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Jujuy – Codigo Contensioso Administrativo febrero 6, 2007

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Codigo Contencioso Administrativo de la Provincia de Jujuy

TITULO I: DE LA MATERIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
CAPITULO I: DE LOS RECURSOS EN GENERAL

Artículo 1º.- El recurso contencioso administrativo es procedente contra toda decisión administrativa que lesione un interés legítimo o un derecho subjetivo de carácter administrativo establecido por ley provincial, ordenanza, reglamento, contrato administrativo u otra disposición, administrativa preexistente.-

Artículo 2º.- Para que una decisión administrativa pueda dar lugar al recurso contencioso administrativo es necesario que sea definitiva y cause estado, y que emane de la Administración en ejercicio de facultades regladas.-

Artículo 3º.- Procede también el recurso contencioso administrativo:

Contra las resoluciones que se dicten de conformidad al Artículo 2.611 del Código Civil;
Contra las resoluciones administrativas revocatorias de otras ya consentidas.-

Artículo 4º.- No procede el recurso contencioso administrativo:

Contra los actos de gobierno de carácter político;
Contra los actos realizados por la Administración Pública en su carácter de persona jurídica de derecho privado;
Contra las decisiones puramente discrecionales y de discrecionalidad técnica, salvo el recurso de anulación por incompetencia o violación de las formas sustanciales;
Contra las resoluciones de la Administración dictadas en ejercicio del poder disciplinario, siempre que existan otros recursos legales especiales y excluyentes, o que no adolezcan de vicios de ilegalidad;
Contra las resoluciones que sean reproducción de otras anteriores que hayan causado estado y no hayan sido recurridas en el plazo y forma legal, y las confirmatorias de decisiones ya consentidas;
Contra los actos susceptibles de otra acción o recurso en distinta competencia.-

Artículo 5º.- Para la interposición del recurso contencioso administrativo se requiere haber agotado previamente la vía administrativa, mediante el ejercicio de los recursos reglamentados en el trámite administrativo.-

Artículo 6º.- El recurso contencioso administrativo sólo podrá ejercerse contra las resoluciones denegatorias del derecho e interés reclamado.

Se entenderá que hay resolución denegatoria cuando la autoridad administrativa no se expidiese dentro de dos meses de interpuesta la reclamación. En estos casos queda expedita la vía contenciosa, desde la expiración de tal plazo.-

Artículo 7º.- Aunque se trate de una resolución de carácter general, el interesado deberá previamente entablar la reclamación administrativa, la que deberá interponerse en el plazo de treinta días a contar desde su publicación en el “Boletín Oficial”.-

Artículo 8º.- Los recursos deberán interponerse dentro de los treinta días hábiles contados desde la notificación denegatoria, o desde el último día del plazo a que se refiere el Artículo 6º, salvo lo dispuesto en el Art. 82º.-

Artículo 9º.- No será necesaria la reclamación previa cuando la decisión administrativa haya resuelto definitivamente, de oficio o a petición de parte, sobre un derecho particular y determinado del demandante. En este caso el plazo para interponer la demanda será de treinta días (según Ley 4141/1984), contados desde que la resolución fue notificada personalmente o por cédula al interesado en el domicilio que tenga constituido al efecto en las actuaciones administrativas.-

Artículo 10º.- El recurso jerárquico debe ser previamente interpuesto y substanciado para poder promover el recurso contencioso administrativo cuando se impugnan decisiones de entidades autárquicas institucionales y el acto que motiva el recurso es materia de aprobación o contralor directo o indirecto, ejercitado por el Poder Ejecutivo.-

Artículo 11º.- Cuando la resolución administrativa que motivase la demanda en su parte dispositiva ordenare el pago de alguna suma de dinero, proveniente de tributo o multa impositiva, el demandante no podrá promover la acción sin abonar previamente la suma referida.-

Si se tratase de multas fiscales podrá sustituirse su previo pago, con fianza suficiente y de cualquier carácter, a juicio del Tribunal.-

Artículo 12º.- Los recursos que en este Código se legislan son los de plena jurisdicción y anulación. El principio que domina su procedimiento es el interés público.-

CAPITULO II: RECURSO DE PLENA JURISDICCION

Artículo 13º.- Procede el recurso de plena jurisdicción contra las resoluciones del Poder Ejecutivo, de las municipalidades o de otras autoridades con facultades de decidir en última instancia, que vulneren un derecho subjetivo de carácter administrativo, otorgado por ley, ordenanza, reglamento, contrato administrativo u otra disposición administrativa.-

Artículo 14º.- En este recurso la Administración Pública es parte a los efectos de la substanciación y consecuencias de la causa.-

CAPITULO III: RECURSO DE ANULACION

Artículo 15º.- Procede el recurso de anulación contra aquellas resoluciones ejecutorias que, aunque de carácter general, adolezcan del vicio de ilegalidad siempre que el recurrente acredite un interés legítimo, directo y actual.-

Artículo 16º.- El vicio de ilegalidad solo puede consistir en :

Incompetencia de la autoridad proveyente;
Vicio de forma;
Violación de la ley.-

Artículo 17º.- Podrán igualmente interponer el recurso de anulación las Municipalidades y entidades autárquicas de la Administración contra las resoluciones del Poder Ejecutivo que invadan la esfera de sus atribuciones propias.-

Artículo 18º.- No podrán interponerse ambos recursos conjuntamente.-

Tampoco procede el recurso de anulación siempre que pueda interponerse el de plena jurisdicción.-

TITULO II: EL ORGANO JURISDICCIONAL

CAPITULO UNICO

Artículo 19º.- En las causas contencioso administrativas entenderá el Superior Tribunal de Justicia, de conformidad a las normas que establecen el presente Código y en instancia única.-

Artículo 20º.- La competencia contencioso administrativa es improrrogable, pero el Superior Tribunal podrá delegarla en otros tribunales con el solo objeto de realizar diligencias en las causas sometidas a su decisión.-

Artículo 21º.- Presentada la demanda el Superior Tribunal resolverá previa vista fiscal, si el asunto corresponde “prima facie” a esta competencia.-

Artículo 22º.- Cuando se produzca algún conflicto de competencia entre un tribunal ordinario de la Provincia y el Superior Tribunal de Justicia como órgano jurisdiccional de lo contencioso administrativo éste, a petición de parte, resolverá el incidente causando ejecutoria su decisión.-

TITULO III: JUICIO DE PLENA JURISDICCION

CAPITULO I: DE LA DEMANDA Y CONTESTACION

Artículo 23º.- La demanda será deducida por escrito y contendrá:

Nombre y domicilio del actor;
Nombre y domicilio del demandado;
Justificación de la competencia contencioso administrativa;
Los hechos en que se funde, expuestos con claridad y precisión;
La indicación de los medios de prueba de que haya de valerse para demostrar sus afirmaciones;
El derecho expuesto sucintamente;
La petición en términos concretos.-

Artículo 24º.- Deberá acompañarse con el escrito de demanda:

El poder o título que acredite la personería del compareciente. Las autoridades o funcionarios públicos copia del decreto de su nombramiento;
Los documentos que obrasen en su poder, y si no los tuviere los individualizará indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o donde se encuentren;
El Boletín Oficial si se hubiere publicado la resolución impugnada o el Testimonio de la misma si se lo hubiere comunicado en el acto de la notificación; caso contrario, bastará indicar con precisión el expediente en que hubiere recaído;
Copia de la demanda y de los documentos agregados.-

Artículo 25º.- El actor puede, dentro de los diez días de contestada la demanda, ofrecer nuevas pruebas al solo efecto de desvirtuar los hechos nuevos invocados por el demandado.-

Artículo 26º.- Después de presentada la demanda no podrán agregarse nuevos documentos, salvo justificativo de encontrarse en uno de los casos siguientes:

Que sean de fecha posterior;
Que no haya sido posible conocerlos con anterioridad.-

Artículo 27º.- A pedido de parte, o de oficio, podrá el Tribunal solicitar de la autoridad correspondiente la remisión de las actuaciones y antecedentes a que se refiere el recurso, debiendo el envío hacerse dentro del plazo de quince días; pero si ésta considerase indispensable no desprenderse de ellos, por no estar concluido el trámite, podrá dentro del mismo lapso solicitar que se le indiquen las partes pertinentes para remitir copia autorizada de las mismas dentro del plazo prudencial que para ese efecto se fije.-

Arts. 25º y 27º.- NOTA: Modificatoria introducida según texto Ley 4141.-

Artículo 28º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior el Tribunal podrá requerir el envío del expediente original, cuando sus actuaciones hayan sido argüidas de falsas y deba esta impugnación probarse mediante examen o pericia.-

Artículo 29º.- Si requerido, en cualquier caso, el envío de un expediente éste no fuere remitido en el plazo fijado, procederá el Tribunal a entender en la demanda tomando como base la exposición del actor, sin perjuicio del derecho de la Administración demandada para producir como prueba el mismo expediente, y de la responsabilidad del funcionario o empleado causante de la demora.-

Artículo 30º.- Al interponer la demanda podrán los interesados pedir que se decrete la suspensión de la medida que la motiva, rindiendo fianza bastante. El incidente se substanciará con audiencia del representante de la demandada, corriéndosele vista por el término de cinco días, después de los cuales se dictará la providencia llamando “autos” a resolución, la que se resolverá dentro de los diez días subsiguientes a aquel en que quede consentida. Si la resolución acordara la suspensión solicitada, podrá la Administración, en los casos que aprecie existir un grave daño del interés público, proceder a su cumplimiento ofreciendo abonar los daños y perjuicios emergentes para el caso de prosperar la demanda.-

Art. 30º.- NOTA: Modificatoria introducida según texto Ley 4141.-

Artículo 31º.- Son causales de suspensión:

Cuando la resolución impugnada sea “prima facie” nula por incompetencia o violación manifiesta de la ley;
Cuando la ejecución de la misma pueda producir un daño irreparable, si a la vez, la resolución es “prima facie” ilegal, aunque la ilegalidad lo sea por motivos diferentes del inciso anterior.-

Artículo 32º.- No podrá suspenderse el cumplimiento de decisiones administrativas o judiciales en que se ordene:

La percepción de contribuciones fiscales;
La demolición de construcciones o instalaciones ruinosas o insalubres si se considera que ellas son peligrosas para la seguridad, moralidad e higiene pública;
La destrucción de cosas que se consideran igualmente peligrosas para la seguridad, moralidad e higiene públicas.
En los casos de los incisos b) y c) la decisión administrativa no tendrá fuerza ejecutoria si no se funda en un dictamen técnico administrativo autorizado.-

Artículo 33º.- Cuando la ejecución del acto no pueda suspenderse, podrá el Tribunal decretar las medidas necesarias para documentar el estado de cosas.-

Artículo 34º.- Admitida la demanda, el Superior Tribunal correrá traslado a la autoridad administrativa correspondiente por el plazo de veinte días, prorrogables a su pedido hasta treinta días. Si la autoridad administrativa citada no compareciere dentro del emplazamiento, se la declarará rebelde a solicitud de parte, siguiéndose el procedimiento en los estrados del tribunal. El auto de rebeldía se notificará por nota, publicándose además edictos durante diez días.-

Art. 34º.- NOTA: Modificatoria introducida según texto Ley 4141.-

Artículo 35º.- En la contestación de la demanda se observarán los requisitos formales y de fondo, similares a los exigidos para la demanda.-

CAPITULO II: INTERVENCION COADYUVANTE EN EL JUICIO

Artículo 36º.- Podrán intervenir coadyuvantes en las causas contencioso administrativas de plena jurisdicción, ya sea como colaboradores de alguna de las partes o como litis consortes, siempre que su derecho pueda resultar afectado por la resolución que se dicte. En el primer caso serán considerados como adheridos a la parte actora o demandada, y en el segundo como partes del juicio, pero en ambos se tramitará en un solo expediente. Cuando hubiera más de un coadyuvante de la misma naturaleza jurídica, el Tribunal podrá ordenar la unificación de representación.-

Artículo 37º.- La intervención del coadyuvante adherido podrá producirse en cualquier estado de la causa, pero su presentación no podrá retrogradar ni suspender el curso de la misma. El coadyuvante litisconsorcial sólo podrá intervenir desde el comienzo del proceso.-

Artículo 38º.- La sentencia tendrá efectos y hará cosa juzgada para el coadyuvante litisconsorcial, pero no para el coadyuvante adherido.-

CAPITULO III: DE LAS EXCEPCIONES

Artículo 39º.- Al evacuar el traslado se opondrán las excepciones dilatorias y perentorias a que hubiere lugar. Las únicas excepciones que pueden oponerse en forma de artículo previo son:

Caducidad del recurso por haber sido interpuesto fuera del plazo legal;
Incompetencia del Tribunal fundada sólo en que la resolución reclamada no da lugar al recurso contencioso administrativo;
Falta de personería en el recurrente;
Defecto legal en el modo de proponer la demanda;
Litis pendencia;
Arraigo en juicio.-

Artículo 40º.- Las excepciones de previo y especial pronunciamiento deberán ser opuestas dentro de los diez días primeros del traslado ordinario de la demanda.-

Artículo 41º.- Las excepciones dilatorias que no se hayan opuesto en forma de artículo previo, se deducirán al contestar la demanda y se resolverán en la sentencia definitiva. Las que se funden en el plazo de presentación de la demandada, deberán oponerse siempre en forma de artículo previo.-

Artículo 42º.- De las excepciones opuestas como artículo previo, se correrá traslado al demandado, quien deberá evacuarlo en el plazo de diez días. Evacuado el traslado se llamara “autos”, y el Tribunal resolverá sin más trámite dentro de los diez días de ejecutoriada aquella providencia.-

Artículo 43º.- Si el Tribunal lo estimare necesario recibirá a prueba la cuestión planteada por el plazo que considere suficiente, no pudiendo exceder de quince días.-

Artículo 44º.- Producida la prueba se pondrán los autos en Secretaría por cinco días, dentro de cuyo plazo podrán las partes informar por escrito sobre el mérito de aquélla.-

Artículo 45º.- Vencido el plazo para informar se dictará la providencia de “autos” y el Superior Tribunal resolverá el artículo dentro de diez días, dando a la causa el trámite que corresponda según la decisión adoptada.-

Arts. 40º, 42º, 43º, 44º y 45º.- NOTA: Modificatoria introducida según texto Ley 4141.-

CAPITULO IV: DE LA PRUEBA

Artículo 46º.- Siempre que se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes, aunque estas no lo pidan, el Tribunal recibirá la causa a prueba.-

El plazo será de treinta días, pero el Tribunal podrá designar otro menor que prorrogará de oficio o a petición de partes, hasta completar aquél.-

Artículo 47º.- Cualquiera de las partes podrá solicitar revocatoria del auto de recepción a prueba por considerarla innecesaria, y el Tribunal decidirá sin recurso alguno con resolución fundada. Si la parte insistiese, el Tribunal recibirá la prueba ofrecida sin perjuicio de rechazarla en la sentencia, en cuyo caso se impondrán las costas a la parte que hubiere insistido..-

Artículo 48º.- Se admitirá sólo la prueba que se ofrezca por la demanda, reconvención y contestación de ambas.-

Artículo 49º.- Podrán producirse pruebas con anterioridad al auto de recepción cuando la demora en la realización de la medida probatoria volviera a éstas ineficaces. En estos casos se podrá recibir testimonial y pericial con la intervención del demandado, y a falta de éste con la del Fiscal General.-

Artículo 50º.- Los documentos presentados con la demanda y contestación serán rubricados por el Presidente y Secretario del Tribunal. Los que fueren presentados después de esos momentos serán agregados con citación de la parte contraria, la cual podrá impugnarlos dentro de los diez días siguientes.-

Art. 50º.- NOTA: Modificatoria introducida según texto Ley 4141.-

Artículo 51º.- Los instrumentos emanados de funcionarios de la Administración Pública hacen fe de lo que atestan, mientras no se pruebe lo contrario. Dicha prueba podrá producirse también por la Administración Pública.-

Artículo 52º.- No es causal de inhibición para los peritos el hecho de que sean funcionarios públicos, a menos que estén subordinados jerárquicamente con el órgano o funcionarios cuya resolución ha motivado el recurso.-

Artículo 53º.- Cada parte podrá recusar una sola vez a los peritos designados por el Tribunal.-

Artículo 54º.- La confesión del funcionario sólo le obliga en cuanto él es parte y sólo en la medida de su responsabilidad, pero no puede obligar por sí sola a la Administración Pública, ni desvirtuar la prueba documentada por el procedimiento administrativo.-

Artículo 55º.- El Tribunal podrá:

Ordenar de oficio las diligencias que estime convenientes y conducentes al esclarecimiento de los hechos aun cuando las partes se opusieran;
Rechazar aquellas manifestaciones improcedentes o puramente dilatorias, siempre que no se trate de pruebas instrumentales;
Ampliar la prueba ofrecida como medida para mejor proveer.-

Artículo 56º.- Corresponde al Fiscal General el diligenciamiento de la prueba cuando ésta sea ordenada de oficio.-

Artículo 57º.- Vencido el plazo de prueba y agregada la producida se fijará audiencia con intervalo de diez días a fin de que las partes informen verbalmente sobre su mérito.-

Art. 57º.- NOTA: Modificatoria introducida según texto Ley 4141.-

TITULO IV: DEL JUICIO DE ANULACION

CAPITULO UNICO

Artículo 58º.- El recurso de anulación se deducirá en lo que respecta a su forma, de acuerdo con lo dispuesto para la demanda en el recurso de plena jurisdicción y en él tendrá participación el Fiscal General, a quien se dará intervención en todas las articulaciones del juicio, con los mismos plazos y condiciones que el recurrente y la Administración.-

Artículo 59º.- Presentado el recurso, el Tribunal dará copia del escrito al Fiscal General y a la Administración Pública cuyo acto ha motivado el recurso, y si lo estima necesario recabará a ésta los informes y la documentación que juzgue pertinente. El Tribunal fijará para esta diligencia un plazo que no exceda de quince días.-

Art. 59º.- NOTA: Modificatoria introducida según texto Ley 4141.-

Artículo 60º.- La Administración no es parte. Al presentar el informe, o en su caso la documentación pública, sólo podrá formular observaciones y reparos al recurso.-

Artículo 61º.- Presentado el informe o documentación por la Administración Pública, el Tribunal dará vista de esas piezas al Fiscal General quien, en el plazo de quince días, prorrogables por otros más en casos justificados, dictaminará sobre el recurso formulando las conclusiones que considere como base legal para la decisión definitiva.-

Artículo 62º.- Si el Tribunal lo considera necesario ordenará inmediatamente que se produzca prueba en un plazo no mayor de diez días. En tal caso, el dictamen del Fiscal General será posterior a la prueba.-

Artículo 63º.- Tanto el recurrente como el Fiscal de Estado podrán producir informe “in voce” o presentar memoriales dentro de cinco días del dictamen del Fiscal General.-

Arts. 61º, 62º y 63.- NOTA: Modificatoria introducida según texto Ley 4141.-

Artículo 64º.- La sentencia se dictará de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo III del Título V.-

TITULO V: PROCEDIMIENTO COMUN A AMBOS RECURSOS

CAPITULO I: DESISTIMIENTO

Artículo 65º.- En cualquier estado de la causa es admisible, por declaración expresa, el desistimiento del recurso contencioso administrativo y de las incidencias promovidas.-

Artículo 66º.- El desistimiento será siempre notificado a la parte contraria.-

CAPITULO II: DE LA PERENCION DE INSTANCIA

Artículo 67º.- La instancia quedará perimida cuando el juicio se haya encontrado paralizado por más de seis meses, sin que la parte actora inste su prosecución, cualquiera sea su estado, salvo que los autos pendieran de resolución definitiva en cuanto a lo principal.-

Artículo 68º.- No procederá la perención de la instancia cuando el juicio se halle paralizado por fuerza mayor o por cualquier otra causa, independientemente de la voluntad del recurrente. En este último caso el plazo se contará desde que el actor hubiese podido instar el procedimiento.-

Artículo 69º.- La perención de instancia podrá declararse de oficio. Solicitada por una de las partes se substanciará corriéndose vista por cinco días a la parte actora, después de los cuales se llamará a “autos” dictándose resolución dentro de los quince días de quedar firme aquella providencia.-

Art. 69º.- NOTA: Modificatoria introducida según texto Ley 4141.-

Artículo 70º.- Siendo varios los actores, la instancia de cualquiera de ellos para la prosecución del juicio aprovechará a todos.-

Artículo 71º.- La perención de instancia declarada tiene por efecto hacer válida y firme, respecto de la parte actora, la resolución administrativa objeto del recurso.-

CAPITULO III: DE LA SENTENCIA

Artículo 72º.- Vencido el plazo para alegar de bien probado, el Tribunal llamará “autos para sentencia”, y ejecutoriada esta providencia dictará fallo dentro de treinta días, plazo que podrá ser suspendido en casos que se acuerde para mejor proveer el aporte de alguna prueba; esa suspensión no podrá exceder de quince días.-

Art. 72º.- NOTA: Modificatoria introducida según texto Ley 4141.-

Artículo 73º.- La sentencia deberá contener la resultancia de lo actuado y, por separado, los considerandos basados en los preceptos legales en que se funda aquélla, y especificar claramente cada uno de los términos de la demanda y la contestación.-

Artículo 74º.- La sentencia será fundada expresamente en derecho positivo y en preceptos y principios establecidos en leyes de aplicación analógica al caso que se juzga. Se aplicará en primer término, disposiciones de Derecho Constitucional, Administrativo y Fiscal, y sólo subsidiariamente disposiciones legales y principios de Derecho Civil.-

Artículo 75º.- La costumbre sólo será admitida como fundamento subsidiario en las decisiones que se conformen con los principios generales del derecho y cuando, por su generalidad y necesidad, se juzgue jurídica la aplicación de la norma consuetudinaria invocada.-

Artículo 76º.- La costumbre no podrá admitirse cuando implique, aún indirectamente, abrogación de textos positivos de Derecho Público. La mera tolerancia de la Administración Pública o de los particulares, en interés privado, no constituye costumbre a los efectos de este Código.-

El uso o la costumbre de los administrados o personas públicas distintas de la Administración Pública Provincial, sólo será admisible, a los efectos de este Código, si se conforma a los principios de derecho y no se opone al interés público.-

Artículo 77º.- Apercibido el Superior Tribunal de que se han producido nulidades en el procedimiento, se mandará reponer los autos al estado en que se hallaban al producirse dichas nulidades.-

Artículo 78º.- La sentencia declarará la procedencia del recurso en todo o en parte, o el rechazo del mismo debiendo el fallo limitarse a resolver la cuestión contencioso administrativa, conforme a lo alegado y probado en autos.-

Artículo 79º.- La sentencia en el juicio de plena jurisdicción sólo tendrá efecto “inter partes”.-

Artículo 80º.- Si la sentencia condenare a la Administración al pago de una cantidad de dinero o a la entrega de una cosa fungible, la decisión será ejecutoria.-

Artículo 81º.- La sentencia en el recurso de anulación se limitará a declarar la ineficacia del acto por vicio de ilegalidad mandándolo notificar a la autoridad que dictó la resolución recurrida. Sólo tendrá efecto entre las partes de la relación jurídica, paralizando únicamente los efectos del acto. Quedan a salvo de los interesados en caso de incumplimiento las acciones ordinarias derivadas de tal hecho contra los funcionarios responsables.-

Artículo 82º.- Declarada la anulación del acto, los administrados gozarán de un nuevo plazo de treinta días a los efectos de interponer la reclamación administrativa previa indispensable para poner en ejecución el recurso. Este plazo se contará desde la publicación del fallo.-

Artículo 83º.- Notificada a las partes la sentencia definitiva, el Tribunal podrá a petición de cualquiera de ellas formulada dentro de los cinco días después de la notificación, aclarar algún concepto obscuro o palabras dudosas o corregir errores materiales que contenga.-

La aclaración se hará sin más trámite dentro del tercero día.-

Dentro del mismo plazo y forma, podrá el Tribunal ampliar su sentencia, pronunciándose sobre algún punto esencial que se hubiere omitido, o respecto de frutos, intereses, daños o costas.-

Art. 83º.- NOTA: Modificatoria introducida según texto Ley 4141.-

CAPITULO IV: DE LOS RECURSOS

Artículo 84º.- Contra la sentencia definitiva sólo podrán deducirse los recursos de revisión y nulidad.-

Artículo 85º.- El recurso de revisión procederá:

Cuando resultasen contradicciones en la parte dispositiva del Fallo, háyase pedido o no aclaración del mismo;
Cuando se hubieran dictado dos o más sentencias contradictorias en causas seguidas por las mismas partes y con idénticos fines aunque sobre distintos actos administrativos;
Cuando después de dictada la sentencia se recobrasen o descubriesen documentos decisivos que la parte ignoraba que existiesen, o no pudo presentarlos por fuerza mayor o por obra de aquél en cuyo favor se dictó el fallo;
Cuando la sentencia hubiera sido dictada apoyándose en documentos cuya falsedad hubiere sido declarada antes del fallo, y este hecho no se hubiese alegado en el juicio, o se declarasen falsos después de la sentencia;
Cuando la sentencia se hubiere dictado sólo en mérito de la prueba testimonial y la mayoría de los testigos fuesen condenados por falso testimonio;
Cuando la sentencia se hubiere dictado mediante cohecho, prevaricato o violencia.-

Artículo 86º.- Del escrito interponiendo el recurso se correrá vista al Fiscal General por diez días quien deberá pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la revisión.-

Artículo 87º.- Evacuada la vista se correrá traslado a la contraparte por diez días, vencidos los cuales se abrirá la causa a prueba por quince días.-

Arts. 86º y 87º.- NOTA: Modificatoria introducida según texto Ley 4141.-

Artículo 88º.- Clausurado el plazo de prueba, el Superior Tribunal llamará “autos” y resolverá sin recurso alguno, dentro de los treinta días subsiguientes.-

Artículo 89º.- El recurso de nulidad procederá:

Cuando en la tramitación del juicio se hubiesen omitido procedimientos substanciales, o incurrido en algún defecto de los que por expresa disposición del derecho anulan las actuaciones;
Cuando en la sentencia se hubiera omitido fallar sobre algunas de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que ellas no se limitasen a confirmar o dejar sin efecto el acto administrativo materia del juicio.-

Artículo 90º.- Del escrito interponiendo el recurso se correrá traslado por diez días a la parte contraria, y vencido este plazo, el Superior Tribunal dictará resolución dentro de diez días.-

Artículo 91º.- Cuando la nulidad consistiese en vicios del procedimiento, se mandará reponer los autos al estado que tenían al pronunciarse dicha nulidad. Si el Superior Tribunal declara la nulidad de la sentencia, dictará nuevo fallo dentro de los quince días siguientes.-

Artículo 92º.- Los recursos de nulidad y revisión se interpondrán en el plazo de diez días, con excepción de los casos de los incisos d), e) y f) de este último, en que será de ciento ochenta días.-

Arts. 90º, 91º y 92º.- NOTA: Modificatoria introducida según texto Ley 4141.-

CAPITULO V: DE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA

Artículo 93º.- La autoridad administrativa vencida en juicio gozará de sesenta días después de notificada la sentencia condenatoria para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas.-

Artículo 94º.- Vencido este plazo si la Administración Pública no hubiera cumplido la sentencia en la forma dictada contra ella o en la establecida en este Código, el Superior Tribunal ordenará la ejecución directa bajo apercibimiento a los empleados que deban ejecutarla, de hacer efectiva la responsabilidad civil y penal en que ellos incurrieren. La Administración responderá solidariamente con ellos respecto del daño causado.-

Artículo 95º.- Los funcionarios o empleados a quienes se ordenare el cumplimiento de la sentencia no podrán excusarse con la obediencia jerárquica; pero para deslindar su responsabilidad, podrán hacer constar por escrito ante el Tribunal, las alegaciones pertinentes. Cuando la decisión de suspender o no ejecutar fuera tomada por un órgano colegiado, los funcionarios disidentes harán constar su voto en el acta y presentarán copia de ella al Tribunal. Si procediere el recurso jerárquico, el interesado deberá promoverlo pidiendo al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la sentencia.-

Artículo 96º.- En el caso del Artículo 94º, y siempre que las obligaciones producidas fuesen desestimadas, la ejecución de la sentencia se seguirá por la vía de apremio contra de los empleados remisos, debiendo observarse el procedimiento señalado para aquel juicio en el Código Fiscal.-

Artículo 97º.- La renuncia del empleado requerido por el Superior Tribunal no le eximirá de las responsabilidades si ella se produce después de haber recibido la comunicación del Tribunal que le mandaba cumplir directamente la sentencia.-

Artículo 98º.- Contra la decisión administrativa que se opusiere al cumplimiento de la sentencia, y que no fuere justificada de acuerdo a las disposiciones del presente capítulo, procederá el recurso de anulación sin perjuicio de aplicarse a la vez el Artículo 94º si el Tribunal lo juzga necesario.-

Artículo 99º.- El Tribunal podrá dictar de oficio las resoluciones que estime necesarias para poner en ejercicio las facultades que le confiere el Artículo 118º, inciso 12 de la Constitución de la Provincia.-

Artículo 100º.- La autoridad administrativa, dentro de los diez días posteriores a la notificación de la sentencia, podrá solicitar la suspensión de su ejecución por graves motivos de interés público, con la declaración de estar dispuesta a indemnizar los perjuicios que causare.-

Artículo 101º.- El Superior Tribunal fijará una audiencia con diez días de intervalo para que las partes informen verbalmente o por escrito sobre el mérito, valor y naturaleza de los daños.-

Artículo 102º.- El Tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá abrir a prueba el incidente por quince días, y dentro de ellos las partes producirán todo lo que estimen convenir a sus derechos, en relación con la naturaleza y valor de los daños.-

Artículo 103º.- Antes de producir resolución podrá, para mejor proveer, ordenar las pericias que considere necesarias, solicitar informes y documentos, todo lo cual deberá evacuarse en el plazo de diez días.-

Artículo 104º.- Acto continuo llamará “autos”, y dentro del quinto día dictará resolución fijando la indemnización y estableciendo un plazo no mayor de sesenta días para su pago.-

Arts. 100º, 101º, 102º, 103º y 104.- NOTA: Modificatoria introducida según texto Ley 4141.-

Artículo 105º.- Serán causales de suspensión de la ejecución de la condena, las siguientes:

Si determinase la supresión o suspensión prolongada de un servicio público autorizado por ley;
Cuando hubiese fundado peligro de trastornos del orden público;
Si determinara la privación del uso colectivo de una cosa afectada a ese uso, siendo éste real y actual, siempre que no medie un interés público mayor;
Cuando el cumplimiento de la sentencia trabare la percepción de contribuciones fiscales regularmente establecidas “prima facie” que no hayan sido declaradas inconstitucionales en sentencia definitiva;
Cuando el cumplimiento de la sentencia determinase una situación o estado que afectare gravemente al orden jerárquico y la disciplina en la Administración;
Otros motivos igualmente graves de interés público.-

Artículo 106º.- Con lo dispuesto en el Artículo 104º terminará la jurisdicción del Tribunal, y expedidas las copias que se soliciten, mandará archivar los autos debiendo el interesado ocurrir ante quien corresponda a los efectos del cobro de sus créditos.-

Artículo 107º.- Si la condena impusiera a la Administración Pública, la obligación de dar o prestar una cosa cierta, la Administración podrá retener la cosa si ésta estuviera afectada al uso público o a un servicio público, consignando el precio de ella hasta tanto se dicte la correspondiente ley de expropiación o de constitución de servidumbre en su caso. La consignación hecha por la Administración Pública se tramitará como incidente, y la decisión del Tribunal sólo recaerá sobre la estimación provisoria de la suma consignada con relación al valor de la cosa o indemnización por la servidumbre. Esta resolución no implicará prejuzgamiento sobre la estimación judicial definitiva que deba hacerse en el respectivo juicio de expropiación, ni sobre el monto de la indemnización si se trata de servidumbre.-

Artículo 108º.- Si el cumplimiento de la sentencia dictada contra la Administración Pública puede resolverse en el pago de una indemnización, el Tribunal lo resolverá así.

Artículo 109º.- Dentro de los sesenta días de la notificación correspondiente, el Poder Ejecutivo informará a la Legislatura de toda sentencia dictada en juicio contencioso administrativo contra la Provincia. Si la Legislatura estuviese en receso, dicho plazo comenzará a contarse desde el día de la iniciación de sus sesiones ordinarias.-

Las entidades autárquicas y demás órganos de la Administración contra quienes se hubiera dictado sentencia, informarán de ella al Poder Ejecutivo en el plazo de treinta días, quien procederá de acuerdo con el párrafo anterior.-

CAPITULO VI: COSTAS

Artículo 110º.- Las costas estarán a cargo de la parte vencida o de aquella cuya demanda hubiera sido rechazada.-

Artículo 111º.- En caso de desistimiento y perención, las costas serán impuestas al que solicitare en el primero, y al demandante de la acción principal en el segundo.-

Artículo 112º.- No procederá la condenación con costas:

Cuando mediare oportuno allanamiento a la demanda, salvo cuando la Administración se allanase a una demanda que se limite a reproducir substancialmente lo pedido en la reclamación administrativa denegada, y esa denegación ha sido base del recurso contencioso administrativo;
Cuando la sentencia fuere dictada en virtud de pruebas cuya existencia verosimilmente no haya conocido la contraria, y por virtud de ello se justificara la oposición de la parte;
Cuando por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya habido, a juicio del Tribunal, motivos bastantes para litigar. En tal caso, el Tribunal deberá expresar los motivos de la exención.-

Artículo 113º.- Serán condenadas con costas las partes que aún resultando vencedora hubiera incurrido en “plus petitio”. Habrá “plus petitio” cuando la diferencia entre lo pedido en la demanda o reconvención y lo declarado en la sentencia fuere un décimo o más, excepto cuando la suma o bases expresadas en la demanda fueren expresamente consideradas provisorias, o cuando su determinación dependiera de estimación judicial o arbitral.-

Artículo 114º.- El importe de las costas se percibirán por vía de apremio.-

Artículo 115º.- El pago de costas a que fuere condenada la Administración Pública podrá ser demandado inmediatamente.-

TITULO VI: DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

Artículo 116º.- Los plazos serán perentorios e improrrogables, salvo disposición expresa en contrario.-

Artículo 117º.- Los plazos que en este Código se establecen empezarán a correr desde el día siguiente a la notificación de la diligencia o resolución pertinente, y sólo se computarán en ellos los días hábiles.-

Artículo 118º.- La representación del Poder Ejecutivo y de las autoridades de su dependencia estará a cargo del Fiscal de Estado, de conformidad a la Ley Nº 1.713, el cual será notificado en su despacho sin excepción en la forma corriente y en horas hábiles de oficina.-

Artículo 119º.- Las entidades autárquicas y demás autoridades administrativas que comparezcan ante el Tribunal de lo contencioso administrativo, serán representadas por los funcionarios de la Dirección General de Asuntos Legales, de acuerdo al régimen de la ley citada en el artículo anterior.-

Artículo 120º.- Los representantes de la Administración no podrán desistir, ni transigir, ni dejar de interponer los recursos procedentes, sino en virtud de autorización expresa de la Administración en cada caso.-

Artículo 121º.- Serán aplicables en subsidio de las disposiciones del presente Código, las del Código Procesal Civil, siempre que no se opusieren a los principios y reglas de este Código, y a los principios generales del Derecho Administrativo y del Derecho Fiscal.-

TITULO VII: DISPOSICIONES TRANSITORIAS

CAPITULO UNICO

Artículo 122º.- No podrán invocarse como nulidades en los expedientes en tramitación, la falta de los procedimientos que se establezcan en la presente ley, y que no eran indispensables o no se produjeron anteriormente.-

Artículo 123º.- Este Código comenzará a regir el 1º de Setiembre de 1948 y al efecto se dispondrá su publicación y difusión entre las autoridades administrativas de la Provincia.-

Artículo 124º.- Queda derogada la Sección V, Título III del Código de Procedimientos Civiles, y toda disposición que se oponga al presente, en cuanto deba aplicarse a la materia contencioso administrativa.-

Artículo 125º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc.-

Sala de Sesiones, Jujuy, Agosto 04 de 1948.-

JUAN JOSE CASTRO

Presidente de la Honorable Legislatura

Marcos R. Paz

Secretario

Jujuy, 11 de Agosto de 1948.

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón, dése al Registro y Boletín Oficial y pase a Contaduría General para su conocimiento y archivo.-

ALBERTO J. ITURBE

Gobernador

JORGE VILLAFAÑE

Ministro de Hacienda e Interino de Gobierno

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