres (3) días siguientes al de la traba.

c) El oficial de justicia requerirá al propietario de los bienes para que manifieste si se encuentran embargados o afectados por prenda u otro gravamen y, en su caso, por orden de qué Juez y en qué expediente, y el nombre y domicilio de los acreedores, bajo apercibimiento de lo dispuesto en las leyes sobre la materia. Si el dueño de los bienes no estuviere presente, en la misma diligencia se le notificará que debe formular esta manifestación dentro del plazo para oponer excepciones.

467.2. Aunque no se hubiese trabado embargo, la ejecución continuará, pudiendo solicitar el ejecutante la medida cautelar que autoriza el artículo 470.

467.3. Si se ignorase el domicilio, se nombrará al Defensor Público, previa citación por edictos que se publicarán por una (1) sola vez.

(Modificado por art. 7º Ley P. 158)

(Sustitución ap. 3)

Artículo 468.- Denegación de la ejecución. Será apelable la resolución que denegare la ejecución.

Artículo 469.- Bienes en poder de un tercero.

469.1. Si los bienes embargados se encontraren en poder de un tercero, se notificará a éste en el día, personalmente o por cédula.

469.2. En el caso del artículo 736 del Código Civil, si el notificado del embargo pagase indebidamente al deudor embargado, el Juez hará efectiva su responsabilidad en el mismo expediente por el trámite de los incidentes o del juicio sumario, según correspondiere atendiendo a las circunstancias del caso.

Artículo 470.- Inhibición general. Si no se conocieren bienes del deudor o si los embargados resultaren presuntivamente insuficientes para cubrir el crédito del ejecutante, podrá solicitarse contra el ejecutado inhibición general de vender o gravar sus bienes. La medida quedará sin efecto si el deudor presentare bienes a embargo o diere caución bastante.

Artículo 471.- Orden de la traba. Perjuicios.

471.1. El acreedor no podrá exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el deudor, si hubiese otros disponibles.

471.2. Serán aplicables, además, las normas establecidas en el Capítulo relativo a las medidas cautelares en cuanto fueren pertinentes.

471.3. Si los bienes muebles embargados formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del deudor, éste podrá exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aun cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado.

Artículo 472.- Depositario. El oficial de justicia dejará los bienes embargados en poder de un depositario provisional que podrá ser el deudor si resultare conveniente, salvo que aquéllos se encontraren en poder de un tercero y éste requiriere nombramiento a su favor.

Artículo 473.- Deber de informar. Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida o desvalorización, el depositario deberá poner el hecho oportunamente en conocimiento del Juez, si no lo hubiese expresado ante el oficial de justicia, lo que se hará saber a las partes a los fines del artículo 233.

Artículo 474.- Embargo de inmuebles o muebles registrables.

474.1. Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en bienes inmuebles o en muebles registrables, bastará su anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley.

474.2. Los oficios o exhortos serán librados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la providencia que ordenare el embargo.

Artículo 475.- Costas. Practicada la intimación, las costas del juicio serán a cargo del deudor moroso, aunque pagare en el acto de realizarse aquélla.

Artículo 476.- Ampliación anterior a la sentencia.

476.1. Cuando durante el juicio ejecutivo y antes de pronunciarse sentencia, venciere algún nuevo plazo de la obligación en cuya virtud se procede, a pedido del actor, podrá ampliarse la ejecución por su importe, sin que el procedimiento retrotraiga, y considerándose comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido.

476.2. En cada caso de ampliación deberá cumplirse con la intimación de pago que se hará por cédula.

Artículo 477.- Ampliación posterior a la sentencia.

477.1. Si durante el juicio, pero con posterioridad a la sentencia, vencieren nuevos plazos o cuotas de la obligación en cuya virtud se procede, la ejecución podrá ser ampliada pidiéndose que el deudor exhiba dentro del quinto día los recibos correspondientes o documentos que acrediten la extinción de la obligación, bajo apercibimiento de hacerse extensiva la sentencia a los nuevos plazos y cuotas vencidos. Si el deudor no exhibiere recibos o documentos que fuesen reconocidos por el ejecutante, o no se comprobase sumariamente su autenticidad, se hará efectivo el apercibimiento sin recurso alguno.

477.2. En cada caso de ampliación deberá cumplirse con la intimación de pago que se hará por cédula.

477.3. Lo dispuesto en este artículo y en el anterior regirá también en las ejecuciones por cobro de alquileres y expensas comunes.

477.4. La facultad que otorga este artículo no podrá ser ejercida una vez terminada la tramitación del juicio.

Artículo 478.- Intimación de pago. Oposición de excepciones.

478.1. La intimación de pago importará la citación para oponer excepciones, debiendo dejarse al ejecutado copia de la diligencia, del escrito de iniciación y de los documentos acompañados.

478.2. Las excepciones se propondrán, dentro de cinco (5) días, en un solo escrito, conjuntamente con el ofrecimiento de prueba.

478.3. Deberán cumplirse, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los artículos 345 y 365, determinándose con exactitud cuáles son las excepciones que se oponen.

478.4. La intimación de pago importará, asimismo, el requerimiento para que el deudor dentro del plazo establecido en el párrafo segundo de este artículo, constituya domicilio, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 59.

478.5. No habiéndose opuesto excepciones dentro del plazo, el Juez, sin otra sustanciación, pronunciará sentencia de remate.

Artículo 479.- Trámites irrenunciables. Son irrenunciables la intimación de pago, la citación para oponer excepciones y la sentencia.

Artículo 480.- Excepciones. Las únicas excepciones admisibles en el juicio ejecutivo son:

480.1. Incompetencia.

480.2. Falta de personería en el ejecutante, en el ejecutado o en sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente.

480.3. Litispendencia en otro Tribunal competente.

480.4. Falsedad o inhabilidad de título con que se pide la ejecución. La primera podrá fundarse únicamente en la adulteración del documento; la segunda se limitará a las formas extrínsecas del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa. El reconocimiento expreso de la firma no impide la admisibilidad de la excepción de falsedad fundada en la adulteración del documento.

Estas excepciones son inadmisibles si no se ha negado la existencia de la deuda.

480.5. Prescripción.

480.6. Pago documentado, total o parcial.

480.7. Compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución.

480.8. Quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso documentados.

480.9. Cosa juzgada.

Artículo 481.- Nulidad de la ejecución.

481.1. El ejecutado podrá solicitar, dentro del plazo fijado en el artículo 478, por vía de excepción o de incidente, que se declare la nulidad de la ejecución.

481.2. Podrá fundarse únicamente en:

a) No haberse hecho legalmente la intimación de pago, siempre que en el acto de pedir la declaración de nulidad, el ejecutado depositara la suma fijada en el mandamiento u opusiere excepciones.

b) Incumplimiento de las normas establecidas para la preparación de la vía ejecutiva, siempre que el ejecutado desconozca la obligación, niegue la autenticidad de la firma, el carácter de locatario, el cumplimiento de la condición, de la prestación, o la aprobación o reconocimiento de la cuenta.

481.3. Es inadmisible el pedido de nulidad si el ejecutado no mencionare las excepciones que no ha podido deducir, en términos que demuestren la seriedad de su petición.

Artículo 482.- Subsistencia del embargo. Si se anulare el procedimiento ejecutivo o se declarare la incompetencia, el embargo trabado se mantendrá, con carácter preventivo, durante quince (15) días contados desde que la resolución quedó firme.

Se producirá la caducidad automática si dentro de ese plazo no se reiniciare la ejecución.

Artículo 483.- Trámite.

483.1. El Juez desestimará sin sustanciación alguna las excepciones que no fueren de las autorizadas por la ley, o que no se hubieren opuesto en forma clara y concreta, cualquiera sea el nombre que el ejecutado les hubiese dado. En ese mismo acto dictará sentencia de remate.

483.2. Si se hallaren cumplidos los requisitos pertinentes, dará traslado de las excepciones al ejecutante por cinco (5) días, quien al contestarlo ofrecerá la prueba de que intente valerse.

No se hará declaración especial previa acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad de las excepciones.

Artículo 484.- Excepciones de puro derecho. Falta de prueba. Si las excepciones fueren de puro derecho o se fundasen exclusivamente en constancias del expediente, o no se hubiere ofrecido prueba, el Juez pronunciará sentencia dentro de diez (10) días de contestado el traslado; si no se lo hubiere contestado, el plazo se contará desde que se hubiere requerido la resolución.

Artículo 485.- Prueba.

485.1. Cuando se hubiere ofrecido prueba que no consistiese en constancias del expediente, el Juez adecuará su producción, tomando en consideración las circunstancias y el lugar donde deba diligenciarse.

485.2. Corresponderá al ejecutado la carga de la prueba de los hechos en que funde las excepciones.

485.3. El Juez, por resolución fundada, desestimará la prueba manifiestamente inadmisible, meramente dilatoria o carente de utilidad.

485.4. Se aplicarán las normas que rigen el trámite de los incidentes, en lo pertinente.

Artículo 486.- Sentencia. Producida la prueba se declarará clausurado el período correspondiente; el Juez pronunciará sentencia dentro de los diez (10) días.

Artículo 487.- Sentencia de remate.

487.1. La sentencia de remate sólo podrá determinar que se lleve la ejecución adelante, en todo o en parte, o su rechazo.

487.2. En el primer caso, al ejecutado que hubiese litigado sin razón valedera y obstruido el curso normal del proceso con articulaciones manifiestamente improcedentes, o que de cualquier manera hubiese demorado injustificadamente el trámite, se le impondrá una multa a favor del ejecutante, cuyo monto será fijado entre el cinco por ciento (5%) y el treinta por ciento (30%) del importe de la deuda, según la incidencia de su inconducta procesal sobre la demora del procedimiento.

Artículo 488.- Notificación al representante del Ministerio Público. Si el deudor con domicilio desconocido no se hubiese presentado, la sentencia se notificará al representante del Ministerio Público de la Defensa.

Artículo 489.- Juicio de conocimiento posterior.

489.1. Cualquiera fuere la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el proceso de conocimiento pertinente, una vez cumplidas las condenas impuestas.

489.2. Toda defensa o excepción que por la ley no fuese admisible en el juicio ejecutivo podrá hacerse valer en el de conocimiento.

489.3. No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, respecto de las que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante, en cuanto a las que se hubiese allanado.

489.4. Tampoco se podrá discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de la ejecución.

489.5. La falta de cumplimiento de las condenas impuestas podrá ser opuesta como excepción de previo y especial pronunciamiento.

489.6. El juicio de conocimiento promovido mientras se sustancia el ejecutivo no produce la paralización de este último.

Artículo 490.- Apelación. La sentencia de remate será apelable:

490.1. Cuando se tratare del caso previsto en el artículo 483, apartado 1.

490.2. Cuando las excepciones hubiesen tramitado como de puro derecho.

490.3. Cuando se hubiese producido prueba respecto de las opuestas.

490.4. Cuando versare sobre puntos ajenos al ámbito natural del proceso o causare gravamen irreparable en el juicio de conocimiento posterior.

490.5. Serán apelables las regulaciones de honorarios que contuviere la sentencia de remate o fueren su consecuencia, aunque ella, en el caso, no lo sea.

Artículo 491.- Efecto. Fianza.

491.1. Cuando el ejecutante diere fianza de responder de lo que percibiere si la sentencia fuese revocada, el recurso se concederá sin efecto suspensivo.

491.2. El Juez establecerá la clase y el monto de la fianza. Si no se prestase dentro de los cinco (5) días de haber sido concedido el recurso, se elevará el expediente a la cámara.

491.3. Si se diere fianza se remitirá también el expediente dejándose, en primera instancia, testimonio de las piezas necesarias para que prosiga la ejecución.

Artículo 492.- Fianza requerida por el ejecutado.

492.1. La fianza sólo se hará extensiva al resultado del juicio de conocimiento, cuando así lo requiera el ejecutado en los casos en que, conforme al artículo 489, tuviere la facultad de promover el juicio de conocimiento posterior.

492.2. Quedará cancelada:

a) Si el ejecutado no promoviere el juicio dentro de los quince (15) días de haber sido otorgada.

b) Si habiéndolo deducido dentro de dicho plazo, la sentencia fuere confirmada.

*Artículo 493.- Carácter y plazo de las apelaciones. Las apelaciones en el juicio ejecutivo se concederán con efecto diferido con excepción de las que procedieren contra la sentencia de remate y la providencia que denegare la ejecución.

El plazo para apelar será de cinco (5) días.

(Modificado por Art. 2º Ley P. Nº 552)

(Incorpora último párrafo)

Artículo 494.- Costas.

494.1. Las costas del juicio ejecutivo serán a cargo de la parte vencida, con excepción de las correspondientes a las pretensiones de la otra parte que hayan sido desestimadas.

494.2. Si se hubiese declarado procedente la excepción de pago parcial, al ejecutado se le impondrán sólo las costas correspondientes al monto admitido en la sentencia.

Artículo 495.- Límites y modalidades de la ejecución.

495.1. Durante el curso del proceso de ejecución, el Juez podrá de oficio o a pedido de parte, y si las circunstancias así lo aconsejaren, fijar una audiencia a celebrarse dentro de los diez (10) días, para que comparezcan ejecutante y ejecutado con el objeto de establecer la forma más rápida y eficaz de satisfacer el crédito, procurando evitar perjuicios innecesarios.

495.2. A esta audiencia deberán comparecer las partes, y se celebrará con la que concurra. No podrá señalarse una nueva con el mismo objeto, ni tampoco podrá el ejecutado promover posteriormente incidentes por causas anteriores que no fueron invocadas en dicha audiencia.

CAPÍTULO III

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE REMATE

Sección Primera

Recursos. Dinero embargado.

Liquidación. Pago inmediato. Títulos o acciones

Artículo 496.- Recursos. Son inapelables, por el ejecutado, las resoluciones que se dictaren durante el trámite de cumplimiento de la sentencia de remate, salvo las que se refieran a cuestiones que:

496.1. No pueden constituir objeto del juicio de conocimiento posterior.

496.2. Debiendo ser objeto del juicio de conocimiento posterior, con arreglo al artículo 489, no obstante, han sido debatidas en la etapa de cumplimiento de la sentencia por haber asentido el ejecutante.

496.3. Se relacionen con el reconocimiento del carácter de parte.

496.4. En los casos de los artículos 490, apartado 4 y 527, apartados 1 y 2.

Artículo 497.- Embargo. Sumas de dinero. Liquidación. Pago inmediato.

497.1. Es requisito del trámite de cumplimiento de la sentencia de remate, la traba de embargo.

497.2. Cuando lo embargado fuese dinero, una vez firme la sentencia o dada la fianza a que se refiere el artículo 491, el acreedor practicará liquidación de capital, intereses y costas, de la que se dará traslado al ejecutado, aplicándose, en lo pertinente, las reglas de los artículos 438 y 439. Aprobada la liquidación, se hará pago inmediato al acreedor del importe que de ella resultare.

Artículo 498.- Adjudicación de títulos o acciones. Si se hubiesen embargado títulos o acciones que se coticen oficialmente en los mercados de valores, el ejecutante podrá pedir que se le den en pago al precio que tuvieren a la fecha de la resolución que así lo dispone; si no se cotizaren, se observará lo establecido por el artículo 509.

Sección Segunda

Disposiciones comunes a la subasta de

muebles, semovientes o inmuebles

Artículo 499.- Martillero. Designación. Carácter de su actuación. Remoción.

499.1. El Superior Tribunal de Justicia dispondrá por donde corresponda abrir, cada año, un registro en el que podrán inscribirse los martilleros con más de dos (2) años de antigüedad en la matrícula y que reúnan los demás requisitos de idoneidad que aquél reglamente. De dicha lista se sorteará el o los profesionales a designar, quienes deberán aceptar el cargo dentro del tercer día de notificados.

499.2. El martillero será nombrado de oficio, en la forma establecida en el párrafo precedente, salvo si existiere acuerdo de las partes para proponerlo y el propuesto reuniere los requisitos a que se refiere el párrafo primero. No podrá ser recusado; sin embargo, cuando circunstancias graves lo aconsejaren, el Juez, podrá dejarlo sin efecto.

499.3. Deberá ajustar su cometido a las instrucciones que le imparta el Juez; si no cumpliere con este deber podrá ser removido; en su caso, se le dará por perdido total o parcialmente el derecho a comisión o se aplicará en lo pertinente la sanción que establece el tercer apartado del artículo 501.

499.4. No podrá delegar sus funciones, salvo autorización expresa del Juez.

499.5. El martillero no es parte en los trámites del cumplimiento de la sentencia de remate; sólo podrá tener intervención en lo que se refiere a su actuación, en los términos establecidos en este Código o en otra ley.

Artículo 500.- Depósito de los importes percibidos por el martillero. Rendición de cuentas. El martillero deberá depositar las sumas recibidas y rendir cuentas del remate al Juzgado, dentro de los tres (3) días de realizado. Si no lo hiciere oportunamente, sin justa causa, perderá el derecho a cobrar comisión.

Artículo 501.- Comisión. Anticipo de fondos.

501.1. El martillero, percibirá la comisión que corresponda conforme al bien subastado, establecida por la ley o, en su caso, la costumbre.

501.2. Si el remate se suspendiere o fracasare sin culpa del martillero, el monto de la comisión será fijado por el Juez, de acuerdo con la importancia del trabajo realizado; si se anulare, también sin su culpa, tendrá derecho a la comisión que correspondiere. Si el mismo martillero vendiere el bien en un remate posterior, su retribución será determinada atendiendo al efectivo trabajo que le hubiere demandado esa tarea.

501.3. Si el remate se anulare por culpa del martillero, éste deberá reintegrar el importe de la comisión que percibió, dentro del tercer día de notificado por cédula de la resolución que decreta la nulidad.

501.4. Cuando el martillero lo solicitare y el Juez lo considere procedente, las partes deben adelantar los fondos que se estimen necesarios para la realización de la subasta.

Artículo 502.- Edictos.

502.1. El remate se anunciará por edictos, que se publicarán por dos (2) días en el Boletín Oficial y en otro diario, en la forma indicada en los artículos 159, 160 y 161. Si se tratare de bienes de escaso valor, sólo se publicarán en el Boletín Oficial, por un (1) día y podrá prescindirse de la publicación si el costo de la misma no guardare relación con el valor de los bienes.

502.2. Si se tratare de inmuebles, podrá asimismo, anunciarse en diarios del lugar donde estén situados.

502.3. En los edictos se indicará el Juzgado y secretaría donde tramita el proceso, el número del expediente y el nombre de las partes si éstas no se opusieren; el lugar, día, mes, año y hora de la subasta; no tratándose de bienes de escaso valor, se individualizarán las cantidades, el estado y el lugar donde podrán ser revisados por los interesados; se mencionará, asimismo, la obligación de depositar el importe de la seña y de la comisión en el acto de remate y, en su caso, las modalidades especiales del mismo.

502.4. Si la subasta fuere de inmuebles, deberá indicarse, además, la base, condiciones de venta, estado de ocupación y horario de visitas; si estuvieren sujetos al régimen de propiedad horizontal, en las publicaciones y en el acto del remate deberá determinarse el monto de las expensas comunes correspondientes al último mes, y la deuda por este concepto, si fuere posible.

502.5. En todos los casos, la última publicación deberá realizarse cuando menos cuarenta y ocho (48) horas antes del remate.

Artículo 503.- Propaganda. Inclusión indebida de otros bienes.

503.1. La propaganda adicional será a cargo del ejecutante, salvo si el ejecutado hubiese dado conformidad, si su costo no excediere del dos por ciento (2%) de la base.

503.2. No se podrá mencionar en la propaganda, ni subastar en el mismo remate, bajo pena de perder el martillero su comisión, bienes distintos de aquéllos cuya venta fue ordenada judicialmente.

503.3. Si la propaganda adicional se realizare a través de diarios, será aplicable lo dispuesto en el último apartado del artículo anterior.

Artículo 504.- Preferencia para el remate.

504.1. Si el bien estuviere embargado en diversos procesos seguidos contra el ejecutado, salvo disposición específica de otra ley que regule ejecuciones especiales, la subasta se realizará en el que estuviere más adelantado en su trámite, con prescindencia de la naturaleza o garantías que tuvieren los créditos.

504.2. La preferencia que se acordare para la realización del remate importa reconocer al acreedor que promovió el juicio donde se ordena, la facultad de proponer martillero si en el acto constitutivo de la obligación se le hubiere otorgado esa prerrogativa.

Artículo 505.- Subasta progresiva. Si se hubiese dispuesto la venta de varios bienes, el Juez, a pedido del ejecutado, podrá ordenar que la subasta se realice en distintas fechas y que se suspenda cuando el precio obtenido alcanzare a cubrir el crédito, intereses y costas reclamados.

Artículo 506.- Posturas bajo sobre.

506.1. Cualquiera sea la naturaleza de los bienes a subastar, a pedido de parte o de oficio el Juez podrá disponer que se admitan posturas en sobre cerrado, en las condiciones que fije, que deberán indicarse en los edictos y, en su caso, en la propaganda.

506.2. El Superior Tribunal de Justicia podrá establecer las reglas uniformes de aplicación de la expresada modalidad del remate.

506.3. Si se tratare de subasta de muebles que se realice por intermedio de instituciones oficiales que admitan posturas bajo sobre, se aplicará esa modalidad en los términos que establezcan las respectivas reglamentaciones.

Artículo 507.- Compra en comisión.

507.1. El comprador deberá indicar, dentro del tercer día de realizada la subasta, el nombre de su comitente, en escrito firmado por ambos. En su defecto, se lo tendrá por adjudicatario definitivo.

507.2. El comitente constituirá domicilio en esa presentación bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 59, en lo pertinente.

Artículo 508.- Regularidad del acto. Si existieren motivos fundados y sin perjuicio de la facultad del Juez para disponerlo de oficio, el ejecutante, el ejecutado o el martillero podrán solicitar al Juzgado la adopción de las medidas necesarias para proveer a la regularidad del remate y al mantenimiento del orden que asegure la libre oferta de los interesados.

Sección Tercera

Subasta de muebles o semovientes

Artículo 509.- Subastas de muebles o semovientes. Si el embargo hubiere recaído en bienes muebles o semovientes se observarán las siguientes reglas:

509.1. Se ordenará su venta en remate, sin base, al contado o con las facilidades de pago que por resolución fundada se establezca, por un martillero público que se designará observando lo establecido en el artículo 499.

509.2. En la resolución que dispone la venta se requerirá al deudor para que, dentro del plazo de cinco (5) días, manifieste si los bienes están prendados o embargados. En el primer caso, aquél deberá indicar el nombre y domicilio de los acreedores y el monto del crédito; en el segundo, el Juzgado, secretaría y la carátula del expediente.

509.3. Se podrá ordenar el secuestro de las cosas, que serán entregadas al martillero para su exhibición y venta; al recibirlas éste, las individualizará con indicación de su estado y del lugar y fecha en que se lleva a cabo la entrega.

509.4. Si se tratare de muebles registrables, se requerirá a los registros que correspondiere un informe sobre las condiciones de dominio y gravámenes.

509.5. La providencia que decrete la venta será comunicada a los Jueces embargantes; se notificará por cédula a los acreedores prendarios, quienes podrán formular las peticiones que estimaren pertinentes, dentro del tercer día de notificados.

Artículo 510.- Articulaciones infundadas. Entrega de los bienes.

510.1. Al adjudicatario que planteare cuestiones manifiestamente improcedentes que demoraren el pago del saldo del precio se le impondrá la multa que prevé el artículo 517.

510.2. Pagado totalmente el precio, el martillero o la parte que, en su caso, correspondiere, entregará al comprador los bienes que éste hubiese adquirido, siempre que el Juzgado no dispusiere otra cosa.

Sección Cuarta

Subasta de inmuebles

A) Decreto de la subasta

Artículo 511.- Embargos decretados por otros Juzgados. Acreedores hipotecarios.

511.1. Decretada la subasta se comunicará a los Jueces embargantes e inhibientes.

511.2. Se citará a los acreedores hipotecarios para que dentro del tercer día presenten sus títulos. Los de grado preferente, dentro del mismo plazo, podrán solicitar el aumento de la base hasta cubrir el importe de sus créditos.

Artículo 512.- Recaudos. Antes de ordenar la subasta el Juez requerirá informes:

512.1. Sobre la deuda por impuestos, tasas y contribuciones.

512.2. Sobre las deudas por expensas comunes, si se tratare de un bien sujeto al régimen de propiedad horizontal.

512.3. Sobre las condiciones de dominio, embargo e inhibiciones, según las constancias del registro de propiedad inmueble. Los informes tendrán una vigencia de sesenta (60) días, a cuyo vencimiento deberán ser actualizados.

512.4. Sin necesidad de intimar previamente la agregación del título original, con la del oficio de embargo, el Juez, a pedido del ejecutante, autorizará a su letrado a requerir directamente copia del título de propiedad, la que será válida a los efectos de la subasta, sin necesidad de atestación de inscripción registral en la misma, si ella surgiere de los certificados de dominio acompañados.

Tal registración no podrá ser exigida en la copia por el notario que intervenga en la protocolización, en caso de subasta.

El requerimiento de certificaciones a efectos de la subasta será suscripto por el letrado, sin necesidad de resolución judicial, con la sola mención de su finalidad. En los casos previstos por los apartados 1 y 2, si se produjere negativa u omisión de despacho, dentro del décimo día de solicitado, se subastará el bien sin deuda o gravamen, respecto del que se trate.

512.5. Podrá comprobarse judicialmente el estado de ocupación del bien si las circunstancias así lo aconsejaren.

Artículo 513.- Designación del martillero. Lugar del remate.

513.1. Cumplidos los recaudos a que se refiere el artículo anterior, se ordenará la subasta, designando martillero en los términos del artículo 499 y se determinará la base. Oportunamente se fijará el lugar donde aquélla deba realizarse que será donde tramita la ejecución o el de ubicación del inmueble, según lo resolviere el Juez de acuerdo con lo que resultare más conveniente; se establecerá también el día y la hora, que no podrán ser alterados salvo autorización del Juez o acuerdo de partes expresado por escrito.

513.2. Se especificará la propaganda adicional autorizada, en los términos del artículo 503.

Artículo 514.- Base. Tasación.

514.1. Si no existiere acuerdo de partes, se fijará como base los dos tercios (2/3) de la valuación fiscal actualizada correspondiente al inmueble.

514.2. A falta de valuación, el Juez designará de oficio perito ingeniero, arquitecto o agrimensor para que realice la tasación; la base equivaldrá a las dos terceras (2/3) partes de dicha tasación.

514.3. Para la aceptación del cargo, plazo para el cumplimiento de la tarea y, en su caso, remoción, se aplicarán las reglas de los artículos 416, 418 y 419.

514.4. De la tasación se dará traslado a las partes, quienes dentro de cinco (5) días comunes expresarán su conformidad o disconformidad. Las objeciones deberán ser fundadas.

514.5. El Juez tiene la facultad de apartarse de la tasación o de lo estipulado por las partes, fijando la base en una suma que impida que los bienes sean malvendidos.

B) Constitución de domicilio

Artículo 515.- Domicilio del comprador. El martillero requerirá al adjudicatario la constitución de domicilio en el lugar que corresponda al asiento del Juzgado. Si el comprador no lo constituyese en ese acto y no lo denunciare oportunamente, se aplicará la norma del artículo 59, en lo pertinente.

C) Deberes y facultades del comprador

Artículo 516.- Pago del precio. Suspensión del plazo.

516.1. Dentro de los cinco (5) días de aprobado el remate, el comprador deberá depositar el importe del precio que corresponda abonar al contado, en el banco de depósitos judiciales; si no lo hiciere en esa oportunidad y no invocare motivos fundados para obtener la suspensión del plazo, se ordenará nueva subasta en los términos del artículo 520.

516.2. La suspensión sólo será concedida cuando medien circunstancias totalmente ajenas a la conducta del adquirente y en situaciones que no pudieren ser superadas con la sola indisponibilidad de los fondos.

516.3. El ejecutante y el ejecutado tienen legitimación para requerir el cumplimiento de las obligaciones del comprador.

Artículo 517.- Articulaciones infundadas del comprador. Al adjudicatario que planteare cuestiones manifiestamente improcedentes que demoraren el pago del saldo de precio, se le impondrá una multa que podrá ser del cinco por ciento (5%) al treinta por ciento (30%) del precio obtenido en el remate.

Artículo 518.- Pedido de indisponibilidad de fondos.

518.1. El comprador que hubiere realizado el depósito del importe del precio podrá requerir su indisponibilidad hasta tanto se le otorgue la escritura, o se inscriba el bien a su nombre si prescindiere de aquélla, salvo cuando la demora en la realización de estos trámites le fuera imputable.

518.2. La indisponibilidad no regirá respecto de los gastos de escrituración y pago de impuestos.

D) Sobreseimiento del juicio

Artículo 519.- Sobreseimiento del juicio.

519.1. El ejecutado sólo podrá liberar los bienes depositando el importe del capital y de lo presupuestado en concepto de intereses y costas sin perjuicio de la liquidación que ulteriormente correspondiere; asimismo, una suma a favor del comprador, integrada por la comisión del martillero, sellado del boleto y el equivalente a una vez y media del monto de la seña.

519.2. Los importes deberán ser satisfechos aunque el martillero hubiere descontado los gastos del remate de la cantidad correspondiente a seña.

519.3. La indemnización establecida sobre la base del valor de la seña es sin perjuicio de otras que pudieren corresponder en concepto de responsabilidad civil.

519.4. La simple promesa de pago no autoriza a pedir el sobreseimiento; tampoco podrá supeditarse el pago a la exigencia de una liquidación previa.

519.5. El ejecutado no podrá requerir el sobreseimiento si el comprador hubiese depositado en pago el saldo del precio durante el transcurso del plazo a que se refiere el artículo 516. Por saldo de precio se entiende el que debe abonarse al contado.

519.6. La facultad de solicitar el sobreseimiento sólo podrá ser ejercida por el ejecutado o, en su caso, sus herederos.

519.7. Si el adquirente fuere el acreedor autorizado a compensar, el ejecutado podrá requerir el sobreseimiento antes de que se tenga por oblado o compensado el precio de venta con el crédito del adquirente.

519.8. En las cuestiones que se plantearen acerca de la suficiencia del pago realizado por el ejecutado, el comprador sólo es parte en lo que se refiere a las sumas que podrían corresponderle de conformidad con lo establecido en el apartado primero.

E) Nuevas subastas

Artículo 520.- Nueva subasta por incumplimiento del postor.

520.1. Cuando por culpa del postor cuya oferta hubiese sido aceptada como definitiva en el acto del remate la venta no se formalizare, se ordenará nuevo remate. Dicho postor será responsable de la disminución real del precio que se obtuviere en la nueva subasta, de los intereses acrecidos, de los gastos ocasionados y de las costas causadas con ese motivo.

520.2. El cobro del importe que resultare, previa liquidación, tramitará por el procedimiento de ejecución de sentencia, quedando embargadas a ese efecto las sumas que el postor hubiere entregado.

Artículo 521.- Falta de postores. Si fracasare el remate por falta de postores, se dispondrá otro, reduciendo la base en un veinticinco por ciento (25%). Si tampoco existieren postores, se ordenará la venta sin limitación de precio.

F) Perfeccionamiento de la venta. Trámites posteriores.

Desocupación del inmueble.

Artículo 522.- Perfeccionamiento de la venta. La venta judicial sólo quedará perfeccionada una vez aprobado el remate, pagado el precio o la parte que correspondiere, si se hubieren otorgado facilidades, y luego de realizada la tradición del inmueble a favor del comprador.

Artículo 523.- Escrituración.

523.1. La escritura de protocolización de las actuaciones será extendida por escribano sin que sea necesaria la comparencia del ejecutado.

523.2. El adquirente que solicita la escrituración toma a su cargo la realización de las diligencias tendientes a ella, pero no está obligado a soportar los gastos que corresponden a la otra parte.

Artículo 524.- Levantamiento de medidas precautorias.

524.1. Los embargos e inhibiciones se levantarán al sólo efecto de escriturar, con citación de los Jueces que los decretaron.

524.2. Una vez escriturado el bien, sin otro trámite, esas medidas cautelares se levantarán definitivamente, si fuere procedente, con la presentación del testimonio para la inscripción en el registro de la propiedad.

524.3. Los embargos quedarán transferidos al importe del precio.

Artículo 525.- Desocupación de inmuebles.

525.1. No procederá el desahucio de los ocupantes del inmueble subastado hasta tanto no se hubiere pagado el saldo del precio y hecho la tradición.

525.2. Las cuestiones que se suscitaren con motivo de la desocupación del inmueble se sustanciarán por el trámite de los incidentes, cuando la ilegitimidad de la ocupación apareciere manifiesta, o no requiriere la dilucidación de controversias que por su naturaleza y complejidad deban, a criterio del Juez, ser sometidas a otra clase de proceso.

Sección Quinta

Preferencias. Liquidación. Pago. Fianza

Artículo 526.- Preferencias.

526.1. Mientras el ejecutante no esté totalmente desinteresado las sumas depositadas no podrán aplicarse a otro destino, salvo que se tratare de las costas de la ejecución, o del pago de otro acreedor preferente o privilegiado.

526.2. Los gastos causados por el deudor para su defensa no tendrán, en ningún caso, prelación, salvo cuando correspondiere por aplicación de la ley sustancial.

526.3. Los Defensores públicos no podrán cobrar honorarios a sus representados en razón de su intervención. Cuando la condenada en costas sea la contraparte, los honorarios regulados a favor de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, serán destinados a solventar gastos de estructura y funcionamiento del Poder Judicial.

Artículo 527.- Liquidación. Pago. Fianza.

527.1. Dentro de los cinco (5) días contados desde que se pagó el precio o desde la aprobación del remate, en su caso, el ejecutante presentará la liquidación del capital, intereses y costas; de ella se dará traslado al ejecutado.

527.2. Si el ejecutante no presentare oportunamente liquidación, podrá hacerlo el ejecutado, en cuyo caso se conferirá traslado a aquél. Contestado dicho traslado o vencido el plazo para hacerlo, el Juez resolverá.

527.3. La falta de impugnación no obligará a aprobar la liquidación en cuanto ésta no se ajustare a derecho.

527.4. Si el ejecutado lo pidiere, el ejecutante deberá prestar fianza para percibir el capital y sus intereses. Dicha fianza quedará cancelada, sin que se requiera declaración expresa, si el deudor no promoviere el proceso de conocimiento dentro del plazo de quince (15) días desde que aquélla se constituyó. En este caso se impondrá al ejecutado una multa que no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) del importe de la fianza, y que será a favor del ejecutante.

Sección Sexta

Nulidad de la subasta

Artículo 528.- Nulidad de la subasta a pedido de parte.

528.1. La nulidad del remate, a pedido de parte, sólo podrá plantearse hasta dentro del quinto día de realizado.

528.2. El pedido será desestimado in limine si las causas invocadas fueren manifiestamente inatendibles o no se indicare con fundamento verosímil el perjuicio sufrido. Esta resolución será apelable; si la cámara la confirmare, se impondrá al peticionario una multa que podrá ser del uno por ciento (1%) al diez por ciento (10%) del precio obtenido en el remate.

528.3. Si el pedido de nulidad fuere admisible, se conferirá traslado por cinco (5) días a las partes, al martillero y al adjudicatario; dicho traslado se notificará personalmente o por cédula.

Artículo 529.- Nulidad de oficio. El Juez deberá decretar de oficio la nulidad de la subasta cuando las irregularidades de que ella adoleciere comprometieren gravemente la actividad jurisdiccional; no podrá hacerlo si hubiere decretado medidas que importen considerar válido el remate.

Sección Séptima

Temeridad

Artículo 530.- Temeridad. Si el ejecutado hubiere provocado dilación innecesaria en el cumplimiento de la sentencia de remate, el Juez le impondrá una multa, en los términos del artículo 487, sobre la base del importe de la liquidación aprobada.

Sección Octava

Ambito de aplicación de las disposiciones

del presente Capítulo

Artículo 531.- Ambito. Si la subasta se dispone a requerimiento de propietario o de condómino y no en cumplimiento de una sentencia de condena, la operación se regirá por las normas de derecho sustancial; en este caso, las que se establecen en este Código sólo serán aplicables en lo que fueren conciliables con aquéllas.

TÍTULO III

EJECUCIONES ESPECIALES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 532.- Títulos que las autorizan. Los títulos que autorizan las ejecuciones especiales sólo serán aquéllos que se mencionan expresamente en este Código o en otras leyes.

Artículo 533.- Reglas aplicables. En las ejecuciones especiales se observará el procedimiento establecido para el juicio ejecutivo, con las siguientes modificaciones:

533.1. Sólo procederán las excepciones previstas en el capítulo siguiente o en la ley que crea el título.

533.2. Sólo se admitirá prueba que deba rendirse fuera de la circunscripción territorial del Juzgado cuando el Juez, de acuerdo con las circunstancias, lo considerara imprescindible, en cuyo caso fijará el plazo dentro del cual deberá producirse.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

Sección Primera

Ejecución hipotecaria

Artículo 534.- Excepciones admisibles.

534.1. Además de las excepciones procesales autorizadas por los apartados 1, 2, 3, 4 y 9 del artículo 480 y en el artículo 481, el deudor podrá oponer, únicamente, las de prescripción, pago total o parcial, quita, espera y remisión. Las cuatro (4) últimas sólo podrán probarse por instrumentos públicos o privados o actuaciones judiciales que deberán presentarse en sus originales, o testimoniadas al oponerlas.

534.2. Dentro del plazo para oponer excepciones podrá invocarse también la caducidad de la inscripción hipotecaria, con los efectos que determina el Código Civil.

Artículo 535.- Informe sobre condiciones del inmueble hipotecado. En la providencia que ordenare la intimación de pago y la citación de remate, se dispondrá la anotación del embargo sobre el inmueble hipotecado y el libramiento de oficio al registro de la propiedad para que informe:

535.1. Sobre las medidas cautelares y gravámenes que afectaren al inmueble hipotecado, con indicación del importe de los créditos, sus titulares y domicilios.

535.2. Sobre las transferencias que de aquél se hubieren realizado desde la fecha de constitución de la hipoteca, y nombre y domicilio de los adquirentes.

535.3. Sin perjuicio de ello, el deudor deberá, durante el plazo para oponer excepciones, denunciar el nombre y domicilio de los acreedores privilegiados, embargantes y terceros poseedores del inmueble hipotecado.

Artículo 536.- Tercer poseedor.

536.1. Si del informe o de la denuncia a que se refiere el artículo anterior, resultare que el deudor transfirió el inmueble hipotecado, dictada la sentencia de remate contra aquél, se intimará al tercer poseedor para que dentro del plazo de cinco (5) días pague la deuda o haga abandono del inmueble, bajo apercibimiento de que la ejecución se seguirá también contra él.

536.2. En este último supuesto, se observarán las reglas establecidas en los artículos 3165 y siguientes del Código Civil.

Sección Segunda

Ejecución prendaria

Artículo 537.- Prenda con registro. En la ejecución de prenda con registro sólo procederán las excepciones enumeradas en los apartados 1, 2, 3, 4, 6 y 9 del artículo 480 y en el artículo 481 y las sustanciales autorizadas por la ley de la materia.

Artículo 538.- Prenda civil. En la ejecución de la prenda civil sólo serán oponibles las excepciones que se mencionan en el artículo 534, primer apartado.

Serán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones que rigen la ejecución hipotecaria y la ejecución de prenda con registro.

Sección Tercera

Ejecución comercial

Artículo 539.- Procedencia. Procederá la ejecución comercial para el cobro de:

539.1. Fletes de transportes acreditados con la póliza de fletamento o conocimiento o carta de porte o documento análogo, en su original, y en su caso, el recibo de las mercaderías.

539.2. Crédito por las vituallas suministradas para la provisión de los medios de transporte, justificado con las respectivas facturas valoradas, aprobadas por el capitán, consignatario o cargador por cuya orden las haya entregado el acreedor.

Artículo 540.- Excepciones admisibles. Sólo serán admisibles las excepciones previstas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 9 del artículo 480 y en el artículo 481 y las de prescripción, pago total o parcial, quita, espera y remisión. Las cuatro (4) últimas sólo podrán probarse por instrumentos públicos o privados o actuaciones judiciales que deberán presentarse en sus originales o testimoniadas.

Sección Cuarta

Ejecución fiscal

Artículo 541.- Procedencia.

541.1. Procederá la ejecución fiscal cuando se persiga el cobro de impuestos, patentes, tasas, retribuciones de servicios o mejoras, multas adeudadas a la administración pública, aportes y contribuciones al sistema provincial de previsión social y en los demás casos que las leyes establecen.

541.2. La forma del título y su fuerza ejecutiva serán las determinadas por la legislación fiscal.

Artículo 542.- Procedimiento.

542.1. La ejecución fiscal tramitará conforme a las reglas que estableciere la ley que específicamente regula la materia impositiva u otro título al que también la ley le haya atribuido fuerza ejecutiva. A falta de tales disposiciones o en lo que ellas no previenen procederán las excepciones autorizadas en los apartados 1, 2, 3 y 9 del artículo 480 y en el artículo 481 y las de falsedad material o inhabilidad extrínseca del título, falta de legitimación para obrar pasiva en el ejecutado, pago total o parcial, espera y prescripción.

542.2. Las excepciones de pago y espera sólo podrán probarse con documentos.

LIBRO IV

PROCESOS ESPECIALES

TÍTULO I

INTERDICTOS Y ACCIONES POSESORIAS.

DENUNCIA DE DAÑO TEMIDO. REPARACIONES URGENTES.

CAPÍTULO I
INTERDICTOS

Artículo 543.- Clases. Los interdictos sólo podrán intentarse:

543.1. Para adquirir la posesión o la tenencia.

543.2. Para retener la posesión o la tenencia.

543.3. Para recobrar la posesión o la tenencia.

543.4. Para impedir una obra nueva.

CAPÍTULO II

INTERDICTO DE ADQUIRIR

Artículo 544.- Procedencia. Para que proceda el interdicto de adquirir se requerirá:

544.1. Que quien lo intente presente título suficiente para adquirir la posesión o tenencia con arreglo a derecho.

544.2. Que nadie tenga título de dueño o usufructuario de la cosa que constituye el objeto del interdicto.

544.3. Que nadie sea poseedor o tenedor de la misma cosa.

Artículo 545.- Procedimiento.

545.1. Promovido el interdicto el Juez examinará el titulo y requerirá informe sobre las condiciones de dominio. Si lo hallare suficiente, otorgará la posesión o la tenencia, sin perjuicio de mejor derecho, y dispondrá la inscripción del título, si correspondiere.

545.2. Si otra persona también tuviere título o poseyere el bien, la cuestión deberá substanciarse en juicio ordinario o sumario, según lo determine el Juez atendiendo a la naturaleza y complejidad del asunto.

545.3. Cuando alguien ejerciera la tenencia de la cosa, la demanda contra él se sustanciará por el trámite del juicio sumarísimo.

545.4. Si el título que presenta el actor para adquirir la posesión o la tenencia deriva del que invoca el oponente para resistirla, el Juez dispondrá que la controversia tramite por juicio sumario o sumarísimo, atendiendo a las circunstancias del caso.

Artículo 546.- Anotación de litis. Presentada la demanda, podrá decretarse la anotación de litis en el registro de la propiedad, si los títulos acompañados y los antecedentes aportados justificaren esa medida precautoria.

CAPÍTULO III

INTERDICTO DE RETENER

Artículo 547.- Procedencia. Para que proceda el interdicto de retener se requerirá:

547.1. Que quien lo intentare se encuentre en la actual posesión o tenencia de una cosa, mueble o inmueble.

547.2. Que alguien amenazare perturbarle o lo perturbase en ellas mediante actos materiales.

Artículo 548.- Procedimiento. La demanda se dirigirá contra quien el actor denunciare que lo perturba en la posesión o tenencia, sus sucesores o copartícipes y tramitará por las reglas del proceso sumarísimo.

Artículo 549.- Objeto de la prueba. La prueba sólo podrá versar sobre el hecho de la posesión o tenencia invocada por el actor, la verdad o falsedad de los actos de perturbación atribuidos al demandado, y la fecha en que éstos se produjeron.

Artículo 550.- Medidas precautorias. Si la perturbación fuere inminente, el Juez podrá disponer la medida de no innovar, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones a que se refiere el artículo 50.12.

CAPÍTULO IV

INTERDICTO DE RECOBRAR

Artículo 551.- Procedencia. Para que proceda el interdicto de recobrar se requerirá:

551.1. Que quien lo intente, o su causante, hubiere tenido la posesión actual o la tenencia de una cosa mueble o inmueble.

551.2. Que hubiere sido despojado total o parcialmente de la cosa, con violencia o clandestinidad.

Artículo 552.- Procedimiento.

552.1. La demanda se dirigirá contra el autor denunciado, sus sucesores, copartícipes o beneficiarios del despojo y tramitará por juicio sumarísimo.

552.2. Sólo se admitirán pruebas que tuvieren por objeto demostrar el hecho de la posesión o tenencia invocadas, así como el despojo y la fecha en que éste se produjo.

Artículo 553.- Restitución del bien. Cuando el derecho invocado fuera verosímil y pudieren derivar perjuicios si no se decretare la restitución del bien, el Juez podrá ordenarla previa fianza que prestará el reclamante para responder por los daños que pudiere irrogar la medida.

Artículo 554.- Modificación y ampliación de la demanda.

554.1. Si durante el curso del interdicto de retener se produjere el despojo del demandante, la acción proseguirá como interdicto de recobrar, sin retrotraer el procedimiento, en cuanto fuese posible.

554.2. Cuando llegare a conocimiento del demandante la existencia de otros sucesores, copartícipes o beneficiarios, podrá ampliar la acción contra ellos en cualquier estado del juicio.

Artículo 555.- Sentencia. El Juez dictará sentencia, desestimando el interdicto o mandado restituir la posesión o la tenencia del bien al despojado.

CAPÍTULO V

INTERDICTO DE OBRA NUEVA

Artículo 556.- Procedencia. Cuando se hubiere comenzado una obra que afectare a un inmueble, su poseedor o tenedor podrá promover el interdicto de obra nueva. Será inadmisible si aquélla estuviere concluida o próxima a su terminación. La acción se dirigirá contra el dueño de la obra y, si fuere desconocido, contra el director o encargado de ella. Tramitará por el juicio sumarísimo. El Juez podrá ordenar preventivamente la suspensión de la obra.

Artículo 557.- Sentencia. La sentencia que admitiere la demanda dispondrá la suspensión definitiva de la obra o, en su caso, su destrucción y la restitución de las cosas al estado anterior, a costa del vencido.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES COMUNES A LOS INTERDICTOS

Artículo 558.- Caducidad. Los interdictos de retener, de recobrar y de obra nueva no podrán promoverse después de transcurrido un (1) año de producidos los hechos en que se fundaren.

Artículo 559.- Juicio posterior. Las sentencias que se dictaren en los interdictos de adquirir, retener y recobrar no impedirán el ejercicio de las acciones reales que pudieren corresponder a las partes.

CAPÍTULO VII

ACCIONES POSESORIAS

Artículo 560.- Trámite.

560.1. Las acciones posesorias del Título III, Libro III, del Código Civil, tramitarán por juicio sumario.

560.2. Deducida la acción posesoria o el interdicto, posteriormente sólo podrá promoverse acción real.

CAPÍTULO VIII

DENUNCIA DE DAÑO TEMIDO. OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN

DE REPARACIONES URGENTES

Artículo 561.- Denuncia de daño temido. Medidas de seguridad.

561.1. Quien tema que de un edificio o de otra cosa derive un daño grave e inminente a sus bienes, puede solicitar al Juez las medidas de seguridad adecuadas, si no mediare anterior intervención de autoridad administrativa por el mismo motivo, en cuyo caso aquél juzgará sobre la eficacia de la misma.

561.2. Recibida la denuncia el Juez se constituirá en el lugar y si comprobare la existencia de grave riesgo, urgencia en removerlo y temor de daño serio e inminente, podrá disponer las medidas encaminadas a hacer cesar el peligro. Si la urgencia no fuere manifiesta requerirá la sumaria información que permitiere verificar, con citación de las partes y designación de perito, la procedencia del pedido.

561.3. El Juez podrá ordenar a la administración o al particular que cumplan con las medidas de seguridad dispuestas por el Tribunal.

561.4. Las resoluciones que se dicten serán inapelables.

561.5. En su caso, podrán imponerse sanciones conminatorias.

Artículo 562.- Oposición a la ejecución de reparaciones urgentes.

562.1. Cuando deterioros o averías producidos en un edificio o unidad ocasionen grave daño a otro, y el ocupante del primero se opusiere a realizar o a permitir que se ejecuten las reparaciones necesarias para hacer cesar la causa del perjuicio, el propietario, copropietario, o inquilino directamente afectados o, en su caso, el administrador del consorcio, podrán requerir que se adopten las medidas y se lleven a cabo los trabajos que sean necesarios, disponiéndose el allanamiento de domicilio, si fuere indispensable.

562.2. La petición tramitará sin forma de juicio, con la sola audiencia de los interesados y el informe técnico que deberá acompañarse al escrito inicial. En ausencia del oponente lo representará el Ministerio Público de la Defensa.

562.3. La resolución del Juez es inapelable.

562.4. En su caso podrán imponerse sanciones conminatorias.

Artículo 563.- Revisión. Las cuestiones que se ventilen por el procedimiento de este Capítulo podrán ser revisadas en juicio de conocimiento posterior.

TÍTULO II

PROCESOS DE DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD Y DE INHABILITACIÓN

CAPÍTULO I

DECLARACIÓN DE INSANIA

Artículo 564.- Requisitos.

564.1. Las personas que pueden pedir la declaración de demencia se presentarán ante el Juez competente exponiendo los hechos y acompañando certificados de dos (2) médicos, relativos al estado mental del presunto incapaz y su peligrosidad actual.

564.2. Cuando no fuere posible acompañar dichos certificados, el Juez requerirá la opinión de dos (2) médicos quienes deberán expedirse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. A ese solo efecto y de acuerdo con las circunstancias del caso, el Juez podrá ordenar la internación del presunto incapaz por igual plazo, si fuere indispensable para su examen.

Artículo 565.- Notificación al denunciado. De la actuación del denunciante se notificará personalmente al denunciado para que dentro del plazo de cinco (5) días exponga los hechos que hagan a su defensa.

Artículo 566.- Resolución. Con los recaudos de los artículos anteriores y previa vista al Ministerio Público de la Defensa, el Juez valorará la idoneidad de la denuncia, pudiendo exigir al denunciante mayores elementos de juicio antes de tener por cumplidos los recaudos legales y dar curso al proceso. Posteriormente, dictará resolución ordenando la apertura del proceso, o rechazando la denuncia.

Artículo 567.- Auto de apertura. El auto de apertura a prueba contendrá:

a) El nombramiento de un curador provisional, que recaerá en un abogado de la matrícula. Sus funciones subsistirán hasta que se discierna la curatela definitiva o se desestime la demanda.

b) La fijación de un plazo no mayor de treinta (30) días, dentro del cual deberán producirse todas las pruebas.

c) La designación de oficio de tres (3) médicos psiquiatras, para que informen dentro del plazo preindicado, sobre el estado actual de las facultades mentales del presunto insano. Dicha resolución se notificará personalmente a aquél.

*Artículo 568.- Prueba. El denunciante únicamente podrá aportar pruebas que acrediten los hechos que hubiese invocado y el presunto insano las que hagan a su defensa. Las pruebas que aquéllos o las demás partes ofrecieren, se producirán en el plazo previsto en el apartado b) del artículo anterior.

(Sustituido por art. 8º Ley P. 158)

Artículo 569.- Informe social. Por medio de un Asistente Social que designará el Juez se elaborará un informe social en el que se determinarán los siguientes puntos:

a) Si la dolencia mental de la persona ha incidido habitualmente en su vida de relación y de qué forma.

b) El contexto social en que se desenvuelve habitualmente la vida de la persona.

c) Valorará en su caso las necesidades que corresponda satisfacer para lograr una adecuada inserción social de la persona, colocando el orden de prioridad en que se deberán concretar y pasos para obtener dicho fin, con plazo estimativo para cada uno.

d) La existencia de bienes, derechos patrimoniales, beneficios sociales, etc.

e) Opinará cuando fuere pertinente, sobre la frecuencia aconsejable de las rendiciones de cuentas, así como de la actualización del informe social, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

Artículo 570.- Periodicidad de los controles sociales.

570.1. Antes de la sentencia, el Ministerio Público de la Defensa y el curador dictaminarán sobre la periodicidad aconsejable de los controles sociales.

570.2. La ejecución de estos controles estará a cargo del funcionario que corresponda, quien podrá proponer una modificación en la periodicidad, una vez efectuado el primer control.

570.3. La agenda de estos controles quedará tanto en el Juzgado, como en la curaduría y en el Registro de Incapaces.

570.4. En las internaciones psiquiátricas se operará de la misma forma, con la única diferencia de que el Juez dispondrá sobre la periodicidad de los controles sólo en caso de que la internación se prolongase más de cuatro (4) meses.

Artículo 571.- Curador oficial. Cuando el presunto insano careciere de bienes o éstos sólo alcanzaren para su subsistencia, circunstancia que se justificará sumariamente, el nombramiento de curador provisional recaerá en el funcionario a cargo de la curaduría.

Artículo 572.- Medidas precautorias. Internación.

572.1. Cuando la demencia apareciere notoria e indudable, el Juez, de oficio, adoptará las medidas establecidas en el artículo 148 del Código Civil, decretará la inhibición general de bienes y las providencias que crea convenientes para asegurar la indisponibilidad de los bienes muebles y valores.

572.2. Si se tratase de un presunto demente que ofreciese peligro para sí o para terceros, el Juez ordenará su internación en un establecimiento público o privado.

572.3. Las medidas precautorias y de seguridad establecidas en los dos apartados anteriores serán dictadas por el Juez dentro de los tres (3) días de que tome conocimiento del caso.

Artículo 573.- Pedido de declaración de demencia con internación. Cuando al tiempo de formularse la denuncia el presunto insano estuviera internado, el Juez deberá tomar conocimiento directo de aquél dentro de las cuarenta y ocho (48) horas y adoptar todas las medidas que considerase necesarias para resolver si debe o no mantenerse la internación.

Artículo 574.- Calificación médica. Los médicos, al informar sobre la enfermedad, deberán expedirse con la mayor precisión posible, sobre los siguientes puntos:

574.1. Diagnóstico.

574.2. Fecha aproximada en que la enfermedad se manifestó.

574.3. Pronóstico.

574.4. Régimen aconsejable para la protección y asistencia del presunto insano.

574.5. Necesidad de su internación.

Artículo 575.- Traslado de las actuaciones. Producido el informe de los facultativos y demás pruebas, se dará traslado por cinco (5) días al denunciante, al presunto insano y al curador provisional y, con su resultado, se dará vista al Ministerio Público de la Defensa.

Artículo 576.- Sentencia. Supuesto de inhabilitación. Recursos. Consulta.

576.1. Antes de pronunciar sentencia, el Juez hará comparecer al presunto demente a su presencia o se trasladará a su domicilio o lugar de internación.

576.2. La sentencia se dictará en el plazo de quince (15) días a partir de la contestación de la vista conferida al Ministerio Público de la Defensa o, en su caso, del acto a que se refiere el apartado anterior.

576.3. Si no se verificare la incapacidad, pero de la prueba resultare inequívocamente que del ejercicio de la plena capacidad pudiere resultar daño a la persona o al patrimonio de quien sin haber sido hallado demente presenta disminución de sus facultades, el Juez podrá declararlo inhabilitado en la forma y con el alcance previstos en el artículo 152 bis del Código Civil. En este caso, o si se declarase la demencia, se comunicará la sentencia al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

576.4. El Juez, al dictar sentencia, dispondrá sobre la periodicidad de los controles sociales y económicos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 570 sin perjuicio de modificarla más adelante.

576.5. La sentencia será apelable dentro del quinto día por el denunciante, el presunto demente o inhabilitado, el curador provisional y el Ministerio Público de la Defensa.

576.6. En los procesos de declaración de demencia, si la sentencia que la decreta no fuere apelada se elevará en consulta. La Cámara resolverá, previa vista al representante del Ministerio Público de la Defensa que corresponda, sin otra sustanciación.

Artículo 577.- Costas.

577.1. Los gastos causídicos serán a cargo del denunciante si el Juez considerase inexcusable el error en que hubiere incurrido al formular la denuncia, o si ésta fuere maliciosa.

577.2. Los gastos y honorarios judiciales a cargo del presunto insano no podrán exceder, en conjunto, del diez por ciento (10%) del monto de sus bienes.

Artículo 578.- Rehabilitación. El declarado demente o inhabilitado o cualquier persona que acredite suficiente interés, podrá promover su rehabilitación. El Juez designará tres (3) médicos psiquiatras para que lo examinen y, de acuerdo con los trámites previstos para la declaración de demencia, hará o no lugar a la rehabilitación.

Artículo 579.- Fiscalización del régimen de internación. En los supuestos de dementes, presuntos o declarados, que deban permanecer internados, el Juez, atendiendo a las circunstancias de cada caso dispondrá que el curador provisional o definitivo y el representante del Ministerio Público de la Defensa visiten periódicamente al internado e informen sobre la evolución de su enfermedad y régimen de atención a que se encontrare sometido. Asimismo, deberá disponer que el director del establecimiento informe periódicamente acerca de los mismos hechos.

Artículo 580.- Inserción social del causante. El curador podrá proponer un proyecto de trabajo tendiente a una más adecuada inserción social del causante.

El Ministerio Público de la Defensa dictaminará sobre el mismo y el Juez decidirá.

Dicho plan no se elaborará en base a objetivos abstractos sino a tareas que sean practicables y que tiendan a la finalidad mencionada, como ser: la identificación de la persona, obtención de su documento de identidad, determinación sobre la existencia de beneficios sociales o la posibilidad de obtenerlos, obra social, externación o traslado, ubicación de un familiar que pueda ejercer mejor la función de curador, todo tipo de tarea personal o familiar que implique un paso hacia la rehabilitación, y las demás que aconsejen los profesionales tratantes.

Junto con las tareas propuestas deberán señalarse los medios adecuados para su realización y los plazos necesarios para su cumplimiento.

CAPÍTULO II

DECLARACIÓN DE SORDOMUDEZ

Artículo 581.- Sordomudo. Las disposiciones del Capítulo anterior regirán, en lo pertinente, para la declaración de incapacidad del sordomudo que no sabe darse a entender por escrito y, en su caso, para la cesación de esta incapacidad.

CAPÍTULO III

DECLARACIÓN DE INHABILITACIÓN

Artículo 582.- Alcoholistas habituales, toxicómanos, disminuidos.

582.1. Las disposiciones del Capítulo I del presente Título regirán en lo pertinente para la declaración de inhabilitación a que se refiere el artículo 152 bis, incs. 1 y 2, del Código Civil.

582.2. La legitimación para accionar corresponde a las personas que de acuerdo con el Código Civil pueden pedir la declaración de demencia.

Artículo 583.- Pródigos. En el caso del inciso 3º del artículo 152 bis del Código Civil, la causa tramitará por proceso sumario.

Artículo 584.- Sentencia. Limitación de actos.

584.1. La sentencia de inhabilitación, además de los requisitos generales, deberá determinar, cuando las circunstancias del caso lo exijan, los actos de administración cuyo otorgamiento le es limitado a quien se inhabilita.

584.2. La sentencia se inscribirá en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Artículo 585.- Divergencias entre el inhabilitado y el curador. Todas las cuestiones que se susciten entre el inhabilitado y el curador se sustanciarán por el trámite de los incidentes, con intervención del representante del Ministerio Público.

TÍTULO III

ALIMENTOS Y LITISEXPENSAS

Artículo 586.- Recaudos. La parte que promoviere juicio de alimentos deberá, en un mismo escrito:

586.1. Acreditar el título en cuya virtud los solicita.

586.2. Denunciar, siquiera aproximadamente, el caudal de quien deba suministrarlos.

586.3. Ofrecer la prueba de que intentare valerse.

Artículo 587.- Audiencia preliminar.

587.1. El Juez, sin perjuicio de ordenar inmediatamente la prueba informativa y pericial ofrecida y que considerare procedente, señalará una audiencia que tendrá lugar dentro de un plazo que no podrá exceder de diez (10) días, contado desde la fecha de su presentación a la que serán también citados los testigos ofrecidos y aceptados por el Tribunal, que no podrán exceder de tres (3).

587.2. En dicha audiencia, a la que deberán comparecer las partes personalmente y el representante del Ministerio Público de la Defensa, si correspondiere, el Juez procurará que aquéllas lleguen a un acuerdo directo, en cuyo caso lo homologará en ese mismo acto, poniendo fin al juicio. En caso contrario, recibirá la prueba ofrecida.

La citación del demandado se hará por cédula con copia de la demanda y documentación acompañada.

Artículo 588.- Incomparecencia injustificada del alimentante. Efectos. Cuando, sin causa justificada, la persona a quien se le requieren alimentos no compareciere a la audiencia prevista en el artículo anterior, el Juez procederá a dictar sentencia inmediatamente.

Artículo 589.- Incomparecencia injustificada de la parte actora. Efectos. Cuando quien no compareciere sin causa justificada a la audiencia que prevé el artículo 587 fuere la parte actora. El Juez señalará nueva audiencia en la misma forma y plazos previstos en el citado artículo, bajo apercibimiento de tenerla por desistida del proceso si no concurriere.

Artículo 590.- Incomparecencia justificada. A la parte actora y a la demandada se les admitirá la justificación de la incomparecencia por una sola vez. Si la causa subsistiese, aquéllas deberán hacerse representar por apoderado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los artículos 588 y 589, según el caso.

Artículo 591.- Intervención de la parte demandada. En la audiencia prevista en el artículo 587, el demandado, para demostrar la falta de título o derecho de quien pretende los alimentos, así como la situación patrimonial propia o de la parte actora, sólo podrá:

591.1. Acompañar prueba instrumental.

591.2. Solicitar informes cuyo diligenciamiento no podrá postergar, en ningún caso, el plazo fijado en el artículo 592.

El Juez al sentenciar valorará esas pruebas para determinar el monto de la pensión, o para denegarla, en su caso.

Artículo 592.- Sentencia.

592.1. Cuando en la oportunidad prevista en el artículo 587 no se hubiere llegado a un acuerdo, el Juez, sin necesidad de petición de parte, deberá dictar sentencia dentro de cinco (5) días, contados desde que se hubiese producido la prueba ofrecida por la parte actora. Admitida la pretensión, el Juez fijará la suma que considere equitativa y la mandará abonar por mes anticipado, desde la fecha de interposición de la demanda.

592.2. Las cuotas mensuales a que se refiere este artículo, como también las suplementarias previstas en el siguiente, devengarán intereses desde la fecha fijada en la sentencia para el pago de cada una de ellas.

Artículo 593.- Alimentos atrasados.

593.1. Respecto de los alimentos que se devengaren durante la tramitación del juicio, el Juez fijará una cuota suplementaria, de acuerdo con las disposiciones sobre inembargabilidad de sueldos, jubilaciones y pensiones, la que se abonará en forma independiente.

593.2. La inactividad procesal del alimentario crea la presunción, sujeta a prueba en contrario, de su falta de necesidad y, con arreglo a las circunstancias de la causa, puede determinar la caducidad del derecho a cobrar las cuotas atrasadas referidas al período correspondiente a la inactividad.

593.3. La caducidad no es aplicable a los beneficiarios menores de edad; tampoco, cuando la aparente inactividad del interesado es provocada por la inconducta del alimentante.

Artículo 594.- Percepción. Salvo acuerdo de partes, la cuota alimentaria se depositará en el banco de depósitos judiciales y se entregará al beneficiario a su sola presentación. Su apoderado únicamente podrá percibirla cuando existiere resolución fundada que así lo ordenare.

Artículo 595.- Recursos. La sentencia que deniegue los alimentos será apelable. Si los admitiere, el recurso se concederá sin efecto suspensivo. En este último supuesto y cumplidos los trámites previstos por el artículo 273.2., se expedirá testimonio de la sentencia, el que se reservará en el Juzgado para su ejecución, remitiéndose inmediatamente las actuaciones a la cámara.

Artículo 596.- Cumplimiento de la sentencia. Si dentro del quinto día de intimado el pago, la parte vencida no lo hubiere hecho efectivo, sin otra sustanciación se procederá al embargo y se decretará la venta de los bienes necesarios para cubrir el importe de la deuda.

Artículo 597.- Divorcio decretado por culpa de uno o de ambos cónyuges. Cuando se tratase de alimentos fijados a favor de uno de los cónyuges durante la sustanciación del juicio de divorcio, y recayese sentencia definitiva decretándolo por culpa de aquél o de ambos, la obligación del alimentante cesará de pleno derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 209 del Código Civil.

Artículo 598.- Trámite para la modificación o cesación de los alimentos.

598.1. Toda petición de aumento, disminución, cesación o coparticipación en los alimentos, se sustanciará por las normas de los incidentes, en el proceso en que fueron solicitados. Este trámite no interrumpirá la percepción de las cuotas ya fijadas. Sin embargo a pedido de parte, fundado en circunstancias absolutamente verosímiles, el Juez podrá apartarse de lo dispuesto en el párrafo precedente con carácter excepcional y alcances estrictamente limitados.

598.2. En el incidente de aumento de la cuota alimentaria, la nueva cantidad fijada rige desde la notificación del pedido.

Artículo 599.- Litisexpensas. La demanda por litisexpensas se sustanciará de acuerdo con las normas de este Título.

TÍTULO IV

RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo 600.- Obligación de rendir cuentas.

600.1. La demanda por obligación de rendir cuentas tramitará por juicio sumario, a menos que integrase otras pretensiones que debieren sustanciarse en juicio ordinario.

600.2. El traslado de la demanda se hará bajo apercibimiento de que si el demandado no la contestare, o admitiere la obligación y no las rindiere dentro del plazo que el Juez fije al conferir dicho traslado, se tendrán por aprobadas las que presente el actor, en todo aquello que el demandado no pruebe que sean inexactas.

Artículo 601.- Trámite por incidente. Se aplicará el procedimiento de los incidentes siempre que:

601.1. Exista condena judicial a rendir cuentas.

601.2. La obligación de rendirlas resultare de instrumento público o privado reconocido, o haya sido admitida por el obligado al ser requerido por diligencia preliminar.

Artículo 602.- Facultad judicial.

602.1. En los casos del artículo anterior, si conjuntamente con el pedido, quien promovió el incidente hubiere acompañado una cuenta provisional, el Juez dará traslado a la otra parte para que la admita u observe, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere se aprobará la presentada.

602.2. El Juez fijará los plazos para los traslados y producción de prueba, atendiendo a la complejidad de las cuentas y documentos que se hubiesen acompañado.

Artículo 603.- Documentación. Justificación de partidas. Con el escrito de rendición de cuentas deberá acompañarse la documentación correspondiente. El Juez podrá tener como justificadas las partidas respecto de las cuales no se acostumbrare a pedir recibos y fueren razonables y verosímiles.

Artículo 604.- Saldos reconocidos.

604.1. El actor podrá reclamar el pago de los saldos reconocidos por el demandado, sin esperar la resolución definitiva sobre las cuentas y sin que por ello se entienda que las ha aceptado.

604.2. El pedido se sustanciará por las normas sobre ejecución de sentencias.

Artículo 605.- Demanda por aprobación de cuentas. El obligado a rendir cuentas podrá pedir la aprobación de las que presente. De la demanda, a la que deberá acompañarse boleta de depósito por el importe del saldo deudor, se dará traslado al interesado, por el plazo que fije el Juez, que no podrá ser inferior a cinco (5) días, bajo apercibimiento de ser tenido por conforme si no las impugnare al contestar. Se aplicará, en lo pertinente, el procedimiento establecido en los artículos anteriores.

TÍTULO V

MENSURA Y DESLINDE

CAPÍTULO I

MENSURA

Artículo 606.- Procedencia. Procederá la mensura judicial:

606.1. Cuando estando el terreno deslindado, se pretendiera comprobar su superficie.

606.2. Cuando los límites estuvieren confundidos con los de un terreno colindante.

Artículo 607.- Alcance. La mensura no afectará los derechos que los propietarios pudieren tener al dominio o a la posesión del inmueble.

Artículo 608.- Requisitos de la solicitud. Quien promoviere el procedimiento de mensura, deberá:

608.1. Expresar su nombre, apellido y domicilio real.

608.2. Constituir domicilio en los términos del artículo 58.

608.3. Acompañar el título de propiedad del inmueble y un plano de mensura suscripto por profesional habilitado.

608.4. Indicar el nombre, apellido y domicilio de los colindantes, o manifestar que los ignora.

El Juez desestimará de oficio y sin sustanciación previa la solicitud que no contuviere los requisitos establecidos.

Artículo 609.- Nombramiento del perito. Edictos. Presentada la solicitud con los requisitos indicados en el artículo anterior, el Juez deberá:

609.1. Disponer que se practique la mensura por un perito designado de oficio.

609.2. Ordenar se publiquen edictos por tres (3) días, citando a quienes tuvieren interés en la mensura. La publicación deberá hacerse con la anticipación necesaria para que los interesados puedan concurrir a presenciarla, por sí o por medio de sus representantes.

En los edictos se expresará la situación del inmueble, el nombre del solicitante, el Juzgado y secretaría, y el lugar, día y hora en que se dará comienzo a la operación.

609.3. Hacer saber el pedido de mensura a la oficina topográfica.

Artículo 610.- Actuación preliminar del perito. Aceptado el cargo, el perito deberá:

610.1. Citar por circular a los propietarios de los terrenos colindantes, con la anticipación indicada en el apartado 2 del artículo anterior y especificando los datos en él mencionados.

Los citados deberán notificarse firmando la circular. Si se negaren a hacerlo, el perito deberá dejar constancia ante dos (2) testigos, que la suscribirán.

Si los propietarios colindantes no pudiesen ser notificados personalmente, la diligencia se practicará con quien los representen, dejándose constancia. Si se negaren a firmar, se labrará acta ante dos (2) testigos, se expresarán en ella las razones en que fundaren la negativa y se los tendrá por notificados.

Si alguno de los terrenos colindantes fuese de propiedad fiscal, el perito deberá citar a la autoridad administrativa que corresponda y a su representante judicial.

610.2. Cursar aviso al peticionario con las mismas enunciaciones que se especifiquen en la circular.

610.3. Solicitar instrucciones a la oficina topográfica y cumplir con los requisitos de carácter administrativo correspondientes a la intervención asignada a ese organismo.

Artículo 611.- Oposiciones. La oposición que se formulare al tiempo de practicarse la mensura no impedirá su realización, ni la colocación de mojones. Se dejará constancia, en el acta, de los fundamentos de la oposición, agregándose la protesta escrita en su caso.

Artículo 612.- Oportunidad de la mensura.

612.1. Cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 608 a 610, el perito hará la mensura en el lugar, día y hora señalados, con la presencia de los interesados o de sus representantes.

612.2. Cuando por razones climáticas o mal estado del terreno no fuese posible comenzar la mensura en el día fijado en las citaciones y edictos, el profesional y los interesados podrán convenir nueva fecha todas las veces que ello sea necesario, labrándose siempre acta de cada postergación.

612.3. Cuando la operación no pudiere llevarse a cabo por ausencia del profesional, el Juzgado fijará la nueva fecha. Se publicarán edictos, se practicarán citaciones a los linderos y se cursarán avisos con la anticipación y en los términos del artículo 610.

Artículo 613.- Continuación de la diligencia. Cuando la mensura no pudiere terminar en el día, proseguirá en el más próximo posible. Se dejará constancia de los trabajos realizados y de la fecha en que continuará la operación, en acta que firmarán los presentes.

Artículo 614.- Citación a otros linderos. Si durante la ejecución de la operación se comprobare la existencia de linderos desconocidos al tiempo de comenzarla, se los citará, si fuere posible, por el medio establecido en el artículo 610, apartado 1. El perito solicitará su conformidad respecto de los trabajos ya realizados.

Artículo 615.- Intervención de los interesados. Los colindantes podrán:

615.1. Concurrir al acto de la mensura acompañados por peritos de su elección, siendo a su cargo los gastos y honorarios que se devengaren.

615.2. Formular las reclamaciones a que se creyeren con derecho, exhibiendo los títulos de propiedad en que las funden. El perito pondrá en ellas constancia marginal que suscribirá.

615.3. Los reclamantes que no exhibieron sus títulos sin causa justificada, deberán satisfacer las costas del juicio que promovieren contra la mensura, cualquiera fuese el resultado de aquél.

615.4. La misma sanción se aplicará a los colindantes que, debidamente citados, no hubiesen intervenido en la operación de mensura sin causa justificada.

615.5. El perito deberá expresar, oportunamente, su opinión técnica acerca de las observaciones que se hubiesen formulado.

Artículo 616.- Remoción de mojones. El perito no podrá remover los mojones que encontrare, a menos que hubiesen comparecido todos los colindantes y manifestasen su conformidad por escrito.

Artículo 617.- Acta y trámite posterior. Terminada la mensura, el perito deberá:

617.1. Labrar acta en la que expresará los detalles de la operación y el nombre de los linderos que la han presenciado. Si se hubiere manifestado disconformidad, las razones invocadas.

617.2. Dentro de los diez (10) días de finalizada la misma, presentar al Juzgado la circular de citación y, a la oficina topográfica, un informe acerca del modo en que ha cumplido su cometido y, por duplicado, el acta y el plano de la mensura. Será responsable de los daños y perjuicios que ocasionare su demora injustificada.

Artículo 618.- Dictamen técnico administrativo. La oficina topográfica podrá solicitar al Juez el expediente con el título de propiedad. Dentro de los treinta (30) días contados desde la recepción del acta y diligencia de mensura o, en su caso, del expediente requerido al Juez, remitirá a éste uno de los ejemplares del acta, el plano y un informe acerca del valor técnico de la operación efectuada.

Artículo 619.- Efectos. Cuando la oficina topográfica no observare la mensura y no existiere oposición de linderos, el Juez la aprobará y mandará expedir los testimonios que los interesados solicitaren.

Artículo 620.- Defectos técnicos. Cuando las observaciones u oposiciones se fundaren en cuestiones meramente técnicas, se dará traslado a los interesados por el plazo que fije el Juez. Contestados los traslados o vencido el plazo para hacerlo, aquél resolverá aprobando o no la mensura, según correspondiere, u ordenando las rectificaciones pertinentes, si fuere posible.

CAPÍTULO II

DESLINDE

Artículo 621.- Deslinde por convenio. La escritura pública en que las partes hubiesen efectuado el deslinde deberá presentarse al Juez, con todos sus antecedentes. Previa intervención de la oficina topográfica se aprobará el deslinde, si correspondiere.

Artículo 622.- Deslinde judicial.

622.1. La acción de deslinde tramitará por las normas establecidas para el juicio sumario.

622.2. Si el o los demandados no se opusieren a que se efectúe el deslinde, el Juez designará de oficio perito agrimensor para que realice la mensura en el plazo que se fije al efecto. Se aplicarán, en lo pertinente, las normas establecidas en el Capítulo I de este Título, con intervención de la oficina topográfica.

622.3. Presentada la mensura, se dará traslado a las partes por diez (10) días, y si expresaren su conformidad, el Juez la aprobará estableciendo el deslinde. Si mediare oposición a la mensura, el Juez, previo traslado y producción de prueba por los plazos que fijare, dictará sentencia.

Artículo 623.- Ejecución de la sentencia que dispone el deslinde. La ejecución de la sentencia que declare procedente el deslinde se llevará a cabo de conformidad con las normas establecidas en el artículo anterior. Si correspondiere, se efectuará el amojonamiento.

TÍTULO VI

DIVISIÓN DE COSAS COMUNES

Artículo 624.- Trámite.

624.1. La demanda por división de cosas comunes se sustanciará y resolverá por el procedimiento del juicio sumario.

624.2. La sentencia deberá contener, además de los requisitos generales, la decisión expresa, cuando fuere posible, sobre la forma de la división, de acuerdo con la naturaleza de la cosa.

Artículo 625.- Peritos. Ejecutoriada la sentencia, se citará a las partes a una audiencia para el nombramiento de un perito tasador, partidor o martillero, según corresponda, y para que convengan la forma de la división, si no se hubiere establecido en la sentencia. Para su designación y procedimientos ulteriores, se aplicarán las disposiciones relativas a la división de herencia, en el primer caso, o las del juicio ejecutivo, en el segundo.

Artículo 626.- División extrajudicial. Si se pidiere la aprobación de una división de bienes hecha extrajudicialmente, el Juez, previa las ratificaciones que correspondieren, y las citaciones necesarias en su caso, resolverá aprobándola o rechazándola, sin recurso alguno.

TÍTULO VII

DESALOJO

Artículo 627.- Procedimiento. La acción de desalojo de inmuebles urbanos y rurales se sustanciará por el procedimiento establecido por este Código para el juicio sumario, con las modalidades que se establecen en los artículos siguientes.

Artículo 628.- Procedimiento sumarísimo. La acción de desalojo de inmuebles fiscales urbanos o rurales promovida contra ocupantes sin título legítimo de ocupación se sustanciará por el procedimiento establecido por este Código para el juicio sumarísimo, con las modalidades que se establecen en los artículos siguientes en cuanto sean compatibles con aquél.

Artículo 629.- Procedencia. La acción de desalojo procederá contra locatarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos y cualesquiera otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible.

*Artículo 629 bis.- Entrega del inmueble al accionante. En los casos en que la acción de desalojo se dirija contra intruso, en cualquier estado del juicio después de trabada la litis y a pedido del actor, el Juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil y previa caución por los eventuales daños y perjuicios que se puedan irrogar.

(Incorporado por art. 1º Ley P. 513)

Artículo 630.- Denuncia de la existencia de sublocatarios u ocupantes. En la demanda y en la contestación las partes deberán expresar si existen o no sublocatarios u ocupantes terceros. El actor, si lo ignora, podrá remitirse a lo que resulte de la diligencia de notificación, de la contestación a la demanda, o de ambas.

Artículo 631.- Notificaciones. Si en el contrato no se hubiese constituido domicilio especial y el demandado no tuviese su domicilio real dentro de la jurisdicción, la notificación de la demanda podrá practicarse en el inmueble cuyo desalojo se requiere, siempre que en él hubiese algún edificio habitado.

Artículo 632.- Localización del inmueble.

632.1. Si faltase la chapa indicadora del número del inmueble donde debe practicarse la notificación, el notificador procurará localizarlo inquiriendo a los vecinos. Si obtuviese indicios suficientes, requerirá en el inmueble la identificación de los ocupantes, pidiéndoles razón de su relación con el demandado.

632.2. Si la notificación debiese hacerse en una casa de departamentos y en la cédula no se hubiere especificado la unidad, o se la designare por el número y en el edificio estuviere designada por letras, o viceversa, el notificador inquirirá al encargado y vecinos si el demandado vive en el edificio; lo notificará si lo hallare, identificándolo. En caso contrario devolverá la cédula informando el resultado de la diligencia.

Artículo 633.- Deberes y facultades del notificador. Cuando la notificación se cumpla en el inmueble reclamado, el notificador:

633.1. Deberá hacer saber la existencia del juicio a cada uno de los sublocatarios u ocupantes presentes en el acto, aunque no hubiesen sido denunciados, previniéndoles que la sentencia que se pronuncie producirá efectos contra todos ellos y que, dentro del plazo fijado para contestar la demanda, podrán ejercer los derechos que estimen corresponderles.

633.2. Identificará a los presentes e informará al Juez sobre el carácter que invoquen y acerca de otros sublocatarios u ocupantes cuya presunta existencia surja de las manifestaciones de aquéllos. Aunque existiesen sublocatarios u ocupantes ausentes en el acto de la notificación, no se suspenderán los trámites y la sentencia de desalojo producirá efectos también respecto de ellos.

633.3. Podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, allanar domicilios y exigir la exhibición de documentos de identidad u otros que fuesen necesarios.

633.4. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo y en el anterior constituirá falta grave del notificador.

Artículo 634.- Prueba. En los juicios fundados en las causales de falta de pago o por vencimiento del plazo sólo se admitirá la prueba documental, la declaración de parte y la pericial.

Artículo 635.- Lanzamiento. El lanzamiento se ordenará:

635.1. Tratándose de quienes entraron en la tenencia u ocupación del inmueble con título legítimo, a los diez (10) días de la notificación de la sentencia si la condena de desalojo se fundare en vencimiento del plazo, falta de pago de los alquileres o resolución del contrato por uso abusivo u otra causa imputable al locatario; en los casos de condena de futuro, a los diez (10) días del vencimiento del plazo. En los demás supuestos, a los noventa (90) días de la notificación de la sentencia, a menos que una ley especial estableciera plazos diferentes.

635.2. Respecto de quienes no tuvieron título legítimo para la ocupación del inmueble, el plazo será de cinco (5) días.

Artículo 636.- Alcance de la sentencia. La sentencia se hará efectiva contra todos los que ocupen el inmueble aunque no hayan sido mencionados en la diligencia de la notificación o no se hubiesen presentado en el juicio.

Artículo 637.- Condena de futuro.

637.1. La demanda de desalojo podrá interponerse antes del vencimiento del plazo convenido para la restitución del bien, en cuyo caso la sentencia que ordena la desocupación deberá cumplirse una vez vencido aquél.

637.2. Las costas serán a cargo del actor cuando el demandado, además de haberse allanado a la demanda, cumpliere su obligación de desocupar oportunamente el inmueble o de devolverlo en la forma convenida.

TÍTULO VIII

JUICIO LABORAL

Artículo 638.- Procedimiento aplicable. Las acciones referidas a cuestiones laborales, se sustanciarán por el trámite del juicio sumario, con las modificaciones que se establecen en el presente Título.

Artículo 639.- Competencia. Los procesos laborales se tramitarán ante el Tribunal que corresponda al domicilio del trabajador, o al domicilio del empleador, o al lugar de celebración o cumplimiento del contrato de trabajo, a elección del primero cuando éste es actor.

Cuando los procesos versen sobre accidentes de trabajo, será de aplicación el párrafo precedente aún cuando el trabajador optare por la acción del Derecho Civil. En este supuesto se aplicarán las normas del proceso de conocimiento que correspondiere, sin las modificaciones establecidas en este Título.

Artículo 640.- Beneficio de litigar sin gastos. En los juicios laborales los trabajadores gozarán del beneficio de litigar sin gastos.

Artículo 641.- Representación. El trabajador podrá ser representado en juicio por abogado o procurador, otorgando al efecto carta-poder cuya firma certificará cualquier Secretario de los Tribunales provinciales, o la autoridad policial del lugar donde no hubiere Juzgados.

Artículo 642.- Alternativas procesales. En el proceso, regirán las siguientes reglas:

642.1. El traslado de la demanda y toda notificación que corresponda practicar en el domicilio real del empleador, se efectuará en el lugar donde se ha cumplido el contrato de trabajo o en el domicilio del principal, a elección de la parte trabajadora. Los empleadores que se radicaren transitoriamente en la Provincia, deberán constituir domicilio en el organismo administrativo de aplicación a los fines de ser notificados si se ausentaren de ella, hasta dos (2) años después de finalizado el contrato de trabajo, bajo apercibimiento de tener por constituido allí dicho domicilio.

642.2. Para intentar una conciliación y para que, en caso negativo, el demandado conteste la demanda y oponga excepciones, el Juez designará una audiencia a la que serán citadas las partes para que concurran personalmente.

642.3. En el acto de la audiencia o hasta tres (3) días después, las partes deberán ofrecer todas las pruebas incluso la instrumental. Si el demandado reconviniere, el plazo de tres (3) días fijado en el presente artículo correrá para ambas partes desde la audiencia en que el actor conteste la reconvención.

*Artículo 643.- Medidas cautelares.

643.1. Antes o después de deducida la demanda, el Tribunal, a petición de la parte trabajadora, podrá decretar medidas cautelares contra el demandado siempre que resultare acreditada prima facie la procedencia del reclamo, sin necesidad de acreditar el peligro en la demora.

En caso que la petición de las medidas cautelares fueren realizadas por trabajadores despedidos, ante la falta de pago de la correspondiente indemnización, las mismas deberán ser decretadas dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas de solicitadas, siempre que resultare acreditada prima facie la procedencia del reclamo.

643.2. También podrá disponer que el demandado facilite la asistencia médica y farmacéutica requerida por la víctima en la forma y condiciones de la ley de accidentes de trabajo.

643.3. En ningún caso le será exigida a los trabajadores caución real o fianza personal para la responsabilidad por medidas cautelares, ni para la ejecución provisoria.

(Modificado por art. 1º Ley P. 208)

(Sustitución punto 1)

Artículo 644.- Inversión de la prueba.

644.1. Cuando en virtud de una norma de trabajo exista la obligación de llevar libros, registros o planillas especiales, y a requerimiento judicial no se los exhiba o resulte que no reúnen las exigencias legales o reglamentarias, incumbirá al empleador la prueba contraria a la reclamación del trabajador que verse sobre los hechos que debieran consignarse en los mismos.

644.2. En los juicios donde se controvierta el monto o el cobro de salarios, sueldos u otras formas de remuneración en dinero o en especie, acreditado el contrato de trabajo o la prestación del servicio, la prueba contraria a la reclamación corresponderá también a la parte empleadora demandada.

Artículo 645.- Obligación del Tribunal. Sin perjuicio de lo referido en el artículo anterior, siempre que se demande el pago de salarios u otras remuneraciones se requerirá, de oficio, de la pertinente autoridad administrativa, el convenio colectivo aplicable, o la parte pertinente, aún en estado de autos para sentencia, considerándose falta grave la omisión incurrida al respecto por el Tribunal interviniente.

*Artículo 646.- Sentencia. Recursos. En la sentencia se resolverá de conformidad a lo probado en autos, pudiendo el Tribunal pronunciarse a favor del trabajador en forma ultra petita, pero no podrá comprender rubros no reclamados en la demanda.

El plazo para apelar las sentencias definitivas y las resoluciones en materia de medidas cautelares será de seis (6) días.

(Modificado por Art. 3º Ley P. Nº552)

(Incorpora último párrafo).

Artículo 647.- Incidente de ejecución parcial. Si el empleador, en cualquier estado del trámite, reconociere adeudar al trabajador algún crédito líquido y exigible que tuviere por origen la relación laboral, a petición de parte formará incidente por separado y en él se sustanciará la ejecución de ese crédito por el procedimiento establecido para la ejecución de sentencia. Del mismo modo podrá procederse cuando hubiere quedado firme la condena al pago de alguna suma de dinero.

Artículo 648.- Título ejecutivo. En los casos en que, mediante acta levantada ante un funcionario público competente o ante un escribano público, se hubiere reconocido a favor de un trabajador un crédito líquido y exigible que tuviere por origen la relación laboral, dicho trabajador, con presentación del instrumento respectivo o copia autentica de él, podrá iniciar juicio ejecutivo para el cobro de ese crédito, siempre que el deudor no estuviere sometido a ejecución colectiva.

Artículo 649.- Lanzamiento durante el juicio. En los casos en que el trabajador ocupare un inmueble o parte de un inmueble en virtud o como accesorio de un contrato de trabajo, si de las manifestaciones de las partes vertidas en juicio resultaren reconocidos ese hecho y la extinción o ruptura del contrato, en cualquier estado del proceso se podrá pedir el lanzamiento. Si se apelare contra la resolución que lo decrete o deniegue, el recurso tramitará por incidente separado. Quedan a salvo las disposiciones especiales de los estatutos profesionales.

TÍTULO IX

USUCAPIÓN

Artículo 650.- Vía sumaria. Requisitos de la demanda. Cuando se trate de probar la adquisición del dominio de inmuebles por la posesión, de conformidad a las disposiciones de las leyes de fondo, se observarán las reglas del proceso sumario, con las siguientes modificaciones:

650.1. Se admitirá toda clase de pruebas, pero la sentencia no podrá basarse exclusivamente en la testifical.

650.2. La demanda deberá acompañarse de certificados otorgados por el Registro de la Propiedad, donde conste la condición jurídica del inmueble, debiendo informar dicho organismo, con precisión y amplitud, todos los datos sobre el titular o titulares del dominio.

650.3. También se acompañará un plano firmado por profesional matriculado, que determine el área, linderos y ubicación del bien, el que será visado por el organismo técnico-administrativo, que corresponda.

650.4. Será parte en el juicio quien figure como propietario en el Registro de la Propiedad, o, en su defecto, el Fiscal de Estado, o la Municipalidad correspondiente a la ubicación del inmueble, según se encuentren o no afectados intereses fiscales, provinciales o municipales.

Artículo 651.- Propietario ignorado. Toda vez que se ignore el propietario del inmueble se requerirá informe del organismo técnico administrativo que corresponda de la Provincia, sobre los antecedentes del dominio y si existen intereses fiscales comprometidos.

*Artículo 652.- Traslado. Informes sobre domicilio. De la demanda se dará traslado al propietario o al Fiscal de Estado o municipalidad, en su caso. Cuando se ignore el domicilio del propietario, se requerirán informes de la Justicia Electoral correspondiente y delegaciones locales de policía con relación al último domicilio conocido o supuesto del demandado. De dar resultado negativo se lo citará por edictos por diez (10) días en el Boletín Oficial y en un diario de la zona, previniéndosele que si no se presenta y contesta la demanda, se le nombrará Defensor Público. Serán citados, además, quienes se consideren con derecho sobre el inmueble.

(Sustituido por art. 9º Ley P. 158)

Artículo 653.- Inscripción de sentencia favorable. Dictada sentencia acogiendo la demanda se dispondrá su inscripción en el Registro de la Propiedad y la cancelación de la anterior si estuviere inscripto el dominio. La sentencia hará cosa juzgada material.

TÍTULO X

PROTECCIÓN DE LOS INTERESES COLECTIVOS O DIFUSOS

Artículo 654.- Procedimiento. Las pretensiones tendientes a la protección de los intereses difusos tramitarán según las normas del procedimiento sumarísimo, con las modificaciones establecidas en este Capítulo.

Artículo 655.- Objeto de la acción. Las acciones judiciales a que hace referencia el artículo anterior, podrán tener por objeto especialmente y sin perjuicio de lo que puedan disponer otras leyes:

a) Paralizar o evitar la contaminación del medio ambiente o cualquier daño al ecosistema, a los valores culturales, estéticos, históricos, urbanísticos, arquitectónicos, arqueológicos, o cualquier otro vinculado al resguardo de la calidad de vida.

b) Evitar el comercio de productos perjudiciales o nocivos a la salud, a la seguridad o a la vida de las personas, o que perjudiquen el equilibrio del ecosistema.

c) Evitar las prácticas inmorales o engañosas, en especial las publicidades que tiendan a engañar al consumidor sobre la cantidad o calidad de los productos.

La enumeración precedente no es taxativa.

Artículo 656.- Legitimación pasiva. Los legitimados mencionados en el artículo 74 del presente Código, podrán dirigir su demanda contra:

a) Las personas públicas o privadas que realicen cualesquiera de los actos mencionados en el artículo anterior.

b) Las dependencias de la Administración Pública, central o descentralizada, las municipalidades y demás organismos que tengan a su cargo el ejercicio del poder de policía de la actividad y no lo ejercieren adecuadamente, lo que se presumirá si no hubieren evitado los daños habiendo podido hacerlo.

Cuando no sea demandado el organismo que ejerza el poder de policía, el Tribunal deberá citarlo en calidad de tercero.

Artículo 657.- Acumulación de acciones. Cuando una misma acción fuera interpuesta en distintos procesos por uno o más de los legitimados, todas las causas se acumularán a la primera que se haya iniciado, sin poder retrotraerse los actos ya cumplidos y precluidos. Esta acumulación no procederá en el caso de la pretensión a la indemnización de los daños y perjuicios, que tramitará en proceso separado.

Artículo 658.- Registro de los juicios. En un registro especial, que se reglamentará por el Superior Tribunal de Justicia, se anotarán todos los juicios iniciados conforme a lo dispuesto en este Capítulo. Deberá requerirse información del mismo antes de correrse traslado de la demanda a los efectos previstos en el artículo anterior.

Artículo 659.- Publicidad de la demanda. Iniciada la acción y con el informe negativo del registro previsto en el artículo anterior, el Juez ordenará se dé a publicidad un extracto de la demanda, por el plazo y los medios que el mismo determine. Esta publicidad será sin cargo en los medios de comunicación estatales. En todos los casos se reproducirá el artículo siguiente.

Artículo 660.- Adhesión a la acción. Dentro del plazo que el Juez fije podrán adherirse a la acción, sin modificarla, todos los legitimados aludidos en el artículo 74 de este Código. En estos casos el Juez dispondrá la unificación de la personería de los litisconsortes si fuera necesario para agilizar el trámite procesal.

Artículo 661.- Admisibilidad. Finalizado el plazo del artículo anterior, y previa vista fiscal, el Juez examinará la demanda y resolverá acerca de la viabilidad de la misma para desestimarla in limine o darle el curso que correspondiere.

Artículo 662.- Sentencia. La sentencia definitiva dispondrá las medidas más eficaces para prevenir los daños o hacer cesar los producidos, o para repararlos cuando ello fuere posible. En caso contrario condenará al responsable a indemnizar a la comunidad en obras o acciones de prevención ambiental.

LIBRO V

TÍTULO ÚNICO

PROCESO SUCESORIO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 663.- Requisitos de la iniciación.

663.1. Quien solicitare la apertura del proceso sucesorio, deberá justificar, prima facie, su carácter de parte legítima y acompañar la partida de defunción del causante.

663.2. Si éste hubiere hecho testamento y el solicitante conociere su existencia, deberá presentarlo, cuando estuviese en su poder, o indicar el lugar donde se encontrare, si lo supiere.

663.3. Cuando el causante hubiere fallecido sin haber testado, deberá denunciarse el nombre y domicilio de los herederos o representantes legales conocidos.

Artículo 664.- Medidas preliminares y de seguridad.

664.1. El Juez hará lugar o denegará la apertura del proceso, previo examen de su competencia y recepción de la prueba que resultare necesaria.

664.2. Dentro del tercer día de iniciado el procedimiento, el presentante deberá comunicarlo al Registro de Juicios Universales, en la forma y con los recaudos que establezca la reglamentación respectiva.

664.3. A petición de parte interesada, o de oficio, en su caso, el Juez dispondrá las medidas que considere convenientes para la seguridad de los bienes y documentación del causante.

664.4. El dinero, los títulos, acciones y alhajas se depositarán en el banco de depósitos judiciales. Respecto de las alhajas se adoptará la misma medida, salvo que los herederos decidieren que quedaren bajo su custodia.

Artículo 665.- Simplificación de los procedimientos.

665.1. Cuando en el proceso sucesorio el Juez advirtiere que la comparecencia personal de las partes y de sus letrados podría ser beneficiosa para la concentración y simplificación de los actos procesales que deben cumplirse, de oficio o a pedido de parte, señalará una audiencia a la que aquéllos deberán concurrir personalmente, bajo apercibimiento de imponer una multa equivalente entre uno (1) y seis (6) veces el importe de la tasa de justicia para juicios de monto indeterminado, vigente a la fecha de su aplicación, en caso de inasistencia injustificada.

665.2. En dicha audiencia el Juez procurará que las partes establezcan lo necesario para la más rápida tramitación del proceso.

Artículo 666.- Administrador provisional. A pedido de parte, el Juez podrá fijar una audiencia para designar administrador provisional. El nombramiento recaerá en el cónyuge supérstite o en el heredero que, prima facie, hubiere acreditado mayor aptitud para el desempeño del cargo. El Juez sólo podrá nombrar a un tercero cuando no concurrieren estas circunstancias.

Artículo 667.- Intervención de interesados. La actuación de las personas y funcionarios que pueden promover el proceso sucesorio o intervenir en él, tendrá las siguientes limitaciones:

667.1. El Ministerio Público cesará de intervenir una vez aprobado el testamento, dictada la declaratoria de herederos, o reputada vacante la herencia.

667.2. Los tutores ad litem cesarán de intervenir cuando a sus pupilos se les designe representante legal definitivo, o desaparezca la incapacidad o la oposición de intereses que dio motivo a su designación.

667.3. La autoridad encargada de recibir la herencia vacante deberá ser notificada por cédula de los procesos en los que pudiere llegar a tener intervención. Las actuaciones sólo se le remitirán cuando se reputare vacante la herencia. Su intervención cesará una vez aprobado el testamento o dictada la declaratoria de herederos.

Artículo 668.- Intervención de los acreedores. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3314 del Código Civil, los acreedores sólo podrán iniciar el proceso sucesorio después de transcurridos cuatro (4) meses desde el fallecimiento del causante. Sin embargo, el Juez podrá ampliar o reducir ese plazo cuando las circunstancias así lo aconsejasen. Su intervención cesará cuando se presente al juicio algún heredero o se provea a su representación en forma legal, salvo inacción manifiesta de éstos, en cuyo supuesto los acreedores podrán activar el procedimiento.

Artículo 669.- Fallecimiento de herederos. Si falleciere un heredero o presunto heredero, dejando sucesores, éstos deberán acreditar ese carácter y comparecer, bajo una sola representación, dentro del plazo que el Juez fije. Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 72.

Artículo 670.- Acumulación. Cuando se hubiesen iniciado dos juicios sucesorios, uno testamentario y otro ab intestato, para su acumulación prevalecerá, en principio, el primero. Quedará a criterio del Juez la aplicación de esta regla, teniendo en cuenta el grado de adelanto de los trámites realizados y las medidas útiles cumplidas en cada caso, siempre que la promoción del proceso o su sustanciación no revelaren el propósito de obtener una prioridad indebida. El mismo criterio se aplicará en caso de coexistencia de juicios testamentarios o ab intestato.

Artículo 671.- Audiencia. Dictada la declaratoria de herederos o declarado válido el testamento, el Juez convocará a audiencia que se notificará por cédula a los herederos y legatarios de parte alícuota, en su caso, y a los funcionarios que correspondiere, con el objeto de efectuar las designaciones de administrador definitivo, inventariador, tasador y las demás que fueren procedentes.

Artículo 672.- Sucesión extrajudicial.

672.1. Aprobado el testamento o dictada la declaratoria de herederos, en su caso, si todos los herederos fueren capaces y, a juicio del Juez, no mediare disconformidad fundada en razones atendibles, los ulteriores trámites del procedimiento sucesorio continuarán extrajudicialmente a cargo del o de los profesionales intervinientes.

672.2. En este supuesto, las operaciones de inventario, avalúo, partición y adjudicación, deberán efectuarse con la intervención y conformidad de los organismos administrativos que correspondan.

672.3. Cumplidos estos recaudos los letrados podrán solicitar directamente la inscripción de los bienes registrables y entregar las hijuelas a los herederos.

672.4. Si durante la tramitación extrajudicial se suscitasen desinteligencias entre los herederos, o entre éstos y los organismos administrativos, aquéllas deberán someterse a la decisión del Juez del proceso sucesorio.

672.5. El monto de los honorarios por los trabajos efectuados será el que correspondería si aquéllos se hubiesen realizado judicialmente. No se regularán dichos honorarios hasta tanto los profesionales que hubiesen tenido a su cargo el trámite extrajudicial presenten al Juzgado copia de las actuaciones cumplidas, para su agregación al expediente.

672.6. Tampoco podrán inscribirse los bienes registrables sin el certificado expedido por el Secretario en el que conste que se han agregado las copias a que se refiere el apartado anterior.

CAPÍTULO II

SUCESIONES AB INTESTATO

Artículo 673.- Providencia de apertura y citación a los interesados.

673.1. Cuando el causante no hubiere testado o el testamento no contuviere institución de heredero, en la providencia de apertura del proceso sucesorio, el Juez dispondrá la citación de todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, para que dentro del plazo de treinta (30) días lo acrediten.

673.2. A tal efecto ordenará:

a) La notificación por cédula, oficio o exhorto a los herederos denunciados en el expediente que tuvieren domicilio conocido en el país.

b) La publicación de edictos por tres (3) días en el Boletín Oficial y en otro diario del lugar del juicio, salvo que el monto del haber hereditario no excediere, prima facie, de la cantidad máxima que correspondiere para la inscripción del bien de familia, en cuyo caso sólo se publicarán en el Boletín Oficial. Si el haber sobrepasare, en definitiva, la suma precedentemente indicada, se ordenarán las publicaciones que correspondan.

673.3. El plazo fijado por el artículo 3539 del Código Civil comenzará a correr desde el día siguiente al de la última publicación y se computará en días corridos, salvo los que correspondieren a ferias judiciales.

Artículo 674.- Declaratoria de herederos.

674.1. Cumplidos el plazo y los trámites a que se refiere el artículo anterior, y acreditado el derecho de los sucesores, el Juez dictará declaratoria de herederos.

674.2. Si no se hubiere justificado el vínculo de alguno de los presuntos herederos previa vista a la autoridad encargada de recibir la herencia vacante, se diferirá la declaratoria por el plazo que el Juez fije para que, durante su transcurso, se produzca la prueba correspondiente. Vencido dicho plazo, el Juez dictará declaratoria a favor de quienes hubieren acreditado el vínculo, o reputará vacante la herencia.

Artículo 675.- Admisión de herederos. Los herederos mayores de edad que hubieren acreditado el vínculo conforme a derecho, podrán, por unanimidad, admitir coherederos que no lo hubiesen justificado, sin que ello importe reconocimiento del estado de familia. Los herederos declarados podrán, en iguales condiciones, reconocer acreedores del causante.

Artículo 676.- Efectos de la declaratoria. Posesión de la herencia.

676.1. La declaratoria de herederos se dictará sin perjuicio de terceros.

676.2. Cualquier pretendiente podrá promover demanda impugnando su validez o exactitud, para excluir al heredero declarado, o para ser reconocido con él.

676.3. Aún sin decisión expresa, la declaratoria de herederos otorgará la posesión de la herencia a quienes no la tuvieren por el solo hecho de la muerte del causante.

Artículo 677.- Ampliación de la declaratoria. La declaratoria de herederos podrá ser ampliada por el Juez en cualquier estado del proceso, a petición de parte legítima, si correspondiere.

CAPÍTULO III

SUCESIÓN TESTAMENTARIA

Sección Primera

Protocolización de testamento

Artículo 678.- Testamentos ológrafos y cerrados.

678.1. Quien presentare testamento ológrafo deberá ofrecer dos (2) testigos para que reconozcan la firma y letra del testador.

678.2. El Juez señalará audiencia a la que citará a los beneficiarios y a los presuntos herederos cuyos domicilios fueren conocidos, y al escribano y testigos, si se tratare de testamento cerrado.

678.3. Si el testamento ológrafo se acompañare en sobre cerrado, el Juez lo abrirá en dicha audiencia en presencia del Secretario.

Artículo 679.- Protocolización. Si los testigos reconocen la letra y firma del testador, el Juez rubricará el principio y fin de cada una de las páginas del testamento y designará un escribano para que lo protocolice.

Artículo 680.- Oposición a la protocolización. Si reconocida la letra y la firma del testador por los testigos, se formularen objeciones sobre el cumplimiento de las formalidades prescriptas, o reclamos que no se refieran a la validez del testamento, la cuestión se sustanciará por el trámite de los incidentes.

Sección Segunda

Disposiciones Especiales

Artículo 681.- Citación.

681.1. Presentado el testamento, o protocolizado en su caso, el Juez dispondrá la notificación personal de los herederos instituidos, de los demás beneficiarios y del albacea, para que se presenten dentro de treinta (30) días.

681.2. Si se ignorase el domicilio de las personas mencionadas en el apartado anterior, se procederá en la forma dispuesta en el artículo 159.

Artículo 682.- Aprobación de testamento. En la providencia a que se refiere el artículo anterior, el Juez se pronunciará sobre la validez del testamento, cualquiera fuere su forma. Ello importará otorgar la posesión de la herencia a los herederos que no la tuvieren de pleno derecho.

CAPÍTULO IV

ADMINISTRACIÓN

Artículo 683.- Designación de administrador. De acuerdo entre los herederos para la designación de administrador, el Juez nombrará al cónyuge supérstite, y a falta, renuncia o inidoneidad de éste, al propuesto por la mayoría, salvo que se invocasen motivos especiales que, a criterio del Juez, fueren aceptables para no efectuar ese nombramiento.

Artículo 684.- Aceptación del cargo. El administrador aceptará el cargo ante el Secretario y será puesto en posesión de los bienes de la herencia por intermedio del oficial de justicia. Se le expedirá testimonio de su nombramiento.

Artículo 685.- Expedientes de administración. Las actuaciones relacionadas con la administración tramitarán en expediente separado, cuando la complejidad e importancia de aquélla así lo aconsejaren.

Artículo 686.- Facultades del administrador.

686.1. El administrador de la sucesión sólo podrá realizar actos conservatorios de los bienes administrados.

686.2. Sólo podrá retener fondos o disponer de ellos con el objeto de pagar los gastos normales de la administración. En cuanto a los gastos extraordinarios se estará a lo dispuesto en el artículo 253.5.

686.3. No podrá arrendar inmuebles sin el consentimiento de todos los herederos.

686.4. Cuando no mediare acuerdo entre los herederos, el administrador podrá ser autorizado por el Juez para promover, proseguir o contestar las demandas de la sucesión. Si existieren razones de urgencia, podrá prescindir de dicha autorización, pero deberá dar cuenta al Juzgado de esa circunstancia en forma inmediata.

Artículo 687.- Rendición de cuentas.

687.1. El administrador de la sucesión deberá rendir cuentas trimestralmente, salvo que la mayoría de los herederos hubiere acordado fijar otro plazo. Al terminar sus funciones rendirá una cuenta final.

687.2. Tanto las rendiciones de cuentas parciales como la final se pondrán en secretaría a disposición de los interesados durante cinco (5) y diez (10) días, respectivamente, notificándoseles por cédula. Si no fueren observadas, el Juez las aprobará, si correspondiere. Cuando mediaren observaciones, se sustanciarán por el trámite de los incidentes.

Artículo 688.- Sustitución y remoción.

688.1. La sustitución del administrador se hará de acuerdo con las reglas contenidas en el artículo 683.

688.2. Podrá ser removido, de oficio o a pedido de parte, cuando su actuación importare mal desempeño del cargo. La remoción se sustanciará por el trámite de los incidentes.

688.3. Si las causas invocadas fueren graves y estuviesen prima facie acreditadas, el Juez podrá disponer su suspensión y reemplazo por otro administrador. En este último supuesto, el nombramiento se regirá por lo dispuesto en el artículo 683.

Artículo 689.- Honorarios. El administrador no podrá percibir honorarios con carácter definitivo hasta que haya sido rendida y aprobada la cuenta final de la administración. Cuando ésta excediere de seis (6) meses, el administrador podrá ser autorizado a percibir periódicamente sumas, con carácter de anticipos provisionales, las que deberán guardar proporción con el monto aproximado del honorario total.

CAPÍTULO V

INVENTARIO Y AVALÚO

*Artículo 690.- Inventario y avalúo judiciales. El inventario y el avalúo deberán hacerse judicialmente:

690.1. A pedido de un heredero que no haya perdido o renunciado el beneficio de inventario.

690.2. Cuando se hubiere nombrado curador de la herencia.

690.3. Cuando lo solicitaren los acreedores de la herencia o de los herederos.

690.4. Cuando correspondiere por otra disposición de la ley.

No tratándose de alguno de los casos previstos en los apartados anteriores, las partes podrán sustituir el inventario por la denuncia de bienes, previa conformidad del Ministerio Pupilar, si existieren incapaces.

(Modificado por art. 10 Ley P. 158)

(Sustitución último párrafo)

Artículo 691.- Inventario provisional. El inventario se practicará en cualquier estado del proceso, siempre que lo solicitare alguno de los interesados. El que se realizare antes de dictarse la declaratoria de herederos o aprobarse el testamento, tendrá carácter provisional.

Artículo 692.- Inventario definitivo. Dictada la declaratoria de herederos o declarado válido el testamento, se hará el inventario definitivo. Sin embargo, con la conformidad de las partes, podrá asignarse ese carácter al inventario provisional, o admitirse el que presentaren los interesados, a menos que en este último caso, existieren incapaces o ausentes.

Artículo 693.- Nombramiento del inventariador. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 690, último apartado, el inventario será efectuado por un escribano que se propondrá en la audiencia prevista en el artículo 671, o en otra, si en aquélla nada se hubiere acordado al respecto.

Para la designación bastará la conformidad de la mayoría de los herederos presentes en el acto. En su defecto, el inventariador será nombrado por el Juez.

Artículo 694.- Bienes fuera de la jurisdicción. Para el inventario de bienes existentes fuera del lugar donde tramita el proceso sucesorio, se comisionará al Juez de la localidad donde se encontraren.

Artículo 695.- Citaciones. Inventario.

695.1. Las partes, los acreedores y legatarios serán citados para la formación del inventario, notificándoselos por cédula, en la que se les hará saber el lugar, día y hora de la realización de la diligencia.

695.2. El inventario se hará con intervención de las partes que concurran.

695.3. El acta de la diligencia contendrá la especificación de los bienes, con indicación de la persona que efectúe la denuncia. Si hubiese título de propiedad, sólo se hará una relación sucinta de su contenido.

695.4. Se dejará constancia de las observaciones o impugnaciones que formularen los interesados.

695.5. Los comparecientes deberán firmar el acta. Si se negaren se dejará también constancia, sin que ello afecte la validez de la diligencia.

Artículo 696.- Avalúo.

696.1. Sólo serán valuados los bienes que hubiesen sido inventariados, y siempre que fuere posible, las diligencias de inventario y avalúo se realizarán simultáneamente.

696.2. El o los peritos serán designados de conformidad con lo establecido en el artículo 693.

696.3. Podrán ser recusados por las causas establecidas para los peritos.

Artículo 697.- Otros valores.

697.1. Si hubiere conformidad de partes, se podrá tomar para los inmuebles la valuación fiscal y para los títulos y acciones, la cotización del mercado de valores.

697.2. Si se tratare de los bienes de la casa-habitación del causante, la valuación por peritos podrá ser sustituida por declaración jurada de los interesados.

Artículo 698.- Impugnación al inventario o al avalúo.

698.1. Agregados al proceso el inventario y el avalúo, se los pondrá de manifiesto en la secretaría por cinco (5) días. Las partes serán notificadas por cédula.

698.2. Vencido el plazo sin haberse deducido oposición, se aprobarán ambas operaciones sin más trámite.

Artículo 699.- Reclamaciones.

699.1. Las reclamaciones de los herederos o de terceros sobre inclusión o exclusión de bienes en el inventario se sustanciarán por el trámite de los incidentes.

699.2. Si las reclamaciones versaren sobre el avalúo, se convocará a audiencia a los interesados y al perito para que se expidan sobre la cuestión promovida, resolviendo el Juez lo que correspondiere.

699.3. Si no compareciere quien dedujo la oposición, se lo tendrá por desistido, con costas. En caso de inasistencia del perito, éste perderá el derecho a cobrar honorarios por los trabajos practicados, cualquiera sea la resolución que se dicte respecto de las impugnaciones. Si las observaciones formuladas requiriesen, por su naturaleza, sustanciación más amplia, la cuestión tramitará por juicio sumario o por incidente. La resolución del Juez no será recurrible.

CAPÍTULO VI

PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN

Artículo 700.- Partición privada.

700.1. Una vez aprobadas las operaciones de inventario y avalúo, si todos los herederos capaces estuviesen de acuerdo, podrán formular la partición y presentarla al Juez para su aprobación.

700.2. Podrán igualmente solicitar que se inscriban la declaratoria de herederos o el testamento.

700.3. En ambos casos, previamente se pagará el impuesto de justicia, gastos causídicos y honorarios, de conformidad con lo establecido en este Código y en las leyes impositivas y de aranceles. No procederá la inscripción si mediare oposición de acreedores o legatarios.

Artículo 701.- Partidor. El partidor, que deberá tener título de abogado, será nombrado en la forma dispuesta para el inventariador.

Artículo 702.- Plazo. El partidor deberá presentar la partición dentro del plazo que el Juez fije, bajo apercibimiento de remoción. El plazo podrá ser prorrogado si mediare pedido fundado del partidor o de los herederos.

Artículo 703.- Desempeño del cargo. Para hacer las adjudicaciones, el partidor, si las circunstancias lo requirieren, oirá a los interesados a fin de obrar de conformidad con ellos en todo lo que acordaren, o de conciliar, en lo posible, sus pretensiones. Las omisiones en que incurrieren deberán ser salvadas a su costa.

Artículo 704.- Certificados.

704.1. Antes de ordenarse la inscripción en el registro de la propiedad de las hijuelas, declaratoria de herederos, o testamento en su caso, deberá solicitarse certificación acerca del estado jurídico de los inmuebles según las constancias registrales.

704.2. Si se tratare de bienes situados en otra jurisdicción, en el exhorto u oficio se expresará que la inscripción queda supeditada al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las leyes registrales.

Artículo 705.- Presentación de la cuenta particionaria.

705.1. Presentada la partición, el Juez la pondrá de manifiesto en la secretaría por diez (10) días. Los interesados serán notificados por cédula.

705.2. Vencido el plazo sin que se haya formulado oposición, el Juez, previa vista al Ministerio Pupilar, si correspondiere, aprobará la cuenta particionaria, sin recurso, salvo que violare normas sobre división de la herencia o hubiere incapaces que pudieren resultar perjudicados.

705.3. Sólo será apelable la resolución que rechace la cuenta.

Artículo 706.- Trámite de la oposición.

706.1. Si se dedujere oposición el Juez citará a audiencia a las partes, al Ministerio Pupilar, en su caso, y al partidor, para procurar el arreglo de las diferencias. La audiencia tendrá lugar cualquiera fuese el número de interesados que asistiere. Si quien ha impugnado la cuenta particionaria dejare de concurrir, se lo tendrá por desistido, con costas. En caso de inasistencia del partidor, perderá su derecho a los honorarios.

706.2. Si los interesados no pudieren ponerse de acuerdo, el Juez resolverá dentro de los diez (10) días de celebrada la audiencia.

CAPÍTULO VII

HERENCIA VACANTE

Artículo 707.- Reputación de vacancia. Curador. Vencido el plazo establecido en el artículo 673 o, en su caso, la ampliación que prevé el artículo 674, si no se hubieren presentado herederos o los presentados no hubieren acreditado su calidad de tales, la sucesión se reputará vacante y se designará curador al representante de la autoridad encargada de recibir las herencias vacantes, quien desde ese momento será parte.

Artículo 708.- Inventario y avalúo. El inventario y el avalúo se practicarán por peritos designados a propuesta de la autoridad encargada de recibir las herencias vacantes; se realizarán en la forma dispuesta en el Capítulo V.

Artículo 709.- Trámites posteriores. Los derechos y obligaciones del curador, la liquidación de los bienes y la declaración de vacancia y sus efectos se regirán por el Código Civil, aplicándose supletoriamente las disposiciones sobre administración de la herencia contenidas en el Capítulo IV.

LIBRO VI

PROCESO ARBITRAL

TÍTULO I

JUICIO ARBITRAL

Artículo 710.- Objeto del juicio.

710.1. Toda cuestión entre partes, excepto las mencionadas en el artículo 711, podrá ser sometida a la decisión de Jueces árbitros, antes o después de deducida en juicio y cualquiera fuere el estado de éste.

710.2. La sujeción a juicio arbitral puede ser convenida en el contrato o en un acto posterior.

Artículo 711.- Cuestiones excluidas. No podrán comprometerse en árbitros, bajo pena de nulidad, las cuestiones que no pueden ser objeto de transacción.

Artículo 712.- Capacidad.

712.1. Las personas que no pueden transigir no podrán comprometer en árbitros.

712.2. Cuando la ley exija autorización judicial para realizar actos de disposición, también aquélla será necesaria para celebrar el compromiso. Otorgada la autorización, no se requerirá la aprobación judicial del laudo.

Artículo 713.- Forma del compromiso. El compromiso deberá formalizarse por escritura pública o instrumento privado, o por acta extendida ante el Juez de la causa, o ante aquél a quien hubiese correspondido su conocimiento.

Artículo 714.- Contenido. El compromiso deberá contener, bajo pena de nulidad:

714.1. Fecha, nombre y domicilio de los otorgantes.

714.2. Nombre y domicilio de los árbitros, excepto en el caso del artículo 717.

714.3. Las cuestiones que se sometan al juicio arbitral, con expresión de sus circunstancias.

714.4. La estipulación de una multa que deberá pagar, a la otra parte, la que dejare de cumplir los actos indispensables para la realización del compromiso.

Artículo 715.- Cláusulas Facultativas. Se podrá convenir, asimismo, en el compromiso:

715.1. El procedimiento aplicable y el lugar en que los árbitros hayan de conocer y fallar. Si no se indicare el lugar, será el de otorgamiento del compromiso.

715.2. El plazo en que los árbitros deben pronunciar el laudo.

715.3. La designación de un Secretario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 724.

715.4. Un depósito que deberá realizar la parte que recurra del laudo, para poder ser oído, si no mediase la renuncia que se menciona en el apartado siguiente.

715.5. La renuncia del recurso de apelación y del de nulidad, salvo los casos determinados en el artículo 735.

Artículo 716.- Demanda.

716.1. Podrá demandarse la constitución de Tribunal arbitral, cuando una o más cuestiones deban ser decididas por árbitros.

716.2. Presentada la demanda con los requisitos del artículo 345, en lo pertinente, ante el Juez que hubiese sido competente para conocer en la causa, se conferirá traslado al demandado por diez (10) días y se designará audiencia para que las partes concurran a formalizar el compromiso.

716.3. Si hubiese resistencia infundada, el Juez proveerá por la parte que incurriere en ella, en los términos del artículo 714.

716.4. Si la oposición a la constitución del Tribunal arbitral fuese fundada, el Juez así lo declarará, con costas, previa sustanciación por el trámite de los incidentes, si fuere necesario.

716.5. Si las partes concordaren en la celebración del compromiso, pero no sobre los puntos que ha de contener, el Juez resolverá lo que corresponda.

Artículo 717.- Nombramiento.

717.1. Los árbitros serán nombrados por las partes, pudiendo el tercero ser designado por ellas, o por los mismos árbitros, si estuviesen facultados. Si no hubiese acuerdo, el nombramiento será hecho por el Juez competente.

717.2. La designación sólo podrá recaer en personas mayores de edad que estén en pleno ejercicio de los derechos civiles, que no se hallen procesadas, condenadas por delitos dolosos o quebradas.

Artículo 718.- Aceptación del cargo.

718.1. Otorgado el compromiso, se hará saber a los árbitros para que acepten el cargo ante el Secretario del Juzgado, con juramento o promesa de fiel desempeño.

718.2. Si alguno de los árbitros renunciare, admitiere la recusación, se incapacitare, falleciere o fuere removido por acuerdo de las partes, se lo reemplazará en la forma acordada en el compromiso. Si nada se hubiese previsto, el Juez citará a las partes por cédula a una audiencia en la que deberán proponer reemplazante , la que se realizará con la parte que concurra, salvo que la ausencia resultare justificada. Si ninguna de las partes concurriere o no hubiere acuerdo entre ellas lo designará el Juez.

Artículo 719.- Desempeño de los árbitros. La aceptación de los árbitros dará derecho a las partes para compelerlos a que cumplan con su cometido, bajo pena de responder por daños y perjuicios.

Artículo 720.- Recusación.

720.1. Los árbitros designados por el Juzgado podrán ser recusados por las mismas causas que los Jueces. Los nombrados de común acuerdo por las partes, únicamente por causas posteriores al nombramiento.

720.2. Sólo serán removidos por consentimiento de las partes y decisión del Juez.

Artículo 721.- Trámite de la recusación.

721.1. La recusación deberá deducirse ante los mismos árbitros, dentro de los cinco (5) días de conocido el nombramiento.

721.2. Si el recusado no la admitiere, conocerá de la recusación el Juez ante quien se otorgó el compromiso o el que hubiese debido conocer si aquél no se hubiere celebrado.

721.3. Se aplicarán las normas de los artículos 28 y siguientes, en lo pertinente.

721.4. La resolución del Juez será irrecurrible.

721.5. El procedimiento quedará suspendido mientras no se haya decidido sobre la recusación.

Artículo 722.- Extinción del compromiso. El compromiso se extinguirá por decisión unánime de los que lo contrajeron o por cumplimiento de su objeto.

Artículo 723.- Caducidad del proceso arbitral. El proceso arbitral caducará:

723.1. Por el transcurso del plazo señalado en el compromiso, o del legal en su defecto, sin perjuicio de la responsabilidad de los árbitros por daños e intereses, si por su culpa hubiese transcurrido inútilmente el plazo que corresponda, o del pago de la multa mencionada en el artículo 714, apartado 4, si la culpa fuese de alguna de las partes.

723.2. Si durante tres (3) meses las partes o los árbitros no hubiesen realizado ningún acto tendiente a impulsar el procedimiento.

Artículo 724.- Secretario.

724.1. El Tribunal actuará con un Secretario quien deberá reunir los mismos requisitos exigidos para los árbitros.

724.2. Será nombrado por las partes o por el Juez, en su caso, a menos que en el compromiso se hubiese encomendado su designación a los árbitros. Prestará juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo ante el Tribunal arbitral.

Artículo 725.- Actuación del Tribunal.

725.1. Los árbitros designarán a uno de ellos como presidente. Este dirigirá el procedimiento y dictará, por sí solo, las providencias de mero trámite.

725.2. Sólo las diligencias de prueba podrán ser delegadas en uno de los árbitros; en lo demás, actuarán siempre formando Tribunal.

Artículo 726.- Procedimiento. Si en la cláusula compromisoria, en el compromiso, o en un acto posterior de las partes no se hubiese fijado el procedimiento, los árbitros observarán el del juicio ordinario o sumario, según lo establecieren, teniendo en cuenta la naturaleza e importancia económica de la causa. Esta resolución será irrecurrible.

Artículo 727.- Cuestiones previas. Si a los árbitros les resultare imposible pronunciarse antes de que la autoridad judicial haya decidido alguna de las cuestiones que por el artículo 711 no pueden ser objeto de compromiso, u otras que deban tener prioridad y no les hayan sido sometidas, el plazo para laudar quedará suspendido hasta el día en que una de las partes entregue a los árbitros un testimonio de la sentencia ejecutoriada que haya resuelto dichas cuestiones.

Artículo 728.- Medidas de ejecución. Los árbitros no podrán decretar medidas precautorias, ni compulsorias, ni de ejecución. Deberán requerirlas al Juez y éste deberá prestar el auxilio de su jurisdicción para la más rápida y eficaz sustanciación del proceso arbitral.

Artículo 729.- Contenido del laudo.

729.1. Los árbitros pronunciarán su fallo sobre todas las pretensiones sometidas a su decisión, dentro del plazo fijado en el compromiso, con las prórrogas convenidas por los interesados, en su caso.

729.2. Se entenderá que han quedado también comprometidas las cuestiones meramente accesorias y aquéllas cuya sustanciación ante los árbitros hubiese quedado consentida.

Artículo 730.- Plazo.

730.1. Si las partes no hubieren establecido el plazo dentro del cual debe pronunciarse el laudo, lo fijará el Juez atendiendo a las circunstancias del caso.

730.2. El plazo para laudar será continuo y sólo se interrumpirá cuando deba procederse a sustituir árbitros.

730.3. Si una de las partes falleciere, se considerará prorrogado por treinta (30) días.

730.4. A petición de los árbitros, el Juez podrá prorrogar el plazo, si la demora no les fuese imputable.

Artículo 731.- Responsabilidad de los árbitros. Los árbitros que, sin causa justificada, no pronunciaren el laudo dentro del plazo, carecerán de derecho a honorarios. Serán asimismo responsables por los daños y perjuicios.

Artículo 732.- Mayoría.

732.1. Será válido el laudo firmado por la mayoría si alguno de los árbitros se hubiese resistido a reunirse para deliberar o para pronunciarlo.

732.2. Si no pudiese formarse mayoría porque las opiniones o votos contuviesen soluciones inconciliables en la totalidad de los puntos comprometidos, se nombrará otro árbitro para que dirima.

732.3. Si hubiese mayoría respecto de algunas de las cuestiones, se laudará sobre ellas. Las partes o el Juez, en su caso, designarán un nuevo integrante del Tribunal para que dirima sobre las demás y fijarán el plazo para que se pronuncie.

Artículo 733.- Recursos. Contra la sentencia arbitral podrán interponerse los recursos admisibles respecto de las sentencias de los Jueces, si no hubiesen sido renunciados en el compromiso.

Artículo 734.- Interposición.

734.1. Los recursos deberán deducirse ante el Tribunal arbitral, dentro de los cinco (5) días, por escrito fundado.

734.2. Si fueren denegados, serán aplicables los artículos 296 y 297, en lo pertinente.

Artículo 735.- Renuncia de recursos. Aclaratoria. Nulidad.

735.1. Si los recursos hubiesen sido renunciados, se denegarán sin sustanciación alguna.

735.2. La renuncia de los recursos no obstará, sin embargo, a la admisibilidad del de ampliación y aclaración y del de nulidad, fundado en falta esencial del procedimiento, en haber fallado los árbitros fuera del plazo, o sobre puntos no comprometidos. En este último caso, la nulidad será parcial si el pronunciamiento fuere divisible.

735.3. Este recurso se resolverá sin sustanciación alguna, con la sola vista del expediente.

Artículo 736.- Laudo nulo.

736.1. Será nulo el laudo que contuviere en la parte dispositiva decisiones incompatibles entre sí.

736.2. Se aplicarán subsidiariamente las disposiciones sobre nulidades establecidas por este Código.

736.3. Si el proceso se hubiese sustanciado regularmente y la nulidad fuese únicamente del laudo, a petición de parte, el Juez pronunciará sentencia, que será recurrible por aplicación de las normas comunes.

Artículo 737.- Pago del depósito.

737.1. Si se hubiese estipulado el depósito indicado en el artículo 715, apartado 4, no se admitirá recurso alguno, si quien lo interpone no hubiese satisfecho su importe.

737.2. Si el recurso deducido prosperare el importe del depósito será devuelto al recurrente. En caso contrario, se entregará a la otra parte.

Artículo 738.- Alzada. Conocerá de los recursos el Tribunal jerárquicamente superior al Juez a quien habría correspondido conocer si la cuestión no se hubiere sometido a árbitros, salvo que el compromiso estableciera la competencia de otros árbitros para entender en dichos recursos.

Artículo 739.- Pleito pendiente. Si el compromiso se hubiese celebrado respecto de un juicio pendiente en última instancia, el fallo de los árbitros causará ejecutoria.

Artículo 740.- Jueces y funcionarios. A los Jueces y funcionarios del Poder Judicial les está prohibido, bajo pena de nulidad, aceptar el nombramiento de árbitros o amigables componedores. Si lo hicieren, incurrirán además en falta grave.

TÍTULO II

JUICIO DE AMIGABLES COMPONEDORES

Artículo 741.- Objeto. Clases de arbitraje.

741.1. Podrán someterse a la decisión de arbitradores o amigables componedores, las cuestiones que puedan ser objeto del juicio de árbitros.

741.2. Si nada se hubiese estipulado en el compromiso acerca de si el arbitraje ha de ser de derecho o de amigables componedores, o si se hubiese autorizado a los árbitros a decidir la controversia según equidad, se entenderá que es de amigables componedores.

Artículo 742.- Normas comunes. Se aplicará al juicio de amigables componedores lo prescripto para los árbitros respecto de:

742.1. La capacidad de los contrayentes.

742.2. El contenido y forma del compromiso.

742.3. La calidad que deban tener los arbitradores y forma de nombramiento.

742.4. La aceptación del cargo y responsabilidad de los arbitradores.

742.5. El modo de reemplazarlos.

742.6. La forma de acordar y pronunciar el laudo.

Artículo 743.- Recusaciones.

743.1. Los amigables componedores podrán ser recusados únicamente por causas posteriores al nombramiento.

743.2. Sólo serán causas legales de recusación:

a) Interés directo o indirecto en el asunto.

b) Parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad con alguna de las partes.

c) Enemistad manifiesta con aquéllas, por hechos determinados.

En el incidente de recusación se procederá según lo prescripto para la de los árbitros.

Artículo 744.- Procedimiento. Carácter de la actuación. Los amigables componedores procederán sin sujeción a formas legales, limitándose a recibir los antecedentes o documentos que las partes les presentasen, a pedirles las explicaciones que creyeren convenientes, y a dictar sentencia según su saber y entender.

Artículo 745.- Plazo. Si las partes no hubiesen fijado plazo, los amigables componedores deberán pronunciar el laudo dentro de los tres (3) meses de la última aceptación.

Artículo 746.- Nulidad.

746.1. El laudo de los amigables componedores no será recurrible, pero si se hubiese pronunciado fuera del plazo o sobre puntos no comprometidos, las partes podrán demandar su nulidad dentro de cinco (5) días de notificado.

746.2. Presentada la demanda, el Juez dará traslado a la otra parte por cinco (5) días. Vencido este plazo, contestado o no el traslado, el Juez resolverá acerca de la validez o nulidad del laudo, sin recurso alguno.

TÍTULO III

COSTAS Y HONORARIOS

Artículo 747.- Costas. Honorarios.

747.1. Los árbitros y amigables componedores se pronunciarán acerca de la imposición de las costas, en la forma prescripta en los artículos 78 y siguientes.

747.2. La parte que no efectuare los actos indispensables para la realización del compromiso, además de la multa prevista en el artículo 715.4, si hubiese sido estipulado, deberá pagar las costas.

747.3. Los honorarios de los árbitros, amigables componedores, Secretario del Tribunal, abogados, procuradores y demás profesionales, serán regulados por el Juez.

747.4. Los árbitros podrán solicitar al Juez que ordene el depósito o embargo de la suma que pudiere corresponderles por honorarios, si los bienes objeto del juicio no constituyesen garantía suficiente.

TÍTULO IV

PERICIA ARBITRAL

Artículo 748.- Régimen.

748.1. La pericia arbitral procederá en el caso del artículo 451.1. y cuando las leyes establezcan ese procedimiento con el nombre de juicio de árbitros, arbitradores, peritos o peritos árbitros, para que resuelvan exclusivamente cuestiones de hecho concretadas expresamente.

748.2. Son de aplicación las reglas del juicio de amigables componedores, debiendo tener los árbitros peritos especialidad en la materia; bastará que el compromiso exprese la fecha, los nombres de los otorgantes y del o de los árbitros, así como los hechos sobre los que han de laudar, pero será innecesario cuando la materia del pronunciamiento y la individualización de las partes resulten determinados por la resolución judicial que disponga la pericia arbitral o determinables por los antecedentes que lo han provocado.

748.3. Si no hubiere plazo fijado, deberán pronunciarse dentro de un mes a partir de la última aceptación.

748.4. Si no mediare acuerdo de las partes, el Juez determinará la imposición de costas y regulará los honorarios.

748.5. La decisión judicial que, en su caso, deba pronunciarse en todo juicio relacionado con las cuestiones de hecho laudadas, se ajustará a lo establecido en la pericia arbitral.

LIBRO VII

PROCESOS VOLUNTARIOS

CAPÍTULO I

AUTORIZACIÓN PARA CONTRAER MATRIMONIO

Artículo 749.- Trámite.

749.1. El pedido de autorización para contraer matrimonio tramitará en juicio verbal, privado y meramente informativo, con intervención del interesado, de quien deba darla y del representante del Ministerio Público.

749.2. La licencia judicial para el matrimonio de los menores o incapaces, sin padres, tutores o curadores, será solicitada y sustanciada en la misma forma.

Artículo 750.- Apelación. La resolución será apelable dentro del quinto día. El Tribunal de Alzada deberá pronunciarse, sin sustanciación alguna, en el plazo de diez (10) días.

CAPÍTULO II

TUTELA. CURATELA

Artículo 751.- Trámite. El nombramiento de tutor o curador y la confirmación del que hubieren efectuado los padres, se hará a solicitud del interesado o del Ministerio Público, sin forma de juicio, a menos que alguien pretendiere tener derecho a ser nombrado. Si se promoviere cuestión, se sustanciará en juicio sumarísimo. La resolución será apelable en los términos del artículo 750.

Artículo 752.- Acta. Confirmado o hecho el nombramiento, se procederá al discernimiento del cargo, extendiéndose acta en que conste el juramento o promesa de desempeñarlo fiel y legalmente y la autorización judicial para ejercerlo.

CAPÍTULO III

COPIA Y RENOVACIÓN DE TÍTULOS

Artículo 753.- Segunda copia de escritura pública.

753.1. La segunda copia de una escritura pública, cuando su otorgamiento requiera autorización judicial, se otorgará previa citación de quienes hubiesen participado en aquélla, o del Ministerio Público en su defecto.

753.2. Si se dedujere oposición, se seguirá el trámite del juicio sumarísimo.

753.3. La segunda copia se expedirá previo certificado del registro inmobiliario, acerca de la inscripción del título y estado del dominio, en su caso.

Artículo 754.- Renovación de títulos.

754.1. La renovación de títulos mediante prueba sobre su contenido, en los casos en que no fuere posible obtener segunda copia, se sustanciará en la forma establecida en el artículo anterior.

754.2. El título supletorio deberá protocolizarse en el registro del lugar del Tribunal, que designe el interesado.

CAPÍTULO IV

AUTORIZACIÓN PARA COMPARECER

EN JUICIO Y EJERCER ACTOS JURÍDICOS

Artículo 755.- Trámite.

755.1. Cuando la persona interesada, o el Ministerio Pupilar a su instancia, solicitare autorización para comparecer en juicio y ejercer actos jurídicos, se citará inmediatamente a aquélla, a quien deba otorgarla y al representante del Ministerio Pupilar, a una audiencia que tendrá lugar dentro del tercer día y en la que se recibirá toda la prueba.

755.2. En la resolución en que se conceda autorización a un menor para estar en juicio, se le nombrará tutor especial.

755.3. En la autorización para comparecer en juicio queda comprendida la facultad de pedir litisexpensas.

CAPÍTULO V

EXAMEN DE LOS LIBROS POR EL SOCIO

Artículo 756.- Trámite. El derecho del socio para examinar los libros de la sociedad se hará efectivo, sin sustanciación, con la sola presentación del contrato, decretándose las medidas necesarias si correspondiere. El Juez podrá requerir el cumplimiento de los recaudos necesarios para establecer la vigencia de aquél. La resolución será irrecurrible.

CAPÍTULO VI

RECONOCIMIENTO, ADQUISICIÓN

Y VENTA DE MERCADERÍAS

Artículo 757.- Reconocimiento de mercaderías.

757.1. Cuando el comprador se resistiese a recibir las mercaderías compradas, sosteniendo que su calidad no es la estipulada, si no optare por el procedimiento establecido en el artículo 748, el Juez decretará, sin otra sustanciación, a solicitud del vendedor o de aquél, su reconocimiento por uno (1) o tres (3) peritos, según el caso, que designará de oficio. Para el acto de reconocimiento y al solo efecto de controlarlo y formular las protestas escritas que considere pertinente, citará a la otra parte, si se encontrare en el lugar, o al representante del Ministerio Público, en su caso, con la habilitación de día y hora.

757.2. Igual procedimiento se seguirá siempre que la persona que deba entregar o recibir mercaderías, quisiera hacer constar su calidad o el estado en que se encontraren.

Artículo 758.- Adquisición de mercaderías por cuenta del vendedor.

758.1. Cuando la ley faculta al comprador para adquirir mercaderías por cuenta del vendedor, la autorización se concederá con citación de éste, quien podrá alegar sus defensas dentro de tres (3) días.

758.2. Si el vendedor no compareciere o no se opusiere, el Tribunal acordará la autorización. Formulada oposición, el Tribunal resolverá previa información verbal.

758.3. La resolución será irrecurrible y no causará instancia.

Artículo 759.- Venta de mercaderías por cuenta del comprador. Cuando la ley autoriza al vendedor a efectuar la venta de mercaderías por cuenta del comprador, el Tribunal decretará el remate público con citación de aquél, si se encontrare en el lugar, o del representante del Ministerio Público, en su caso, sin determinar si la venta es o no por cuenta del comprador.

CAPÍTULO VII

NORMAS APLICABLES A OTROS CASOS

Artículo 760.- Casos no previstos. Cuando se promuevan otras actuaciones, cuyo fin sea requerir la intervención o autorización de los Jueces, exigidas por la ley, para acordar autenticidad o relevancia a hechos o situaciones que pueden producir efectos jurídicos, el procedimiento en tanto no estuviere previsto expresamente en este Código, se ajustará a las siguientes prescripciones:

760.1. La petición se formulará de acuerdo con las disposiciones relativas a la demanda del proceso ordinario, en cuanto fueren aplicables. En el mismo escrito se indicarán los elementos de información que hayan de hacerse valer.

760.2. Se dará intervención, en su caso, al Ministerio Público.

760.3. Regirán para la información las disposiciones generales relativas a la prueba de que se trate, en cuanto fueren aplicables.

760.4. Si mediare oposición del Ministerio Público, se sustanciará por el trámite del juicio sumarísimo o de los incidentes, según lo determine el Juez, de acuerdo con las circunstancias.

760.5. Las resoluciones que aprueben, homologuen o desechen el pedido son susceptibles de apelación.

760.6. Si mediare oposición de terceros, el Juez examinará en forma preliminar su procedencia. Si advirtiere que no obsta a la declaración solicitada, la sustanciará en la forma prevista en el apartado 4. Si la oposición planteada, constituye una cuestión de tal importancia que obsta a todo pronunciamiento, sobreseerá los procedimientos, disponiendo que los interesados promuevan la demanda que consideren pertinente. Contra esta resolución podrá recurrirse en apelación.

Artículo 761.- Requisitos específicos. Tendrán aplicación, asimismo, los requisitos que particularmente establezcan las leyes respectivas.

Artículo 762.- Efectos de la declaración. Las declaraciones emitidas en primera instancia en los procedimientos de jurisdicción voluntaria no hacen cosa juzgada, ni aun cuando, por haber sido objeto de recurso, hayan sido confirmadas en la alzada.

Artículo 763.- Aplicación subsidiaria. Las disposiciones de este Capítulo, se aplicarán supletoriamente a los procedimientos de jurisdicción voluntaria, regulados especialmente en este Libro.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

* Artículo 764.- Vigencia. Aplicación.

764.1. La presente Ley regirá a partir de los ocho (8) días de su publicación en el Boletín Oficial y será aplicable a los juicios que se inicien una vez que se encuentren en funcionamiento los Tribunales locales de primera instancia correspondientes.

764.2. En los procesos ya iniciados se proseguirán aplicando las normas procesales anteriormente en vigencia. A dichos procesos les resultarán aplicables además, las disposiciones de las Secciones Quinta, Sexta, Séptima y Octava, del Capítulo XII, del Libro I de este Código.

(Sustituido por art. 11 Ley P. 158)

(Sustituido por art. 1º Ley P. 242).

Artículo 765.- Respecto de las causas que se hubieran promovido con anterioridad a esa fecha y se encontraren tramitando ante Tribunales nacionales que tenían competencia en el territorio de esta Provincia y que fueran remitidas por dichos magistrados a la justicia local será de aplicación lo dispuesto en la Ley Provincial Nº 110 y sus modificatorias.

Artículo 766.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Texto Ordenado por la Dirección Legislativa con fecha 8 de Septiembre del 2003.

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