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Catamarca – Procedimientos Mineros febrero 7, 2007

Posted by policiaonline in Catamarca, Codigos Provinciales.
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CODIGO DE PROCEDIMIENTOS MINEROS (LEY 2233)
San Fernando del Valle de Catamarca; 31 de marzo de 1967

Boletín Oficial del 09 de Abril de 1967

Artículo 1 . Adóptase para la Provincia de Catamarca el Código de Procedimientos Mineros elaborado por el Dr. Jorge Eduardo Crook, con los agregados y supresiones aconsejados por el Centro de Productores Mineros de Catamarca y la Dirección de Geología y Minería, esta última con el asesoramiento del profesor de “Minería Legal” DR. Benjamín Rojas de la Escuela Provincial de Minería, según actuaciones de Expediente Letra F Nº 05742, Año 1959 y agregados; cuyos términos se transcriben en hojas anexas y forman parte de la presente Ley.

Artículo 2. De forma.

Anexo A

Título I – Generalidades

Capítulo I – Competencia

Artículo 1. La competencia atribuída por la Ley al Juzgado de Minas, es improrrogable. Toda presentación ajena a la misma deberá ser de oficio declarada tal y devuelta a su firmante. Igual procedimiento deberá adoptarse en cualquier estado del trámite, cuando de las constancias de éste resultara análoga comprobación.

Artículo 2. Las cuestiones de competencia que deban plantearse por ante la jurisdicción minera, serán resueltas con arreglo a lo estatuído en el Título décimo del Código de Procedimientos Civiles vigentes en la Provincia.

Capítulo II – De los modos de actuar en el Procedimiento Minero

Artículo 3. Toda persona civilmente capaz de administrar sus bienes podrá actuar ante el Juzgado de Minas en jurisdicción voluntaria o contenciosa, con exclusiva sujeción de los recaudos en restricciones que se establecen en el Código de Minería en la presente Ley.

Artículo 4. La representación de terceros deberá acreditarse mediante poder o carta poder autenticada por el actuario, escribano público autorizado o por la autoridad judicial del dominio real del otorgante, salvo las excepciones del artículo 120 del Código de Minería, en cuyo caso deberán acreditarse las circunstancias que la determinen.

Artículo 5. La representación para asuntos de carácter contenciosa deberá ejercerse indefectiblemente bajo patrocinio letrado. Igual recaudo se hará exigible cuando el litigante actuare por derecho propio en causa de igual naturaleza.

Artículo 6. Los escritos de cualquier carácter dirigidos a la autoridad minera, deberán ser presentados dentro de las horas de oficina, por intermedio de Mesa de Entradas, debidamente firmados por el solicitante o su apoderado y en sellado de ley y acompañados de los demás recaudos que para cada caso se exigieren según su contenido, haciéndose mención del Expediente a que deban agregarse.

Artículo 7. Cuando se tratare de una presentación inicial deberán indicarse el nombre y apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio real del solicitante e individualizarse con toda precisión el objeto de la solicitud o pedimento. En el mismo acto deberá aquél o su apoderado constituir domicilio especial dentro del radio que fija la ley vigente en el fuero civil. El domicilio constituido en estas condiciones se juzgará subsistente para todos los efectos emergentes del procedimiento en tanto no fuere modificado mediante expresa decisión en tal sentido, manifestado por el interesado en el expediente de la causa.

Artículo 8. El cumplimiento de los requisitos exigidos en los dos artículos anteriores, como así también el de los que determinan de manera especial para cada pedimento, deberá ser constatado por el Juez, quien en caso de omisión emplazará al interesado por un término de diez días para que subsane las deficiencias observadas, bajo apercibimiento de tenerlo por decaído de su derecho, al solo vencimiento del mismo. Exceptúase de lo establecido en el párrafo anterior a aquellos casos en que la omisión recayese sobre la firma o aclaración de firma en cada escrito, o bien cuando no se obsérvase el requisito del sellado de actuación o se hubiese omitido la constitución de domicilio. En estos supuestos el escrito será devuelto en forma inmediata a su presentante, sin cargo de secretaría ni número de orden y sin cumplirse otro recaudo que la simple constatación de las deficiencias por parte del empleado que lo recibiera.

Artículo 9. La prioridad en cualquier pedimento dirigido a la autoridad minera, se determinará por la fecha y hora del cargo y de conformidad con el número de orden respectivo, que deberán ser colocados al pie de cada escrito en el momento mismo de su presentación. Estos recaudos servirán para dirimir cualquier contradicción referida al orden de presentación de las solicitudes, salvo el supuesto del artículo 125 del Código de Minería, y su cumplimiento deberá verificarse sin otra diligencia previa que la constatación de los requisitos a que hace referencia el segundo apartado del artículo anterior.

Artículo 10. Vencido el término que fija el artículo 8 (primera parte), sin que el interesado subsane las deficiencias observadas en su solicitud y declarado el decaimiento de su derecho, la prioridad respecto a la zona abarcada por su pedimento se trasladará a la solicitud que le siguiere en turno según la numeración correspondiente, en tanto reuniere ésta las condiciones exigidas.

Artículo 11. Una vez aceptada en forma definitiva una solicitud, todas las demás que hubieren sobre el mismo objeto quedarán sin efecto, debiendo ordenarse su devolución. Si con posterioridad a este acto caducara por cualquier motivo la solicitud aceptada, las otras presentaciones no otorgarán ninguna preferencia a sus firmantes.

Artículo 12. Si no obstante lo que se expresa en el artículo 9, apareciese probada la simultaneidad en la presentación de dos o más solicitudes sobre la misma zona, el Juez acordará prioridad en favor de aquélla que de manera más precisa determine el objeto del pedimento o cumplimente los demás requisitos legales. Pero si del cotejo de estos elementos no se desprendiesen diferencias apreciables respecto a ningún solicitante, deberá citarse a una audiencia en la que se convendrán las bases para resolver el diferendo, pudiendo optarse por adjudicar la zona cuestionada al que resulte beneficiado en un sorteo a realizarse en presencia del actuario. La no concurrencia de alguno de los interesados a la audiencia, le hará perder sus derechos siempre que hubiere sido debidamente citado a la misma.

Artículo 13. Dentro de los plazos de oposición que para cada caso se establecen en la presente ley o en el Código de Minería, los interesados podrán presentarse reclamando contra la prioridad otorgada en favor de una solicitud anterior, por haber existido dolo o fraude en perjuicio de sus derechos en el acto de la presentación.

Artículo 14. La reclamación a que se refiere el artículo anterior deberá sustanciarse por separado, sin detener el curso principal. Su tramitación se ajustará al procedimiento establecido por la ley procesal civil, para las excepciones dilatorias, pudiendo admitirse toda clase de pruebas en la demostración de los vicios denunciados.

Artículo 15. No se admitirá cuestión alguna sobre caducidad de derechos mineros ya concedidos o en estado de tramitación si no se acompaña testimonio de dicha caducidad o se indica claramente la prueba que la acredite. A tal efecto el Juzgado expedirá a simple requerimiento de parte, los testimonios e informes tendientes a acreditar la situación invocada por el solicitante.

Artículo 16. Todo interesado en uno o más expedientes mineros tendrá derecho en cualquier tiempo a conocer el estado de los mismos, estudiándolos por si o por medio de su representante en Mesa de Entradas del Juzgado. Excepcionalmente y por tiempo limitado podrán aquellos ser facilitados a las partes, cuando hubiere que evacuar traslados o elaborar presentaciones para cuya redacción fuese imprescindible el examen detenido de la causa. En tales casos la entrega del expediente deberá efectuarse bajo la responsabilidad de un abogado de la matrícula.

Artículo 17. No se agregarán a las causas en trámite, escritos rebatiendo dictámenes o informes recaídos en ellos, si previamente no se hubiera corrido vista o traslado de los mismos. En caso de presentarse aquellos, el Juez ordenará su inmediata devolución sin otro requisito que la constancia de su desglose firmado por el actuario.

Artículo 18. Todos los libros a que se refiere el artículo 7 inciso “c”, de la ley 1871, además de aquellos que oportunamente fueran incorporados al procedimiento mediante acordada de la Excelentísima Corte, deberán ser foliados, sellados y rubricados por el Presidente de este Tribunal. Los asientos deberán registrarse uno a continuación del otro y sin dejar espacios intermedios, consignando el número de orden que correspondiere, según las constancias del libro de Cargos. Al margen de cada inscripción se anotará el nombre del o los titulares, el número del expediente, el objeto del pedimento y su concesión.

Artículo 19. El Libro de Cargos deberá ser llevado por el Encargado de Mesa de Entradas. En él se anotarán todas las solicitudes o pedimentos mineros cualquiera sea su objeto, siguiéndose bajo numeración corrida el orden de su presentación. Deberá hacerse constar el nombre y apellido del peticionante y de su apoderado, cuando lo hubiere, y detallarse en forma sumaria el carácter del pedimento y su ubicación en el terreno. Este libro permanecerá en Mesa de Entradas y deberá ponerse a disposición de cualquier interesado que así lo solicite. El registro de los datos que se detallan en el apartado anterior deberá exceptuarse en forma simultánea con la recepción de cada pedimento, siendo obligación del empleado, una vez transcriptos los mismos, verificar el número de orden que corresponda y colocarlo al pie de la solicitud, juntamente con el sello de cargo.

Nota al Artículo 19: Deberá entenderse que la consignación de un número de orden de ciertos escritos se referirá exclusivamente a aquellos casos en que la aceptación de éstos dependa de su prioridad respecto a otros. Siendo así, no corresponderá este requisito en las presentaciones que sean posteriores a un pedimento, cuyo expediente deban agregarse. Verbigracia, la solicitud de mensura respecto al pedimento de mina o bien los escritos de oposición, que no dependen de prioridad alguna sino de su presentación dentro de término. En estos supuestos la constancia de su presentación deberá limitarse al cargo, con mención de día y hora.

Capítulo III – De los actos procesales

Artículo 20. (Texto según Ley 4701) La tramitación de todo asunto voluntario o contencioso que radique ante el Juzgado de Minas, estará sujeta a la impulsión de oficio que fija la ley de creación. A tal efecto competerá al Juez la facultad de instar el procedimiento en cualquiera de sus etapas, emplazando a las partes para la realización de los distintos actos procesales y declarando en cada caso las caducidades que correspondan. Los gastos correspondientes a operaciones técnicas, informes, pericias o inspecciones que deban realizarse serán costeadas por peticionante, permisionario o concesionario. Las sumas de dinero para dichos gastos serán fijadas prudencialmente por el Órgano Judicial, previa evaluación por parte de la autoridad administrativa competente, y serán abonadas con antelación a las operaciones del caso, mediante depósito bancario judicial a la orden del magistrado interviniente, quien notificará la autoridad administrativa a los efectos de la percepción del depósito.

Artículo 21. El abandono de la instancia y la consecuencia caducidad de los derechos, para los casos que contempla el Código de Minería o los que se establecen en la presente Ley, será declarado sin necesidad de una nueva intimación a la parte, una vez vencido el término de cada emplazamiento. Pero cuando por las circunstancias particulares del caso resultare evidente que su vencimiento no ha obedecido a negligencia del interesado, podrá el Juez efectuar a éste una última intimación.

Artículo 22. La notificación de toda providencia, salvo expresa disposición en contrario, deberá llevarse a cabo en el propio Juzgado. A tal efecto el Juez designará al iniciarse el trámite de cada causa, dos días de semana no consecutivos en los que el interesado deberá concurrir a tomar conocimiento de la misma. La Secretaría del Juzgado deberá llevar un libro de Asistencia que se colocará en lugar visible y en el que los comparecientes podrán asentar su firma con indicación de fecha, para acreditar en cualquier tiempo su asistencia a la oficina.

Artículo 23. Toda providencia deberá tenerse por notificada a partir del primer día de los designados subsiguientes a aquél en que fue dictada. Esta disposición surtirá efectos de pleno derecho, sin necesidad de atestación alguna tendiente a comprobar la inasistencia del interesado.

Nota Artículo 23: Con la adopción del sistema de notificación automática se sigue las líneas del Código de Procedimientos Mineros dictado para la Provincia de San Juan (Art. 24 in-fine), apartándonos en nuestra ley rituaria en el orden civil que en su artículo 32 exige atestación actuarial de la asistencia o inasistencia del interesado, para que la notificación surta sus efectos. Consecuentes con un criterio de realismo legislativo que compartimos, nos hemos inclinado por una solución que en la práctica ha sido adoptada ya por nuestros tribunales, con el consiguiente desuso del artículo citado del Código Procesal Civil.

Artículo 24. Deberán ser notificadas en el domicilio de las partes; a) El traslado de las oposiciones. b) El auto de apertura a prueba. c) La citación a absolver posiciones. d) La citación a cualquier persona extraña al procedimiento. e) Las resoluciones definitivas o interlocutorias con fuerza de tales. f) En general, toda resolución que contenga un emplazamiento.

Artículo 25. Las notificaciones a que se refiere el artículo anterior deberán efectuarse en el domicilio constituido por el interesado, de conformidad con el artículo 7 de la presente Ley, o en el domicilio real que éste denunciare, cuando se trate de traslados o citaciones a personas extrañas al procedimiento. La notificación para absolver posiciones deberá efectuarse siempre en el domicilio real del absolvente.

Artículo 26. La forma de las notificaciones, salvo lo que se dispone en el artículo 23, se ajustará al procedimiento establecido en el Titulo I, del Código de Procedimientos Civiles de la Provincia.

Artículo 27. La presentación a los autos o el retiro de los mismos por letrado que la parte autorice, importa notificación de todas las providencias anteriores dictadas en los mismos, cuando éstas no hubieran sido notificadas al interesado por alguna de las formas que autoriza la presente ley.

Artículo 28. Los traslados que se decretan en el procedimiento minero serán considerados con calidad de autos.

Artículo 29. Toda presentación de la que deba correrse traslado, e igualmente los documentos de cualquier especie que se adjunten a la misma, deberán acompañarse bajo firma de las copias simples, en número igual al de las personas a quienes debe notificarse, las que serán entregadas a las mismas en el momento de la notificación. La omisión de estos requisitos traerá consigo el rechazo del escrito y en su caso, el decaimiento del derecho.

Artículo 30. Todos los términos que se establecen en la presente ley deberán considerarse como improrrogables y perentorios, salvo las excepciones que expresamente se consignen. El vencimiento de los mismos producirá en consecuencia, de pleno derecho, el decaimiento de la pretensión sin necesidad de acusarse rebeldía y sin otra diligencia que su simple constatación.

Artículo 31. Para el cómputo de todos los términos que rijan en el procedimiento minero voluntario o contencioso deberá estarse al sistema estatuido por la ley rituaria vigente en el orden civil.

Artículo 32. Toda resolución definitiva o interlocutoria con fuerza de tal, o proveído que cause agravio a cualquiera de los litigantes, dictada en procedimiento voluntario o contencioso podrá ser recurrida por alguna de las formas admitidas en el Título III, Capitulo II del presente ordenamiento.

Capítulo IV – De las excusaciones y recusaciones

Artículo 33. En el procedimiento que se establece por la presente ley, no existe la recusación sin causa.

Artículo 34. Toda recusación o excusación deberá fundarse en alguna de las causales previstas por el artículo 368 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Provincia. El trámite de las mismas se ajustará, asimismo, a lo que establece el título octavo de la mencionada Ley de Forma.

Título II – Del Procedimiento Voluntario

Sección I – Del trámite Ordinario

Capítulo I – De los cateos o exploraciones

Artículo 35. Además de los requisitos de carácter general que mencionan los artículos 6 y 7 de esta ley, la solicitud de cateo deberá indicar:

a) El objeto de la exploración.

b) El nombre y apellido y el domicilio real del propietario del suelo, en la zona abarcada por el pedimento.

c) La ubicación precisa de la zona, acompañando un plano que determine gráficamente tales datos.

d) Si el terreno se encuentra labrado, cultivado o cercado.

e) Los elementos de trabajo que habrán de afectarse a la exploración, detallando sus características.

Artículo 36. La solicitud y el plano de ubicación deberán presentarse por triplicados en la forma establecida por los artículos 6 y 7, correspondiendo reposición de sellado únicamente para los originales de cada uno.

Artículo 37. La forma de los permisos de cateo deberá ser lo más regular posible no pudiendo exceder de cinco, la relación entre su dimensión longitudinal y el ancho medio del terreno. La superficie del pedimento deberá estar limitada por líneas rectas, salvo que se trate de límites naturales, en suyo caso deberán aquellas sustituirse por poligonales adecuadas.

Artículo 38. Cuando el interesado desconociere el nombre y apellido o e domicilio del propietario del terreno, deberá solicitar juntamente con la presentación del pedimento, un certificado que lo habilite para recabar estos informes de las oficinas públicas correspondientes. La información aludida deberá tramitarse dentro de un plazo de treinta días que podrán ser prorrogados a pedido de parte, cuando a juicio del Juzgado existieran causas suficientes para acordarlos, conservándose durante el curso de estos términos la prioridad de la presentación.

Artículo 39. No serán concedidos a una misma persona dos o más permisos de cateos que disten menos de dos mil metros del otro. Tampoco se concederán permisos sobre una misma zona anteriormente concedida al solicitante, salvo que hubieren transcurridos sesenta días desde su caducidad y que durante ese lapso no se hayan registrado pedimentos de terceros.

Artículo 40. Si se solicitara una zona de exploración sobre la cual existiera vigente un permiso de cateo, no se reconocerá al solicitante ningún derecho de prioridad para cuando dicha zona quede libre.

Artículo 41. Las solicitudes referidas a zonas de cateos declarados caducos deberán presentarse una vez vencidos los treinta días subsiguientes a la última publicación de su caducidad. A tal efecto el Juzgado deberá confeccionar mensualmente una lista de los cateos que hubieren caducado durante el transcurso del mes inmediato anterior, ordenando su publicación por diez días en el Boletín Oficial y dando cuenta de la medida a la Dirección de Geología y Minería para su toma de razón en los registros gráficos. Todo pedimento presentado antes del vencimiento de estos plazos deberá ser devuelto a su firmante, sin derecho alguno a reserva de prioridad.

Artículo 42. Recibida una solicitud y cumplidas las diligencias del artículo 19 se devolverán al interesado los triplicados de la misma y del croquis de ubicación, en los que deberá haberse hecho constar los datos referentes al cargo y número de orden que hubiera correspondido al original.

Artículo 43. Mesa de Entradas formará expediente con los originales de la solicitud y del plano de ubicación agregando por cuerda sus duplicados, y los pasará – cumplido en su caso, el procedimiento que establece el artículo 8-, su traslado a la Dirección de Geología y Minería para su inclusión en el registro gráfico.

Artículo 44. Esta Repartición deberá informar sobre cualquier obstáculo que se opusiere a la graficación del pedimento, en especial si estuviera relacionado con la observancia de los recaudos previstos en los Artículos 35 Inciso “c”, 39, 40 y 41 de la presente ley, devolviendo el expediente al Juzgado con las anotaciones correspondientes.

Artículo 45. En tales casos el Juez notificará al interesado acordándose un plazo de veinte días, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del trámite si así no lo hiciere, para que efectúe las manifestaciones que convengan a su derecho, vencidos los cuales resolverá declarando la caducidad de la solicitud y el archivo del expediente, o devolviéndolo los actuados a la Dirección, si se hubieran enmendado los pedimentos.

Artículo 46. No existiendo obstáculo de los que menciona el artículo 44, o resueltos éstos en la forma que expresa el anterior, la Dirección de Geología y Minería procederá a graficar el pedimento, quedando en su poder los duplicados de la solicitud y del plano de ubicación y devolviendo el expediente al Juzgado para la continuación del trámite.

Artículo 47. Recibido el expediente, el Juzgado ordenará la inscripción del pedimento en el Registro de Cateos y mandará efectuar las publicaciones en la forma que establece el artículo 25 del Código de Minería ordenando en el mismo acto la notificación al propietario del suelo. La notificación de esta provincia deberá efectuarse por cédula, acordándose al interesado un plazo de treinta días, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del trámite, para la presentación de los ejemplares del Boletín Oficial en los que consten la primera y última publicación de los edictos.

Artículo 48. Si dentro de los veinte días subsiguientes a la última publicación del pedimento se dedujeron oposiciones, serán éstas resueltas con arreglo al procedimiento estatuido en el Título Tercero de esta ley.

Artículo 49. Toda vez que la autoridad minera lo considere necesario podrá ordenar, antes o después de la concesión del pedimento, la ubicación y delimitación en el terreno de la zona abarcada por el mismo.

Artículo 50. Acordado el permiso, será éste registrado al margen del asiento correspondiente a la solicitud, haciéndose constar la fecha de su vencimiento y comunicándose a la Dirección de Geología y Minería para su toma de razón, igual diligencia procederá cuando por cualquier motivo la solicitud fuese denegada o declarada caduca.

Artículo 51. Dentro de los cinco días de notificado de la resolución que acuerda el permiso de cateo deberá el solicitante abonar en el sellado de ley sumas que correspondan de conformidad por el artículo 4 inciso 3 de la ley 10273.

Artículo 52. Los permisos de cateo caducarán de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos de duración que establece el artículo 28 del Código de Minería. Igual efecto se producirá, salvo el caso de prórroga otorgada por causas justificadas, cuando el interesado dejara vencer el plazo fijado para la instalación de los trabajos de exploración o no abonare dentro del término los gravámenes a que se refiere el artículo que antecede.

Artículo 53. Dentro del término de treinta días, contados desde la notificación del permiso, el interesado deberá comunicar a la Dirección de Geología y Minería la instalación de los trabajos, describiendo las características de los mismos en su situación, y denunciado en su caso, la identidad de la persona encargada de su dirección. La Dirección comunicará de inmediato esta diligencia al Juzgado de Minas, para su anotación en el registro. Una vez inspeccionados los trabajos deberá asimismo, hacer saber al Juzgado los resultados de la diligencia.

Artículo 54. No se hará lugar a la prórroga del plazo para la instalación de estos trabajos, si no mediare informe favorable de la Dirección de Geología y Minería. Del mismo modo se procederá cuando dicha prórroga se hubiese solicitado después de vencido el plazo original.

Capítulo II – De los trabajos formales

Artículo 55. Las solicitudes para realizar trabajos formales se tramitarán por cuerda separada en el mismo expediente del cateo y por trámite análogo a los de éste, agregándose a su principal en forma definitiva una vez acordado o negado el pedido. La solicitud deberá contener la ubicación clara y precisa de las pertenencias, expresar los hechos que fundamenten el pedido y detallar los elementos de trabajo que habrían de utilizarse.

Artículo 56. Una vez presentado y anotado en el Libro de Cargos, se girará el pedimento a la Dirección de Geología y Minería para su graficación e informe. La Dirección deberá constatar si las pertenencias solicitadas se encuadran dentro de la superficie concedida en exploración, pudiendo aconsejar el reconocimiento previo del terreno, a fin de verificar la exactitud de los hechos expuestos por el peticionante.

Artículo 57. En ningún caso se acordarán estos permisos cuando no se persiguiere otro objeto que prolongar el vencimiento del cateo originario o cuando no se hayan realizado durante la vigencia de éste, tareas que justifiquen el establecimiento del trabajo formal.

Artículo 58. Cumplidas las condiciones que determina el artículo 46 la Dirección procederá a graficar el pedimento, devolviendo posteriormente las actuaciones para su anotación en el Registro de Cateos, al margen de la solicitud originaria. Verificado este trámite se mandará notificar el propietario del terreno, y efectuar las publicaciones en la misma forma que para los permisos de cateo, rigiendo para las oposiciones los mismos términos y procedimientos que para aquéllos.

Artículo 59. Además de las causales de caducidad por desistimiento del trámite que rigen para los cateos, serán consideradas con igual efecto para los trabajos formales:

a) La manifestación formal del descubrimiento.

b) El vencimiento del plazo acordado para su duración.

Capítulo III – De las concesiones de minas

Artículo 60. Las solicitudes de concesiones minera, y los planos de ubicación que deberán acompañar a las mismas, se presentarán por triplicado en la forma que establecen los artículos 6 y 7 de esta ley, y en observancia de los requisitos que prescribe el artículo 113 del Código de Minería. Todas las actuaciones que se relacionen con la misma concesión minera, serán tramitadas en un solo expediente.

Artículo 61. Su tramitación se llevará a efecto en forma semejante a la establecida para las solicitudes del cateo, según lo prescripto por los artículos 36 a 38 y 42 a 47 de este ordenamiento, ajustándose los términos para efectuar publicaciones y manifestar oposición, a lo estatuído por los artículos 119 y 131 del Código de Minería.

Artículo 62. La sustanciación de las oposiciones se ajustará asimismo al procedimiento que establece el Título tercero de esta ley.

Artículo 63. Dentro del plazo de cien días que marca el artículo 133 del Código de Minería o antes del vencimiento de las prórrogas que en su caso se acordaren, el descubridor deberá comunicar a la Dirección de Geología y Minería la realización de la labor legal que prescribe dicho precepto, detallando los trabajos realizados y acompañando un croquis demostrativo de su ubicación y demás características. La Dirección notificará al Juzgado y procederá en lo demás de conformidad con el mecanismo establecido por el artículo 53.

Artículo 64. Las prórrogas que autorizan los artículos 134 y 135 del Código de Minería, deberán ser solicitadas al Juzgado y no serán acordadas sin un informe previo de la Dirección de Geología y Minería, que tenga por aceptable las razones invocadas.

Artículo 65. La omisión injustificada en la realización de la labor legal, así como el vencimiento del plazo que fija el artículo 136 del Código de Minería sin haberse solicitado la mensura de la misma provocarán la declaración de caducidad del pedimento, debiendo procederse en el segundo de estos casos en la forma que determina la ley de fondo, registrándose la mina mensurada de oficio, en calidad de vacante.

Artículo 66. La Escribanía de Minas comunicará a la Dirección de Geología y Minería todo registro de mina o cambio en la titularidad de la concesión, dentro de los diez días de efectuada.

Capítulo IV – De las mensuras

Artículo 67. La solicitud de mensura será presentada en el Juzgado llenándose los requisitos del artículo 232 del Código de Minería, y tramitará en el expediente que correspondiere al pedimento original, con intervención de la Dirección de Geología y Minería la que deberá informar sobre cualquier obstáculo que se opusiera a la continuidad del trámite y/o producir el dictamen técnico correspondiente.

Artículo 68. Informada favorablemente la solicitud o resueltas las objeciones en la forma que determina el artículo 45, el Juez ordenará la publicación de la misma y de su proveído, en la forma prescripta por el artículo 119 del Código de Minería y ordenará, en su caso, la notificación a los dueños de las minas colindantes.

Artículo 69. No habiéndose verificado oposición dentro de los quince días posteriores a la última publicación, o resuelta favorablemente la que se hubiese presentado, el Juez ordenará la realización de la diligencia, que será llevada a cabo a cargo del interesado, por los técnicos de la Dirección o por el profesional con título inscripto en la matrícula respectiva que el propio solicitante propusiera. En este último caso el perito propuesto deberá presionarse del cargo dentro del plazo que el Juez determine, bajo apercibimiento de ser reemplazado.

Artículo 70. En uno y otro caso el Juzgado emplazará al interesado para que deposite a su orden el importe que se estimara, para la realización de los trabajos. La falta de cumplimiento a este emplazamiento significará la anulación del trámite del pedido de mensura.

Artículo 71. Las notificaciones a los colindantes deberán ser efectuadas por intermedio de la autoridad judicial de la jurisdicción, a cuyo efecto el Juzgado entregará al perito designado el oficio respectivo, en el que deberán incluirse facultades para labrar las actas de apertura y clausura de las operaciones.

Artículo 72. Por su parte la Dirección de Geología y Minería proporcionará al perito las instrucciones a las que deberá atenerse y fijará un plazo dentro del cual deberán concluirse las operaciones, pudiendo asimismo disponer un reconocimiento previo de la labor legal, si lo reputase conveniente. Si en este estado de la gestión se comprobara omisión de la realización de la labor legal, se considerará injustificada a los efectos del artículo 65.

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